Siempre me ha sorprendido la actitud de la derecha española, sobre la consideración que les merece la "Ley de la memoria histórica". Afirman que es una ley que solo contempla al bando republicano y que obvia a los nacionales. No es cierto, pero aunque lo fuera, ¿treinta y seis años de posguerra, no han sido suficientes para compensar los sufrimientos de los franquistas durante la contienda?. No se olvide que estos fueron los acaparadores de los beneficios, tanto económicos, como sociales y políticos, desde el mismo momento de su victoria sobre la República. Desde los ex-combatientes, hasta el funcionario más modesto, pasando por "nuevos empresarios" agraciados por el régimen, todo el franquismo fue merecedor del "mino" del dictador y sus colaboradores más íntimos. Estamos hablando de millones de personas, de centenares de miles de familias, cuyo bienestar actual proviene directamente de Franco, de su dictadura y de exprimir inmisericordemente a otros muchos millones de ciudadanos, vencidos, e hijos y nietos de vencidos. Pudieron enterrar a sus muertos y llorar su pérdida, mientras los derrotados sufrían su duelo en silencio y en muchos casos, sin poder rendir el respeto y el recuerdo debido a su memoria.
En Catalunya, la situación se vio agravada por el mero hecho de pertenecer a una "región" que muy mayoritariamente se había decantado por la República pero que, además, hablaba una lengua y tenia una cultura distinta a la castellana. Los ciudadanos catalanes no solo sufrieron el exilio forzoso y la expropiación de sus bienes, también sufrieron la cruda represión franquista por hablar pertinazmente en catalán, con el único objeto de fastidiar a España y diferenciarse del resto de ciudadanos españoles. Los empresarios debieron "jurar" -ciertamente, algunos de buen grado- su inquebrantable adhesión al régimen franquista para conservar sus posesiones y para seguir en sus negocios, si bien las empresas que fueron declaradas de interés nacional, fueron convenientemente nacionalizadas y en mucho casos trasladadas a "territorio español". No se olvide, ni mucho menos, la cantidad de camiones que partieron "rumbo a Salamanca", con distintos bienes requisados a instituciones y a particulares, documentos, obras de arte, muebles, joyas, etc... que las tropas franquistas adquirieron por derecho de conquista, en palabras del señor Torrente Ballester.
La gran mayoría de ciudadanos catalanes se dedicó a subsistir, con algunos paréntesis de mínima rebelión -huelga de tranvías, caso Galinsoga-. Pronto, algunos de los que habían aplaudido la victoria franquista, se dieron cuenta de las injusticias y arbitrariedades que sufría el resto de ciudadanos y empezaron, en secreto, a dedicar recursos económicos a la cultura catalana, a los movimientos ciudadanos y otras actividades de la sociedad civil, que o bien eran perseguidas, o bien eran ignoradas y menospreciadas por las autoridades españolas.
Las subsiguientes oleadas de inmigrantes, forzados por el poder español, a desplazarse hacia aquellos territorios más conflictivos para ganarse el pan nuestro de cada día, se sumaron al creciente rechazo del obsoleto "centralismo madrileño". Así, una legión de ciudadanos, unidos a los autóctonos, comenzaron a organizarse en defensa de sus derechos, individuales, colectivos, culturales, económicos y lingüísticos.
Llegamos pues a 1975, con un franquismo enquistado en toda la sociedad y radicado, en sus diversas facetas, en el centro peninsular. Madrid no sólo pasa a centralizar el poder económico surgido a la sombra del franquismo, con empresas nacionalizadas -que posteriormente serán privatizadas "en beneficio de los amigos"-, también acapara los distintos poderes fácticos -de comunicación, cultura, funcionariado, justicia, etc...- , configurando una amalgama de intereses que abarca tanto a la política, como a las finanzas, los medios de comunicación, la justicia y todo aquello que es susceptible de ejercer algún tipo de Poder. No distingue entre poder civil y militar, entre la esfera pública y privada. La cuestión es detentar el Poder, radicarlo en Madrid y ejercerlo "en la periferia".
La transición fracasó por culpa del nacionalismo español, encarnado por el "invisible franquismo". Se encargó de cambiar, o mejor, de camuflarse, para conseguir que no se pidieran cuentas del pasado, que no se recortaran sus privilegios, en definitiva, que "todo cambiara para que todo siguiera igual".
La llamada oposición democrática acabó aceptando unas condiciones que olvidaron la Justicia, en aras de la nueva legalidad que no ha resultado nada más que la "digna e implícita" continuación del franquismo sociológico, disfrazado con una falsa pátina de democracia (española, por supuesto).
Catalunya ha sufrido, y sufre actualmente, las consecuencias de haber sido una "región díscola". Su debilidad se manifiesta por no haber optado, como otras zonas de España, por dedicar sus esfuerzos en "pertenecer" al funcionariado central. No hay casi ciudadanos catalanes entre los jueces, militares y altos funcionarios de carrera. Catalunya aporta ingentes cantidades de recursos financieros a España, pero el poder económico-financiero, está "viviendo" en Madrid. Es en la capital donde tienen su domicilio las principales empresas ex-públicas. No importa si la parte más importante de su negocio en España se encuentra en Catalunya. No se ha tenido en cuenta si la historia de algunas de estas empresas hunden sus raíces en esta nación. De nada sirve que Barcelona concentre, por ejemplo, las empresas más importantes y la mayoría del comercio editorial del estado. Cuando se saldan los pagos de impuestos con obras de arte, solo los museos madrileños tienen derecho a recibirlas para sus colecciones.
Definitivamente, el choque entre los intereses de España (Madrid) y Catalunya, se ha hecho evidente. Los catalanes reclamamos, gracias al fuerte sentimiento de libertad y ansias de justicia que tenemos, el derecho a ser dueños de nuestros recursos. Queremos decidir por donde pasan las vías del tren, las carreteras, a donde pueden volar los aviones desde el Prat, qué prestaciones sanitarias podemos sufragar a nuestros ciudadanos, qué estado del bienestar queremos, qué jubilación mínima y digna tienen derecho a disfrutar nuestros jubilados. Queremos, en definitiva, ser dueños de nuestro destino, sin que dependa de los intereses y la voluntad de España. Queremos tener el derecho a decidir, a equivocarnos, a planificar nuestras infraestructuras, a colmar nuestras necesidades. En resumen, queremos para nuestra Nación la independencia, la soberanía y el bienestar que tienen el resto de naciones que son dueñas de sí mismas.
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