CRÓNICAS HISPANAS: ESPERPENTOS. (y 2)

También existen tipos curiosos entre los populares. Veamos el ejemplo del inefable candidato andaluz Javier Arenas Bocanegra, eterno aspirante a la presidencia del gobierno de la Comunidad Autónoma más extensa y empobrecida del Estado Español. No hace mucho tiempo, inspiró una serie de cuñas radiofónicas que tenían por objeto alertar a los ciudadanos de su comunidad sobre la supuesta mezquindad de los catalanes, que por lo visto, amenazaban con acaparar los recursos económicos de los andaluces. "Las comunidades más pobres darán dinero a las más ricas", apercibía el mensaje, en un alarde de burda y falsa exageración. Es decir, Catalunya quería robarles la cartera. O, "si un andaluz tiene que marchar a Catalunya a vivir, se verá obligado a escolarizar a sus hijos en un colegio en que se hable catalán", proclamaba otro, envuelto en un penetrante hedor xenófobo, incluso racista. ¿Se imaginan que un inmigrante, por ejemplo en Alemania o Francia, profiriera tal desprecio a la lengua propia del país de acogida?.

Aznar, Camps, Barberá, Matas, Aguirre, Trillo, Fraga Iribarne, Fabra.... Todos ellos señeros personajes del Partido Popular de ayer, de hoy y de siempre. Peculiares y singulares. Irrepetibles. Afortunadamente. Pero la acción política desarrollada por todos ellos trasciende a sus personas, para mostrarse como determinantes, como definitorias, de la formación política que les acoge en su seno.

Por ejemplo, el Partido Popular, en las Islas Baleares, en el País Valenciano y en la Franja de Aragón, ha iniciado su propia cruzada, una auténtica reconquista, a semejanza de la castellana del medioevo. Se trata de perseguir, apuntillar y destruir la lengua catalana, propia de aquellos territorios, sustituyéndola por el español, a base de múltiples trucos y tretas, más propios de la picaresca del siglo XVI que del sentido común y el pragmatismo imperantes en el siglo XXI. Derogación de leyes legítimamente aprobadas; utilización de la judicatura (castellana) en beneficio de sus posicionamientos mono-lingüísticos; promoción de una absurda secesión lingüística en las distintas comunidades de habla catalana; ignorar los derechos de decenas de miles de alumnos que desean recibir la enseñanza en catalán; retrasar y modificar unilateralmente disposiciones legales que protegen y promueven el catalán. Un sinfín de argucias, malabarismos y piruetas legales empleados para alcanzar su espurio objetivo. En definitiva, un injustificable atropello a la dignidad y al respeto debido a millones de ciudadanos catalano-hablantes, que lo único que quieren es poder aprender y utilizar su lengua en igualdad de condiciones y consideración que goza el castellano. Lo cual parece imposible en el Estado Español constitucional. La sagrada Constitución del Reino de España es utilizada como ariete y martillo contra las pretensiones idiomáticas catalanas, que solo buscan su lugar bajo el sol que a todos ilumina. ¿Tan malo es el plurilingüismo para el Estado Español?. Rotundamente, la respuesta a la pregunta es, ¡no!. Ante todos estos hechos, no resulta extraño el escaso entusiasmo y adhesión que despierta la Carta Magna española en buena parte de la ciudadanía de la antigua Corona de Aragón, y concretamente de Catalunya. Es intolerable este grado de hostilidad española hacia lo catalán.

En cuestiones idiomáticas, la palma se la lleva Ciudadanos, formación de clara inspiración y profunda vocación colonialista. Su discurso político gira alrededor de estas cuestiones casi exclusivamente. Los máximos dirigentes de la formación, señores Rivera y Cañas, utilizan un argumentario hosco, monocorde y a menudo, mendaz; trufado frecuentemente de expresiones groseras y pletóricas de prepotencia. Su semblante  suele reflejar el costreñimiento mental a que someten sus ideas. Habitualmente, se muestran notablemente airados, con las cejas arqueadas, frente arrugada y mirada furiosa. Recalcitrante anti-nacionalismo catalán; inexistente persecución del castellano; puro, duro e indisimulado anticatalanismo; vergonzante filo-lerrouxismo; defensa a ultranza de un falso bilingüismo; exagerado enaltecimiento de lo español, es decir, de la uniformidad españolista. Estas son algunas de sus escasas convicciones políticas, que defienden como si se tratara de certezas absolutas. No se reconocen como nacionalistas españoles, a pesar del anticatalanismo que profesan, ni se ven como defensores de querer perpetuar la hegemonía del castellano en Catalunya, a costa de la lengua propia de esta Nación. Instan al bilingüismo sin reconocer que los únicos que lo practican activamente son los catalano-hablantes, no aquellos que utilizan solo el castellano en el devenir diario. Culpan al catalanismo de ser perniciosamente identitario, mientras defienden las corridas de toros o la lengua española con argumentos sólidamente nacionalistas y por tanto,  tan identitarios (españoles) como puedan ser los catalanes. Manipulan las libertades de las personas en su propio beneficio, para imponer la uniformidad hispana (¡) que contraponen a la disgregadora singularidad catalana (?), al tiempo que incongruentemente exigen el máximo respeto al pluralismo (¡?) en Catalunya, que no en España. De tan anti-nacionalistas que se declaran, son incapaces de reconocerse como lo que realmente aparentan ser: unos desesperados colonizadores españoles que batallan inútilmente para conservar en el presente añejas prebendas y privilegios, frutos del antiguo derecho de conquista castellano. Todo ello contrapuesto al moderno catalanismo, claramente mayoritario en la Catalunya de nuestros días; a los sentimientos y principios de unos colonizados ciudadanos, hartos de injusticias y de ruin y eterna explotación española. Y ansiosos de libertad, de independencia.

En su delirio anticatalán, se permiten recriminar a los ciudadanos, que se revelan por las intenciones gubernamentales españolas de cargar el coste de las ruinosas autopistas de peaje madrileñas, sobre las concesionarias de autopistas que discurren por territorio catalán; es decir, sobre las espaldas y los bolsillos de los usuarios catalanes. El señor Cañas así lo manifestó en un debate en Canal Català TV.  Y todo ello alzando teatralmente la voz, entre aspavientos, frunciendo el ceño y mostrando en el rostro los estragos que debe hacer en su salud la úlcera estomacal que sin duda padece, provocada por una excesiva segregación de ácidos en el aparato digestivo. Lo cual no resulta extraño, dado la clara propensión a la sobre-excitación que padece, puesto que, según su opinión, nada, absolutamente nada de lo que se diga, proponga, exija o haga desde el gobierno, las instituciones, partidos políticos o personas, de Catalunya, puede ser considerado como positivo o favorable para los intereses de los ciudadanos catalanes. Todo obedece, en su delirante opinión, a un irrefrenable sentimiento anti-español que poseemos todos los catalanes. Como si fuéramos inmunes a las iniquidades que frecuentemente sufrimos de la mano de las autoridades españolas. En su opinión, deberíamos callar y pagar.

-¡Chitón!-, parece gritar-. -¡O te acuso de anti-español!-.

En fín. Seria injusto por mi parte no mentar algunas personalidades y formaciones políticas típicamente catalanas, tan esperpénticos como los españoles citados anteriormente. Porqué haberlos, haylos. Me comprometo a ello en un futuro espero que no muy lejano. Por el momento, aguardaré acontecimientos, pues parece que las aguas, aunque claras, discurren con inusitada fuerza y rapidez en la Catalunya pre-independiente.

CRÓNICAS HISPANAS: ESPERPENTOS. (1)

El pasado viernes, el Consejo de Ministros de España  ha anunciado la aprobación de la Ley de Transparencia, que pretende sancionar penalmente a los políticos que hagan malas prácticas en el uso de recursos públicos. Esta misma semana, la Ministra de Fomento Ana Pastor quiso persuadir a sus colegas de la Unión Europea de las presuntas bondades y beneficios del corredor ferroviario central. Deseaba que fuera declarado como infraestructura primordial, para poder optar a fondos de financiación europeos. Naturalmente, la UE no aceptó tal petición. Lo cual ha provocado el voto negativo de España a la red de infraestructuras prioritarias de la Unión. En Europa son serios y formales y sí priorizan el rendimiento económico en las inversiones a realizar. Por otro lado, también ha anunciado que se está planteando rescatar  las autopistas deficitarias (madrileñas), prolongando las concesiones de las autopistas de pago (fundamentalmente catalanas), ante la indignación y estupor de los sufridos usuarios de Catalunya. Cabe preguntarse, ¿la antieconómica propuesta ferroviaria de la ministra española sería contemplada como punible en la recién nacida ley de buenas prácticas española?. ¿Y las intenciones sobre las autopistas madrileñas a cargo, una vez más, de Catalunya?. No debemos perder de vista que el corredor central ya había sido declarado como inviable, innecesario, clientelar y partidista por múltiples expertos. Y los agravios contra los ciudadanos catalanes "ya no caben en la maleta". La única utilidad de sus absurdas propuestas consiste en entorpecer y desincentivar el corredor Mediterráneo, que sí es considerado como preferente por Europa; y seguir la política de estrangulamiento de ciudadanos e instituciones catalanas. Repito: ¿esta actitud ministerial tan sectaria, es punible?. 

Es solo un ejemplo del tipo de políticas que acontecen con excesiva frecuencia en España. Corresponden a actitudes arbitrarias e injustas. ¿Porqué sucede así?. Antes de intentar responder a esta sencilla cuestión, bueno será señalar algunas características sobre el comportamiento y actitud que determinados actores públicos tienen desde los inicios, durante y en la actualidad, en el llamado teatro democrático español.

Algunos políticos suelen cometer sus tropelías, o decir sus necedades, sin apercibirse que las están cometiendo. Por ejemplo, uno de los padres de la Constitución y además entrañable y ancestral socialista, Gregorio Peces Barba, aboga por la modificación de la ley electoral para que los partidos nacionalistas no tengan el peso parlamentario que tienen en el presente, que les permite condicionar -chantajear, dicen- la política del gobierno de España. Propone que se aumente  en cincuenta el número de diputados, que serían repartidos de acuerdo con los restos en circunscripción nacional única, entre el PP, PSOE e IU, formaciones presentes en todo el ámbito estatal. En principio parece razonable. Hasta que nos damos cuenta que son precisamente el PP y el PSOE los máximos beneficiarios del sistema electoral que rige en la actualidad. Sus diputados y senadores resultan beneficiados con los votos de miles de ciudadanos, en aquellas circunscripciones de baja densidad demográfica; mientras por ejemplo, los nacionalistas catalanes necesitan los votos de decenas de miles de ciudadanos de Catalunya para resultar elegidos. ¿Cuanto cuesta un escaño en Cuenca, Huesca, Segovia o en Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura?. ¡Por Dios!. No; el problema son el PP y PSOE . La solución a la injusticia electoral que sufre IU solo puede pasar por ligar la representatividad de los votos a las personas, no premiar a los territorios con la máxima representatividad, por muy extensos que sean. Pero, claro. Si costara lo mismo un diputado en Barcelona o Madrid, que en Soria o León, tanto los conservadores como los socialistas verían disminuir el número de sus candidatos elegidos como representantes de los ciudadanos. La máxima de un hombre, un voto llevada a sus últimas consecuencias dibujaría un mapa político en todo el Estado muy distinto al actual. Ganaría el pluralismo y perdería el falso bipartidismo que tanto gusta a las formaciones mayoritarias de España.

El ínclito señor Peces Barba se caracteriza por lanzar invectivas, propuestas e iniciativas, al menos tan curiosas como suelen ser algunos de sus estrafalarios comentarios. Es el mismo personaje que se permitió bromear sobre el viejo adagio hispano de bombardear Barcelona cada cincuenta años y que se lamentó haber dejado marchar a Portugal y haberse quedado con Catalunya. Y después de soltar su boutade acusó a los catalanes de tener la piel muy fina. Pues no. La piel fina la tienen los pocos pero esforzados unionistas catalanes, que con actitudes como la del señor Peces Barba, contemplan desesperados como todos sus intentos conciliadores con España se escapan velozmente por el desagüe de las aguas fecales. La mayoría de ciudadanos catalanes poseemos una sólida y curtida protección cutánea, constituida a base de proteínas independentistas que nos protegen del avasallador veneno nacional-españolista, tan característico de determinados notables españoles. La nómina de estos peculiares personajes socialistas es interminable: José Bono y sus joviales sentimientos patrióticos y festivos homenajes (a la División Azul); Alfonso Guerra y su aguerrida vocación cepilladora; J.C Rodriguez Ibarra y su pedestre españolismo; el embajador ante la Santa Sede, F. Vázquez y su carrinclón nacional-catolicismo; J.L. Rodriguez-Zapatero y la fragilidad en la palabra dada, etc... Todos ellos con suficientes méritos y parabienes,  arduamente cosechados en defensa de los mercados y liberados de veleidades auténticamente socialistas, como para figurar en los anales del genuino esperpento hispano. Sin duda, con la plena aprobación de Don Ramón María del Valle-Inclán.

    

OFENSIVA NACIONALISTA.... ESPAÑOLA. (y 2)

Por lo visto, no basta con la avasalladora hegemonía de la lengua castellana en todo el Estado. También debe constar esta primacía española en el mundo de los símbolos patrios, así como en el ámbito de los sentimientos. Y para ello, se utiliza la bandera rojigualda, acompañada de la Marcha Real en calidad de banda sonora. Ambos se imponen y revisten con una aura sacralizada, inmutable, lo cual conlleva en sí la pena de condena eterna a quien ose desafiar la secular supremacía castellana y sus símbolos, que deben imperar en el Estado Español, ahora y por siempre. Símbolos que, recordemos, se sostienen sobre el suelo y las raíces de la Castilla histórica y reconquistadora. Pero, ¡hay...!. No se puede, es inútil legislar sobre sentimientos. Y así, muchas instituciones y ciudadanos catalanes no se emocionan ante la bandera, ni se conmueven con el himno. De España. La mayoría, aunque los respetan, se muestran indiferentes ante ellos. ¿Porqué?. Sencillo. Su Nación, su bandera y su himno son otros. Para muchos ciudadanos, nuestra Nación es Catalunya. Y nos indignamos ante la pertinaz y estúpida negativa española de no reconocerlo así. Nuestros sentimientos hacia nuestra bandera e himno son exactamente equivalentes a los sentimientos que tienen los españoles hacia los suyos. Y si los catalanes reconocemos a la España castellana la condición de Nación, ¿porqué no se reconoce tal condición a la nuestra?. ¿Como pueden pretender que "amemos" y compartamos los símbolos de aquellos que niegan los nuestros?. Esta es la causa de la guerra de banderas. En realidad, se trata de una batalla de sentimientos; y las emociones no pueden imponerse. Ni siquiera por la fuerza de la Ley emanada del Estado de Derecho, ni con la violencia represora ejercida por el poder político español. Y si así se hace, las consecuencias son el enfrentamiento, el rechazo y la falta de respeto mutuo.

En definitiva, Catalunya es una Nación. Nos sentimos Nación y queremos ser Nación. Y como tal, nuestros anhelos se verán colmados con la plena soberanía. En igualdad de condiciones que las naciones de Europa y el resto del Mundo. Y para ello, confiamos en el ideal democrático. He ahí la razón de querer ejercer el derecho de autodeterminación. ¿Cual es, pues, la ignominia que se atribuye a la Ley de Consultas, expresión minimalista del derecho a decidir?. ¿Acaso España teme el ejercicio de la democracia?. ¿Son distintas las percepciones democráticas entre españoles y catalanes?. A la vista de las declaraciones de la señora Sanchez Camacho, en las que anuncia la intención del PP de recurrir la Ley de Consultas ante su Tribunal Constitucional, diríase que sí. Hasta no hace mucho tiempo, en Catalunya existía una mayoría que no contemplaba la independencia como posible opción a tener en cuenta. La minoría soberanista aceptaba la situación y acataba la voluntad mayoritariamente unionista sin causar mayores problemas; no era más que un ejercicio de acatamiento al juego democrático. Con todo, insistíamos en nuestros objetivos independentistas, sin renuncias y con redoblados esfuerzos. Entretanto, el nacional-españolismo porfiaba para asimilar (cuando no destruir) a Catalunya. Hasta nuestros días. Las veleidades españolistas, con falta de respeto incluido; el acoso mediático, judicial, económico, financiero, cultural, así como la premeditada falta de inversiones en las infraestructuras viarias catalanas competencia del Estado, nos conducen a la situación actual. La aversión catalana al trálaga castellano; el haber llegado al límite racional de aguante en materia de expolio fiscal, que empobrece a todos los ciudadanos catalanes y disminuye nuestro bienestar social; y que puede ser calificado como vulgar robo perpetrado por el Estado Español a todos y cada uno de los ciudadanos catalanes -recordemos, 2.200 € por catalán/año-; la habitual racanería y secular incumplimiento español en la ejecución (¡por lo menos!) de los presupuestos generales del Estado referidos a recursos e inversiones en Catalunya; el hartazgo por el abuso judicial que determinadas formaciones políticas españolistas y unos pocos pero resentidos ciudadanos anticatalanes, hacen contra la lengua y cultura catalanas bajo el amparo de una justicia partidista y españolista; la interminable cruzada anticatalana que, desde los medios de comunicación madrileños adscritos a la Caverna Mediática, periódicamente desatan contra Catalunya. Todo esto y nuestros propios principios y valores, son la causa que aquella minoría se haya transformado en el presente en una sólida y contundente mayoría a favor de la independencia de nuestra Nación. La minoría unionista de ahora, ¿guardará la misma actitud que en el cercano pasado ha tenido el catalanismo, entonces minoritario?. ¿Aceptarán la realidad democrática u optarán por el boicot y la violencia contra los independentistas?.

Mi opinión es que el unionismo catalán aceptará la voluntad de la mayoría soberanista. Sin embargo, no estoy tan seguro de las reacciones que puedan tener los nacional-españolistas fuera de Catalunya. Lo que si es seguro es la reacción de la Caverna Mediática. La "mala leche" que destilan en la actualidad no presagia nada bueno. Con su habitual soltura, utilizarán falacias y mentiras, chantajes y agresiones varias, tal y como nos tienen acostumbrados. ¡Qué mejor muestra de sus intenciones que la actual ofensiva nacionalista...española!. Pero confiemos que los valores democráticos que sin duda cultivan la mayoría de ciudadanos de a pie españoles, se impongan a los aullidos que suelen proferir aquellos que utilizan los valores de la democracia, simbolizados en la pétrea Constitución Española, como si se tratara de un bate de béisbol con el cual machacar a quién siente, piensa y habla diferente. En definitiva, contra quién es y se sabe de Nación catalana. Solo la firmeza y autenticidad democrática catalana vencerán la despiadada ofensiva nacionalista española desatada, una vez más, contra nuestra Nación. Solo la próxima independencia de Catalunya nos permitirá el progreso, justicia y libertad que el rancio y cutre españolismo de ayer, de hoy y de siempre, nos hurta y niega. Hasta ahora.

OFENSIVA NACIONALISTA.... ESPAÑOLA. (1)

El periódico madrileño ABC ha reincidido en su vieja tesis, como hiciera hace pocos días, al considerar que España tiene un problema con Catalunya. "Tenemos un problema", titula escandalosamente en primera plana. Concretamente, enumera tres "problemas": la inmersión en catalán, la ausencia de la bandera española en los ayuntamientos, y la aprobación de la Ley de Consultas en el Parlament Català. 

Por su parte, desde el canal INTERECONOMÍA TV y su brazo escrito LA GACETA, muestran su total sintonía con los argumentos de ABC y añaden las consabidas diatribas contra Òmnium Cultural, "que en sus 50 años de historia ha recibido millones de euros" (sic) en subvenciones, mientras que "para las víctimas del terrorismo, cero euros". Crítica amargamente el copago sanitario y la tasa turística recientemente implantados por el Gobierno Mas, así como las multas por no rotular los comercios al menos en catalán. Estos argumentos ilustran, en su opinión, el "descontrol"  en que se halla sumida Catalunya.

También EL MUNDO se declara contrario a "la radicalización" del Gobierno catalán y denuncia que la ley de consultas es "la cerilla que Mas encenderá contra Rajoy", en su intento por obtener un nuevo modelo de financiación similar al concierto vasco, el llamado pacto fiscal. Advierte que se utilizarán las consultas (no vinculantes) para erosionar el Estado, con el riesgo de poner en peligro la convivencia ciudadana. Concluye que "el paso dado por Mas profundiza en la deslealtad de un nacionalismo que utiliza de forma sistemática las instituciones del Estado para dinamitarlo desde dentro". No se les ocurre pensar que el pacto fiscal puede ser la última oportunidad que tiene España para que Catalunya continúe vinculada políticamente al Estado Español. En cuanto a la afirmación que no tiene cabida dentro de la Carta Magna española,  si el concierto vasco es constitucional, ¿porqué tendría que ser inconstitucional el pacto fiscal catalán?. Asimismo, el ilustre director del periódico madrileño (de alcance nacional) pide la suspensión del partido de fútbol correspondiente a la final de la Copa del Rey, a celebrar en Madrid, a causa de los previsibles silbidos y abucheos anunciados anticipadamente, que seguidores vascos y catalanes dedicaran al Rey Juan Carlos I y al himno de España. Por su parte, la delegada del Gobierno español amenaza (intimida) a los supuestos promotores de la protesta, caso de cumplir la osadía anunciada; incurrirán en toda suerte de delitos, culpas y males. Por descontado, todo ello preventivamente y sin que sea permitido atribuir las acciones anunciadas al ejercicio de la libertad de expresión que se supone existe en España.  

Parece ocioso resaltar la sintonía argumental de los tres medios de comunicación españoles, por otro lado absolutamente monocordes y previsibles respecto Catalunya. Más significativo resulta la coincidencia temporal, los días 15 y 16 de este més de marzo. ¿Se trata del inicio de hostilidades contra Catalunya, la llamada campaña catalana?. ¿Responde a una estrategia consensuada por las troglodíticas cabezas pensantes, con mando  en el seno de la Caverna Mediática?. ¿Existe alguna complicidad entre Gobierno de España y la susodicha Caverna?. ¿O simplemente se trata de una casualidad?. Excepto la última, el resto de posibilidades son creíbles. Estamos ante la manifestación más evidente de la toma de conciencia del nacionalismo español sobre la realidad catalana. Entienden que el próximo futuro de España, inevitablemente, estará marcado por la independencia de Catalunya. He ahí la razón de las proclamas lanzadas por el más rancio ultra-españolismo existente. La Caverna Mediática habitualmente gusta criticar negativamente, denostar, mentir, manipular, inventar, retorcer, demonizar... todo aquello que pueda parecer y ser catalán. La enfermiza obsesión anticatalana que tan profusamente exhiben, no es más que la consecuencia del cutre y exacerbado nacional-españolismo que profesan, con absoluta desvergüenza y sin el mínimo rubor reflejado en sus enjutos rostros de mirada espantada. Catalunya se muestra ante sus ojos como el mayor fracaso cosechado por España en su extensa e intensa historia. Ni la violencia y argucias empleadas en el siglo XVII por el Conde Duque Olivares; ni los ejércitos del Rey Felipe V en 1714; ni el consabido bombardeo sobre Barcelona, establecido con singular cadencia cada cincuenta años, y ejecutada entre otros por el general Espartero el siglo XIX; ni las ignominiosas dictaduras del pasado siglo, de Primo de Rivera primero, del fascista y golpista Generalísimo Franco, después (que también se divirtió con encarnizados bombardeos sobre Catalunya); ni cuarenta años de feroz dictadura. Nada de ello logró someter, asimilar, diluir o destruir a Catalunya. ¿Porqué ahora, en plena democracia, debería culminar con éxito el ruin empeño el sempiterno nacionalismo español?. ¿Será porqué no cree realmente en el sistema democrático?.

El Parlamento Catalán aprobó la ley de inmersión lingüística de forma escrupulosamente democrática. Durante muchos años, el Tribunal Constitucional avaló la plena vigencia de la misma, en sucesivos dictámenes y sentencias. Actualmente, después de una circense pirueta legal (mas bien, leguleya) la cuestiona y, consecuentemente, el Tribunal Supremo se aferra al cambio de opinión "constitucional" y dicta sentencias contrarias a la inmersión. Contra la opinión y voluntad de la inmensa mayoría de lingüistas, pedagogos, sociólogos, universidades, partidos y sindicatos, asociaciones de padres y alumnos y múltiples instituciones, públicas y privadas; y millones de votantes de todo el espectro político catalán que, elección tras elección,  votan y eligen abrumadoramente a los representantes que apoyan y defienden la inmersión en lengua catalana. ¿Este es el respeto que tienen los tribunales españoles a las decisiones tomadas democráticamente?. ¿Es  competencia de tercera cámara la que debe ejercer el Alto Tribunal, lo cual es absolutamente anticonstitucional?. ¿Su misión consiste tal vez en dictaminar por encima, al margen y más allá de votantes y representantes elegidos democraticamente por los catalanes?. ¿No son suficientes las garantías, sobradamente probadas, que la Ley de Educación de Catalunya ofrece, de aprendizaje y pleno conocimiento del idioma castellano al final del ciclo escolar, en igualdad de condiciones que el catalán?. Parece que todo esto no basta. Los jueces y magistrados solo entienden de supuestos derechos paternales (que no de los hijos) españoles. Y las pocas familias que exigen la escolarización en castellano lo hacen por una razón puramente política, ideológica: el resentimiento contra Catalunya y su idioma. Con su actitud solo pretenden reafirmar la hegemonía y prevalencia del castellano, también en Catalunya. Cuando defienden el bilingüismo lo hacen en el idioma de Cervantes, sabedores que los únicos que practican el bilingüismo real son los hablantes catalanes. Los castellano-hablantes pueden vivir cómodamente en Catalunya, exclusivamente en su idioma, mientras que los catalanes a menudo cambiamos el nuestro ante los castellanos, ya sea por cortesía, por no existir oferta en catalán, por pragmatismo -sobre todo en ámbito judicial- o, simplemente, por comodidad, o porqué lo catalán resulta más caro. No se olvide que más del 90% de la prensa, TV, cine y libros a los que pueden acceder libremente los ciudadanos de este país, utilizan exclusivamente el castellano. Debe recordarse asimismo, que el mundo de la judicatura solo exige la obligación, para jueces y magistrados, de conocer el castellano; el catalán es voluntario, un mérito dicen. Sabido es también, que los abogados suelen advertir discretamente a sus clientes la conveniencia de utilizar el castellano ante determinados jueces, reacios (contrarios) al idioma catalán; o simplemente, porque si se utiliza el catalán, se alargan y complican los juicios por culpa de los traductores. Como puede verse, el problema lingüístico, en Catalunya, solo existe contra el catalán; pero para España aparentemente, el problema es la libre utilización del catalán... ¡en la propia Catalunya!. El Tribunal Supremo y en última instancia, el Constitucional, deberían preocuparse (incluso de oficio) por la situación de la lengua catalana en el País Valenciano -125.000 alumnos sin posibilidades (ni derecho) de recibir la enseñanza en valenciano-, o en las Islas Baleares, donde el catalán ha dejado de ser un requisito para la función pública. ¡Y los dos gobiernos autonómicos se hallan en manos del Partido Popular!. En ambos territorios, ¿los jueces no actúan  porqué no pueden, o porqué no quieren?. Sería interesante conocer la respuesta a esta pregunta.

ESPAÑA vs. CATALUNYA. COLONIALISMO vs. INDEPENDENCIA.

Es habitual que los unionistas españoles utilicen falsos argumentos para que sus teorías nacionalistas se muestren como auténticas, como reales. Para ello, los revisten de falaz apariencia de certeza y los adornan con una pátina de inconsistente veracidad. Por ejemplo: suelen atribuir la condición de representante del Estado Español, en Catalunya, al presidente de la Generalitat. Le califican como máxima autoridad de España en la comunidad. Le exigen absoluto sometimiento y cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales, gubernamentales y parlamentarias españolas, como si se tratara de una especie de jefe de una sucursal provinciana del gobierno madrileño. Y si no actúa como tal, se rasgan las vestiduras histriónicamente, se escandalizan y enervan, en un arrebato de teatral sobreactuación. Tal sucede cuando critica las sentencias judiciales, o las órdenes gubernamentales y cuando no muestra el debido respeto y humildad -según baremos establecidos por la hidalguía hispana- a todo lo que manden y dispongan, desde las instancias superiores del poder radicadas en la capital del Reino de España.

Diríase que esperan de los representantes catalanes absoluta y ciega obediencia, sin que pueda ser tolerada la mínima discrepancia ni cuestionamiento alguno; es decir, no es aceptable ninguna desviación en el sectarismo que el nacionalismo español -recordemos, nunca asumido- exige de todo aquel que ostenta dominio, potestad y capacidad, aunque sea solo en apariencia. En definitiva, no entienden que el M.H.S. President de la Generalitat de Catalunya deba rendir cuentas exclusivamente ante los ciudadanos catalanes, cuyos intereses y derechos deben ser prioritarios para él; solo tiene que ser responsable ante el Parlamento Catalán y someterse al control legislativo de los legítimos representantes del pueblo, elegidos democraticamente por el soberano pueblo catalán, ya que somos  los únicos depositarios y beneficiarios de la plena y leal acción política ejercida por el poder ejecutivo catalán, por muy residual que este resulte en la actualidad. Pero las fuerzas vivas hispanas tienen muy interiorizado que el poder es suyo, de España y por tanto, indiscutido e indiscutible.

Asimismo, España gusta de históricas y épicas hazañas caballerescas; por tanto, combatir contra molinos de viento y arremeter contra castillos de naipes son algunos de sus juegos favoritos. Así podemos calificar las cuestiones que despectivamente identifican como identitarias catalanas, "que no interesan a los ciudadanos". Subvenciones a entidades culturales;  intolerable financiación al cine en catalán; supuestas embajadas;  falsos despilfarros económicos y fantasmagórico sectarismo independentista -inexistente- en la televisión pública catalana;  ficción de censura previa y control  de prensa; imposición del idioma catalán en la asistencia sanitaria (¡?), prohibición de hablar en castellano a los subalternos en las escuelas públicas (¡¡??), etc.... La constancia y fortaleza que muestran las élites españolas contra todo, absolutamente todo aquello que "huela" a catalanismo, sea cierto o falso, absurdo, disparatado, sea inventado o no, denota el incomprensible miedo cerval y terrible complejo de inferioridad que sufre la España oficial y oficiosa, en nuestros días. El catalanismo resulta una insoportable amenaza, pues creen representa un mortífero peligro para el españolismo de ayer, de hoy y de siempre. Es decir, para la castellana España eterna .

También suelen despachar los asuntos que pudieran resultar problemáticos, o contrarios a sus intereses, con apelaciones al interés general, a que no es el momento, no es prioritario, el estado de derecho lo exige, etc.... En catalán existe una frase que resume a la perfección este tipo de actitud tan española: "excuses de mal pagador", de innecesaria traducción. Por ejemplo, con la mayor desvergüenza, ante las exigencias catalanas de Pacto Fiscal responden que "lo prioritario es salir de la crisis", o "no es el momento de repartir miseria". Resulta inaceptable que la posible mejora el sistema de financiación catalán no pueda ayudar a resolver la crisis económica, ni tampoco sirva para atajar la miseria que ya está sufriendo Catalunya. Evidente a causa de drásticos recortes en sanidad y educación públicas, así como en bienestar social, obscenamente inducidos por el Gobierno Español.

Así, el buen catalán no debe criticar que los magistrados del Tribunal Constitucional aparezcan como dignos y exclusivos representantes de los intereses del PP y del PSOE. La altivez y soberbia que ostenta el alto tribunal de garantías español, quedaron fielmente evidenciadas cuando despreció el resultado de un referéndum plenamente legal y se permitió cambiar la voluntad ciudadana mayoritaria de Catalunya, por la voluntad particular y partidista del PP. Y todo ello después del vergonzoso proceso supuestamente constitucional vivido, que ni el propio Kafka hubiera imaginado en sus mejores días. Mucho menos, este buen ciudadano debe cuestionar las doctas sentencias del Tribunal Supremo dictadas en defensa de tres familias de arraigado y militante anticatalanismo, que reniegan de los usos y costumbres de la tierra de acogida, Catalunya, y que exigen el cambio del sistema educativo catalán, cuyo consenso y aceptación es abrumadoramente defendido por la inmensa mayoría de catalanes. Además de gozar del apoyo y aval, nacional e internacional, de reconocidos lingüistas, educadores, universidades, asociaciones de padres y alumnos, de distintos ámbitos y filiaciones políticas.  A pesar de todo ello, el alto tribunal español se permite anteponer los deseos de tres supuestos agraviados inequívoca y altivamente españoles, alentados y coreados por la ultra-españolista y extremista asociación "Convivencia Cívica Catalana", a la voluntad que democraticamente se han dado la inmensa mayoría de familias catalanas. No vale para nada que los representantes del Parlamento Catalán hayan aprobado las leyes necesarias (y en paises normales, suficientes) para legalizar la inmersión lingüística, normalizar la lengua catalana en Catalunya y defenderla, promoverla y difundirla con suficientes garantías y probado éxito. La voluntad y el deseo de algunos nacionalistas españoles resentidos, es suficiente para  combatir y pretender destruir inmisericordemente el único valor de alcance mundial que posee, la más grande aportación que puede ofrecer Catalunya a la cultura universal: su lengua. Si el Tribunal Supremo amara realmente la Justicia y la Verdad, se preguntaría porqué en el Pais Valenciano se impide a decenas de miles de familias -a más de 125.000 alumnos- ejercer el mismo derecho que sí reconoce a tres familias españolas. ¿Será porqué exigen que sus hijos reciban la educación en valenciano, es decir, en catalán?.

Por otro lado, los catalanes deben de abstenerse que izar banderas, cantar himnos y desatar guerras de símbolos. Son asuntos que no interesan a la gente. Solo parece importar a Maria de los Llanos de Luna, preclara delegada del gobierno español en Catalunya. Sintió un profundo escalofrío, una insoportable pesadumbre invadió su alma, cuando ocurrieron los ya famosos "incidentes" en el ayuntamiento de Sant Pol de Mar. El disgusto causado provocó una reacción absolutamente incontrolable en sus entretelas españolas. ¿El resultado?. Ha desatado una absurda guerra de banderas. Así, muchos consistorios que hace décadas "osan" desafiar el estado de derecho castellano absteniéndose de colgar la bandera española en los ayuntamientos, bien por descuido, o por desidia, porque no tienen bandera o simplemente, no quieren hacerlo, serán requeridos, incluso judicialmente, para que cumplan la llamada "Ley de Banderas"; aquella que exige que por lo menos la roja y gualda debe ondear preferente y ostensiblemente en las fachadas de los edificios públicos. A pesar de ser "cuestiones identitarias que no interesan a la gente", lo cierto es que al Partido Popular sí le importa, y mucho, la identidad española. Tanto como mantener la asfixiante prevalencia y privilegios de la lengua castellana, en Catalunya; por ejemplo, entre los jueces y magistrados que se dignan ejercer en esta  colonia, ignorando y por tanto despreciando el idioma catalán. O amenazando con utilizar el "poder del estado de derecho español" sobre las espaldas de los hastiados ciudadanos catalanes, que no se sometan al "derecho del estado".

Por lo visto, molesta soberanamente a la Real Asociación de Hidalgos, Infanzones y Noblezas a Fuero de España, fundada en Madrid en 1954, todo lo que no mantenga vivos y promueva los valores tradicionales de la hidalguía; todo aquello que sea ajeno al humanismo cristiano y no cumpla con la obligación histórica de prestar servicios a la nación, sus instituciones y ciudadanos, con lealtad al Rey y fuerte compromiso con la cultura y la historia de España. Este es, precisamente, el sentir que inspira y fundamenta el Partido Popular. También a los socialistas. Esta es la razón de la profunda animadversión y rencor que sienten los poderes fácticos absolutos españoles hacia la identidad catalana. No soportan que algunos ciudadanos hablen otra lengua, tengan una cultura propia, exhiban y amen con orgullo símbolos diferentes, canten himnos distintos y sientan, vivan, piensen y obren con arreglo a principios claramente no castellanos. Por ello, combaten la identidad catalana con saña y sin cuartel. Subvencionan callada y opacamente las manifestaciones culturales, lingüísticas, históricas, deportivas, fiscales, económicas, que favorezcan la identidad castellana, fundamentalmente con los cuantiosos recursos fiscales que detraen de bolsillos catalanes, entre otros. Y celebran su patrioterismo aplastando, persiguiendo, avasallando, despreciando y acosando a la lengua catalana, boicoteando la economía y las finanzas, la historia, la cultura, de un pueblo milenario que se niega a ser asimilado por "Castilla" y que obcecadamente lucha para que su nación pueda sobrevivir y prosperar, como una más entre las otras naciones libres del Mundo.

Es la lucha entre la soberbia y el legítimo orgullo; es la batalla entre la fuerza bruta y el seny (sentido común); entre el envidioso vasallaje y la sencilla ciudadanía; entre el poder absoluto y sectario, y la libertad en democracia. Es la confrontación entre la trasnochada hidalguía castellana y el sereno catalanismo del siglo XXI. España vs. Catalunya. Uniformidad frente a plena soberanía. Colonialismo frente independencia.

PROPUESTAS, ESCENARIOS Y RUPTURA. (y 2)

En lo que se refiere a la españolización de España, el Partido Popular propone eliminar del Senado la utilización de los idiomas cooficiales, por cuestiones presupuestarias; al mismo tiempo, mantiene incólumes las subvenciones, por ejemplo, a la Real Academia de la Historia, institución que exhibe una marcada simpatía (y sintonía) con el franquismo. También exige que la Generalitat de Catalunya elimine las subvenciones identitarias catalanas, especialmente de Òmnium Cultural, auténtica bestia negra de la señora Sanchez Camacho. Con absoluta desvergüenza, pero, mantienen inalterables las subvenciones identitarias españolas -que ascienden a centenares de millones de € anualmente-, ya que aparentemente son "vitales" para el proyecto (des)integrador de España. Por supuesto, incluyendo la generosa aportación al mundo del toreo, el símbolo cultural e identitario hispano por antonomasia. Como colofón, el Gobierno Español, se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que establece que las comunidades autónomas gestionarán las ayudas recaudadas por la casilla del 0,7% del IRPF, destinada a fines sociales. A cambio, exige el estricto cumplimiento de la sentencia que desmonta el sistema de inmersión lingüístico de Catalunya y niega una posible flexibilización del déficit público de las comunidades autónomas. Recordemos que el Gobierno de España se ha permitido aumentar el margen de déficit, pasando del 4,4% al 5,8%, para este año 2012.

Bien. Hasta aquí las propuestas del Partido Popular. ¿Qué escenario se presenta en el próximo futuro para Catalunya?. ¿Qué reacción causarán las pretensiones centralizadoras, uniformadoras y renacionalizadoras que impulsan las élites hispanas de todo signo,  sobre los hastiados e indignados ciudadanos catalanes?.

El pasado domingo, LA VANGUARDIA publicaba una crónica firmada por el periodista Jordi Barbeta, en la que se ofrecían cinco escenarios -Los cinco escenarios del desafío catalán- posibles, que al parecer contempla CiU ante la negociación sobre el pacto fiscal. Estos cinco escenarios van desde  un hipotético (e imposible) total acuerdo entre Mas y Rajoy, en la línea del concierto vasco; hasta la convocatoria de elecciones anticipadas con un inequívoco mensaje independentista e iniciar, caso de victoria, la constitución de una estado propio catalán. Como puede verse, casi todo apunta (incluso los tres escenarios gradualistas intermedios) hacia una confrontación y posterior ruptura entre España y Catalunya.


Mi opinión es que deberíamos pasar directamente al escenario que contempla la convocatoria de elecciones anticipadas, y someter al voto popular la oportunidad de pronunciarse a favor de un programa netamente independentista. En realidad, las alternativas se reducen a dos. Conseguir el concierto económico en su plenitud. Es decir, con auténtica bilateralidad entre Catalunya y España; salir del "amparo" de la LOFCA y del Consejo de Política Fiscal y Financiera de Comunidades Autónomas; eliminar el expolio fiscal y substituirlo por real y limitada solidaridad voluntaria; y creación de una agencia tributaria bajo exclusivo control catalán, que disponga, ejecute, distribuya y recaude la totalidad de impuestos y cotizaciones sociales que ciudadanos y empresas catalanes han venido satisfaciendo hasta la fecha, en exclusivo beneficio de España.


La otra alternativa es la "pura y dura" independencia. A mi entender, la consecución del concierto económico es imposible, por razones obvias. ¿Alguien cree que España está dispuesta a renunciar al control y libre disponibilidad de los recursos fiscales de Catalunya, de buen grado?. ¡Por supuesto que no!. Perderíamos un tiempo precioso en una negociación que solo nos conduciría al más absoluto de los fracasos. Para alcanzar un hipotético acuerdo con el Gobierno popular, deberíamos negociar y renunciar a casi todas las aspiraciones -bilateralidad, recaudación de la totalidad impuestos, salir de la LOFCA,  creación de la agencia tributaria propia-. ¿Estamos dispuestos a tales renuncias?. ¿Aceptarían los catalanes un acuerdo de mínimos, aunque significara una sustancial mejora en la financiación de la Generalitat, sin cambiar el modelo vigente?. ¿ Soportaríamos los catalanes una nueva frustración?. En mi opinión, todo lo acontecido estos últimos años entre Catalunya y España impedirán que la sociedad catalana en general, pueda aceptar una simple mejora del sistema de financiación como la panacea que resuelva y colme sus aspiraciones. Lo sucedido estos últimos tiempos es de tal gravedad, que un pseudo-concierto económico no bastaría para apaciguar a los hartos, hastiados e indignados ciudadanos de este maltratado país que es Catalunya.

Haría bien el Gobierno de la Generalitat en escuchar la voz de la calle, de los ciudadanos. El próximo sábado, 10 de marzo, la sociedad catalana procederá a proclamar sus exigencias a los políticos. La constitución de la Asamblea Nacional Catalana, que aglutinará gran parte de la sociedad civil catalana del siglo XXI, al margen de partidos políticos y de la obsoleta Santa Alianza, así lo confirma. Hemos llegado al punto de no retorno. Deseamos ser dueños de nuestro destino, de nuestros recursos. Estamos dispuestos a tomar las riendas de nuestras vidas; anhelamos la libertad; sabemos que somos capaces de combatir y vencer la crisis económica y social que sufrimos, con nuestro único esfuerzo, con nuestros propios recursos y con nuestra inteligencia,  cautiva y amodorrada actualmente por España. No queremos seguir soportando la pesada carga que hasta la fecha nos ha limitado. Alcanzar la plena soberanía nos proporcionará mas prosperidad y justicia. Justo dos cosas que ahora nos faltan. Y solo la independencia nos permitirá recobrarlas. Escuchen nuestras voces, o estás les sobrepasarán y marginarán. Partidos y políticos catalanes: sin más dilación, hora es de iniciar el camino.

PROPUESTAS, ESCENARIOS Y RUPTURA. (1)

Era de esperar después que el PP recuperara el gobierno de España y transcurridos ocho años de penosa y funesta hegemonía socialista, intentara retomar e impulsar el camino iniciado en el glorioso mandato del señor Aznar. Esto es, amenazar nuevamente con la renovada vigencia del Plan Hidrológico Nacional, con política de trasvases incluida y en general, ejecutar obras públicas bajo criterios pura e irracionalmente sectarios,  clientelares y antieconómicos; así mismo, proseguir la recentralización financiera entorno Madrid, con una ley de reforma financiera cuya más importante característica consiste en propiciar grupos bancarios mastodónticos, de cariz monopolístico y vocación netamente esquilmadora para los ciudadanos; apoyo inquebrantable de la candidatura olímpica de Madrid 2020, para dar réplica españolista a Barcelona 92 y presumir de "no politizar el mundo del deporte"; a pesar de la descomunal deuda acumulada por la capital de España, que asciende a más de 7.000 millones €; atender los intereses exclusivamente empresariales en materia laboral, facilitando la precarización de los asalariados y la supresión de derechos laborales; y también, anunciar la regulación y armonización de competencias de las comunidades autónomas, hasta transformarlas en entes inútiles, obsoletos e inviables. En resumen, impulsar infraestructuras faraónicas -y por supuesto, radiales-; y centralizar en torno Madrid el máximo de potencial cultural, financiero, económico y político, como arma de propaganda y cohesión nacional española, en contraposición a un mínimo reconocimiento de la pluralidad cultural, lingüística, social y nacional que intentaron los socialistas, aunque desgraciadamente cosecharan un rotundo fracaso.

Pero este plan perfecto se ve amenazado con algunos hechos que durante el mandato del señor Zapatero  han visto la luz. El fracaso que irremediablemente acompaña la acción del anterior ejecutivo socialista, no oculta todas las miserias que se han ido conociendo por la actuación, en las pasadas legislaturas, de determinados personajes estrechamente vinculados a los populares en las Islas Baleares -Matas, Palma Arena- y en el País Valenciano  -Camps, Barberá y los regalos impropios; y Fabra y su aeropuerto fantasma-. No podemos olvidar tampoco el caso Gürtel y la supuesta financiación irregular de los conservadores, o por lo menos del vergonzoso enriquecimiento de algunos individuos de su entorno, a costa y con cargo al erario público. De todos estos casos cabe deducir la cercanía existente entre corrupción y Partido Popular. No resulta extraño que una de las primeras decisiones que el actual gobierno de España ha tomado, sea la destitución del responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y de todo su equipo, formado por cinco inspectores de Hacienda. Curiosamente, este es el equipo que se encargaba de la investigación del caso Gürtel.

Tambien resulta una amenaza para la feliz consecución del éxito en los planes nacional-españolistas del Partido Popular, la grave crisis económica y social que está sufriendo el Estado Español. Sin embargo la gravedad de la crisis, esta vez no puede resolverse únicamente con destituciones de supuestos adversarios, ni con nombramientos de amigos y/o afines. ¿Que hacer, pués?. El Partido Popular cree que lo mejor es buscar coartadas y cargar las culpas de todos los males y desmanes -que han colocado el Estado Español en la picota económica internacional-, a las comunidades y singularmente, a Catalunya. Diversos ministros y distintas personalidades españolas se prodigan en medios de comunicación internacionales, para propagar la especie que atribuye todas las maldades a las autonomías. Por lo cual inevitablemente deberán promulgarse leyes y normas que limiten la libertad presupuestaria de las comunidades y que impongan drásticos recortes en los gastos y acciones que estimulen -sin que se note el cuidado- la devolución de competencias hacia Madrid. En definitiva, utilizar el espíritu de la omnipresente y anticonstitucional LOAPA, que sobrevuela e inspira inmutablemente todos los entresijos del Estado Español, que tan grandes servicios y excusas ha proporcionado  al nacionalismo hispano en su inacabable y épica lucha en pos de la anhelada total españolización uniformadora de la Península Ibérica, por otro lado jamás alcanzada.

En busca de este imposible, los populares utilizan todo los recursos disponibles, al margen si resultan más o menos proporcionados, si son o no legítimos o si, cuanto menos, se sustentan en una mínima moralidad y sentido de Justicia. Realmente, cuando se trata de "atar en corto"  a Catalunya, no se andan con remilgos. Para defender los privilegios económicos del aeropuerto de Barajas, paraliza el proceso de privatización del Prat, para que las instituciones catalanas no puedan controlar la gestión del mismo, según los intereses de Barcelona y por extensión, de Catalunya; y si conviene, se aplazan sine die las inversiones necesarias para la conexión ferroviaria del aeropuerto (igual que sucede con el puerto de Barcelona). Impone como prioritario el corredor ferroviario central, incluida la travesía bajo los Pirineos; así provoca dispersión de recursos financieros y entorpece el corredor mediterráneo, aprobado y apoyado por la Unión Europea y que resulta altamente beneficioso para las comunidades valenciana, murciana y andaluza, además de Catalunya; es decir, para aquella parte del Estado Español más dinámica, que concentra la mayoría de las actividades relacionadas con el comercio exterior y el turismo, obviando el conglomerado madrileño. Revitaliza el PHN y consecuentemente el trasvase del Ebro, que provocó en el pasado graves enfrentamientos de las comunidades catalana y aragonesa, contra la valenciana y murciana. ¿Qué obscuros intereses defiende el Ministro de Agricultura con tamaña iniquidad?. Podríamos recordar así mismo, la posición del Gobierno del señor Rajoy respecto la deuda que tiene España con Catalunya; 759 millones derivados de la disposición adicional tercera, y 1450 millones del fondo de competitividad. La negativa a pagar estos 2.200 millones de €, en plena sintonía con el anterior Gobierno, es la causa del estrés financiero que sufre actualmente el Gobierno catalán y motivo directo de los drásticos recortes presupuestarios del estado de bienestar que padecemos los ciudadanos catalanes. Propone también la recentralización madrileña en un único ente, de todos los organismos reguladores del Estado; ello implica que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, con flamante y costosa sede recientemente inaugurada en Barcelona, será trasladada a Madrid, "de donde nunca debería haber marchado".


Toda esta serie de actuaciones populares tienen como único objetivo españolizar España. Se adivina un escenario de confrontación y ruptura entre el Estado Español y Catalunya. Los ciudadanos catalanes no estamos dispuestos a continuar sufriendo en nuestras carnes los desmanes cometidos por ciertas comunidades autónomas y el Gobierno de Madrid, que están provocando el acusado empobrecimiento, tanto individual como colectivo de Catalunya. La hipócrita y cínica utilización que el Partido Popular hace de la crisis económica, para imponer su ideario nacionalista no solo será contestada, sino que sobre todo, será combatida con todas las armas democráticas -incluso extra-constitucionales- que se hallen en nuestras manos.





   

EL "PROBLEMA" CATALÁN. (y 2)

La pertenencia al inefable Estado Español ha hecho de Catalunya un territorio explotado en beneficio de España. Y a sus ciudadanos, auténticos siervos de la gleba, es decir, esclavos sujetos a la tierra, que deben trabajar en beneficio de sus dueños, los españoles. ¡Qué es sino alimentar indefinidamente la caja común de los impuestos con casi un tercio del total recaudado en todo el estado!. ¿Acaso no se usurpa y despoja a los ciudadanos catalanes de sus recursos fiscales, vía expolio, hasta el empobrecimiento propio?. Entre tanto, aquellos que reciben la mal llamada solidaridad disfrutan de unas condiciones de vida mejores, sin que por el momento se hayan visto sometidos a los severos recortes en su estado del bienestar, como sí ocurre desde hace más de un año con los catalanes. El Gobierno de España procura atender los deseos de los españoles, aunque sea contra la opinión de los expertos. Prueba de ello es la Ministra de Fomento, señora Ana Pastor. Ha decidido incluir el corredor central del túnel transpirenaico de Huesca como eje principal de la red ferroviaria básica transeuropea de transportes. ¡Hace caso omiso de la decisión adoptada por la UE en Octubre pasado, que descartaba oficialmente este túnel!. Pero, claro, hay que contentar a los votantes extremeños, madrileños y aragoneses; y de paso, dispersar los escasos recursos económicos disponibles que debieran concentrarse en el corredor Mediterráneo, que la Unión ha declarado prioritario. Desgraciadamente, tiene el inconveniente que transcurre a los largo de la costa catalana y valenciana, lo cual hace que sea terriblemente peligroso para los intereses de la España centralista.

En lo que se refiere a Banca Catalana y Spanair, sugiero a los que se consideren buenos periodistas, que utilicen la sabiduría acumulada en los tiempos de aprendizaje universitario, olviden las grandes dosis de demagogia que sus vivencias personales les han proporcionado y utilicen la profesionalidad y ética periodística que sin duda han cosechado a lo largo de tantos años de profesión, para que hagan auténtico periodismo de investigación. Por otro lado, tan del agrado de los medios madrileños. Hallarán la respuesta correcta e imagino que con gran estupor por su parte, descubrirán la negativa y nefasta influencia española,  ante los intereses catalanes,  en la resolución de lo que se conoció como caso Banca Catalana, o también como caso Pujol. En cuanto a Spanair, me resisto a creer que el sectarismo que parece profesan algunos profesionales de la pluma madrileños, les impida reconocer las bochornosas maniobras que personajes responsables de Barajas, AENA, IBERIA y el Ministerio de Fomento, llevaron a término contra la actividad, desarrollo y supervivencia de SPANAIR, así como el indisimulado boicot ejecutado sobre el aeropuerto de Barcelona y por extensión, contra los intereses de Catalunya.

El actual Presidente de la Generalitat, M.H.S. Artur Mas i Gabarro, recientemente ha reconocido que "España trata a Catalunya como si fuera una colonia". Afirma que conseguir el pacto fiscal no frenará el sentimiento independentista de los catalanes. Califica la situación actual de insoportable. "Determinados medios de comunicación nos hacen la guerra en el campo lingüístico y saben que esta es nuestra existencia. Nosotros existimos como pueblo por la lengua y la cultura".¡Albricias!.¡Sápristi!. ¡Por fin!. Bienvenido al club de los escépticos y resabiados ciudadanos, cada día más numerosos, que opinamos que España es un pesado e insoportable fardo del cual urgentemente debemos desprendernos. El imposible pacto fiscal que pretende CiU no frenará el independentismo catalán. Al contrario, la previsible negativa española, o la aceptación por parte de la Generalitat de un sucedáneo de acuerdo fiscal aparentemente generoso -como todos los anteriores-, a modo de compensación, provocará un imparable estallido de soberanismo, que se alimenta y acrecienta, además, de las diatribas que desde la Caverna Mediática sueltan sobre el problema catalán, que para nosotros es el problema español.

Efectivamente, no hay nada más que se parezca a un hombre que otro hombre. Un periodista de ABC se parece a uno de EL MUNDO y ambos, a uno de LA VANGUARDIA. Un político español de derechas, se asemeja a uno de izquierdas y los dos, a uno de centro. Un ciudadano de España se parece a uno de Catalunya y estos a un alemán. Pero los unos no son iguales a los otros, es decir, los derechos y deberes son distintos, según de quien los disfrute o exija. Un español tiene un Estado que defiende sus intereses. Un catalán no; este se siente acosado y desamparado por el Estado. La razón es simple, el Estado Español no ofrece la menor garantía ni protección a Catalunya, ya que no es el Estado Catalán. De la misma forma, la Constitución española ha perdido toda la legitimidad y credibilidad que tuvo en sus orígenes ya que muchos catalanes ahora no la sentimos como propia. El uso y abuso hecho de ella por parte del nacionalismo español -nunca asumido-, ha excluido a la mayoría de ciudadanos de Catalunya. Es cierto que los ciudadanos españoles pueden entender Catalunya como un problema para España. De la misma forma, y con más razón, los catalanes entendemos que nuestro mayor problema es, precisamente, España. Puesto que, ciertamente, no hay nada que más se parezca a un hombre, que otro hombre.

En resumen, el "problema" es España. Cuando un Estado necesita combatir encarnizadamente a una parte de si mismo, para reafirmar sus inmutables principios nacionales, el problema lo tiene este Estado. La permanente, inacabable lucha nacionalista española en busca de la absoluta hegemonía castellana en todo el territorio peninsular y en todos los campos, no hace más que mostrar las debilidades y complejos de esta inacabada Nación conocida actualmente como España. La confusión genética que sufre España entre los conceptos unidad  y uniformidad, hacen de la unión y solidaridad pura ficción. Y la carga de esta falsa y farragosa unidad política y social, resulta ya insoportable para la parte agredida y excluida. Es decir, para Catalunya. ¿Qué más pruebas se necesitan para entender que solo la independencia de Catalunya es la única solución viable y aceptable y que, a medio plazo favorece ambas naciones?