Es habitual que los unionistas españoles utilicen falsos argumentos para que sus teorías nacionalistas se muestren como auténticas, como reales. Para ello, los revisten de falaz apariencia de certeza y los adornan con una pátina de inconsistente veracidad. Por ejemplo: suelen atribuir la condición de representante del Estado Español, en Catalunya, al presidente de la Generalitat. Le califican como máxima autoridad de España en la comunidad. Le exigen absoluto sometimiento y cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales, gubernamentales y parlamentarias españolas, como si se tratara de una especie de jefe de una sucursal provinciana del gobierno madrileño. Y si no actúa como tal, se rasgan las vestiduras histriónicamente, se escandalizan y enervan, en un arrebato de teatral sobreactuación. Tal sucede cuando critica las sentencias judiciales, o las órdenes gubernamentales y cuando no muestra el debido respeto y humildad -según baremos establecidos por la hidalguía hispana- a todo lo que manden y dispongan, desde las instancias superiores del poder radicadas en la capital del Reino de España.
Diríase que esperan de los representantes catalanes absoluta y ciega obediencia, sin que pueda ser tolerada la mínima discrepancia ni cuestionamiento alguno; es decir, no es aceptable ninguna desviación en el sectarismo que el nacionalismo español -recordemos, nunca asumido- exige de todo aquel que ostenta dominio, potestad y capacidad, aunque sea solo en apariencia. En definitiva, no entienden que el M.H.S. President de la Generalitat de Catalunya deba rendir cuentas exclusivamente ante los ciudadanos catalanes, cuyos intereses y derechos deben ser prioritarios para él; solo tiene que ser responsable ante el Parlamento Catalán y someterse al control legislativo de los legítimos representantes del pueblo, elegidos democraticamente por el soberano pueblo catalán, ya que somos los únicos depositarios y beneficiarios de la plena y leal acción política ejercida por el poder ejecutivo catalán, por muy residual que este resulte en la actualidad. Pero las fuerzas vivas hispanas tienen muy interiorizado que el poder es suyo, de España y por tanto, indiscutido e indiscutible.
Diríase que esperan de los representantes catalanes absoluta y ciega obediencia, sin que pueda ser tolerada la mínima discrepancia ni cuestionamiento alguno; es decir, no es aceptable ninguna desviación en el sectarismo que el nacionalismo español -recordemos, nunca asumido- exige de todo aquel que ostenta dominio, potestad y capacidad, aunque sea solo en apariencia. En definitiva, no entienden que el M.H.S. President de la Generalitat de Catalunya deba rendir cuentas exclusivamente ante los ciudadanos catalanes, cuyos intereses y derechos deben ser prioritarios para él; solo tiene que ser responsable ante el Parlamento Catalán y someterse al control legislativo de los legítimos representantes del pueblo, elegidos democraticamente por el soberano pueblo catalán, ya que somos los únicos depositarios y beneficiarios de la plena y leal acción política ejercida por el poder ejecutivo catalán, por muy residual que este resulte en la actualidad. Pero las fuerzas vivas hispanas tienen muy interiorizado que el poder es suyo, de España y por tanto, indiscutido e indiscutible.
Asimismo, España gusta de históricas y épicas hazañas caballerescas; por tanto, combatir contra molinos de viento y arremeter contra castillos de naipes son algunos de sus juegos favoritos. Así podemos calificar las cuestiones que despectivamente identifican como identitarias catalanas, "que no interesan a los ciudadanos". Subvenciones a entidades culturales; intolerable financiación al cine en catalán; supuestas embajadas; falsos despilfarros económicos y fantasmagórico sectarismo independentista -inexistente- en la televisión pública catalana; ficción de censura previa y control de prensa; imposición del idioma catalán en la asistencia sanitaria (¡?), prohibición de hablar en castellano a los subalternos en las escuelas públicas (¡¡??), etc.... La constancia y fortaleza que muestran las élites españolas contra todo, absolutamente todo aquello que "huela" a catalanismo, sea cierto o falso, absurdo, disparatado, sea inventado o no, denota el incomprensible miedo cerval y terrible complejo de inferioridad que sufre la España oficial y oficiosa, en nuestros días. El catalanismo resulta una insoportable amenaza, pues creen representa un mortífero peligro para el españolismo de ayer, de hoy y de siempre. Es decir, para la castellana España eterna .
También suelen despachar los asuntos que pudieran resultar problemáticos, o contrarios a sus intereses, con apelaciones al interés general, a que no es el momento, no es prioritario, el estado de derecho lo exige, etc.... En catalán existe una frase que resume a la perfección este tipo de actitud tan española: "excuses de mal pagador", de innecesaria traducción. Por ejemplo, con la mayor desvergüenza, ante las exigencias catalanas de Pacto Fiscal responden que "lo prioritario es salir de la crisis", o "no es el momento de repartir miseria". Resulta inaceptable que la posible mejora el sistema de financiación catalán no pueda ayudar a resolver la crisis económica, ni tampoco sirva para atajar la miseria que ya está sufriendo Catalunya. Evidente a causa de drásticos recortes en sanidad y educación públicas, así como en bienestar social, obscenamente inducidos por el Gobierno Español.
Así, el buen catalán no debe criticar que los magistrados del Tribunal Constitucional aparezcan como dignos y exclusivos representantes de los intereses del PP y del PSOE. La altivez y soberbia que ostenta el alto tribunal de garantías español, quedaron fielmente evidenciadas cuando despreció el resultado de un referéndum plenamente legal y se permitió cambiar la voluntad ciudadana mayoritaria de Catalunya, por la voluntad particular y partidista del PP. Y todo ello después del vergonzoso proceso supuestamente constitucional vivido, que ni el propio Kafka hubiera imaginado en sus mejores días. Mucho menos, este buen ciudadano debe cuestionar las doctas sentencias del Tribunal Supremo dictadas en defensa de tres familias de arraigado y militante anticatalanismo, que reniegan de los usos y costumbres de la tierra de acogida, Catalunya, y que exigen el cambio del sistema educativo catalán, cuyo consenso y aceptación es abrumadoramente defendido por la inmensa mayoría de catalanes. Además de gozar del apoyo y aval, nacional e internacional, de reconocidos lingüistas, educadores, universidades, asociaciones de padres y alumnos, de distintos ámbitos y filiaciones políticas. A pesar de todo ello, el alto tribunal español se permite anteponer los deseos de tres supuestos agraviados inequívoca y altivamente españoles, alentados y coreados por la ultra-españolista y extremista asociación "Convivencia Cívica Catalana", a la voluntad que democraticamente se han dado la inmensa mayoría de familias catalanas. No vale para nada que los representantes del Parlamento Catalán hayan aprobado las leyes necesarias (y en paises normales, suficientes) para legalizar la inmersión lingüística, normalizar la lengua catalana en Catalunya y defenderla, promoverla y difundirla con suficientes garantías y probado éxito. La voluntad y el deseo de algunos nacionalistas españoles resentidos, es suficiente para combatir y pretender destruir inmisericordemente el único valor de alcance mundial que posee, la más grande aportación que puede ofrecer Catalunya a la cultura universal: su lengua. Si el Tribunal Supremo amara realmente la Justicia y la Verdad, se preguntaría porqué en el Pais Valenciano se impide a decenas de miles de familias -a más de 125.000 alumnos- ejercer el mismo derecho que sí reconoce a tres familias españolas. ¿Será porqué exigen que sus hijos reciban la educación en valenciano, es decir, en catalán?.
Por otro lado, los catalanes deben de abstenerse que izar banderas, cantar himnos y desatar guerras de símbolos. Son asuntos que no interesan a la gente. Solo parece importar a Maria de los Llanos de Luna, preclara delegada del gobierno español en Catalunya. Sintió un profundo escalofrío, una insoportable pesadumbre invadió su alma, cuando ocurrieron los ya famosos "incidentes" en el ayuntamiento de Sant Pol de Mar. El disgusto causado provocó una reacción absolutamente incontrolable en sus entretelas españolas. ¿El resultado?. Ha desatado una absurda guerra de banderas. Así, muchos consistorios que hace décadas "osan" desafiar el estado de derecho castellano absteniéndose de colgar la bandera española en los ayuntamientos, bien por descuido, o por desidia, porque no tienen bandera o simplemente, no quieren hacerlo, serán requeridos, incluso judicialmente, para que cumplan la llamada "Ley de Banderas"; aquella que exige que por lo menos la roja y gualda debe ondear preferente y ostensiblemente en las fachadas de los edificios públicos. A pesar de ser "cuestiones identitarias que no interesan a la gente", lo cierto es que al Partido Popular sí le importa, y mucho, la identidad española. Tanto como mantener la asfixiante prevalencia y privilegios de la lengua castellana, en Catalunya; por ejemplo, entre los jueces y magistrados que se dignan ejercer en esta colonia, ignorando y por tanto despreciando el idioma catalán. O amenazando con utilizar el "poder del estado de derecho español" sobre las espaldas de los hastiados ciudadanos catalanes, que no se sometan al "derecho del estado".
Por lo visto, molesta soberanamente a la Real Asociación de Hidalgos, Infanzones y Noblezas a Fuero de España, fundada en Madrid en 1954, todo lo que no mantenga vivos y promueva los valores tradicionales de la hidalguía; todo aquello que sea ajeno al humanismo cristiano y no cumpla con la obligación histórica de prestar servicios a la nación, sus instituciones y ciudadanos, con lealtad al Rey y fuerte compromiso con la cultura y la historia de España. Este es, precisamente, el sentir que inspira y fundamenta el Partido Popular. También a los socialistas. Esta es la razón de la profunda animadversión y rencor que sienten los poderes fácticos absolutos españoles hacia la identidad catalana. No soportan que algunos ciudadanos hablen otra lengua, tengan una cultura propia, exhiban y amen con orgullo símbolos diferentes, canten himnos distintos y sientan, vivan, piensen y obren con arreglo a principios claramente no castellanos. Por ello, combaten la identidad catalana con saña y sin cuartel. Subvencionan callada y opacamente las manifestaciones culturales, lingüísticas, históricas, deportivas, fiscales, económicas, que favorezcan la identidad castellana, fundamentalmente con los cuantiosos recursos fiscales que detraen de bolsillos catalanes, entre otros. Y celebran su patrioterismo aplastando, persiguiendo, avasallando, despreciando y acosando a la lengua catalana, boicoteando la economía y las finanzas, la historia, la cultura, de un pueblo milenario que se niega a ser asimilado por "Castilla" y que obcecadamente lucha para que su nación pueda sobrevivir y prosperar, como una más entre las otras naciones libres del Mundo.
Es la lucha entre la soberbia y el legítimo orgullo; es la batalla entre la fuerza bruta y el seny (sentido común); entre el envidioso vasallaje y la sencilla ciudadanía; entre el poder absoluto y sectario, y la libertad en democracia. Es la confrontación entre la trasnochada hidalguía castellana y el sereno catalanismo del siglo XXI. España vs. Catalunya. Uniformidad frente a plena soberanía. Colonialismo frente independencia.
Así, el buen catalán no debe criticar que los magistrados del Tribunal Constitucional aparezcan como dignos y exclusivos representantes de los intereses del PP y del PSOE. La altivez y soberbia que ostenta el alto tribunal de garantías español, quedaron fielmente evidenciadas cuando despreció el resultado de un referéndum plenamente legal y se permitió cambiar la voluntad ciudadana mayoritaria de Catalunya, por la voluntad particular y partidista del PP. Y todo ello después del vergonzoso proceso supuestamente constitucional vivido, que ni el propio Kafka hubiera imaginado en sus mejores días. Mucho menos, este buen ciudadano debe cuestionar las doctas sentencias del Tribunal Supremo dictadas en defensa de tres familias de arraigado y militante anticatalanismo, que reniegan de los usos y costumbres de la tierra de acogida, Catalunya, y que exigen el cambio del sistema educativo catalán, cuyo consenso y aceptación es abrumadoramente defendido por la inmensa mayoría de catalanes. Además de gozar del apoyo y aval, nacional e internacional, de reconocidos lingüistas, educadores, universidades, asociaciones de padres y alumnos, de distintos ámbitos y filiaciones políticas. A pesar de todo ello, el alto tribunal español se permite anteponer los deseos de tres supuestos agraviados inequívoca y altivamente españoles, alentados y coreados por la ultra-españolista y extremista asociación "Convivencia Cívica Catalana", a la voluntad que democraticamente se han dado la inmensa mayoría de familias catalanas. No vale para nada que los representantes del Parlamento Catalán hayan aprobado las leyes necesarias (y en paises normales, suficientes) para legalizar la inmersión lingüística, normalizar la lengua catalana en Catalunya y defenderla, promoverla y difundirla con suficientes garantías y probado éxito. La voluntad y el deseo de algunos nacionalistas españoles resentidos, es suficiente para combatir y pretender destruir inmisericordemente el único valor de alcance mundial que posee, la más grande aportación que puede ofrecer Catalunya a la cultura universal: su lengua. Si el Tribunal Supremo amara realmente la Justicia y la Verdad, se preguntaría porqué en el Pais Valenciano se impide a decenas de miles de familias -a más de 125.000 alumnos- ejercer el mismo derecho que sí reconoce a tres familias españolas. ¿Será porqué exigen que sus hijos reciban la educación en valenciano, es decir, en catalán?.
Por otro lado, los catalanes deben de abstenerse que izar banderas, cantar himnos y desatar guerras de símbolos. Son asuntos que no interesan a la gente. Solo parece importar a Maria de los Llanos de Luna, preclara delegada del gobierno español en Catalunya. Sintió un profundo escalofrío, una insoportable pesadumbre invadió su alma, cuando ocurrieron los ya famosos "incidentes" en el ayuntamiento de Sant Pol de Mar. El disgusto causado provocó una reacción absolutamente incontrolable en sus entretelas españolas. ¿El resultado?. Ha desatado una absurda guerra de banderas. Así, muchos consistorios que hace décadas "osan" desafiar el estado de derecho castellano absteniéndose de colgar la bandera española en los ayuntamientos, bien por descuido, o por desidia, porque no tienen bandera o simplemente, no quieren hacerlo, serán requeridos, incluso judicialmente, para que cumplan la llamada "Ley de Banderas"; aquella que exige que por lo menos la roja y gualda debe ondear preferente y ostensiblemente en las fachadas de los edificios públicos. A pesar de ser "cuestiones identitarias que no interesan a la gente", lo cierto es que al Partido Popular sí le importa, y mucho, la identidad española. Tanto como mantener la asfixiante prevalencia y privilegios de la lengua castellana, en Catalunya; por ejemplo, entre los jueces y magistrados que se dignan ejercer en esta colonia, ignorando y por tanto despreciando el idioma catalán. O amenazando con utilizar el "poder del estado de derecho español" sobre las espaldas de los hastiados ciudadanos catalanes, que no se sometan al "derecho del estado".
Por lo visto, molesta soberanamente a la Real Asociación de Hidalgos, Infanzones y Noblezas a Fuero de España, fundada en Madrid en 1954, todo lo que no mantenga vivos y promueva los valores tradicionales de la hidalguía; todo aquello que sea ajeno al humanismo cristiano y no cumpla con la obligación histórica de prestar servicios a la nación, sus instituciones y ciudadanos, con lealtad al Rey y fuerte compromiso con la cultura y la historia de España. Este es, precisamente, el sentir que inspira y fundamenta el Partido Popular. También a los socialistas. Esta es la razón de la profunda animadversión y rencor que sienten los poderes fácticos absolutos españoles hacia la identidad catalana. No soportan que algunos ciudadanos hablen otra lengua, tengan una cultura propia, exhiban y amen con orgullo símbolos diferentes, canten himnos distintos y sientan, vivan, piensen y obren con arreglo a principios claramente no castellanos. Por ello, combaten la identidad catalana con saña y sin cuartel. Subvencionan callada y opacamente las manifestaciones culturales, lingüísticas, históricas, deportivas, fiscales, económicas, que favorezcan la identidad castellana, fundamentalmente con los cuantiosos recursos fiscales que detraen de bolsillos catalanes, entre otros. Y celebran su patrioterismo aplastando, persiguiendo, avasallando, despreciando y acosando a la lengua catalana, boicoteando la economía y las finanzas, la historia, la cultura, de un pueblo milenario que se niega a ser asimilado por "Castilla" y que obcecadamente lucha para que su nación pueda sobrevivir y prosperar, como una más entre las otras naciones libres del Mundo.
Es la lucha entre la soberbia y el legítimo orgullo; es la batalla entre la fuerza bruta y el seny (sentido común); entre el envidioso vasallaje y la sencilla ciudadanía; entre el poder absoluto y sectario, y la libertad en democracia. Es la confrontación entre la trasnochada hidalguía castellana y el sereno catalanismo del siglo XXI. España vs. Catalunya. Uniformidad frente a plena soberanía. Colonialismo frente independencia.
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