El periódico madrileño ABC ha reincidido en su vieja tesis, como hiciera hace pocos días, al considerar que España tiene un problema con Catalunya. "Tenemos un problema", titula escandalosamente en primera plana. Concretamente, enumera tres "problemas": la inmersión en catalán, la ausencia de la bandera española en los ayuntamientos, y la aprobación de la Ley de Consultas en el Parlament Català.
Por su parte, desde el canal INTERECONOMÍA TV y su brazo escrito LA GACETA, muestran su total sintonía con los argumentos de ABC y añaden las consabidas diatribas contra Òmnium Cultural, "que en sus 50 años de historia ha recibido millones de euros" (sic) en subvenciones, mientras que "para las víctimas del terrorismo, cero euros". Crítica amargamente el copago sanitario y la tasa turística recientemente implantados por el Gobierno Mas, así como las multas por no rotular los comercios al menos en catalán. Estos argumentos ilustran, en su opinión, el "descontrol" en que se halla sumida Catalunya.
También EL MUNDO se declara contrario a "la radicalización" del Gobierno catalán y denuncia que la ley de consultas es "la cerilla que Mas encenderá contra Rajoy", en su intento por obtener un nuevo modelo de financiación similar al concierto vasco, el llamado pacto fiscal. Advierte que se utilizarán las consultas (no vinculantes) para erosionar el Estado, con el riesgo de poner en peligro la convivencia ciudadana. Concluye que "el paso dado por Mas profundiza en la deslealtad de un nacionalismo que utiliza de forma sistemática las instituciones del Estado para dinamitarlo desde dentro". No se les ocurre pensar que el pacto fiscal puede ser la última oportunidad que tiene España para que Catalunya continúe vinculada políticamente al Estado Español. En cuanto a la afirmación que no tiene cabida dentro de la Carta Magna española, si el concierto vasco es constitucional, ¿porqué tendría que ser inconstitucional el pacto fiscal catalán?. Asimismo, el ilustre director del periódico madrileño (de alcance nacional) pide la suspensión del partido de fútbol correspondiente a la final de la Copa del Rey, a celebrar en Madrid, a causa de los previsibles silbidos y abucheos anunciados anticipadamente, que seguidores vascos y catalanes dedicaran al Rey Juan Carlos I y al himno de España. Por su parte, la delegada del Gobierno español amenaza (intimida) a los supuestos promotores de la protesta, caso de cumplir la osadía anunciada; incurrirán en toda suerte de delitos, culpas y males. Por descontado, todo ello preventivamente y sin que sea permitido atribuir las acciones anunciadas al ejercicio de la libertad de expresión que se supone existe en España.
Parece ocioso resaltar la sintonía argumental de los tres medios de comunicación españoles, por otro lado absolutamente monocordes y previsibles respecto Catalunya. Más significativo resulta la coincidencia temporal, los días 15 y 16 de este més de marzo. ¿Se trata del inicio de hostilidades contra Catalunya, la llamada campaña catalana?. ¿Responde a una estrategia consensuada por las troglodíticas cabezas pensantes, con mando en el seno de la Caverna Mediática?. ¿Existe alguna complicidad entre Gobierno de España y la susodicha Caverna?. ¿O simplemente se trata de una casualidad?. Excepto la última, el resto de posibilidades son creíbles. Estamos ante la manifestación más evidente de la toma de conciencia del nacionalismo español sobre la realidad catalana. Entienden que el próximo futuro de España, inevitablemente, estará marcado por la independencia de Catalunya. He ahí la razón de las proclamas lanzadas por el más rancio ultra-españolismo existente. La Caverna Mediática habitualmente gusta criticar negativamente, denostar, mentir, manipular, inventar, retorcer, demonizar... todo aquello que pueda parecer y ser catalán. La enfermiza obsesión anticatalana que tan profusamente exhiben, no es más que la consecuencia del cutre y exacerbado nacional-españolismo que profesan, con absoluta desvergüenza y sin el mínimo rubor reflejado en sus enjutos rostros de mirada espantada. Catalunya se muestra ante sus ojos como el mayor fracaso cosechado por España en su extensa e intensa historia. Ni la violencia y argucias empleadas en el siglo XVII por el Conde Duque Olivares; ni los ejércitos del Rey Felipe V en 1714; ni el consabido bombardeo sobre Barcelona, establecido con singular cadencia cada cincuenta años, y ejecutada entre otros por el general Espartero el siglo XIX; ni las ignominiosas dictaduras del pasado siglo, de Primo de Rivera primero, del fascista y golpista Generalísimo Franco, después (que también se divirtió con encarnizados bombardeos sobre Catalunya); ni cuarenta años de feroz dictadura. Nada de ello logró someter, asimilar, diluir o destruir a Catalunya. ¿Porqué ahora, en plena democracia, debería culminar con éxito el ruin empeño el sempiterno nacionalismo español?. ¿Será porqué no cree realmente en el sistema democrático?.
El Parlamento Catalán aprobó la ley de inmersión lingüística de forma escrupulosamente democrática. Durante muchos años, el Tribunal Constitucional avaló la plena vigencia de la misma, en sucesivos dictámenes y sentencias. Actualmente, después de una circense pirueta legal (mas bien, leguleya) la cuestiona y, consecuentemente, el Tribunal Supremo se aferra al cambio de opinión "constitucional" y dicta sentencias contrarias a la inmersión. Contra la opinión y voluntad de la inmensa mayoría de lingüistas, pedagogos, sociólogos, universidades, partidos y sindicatos, asociaciones de padres y alumnos y múltiples instituciones, públicas y privadas; y millones de votantes de todo el espectro político catalán que, elección tras elección, votan y eligen abrumadoramente a los representantes que apoyan y defienden la inmersión en lengua catalana. ¿Este es el respeto que tienen los tribunales españoles a las decisiones tomadas democráticamente?. ¿Es competencia de tercera cámara la que debe ejercer el Alto Tribunal, lo cual es absolutamente anticonstitucional?. ¿Su misión consiste tal vez en dictaminar por encima, al margen y más allá de votantes y representantes elegidos democraticamente por los catalanes?. ¿No son suficientes las garantías, sobradamente probadas, que la Ley de Educación de Catalunya ofrece, de aprendizaje y pleno conocimiento del idioma castellano al final del ciclo escolar, en igualdad de condiciones que el catalán?. Parece que todo esto no basta. Los jueces y magistrados solo entienden de supuestos derechos paternales (que no de los hijos) españoles. Y las pocas familias que exigen la escolarización en castellano lo hacen por una razón puramente política, ideológica: el resentimiento contra Catalunya y su idioma. Con su actitud solo pretenden reafirmar la hegemonía y prevalencia del castellano, también en Catalunya. Cuando defienden el bilingüismo lo hacen en el idioma de Cervantes, sabedores que los únicos que practican el bilingüismo real son los hablantes catalanes. Los castellano-hablantes pueden vivir cómodamente en Catalunya, exclusivamente en su idioma, mientras que los catalanes a menudo cambiamos el nuestro ante los castellanos, ya sea por cortesía, por no existir oferta en catalán, por pragmatismo -sobre todo en ámbito judicial- o, simplemente, por comodidad, o porqué lo catalán resulta más caro. No se olvide que más del 90% de la prensa, TV, cine y libros a los que pueden acceder libremente los ciudadanos de este país, utilizan exclusivamente el castellano. Debe recordarse asimismo, que el mundo de la judicatura solo exige la obligación, para jueces y magistrados, de conocer el castellano; el catalán es voluntario, un mérito dicen. Sabido es también, que los abogados suelen advertir discretamente a sus clientes la conveniencia de utilizar el castellano ante determinados jueces, reacios (contrarios) al idioma catalán; o simplemente, porque si se utiliza el catalán, se alargan y complican los juicios por culpa de los traductores. Como puede verse, el problema lingüístico, en Catalunya, solo existe contra el catalán; pero para España aparentemente, el problema es la libre utilización del catalán... ¡en la propia Catalunya!. El Tribunal Supremo y en última instancia, el Constitucional, deberían preocuparse (incluso de oficio) por la situación de la lengua catalana en el País Valenciano -125.000 alumnos sin posibilidades (ni derecho) de recibir la enseñanza en valenciano-, o en las Islas Baleares, donde el catalán ha dejado de ser un requisito para la función pública. ¡Y los dos gobiernos autonómicos se hallan en manos del Partido Popular!. En ambos territorios, ¿los jueces no actúan porqué no pueden, o porqué no quieren?. Sería interesante conocer la respuesta a esta pregunta.
El Parlamento Catalán aprobó la ley de inmersión lingüística de forma escrupulosamente democrática. Durante muchos años, el Tribunal Constitucional avaló la plena vigencia de la misma, en sucesivos dictámenes y sentencias. Actualmente, después de una circense pirueta legal (mas bien, leguleya) la cuestiona y, consecuentemente, el Tribunal Supremo se aferra al cambio de opinión "constitucional" y dicta sentencias contrarias a la inmersión. Contra la opinión y voluntad de la inmensa mayoría de lingüistas, pedagogos, sociólogos, universidades, partidos y sindicatos, asociaciones de padres y alumnos y múltiples instituciones, públicas y privadas; y millones de votantes de todo el espectro político catalán que, elección tras elección, votan y eligen abrumadoramente a los representantes que apoyan y defienden la inmersión en lengua catalana. ¿Este es el respeto que tienen los tribunales españoles a las decisiones tomadas democráticamente?. ¿Es competencia de tercera cámara la que debe ejercer el Alto Tribunal, lo cual es absolutamente anticonstitucional?. ¿Su misión consiste tal vez en dictaminar por encima, al margen y más allá de votantes y representantes elegidos democraticamente por los catalanes?. ¿No son suficientes las garantías, sobradamente probadas, que la Ley de Educación de Catalunya ofrece, de aprendizaje y pleno conocimiento del idioma castellano al final del ciclo escolar, en igualdad de condiciones que el catalán?. Parece que todo esto no basta. Los jueces y magistrados solo entienden de supuestos derechos paternales (que no de los hijos) españoles. Y las pocas familias que exigen la escolarización en castellano lo hacen por una razón puramente política, ideológica: el resentimiento contra Catalunya y su idioma. Con su actitud solo pretenden reafirmar la hegemonía y prevalencia del castellano, también en Catalunya. Cuando defienden el bilingüismo lo hacen en el idioma de Cervantes, sabedores que los únicos que practican el bilingüismo real son los hablantes catalanes. Los castellano-hablantes pueden vivir cómodamente en Catalunya, exclusivamente en su idioma, mientras que los catalanes a menudo cambiamos el nuestro ante los castellanos, ya sea por cortesía, por no existir oferta en catalán, por pragmatismo -sobre todo en ámbito judicial- o, simplemente, por comodidad, o porqué lo catalán resulta más caro. No se olvide que más del 90% de la prensa, TV, cine y libros a los que pueden acceder libremente los ciudadanos de este país, utilizan exclusivamente el castellano. Debe recordarse asimismo, que el mundo de la judicatura solo exige la obligación, para jueces y magistrados, de conocer el castellano; el catalán es voluntario, un mérito dicen. Sabido es también, que los abogados suelen advertir discretamente a sus clientes la conveniencia de utilizar el castellano ante determinados jueces, reacios (contrarios) al idioma catalán; o simplemente, porque si se utiliza el catalán, se alargan y complican los juicios por culpa de los traductores. Como puede verse, el problema lingüístico, en Catalunya, solo existe contra el catalán; pero para España aparentemente, el problema es la libre utilización del catalán... ¡en la propia Catalunya!. El Tribunal Supremo y en última instancia, el Constitucional, deberían preocuparse (incluso de oficio) por la situación de la lengua catalana en el País Valenciano -125.000 alumnos sin posibilidades (ni derecho) de recibir la enseñanza en valenciano-, o en las Islas Baleares, donde el catalán ha dejado de ser un requisito para la función pública. ¡Y los dos gobiernos autonómicos se hallan en manos del Partido Popular!. En ambos territorios, ¿los jueces no actúan porqué no pueden, o porqué no quieren?. Sería interesante conocer la respuesta a esta pregunta.
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