Era de esperar después que el PP recuperara el gobierno de España y transcurridos ocho años de penosa y funesta hegemonía socialista, intentara retomar e impulsar el camino iniciado en el glorioso mandato del señor Aznar. Esto es, amenazar nuevamente con la renovada vigencia del Plan Hidrológico Nacional, con política de trasvases incluida y en general, ejecutar obras públicas bajo criterios pura e irracionalmente sectarios, clientelares y antieconómicos; así mismo, proseguir la recentralización financiera entorno Madrid, con una ley de reforma financiera cuya más importante característica consiste en propiciar grupos bancarios mastodónticos, de cariz monopolístico y vocación netamente esquilmadora para los ciudadanos; apoyo inquebrantable de la candidatura olímpica de Madrid 2020, para dar réplica españolista a Barcelona 92 y presumir de "no politizar el mundo del deporte"; a pesar de la descomunal deuda acumulada por la capital de España, que asciende a más de 7.000 millones €; atender los intereses exclusivamente empresariales en materia laboral, facilitando la precarización de los asalariados y la supresión de derechos laborales; y también, anunciar la regulación y armonización de competencias de las comunidades autónomas, hasta transformarlas en entes inútiles, obsoletos e inviables. En resumen, impulsar infraestructuras faraónicas -y por supuesto, radiales-; y centralizar en torno Madrid el máximo de potencial cultural, financiero, económico y político, como arma de propaganda y cohesión nacional española, en contraposición a un mínimo reconocimiento de la pluralidad cultural, lingüística, social y nacional que intentaron los socialistas, aunque desgraciadamente cosecharan un rotundo fracaso.
Pero este plan perfecto se ve amenazado con algunos hechos que durante el mandato del señor Zapatero han visto la luz. El fracaso que irremediablemente acompaña la acción del anterior ejecutivo socialista, no oculta todas las miserias que se han ido conociendo por la actuación, en las pasadas legislaturas, de determinados personajes estrechamente vinculados a los populares en las Islas Baleares -Matas, Palma Arena- y en el País Valenciano -Camps, Barberá y los regalos impropios; y Fabra y su aeropuerto fantasma-. No podemos olvidar tampoco el caso Gürtel y la supuesta financiación irregular de los conservadores, o por lo menos del vergonzoso enriquecimiento de algunos individuos de su entorno, a costa y con cargo al erario público. De todos estos casos cabe deducir la cercanía existente entre corrupción y Partido Popular. No resulta extraño que una de las primeras decisiones que el actual gobierno de España ha tomado, sea la destitución del responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y de todo su equipo, formado por cinco inspectores de Hacienda. Curiosamente, este es el equipo que se encargaba de la investigación del caso Gürtel.
Tambien resulta una amenaza para la feliz consecución del éxito en los planes nacional-españolistas del Partido Popular, la grave crisis económica y social que está sufriendo el Estado Español. Sin embargo la gravedad de la crisis, esta vez no puede resolverse únicamente con destituciones de supuestos adversarios, ni con nombramientos de amigos y/o afines. ¿Que hacer, pués?. El Partido Popular cree que lo mejor es buscar coartadas y cargar las culpas de todos los males y desmanes -que han colocado el Estado Español en la picota económica internacional-, a las comunidades y singularmente, a Catalunya. Diversos ministros y distintas personalidades españolas se prodigan en medios de comunicación internacionales, para propagar la especie que atribuye todas las maldades a las autonomías. Por lo cual inevitablemente deberán promulgarse leyes y normas que limiten la libertad presupuestaria de las comunidades y que impongan drásticos recortes en los gastos y acciones que estimulen -sin que se note el cuidado- la devolución de competencias hacia Madrid. En definitiva, utilizar el espíritu de la omnipresente y anticonstitucional LOAPA, que sobrevuela e inspira inmutablemente todos los entresijos del Estado Español, que tan grandes servicios y excusas ha proporcionado al nacionalismo hispano en su inacabable y épica lucha en pos de la anhelada total españolización uniformadora de la Península Ibérica, por otro lado jamás alcanzada.
En busca de este imposible, los populares utilizan todo los recursos disponibles, al margen si resultan más o menos proporcionados, si son o no legítimos o si, cuanto menos, se sustentan en una mínima moralidad y sentido de Justicia. Realmente, cuando se trata de "atar en corto" a Catalunya, no se andan con remilgos. Para defender los privilegios económicos del aeropuerto de Barajas, paraliza el proceso de privatización del Prat, para que las instituciones catalanas no puedan controlar la gestión del mismo, según los intereses de Barcelona y por extensión, de Catalunya; y si conviene, se aplazan sine die las inversiones necesarias para la conexión ferroviaria del aeropuerto (igual que sucede con el puerto de Barcelona). Impone como prioritario el corredor ferroviario central, incluida la travesía bajo los Pirineos; así provoca dispersión de recursos financieros y entorpece el corredor mediterráneo, aprobado y apoyado por la Unión Europea y que resulta altamente beneficioso para las comunidades valenciana, murciana y andaluza, además de Catalunya; es decir, para aquella parte del Estado Español más dinámica, que concentra la mayoría de las actividades relacionadas con el comercio exterior y el turismo, obviando el conglomerado madrileño. Revitaliza el PHN y consecuentemente el trasvase del Ebro, que provocó en el pasado graves enfrentamientos de las comunidades catalana y aragonesa, contra la valenciana y murciana. ¿Qué obscuros intereses defiende el Ministro de Agricultura con tamaña iniquidad?. Podríamos recordar así mismo, la posición del Gobierno del señor Rajoy respecto la deuda que tiene España con Catalunya; 759 millones derivados de la disposición adicional tercera, y 1450 millones del fondo de competitividad. La negativa a pagar estos 2.200 millones de €, en plena sintonía con el anterior Gobierno, es la causa del estrés financiero que sufre actualmente el Gobierno catalán y motivo directo de los drásticos recortes presupuestarios del estado de bienestar que padecemos los ciudadanos catalanes. Propone también la recentralización madrileña en un único ente, de todos los organismos reguladores del Estado; ello implica que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, con flamante y costosa sede recientemente inaugurada en Barcelona, será trasladada a Madrid, "de donde nunca debería haber marchado".
Toda esta serie de actuaciones populares tienen como único objetivo españolizar España. Se adivina un escenario de confrontación y ruptura entre el Estado Español y Catalunya. Los ciudadanos catalanes no estamos dispuestos a continuar sufriendo en nuestras carnes los desmanes cometidos por ciertas comunidades autónomas y el Gobierno de Madrid, que están provocando el acusado empobrecimiento, tanto individual como colectivo de Catalunya. La hipócrita y cínica utilización que el Partido Popular hace de la crisis económica, para imponer su ideario nacionalista no solo será contestada, sino que sobre todo, será combatida con todas las armas democráticas -incluso extra-constitucionales- que se hallen en nuestras manos.
Tambien resulta una amenaza para la feliz consecución del éxito en los planes nacional-españolistas del Partido Popular, la grave crisis económica y social que está sufriendo el Estado Español. Sin embargo la gravedad de la crisis, esta vez no puede resolverse únicamente con destituciones de supuestos adversarios, ni con nombramientos de amigos y/o afines. ¿Que hacer, pués?. El Partido Popular cree que lo mejor es buscar coartadas y cargar las culpas de todos los males y desmanes -que han colocado el Estado Español en la picota económica internacional-, a las comunidades y singularmente, a Catalunya. Diversos ministros y distintas personalidades españolas se prodigan en medios de comunicación internacionales, para propagar la especie que atribuye todas las maldades a las autonomías. Por lo cual inevitablemente deberán promulgarse leyes y normas que limiten la libertad presupuestaria de las comunidades y que impongan drásticos recortes en los gastos y acciones que estimulen -sin que se note el cuidado- la devolución de competencias hacia Madrid. En definitiva, utilizar el espíritu de la omnipresente y anticonstitucional LOAPA, que sobrevuela e inspira inmutablemente todos los entresijos del Estado Español, que tan grandes servicios y excusas ha proporcionado al nacionalismo hispano en su inacabable y épica lucha en pos de la anhelada total españolización uniformadora de la Península Ibérica, por otro lado jamás alcanzada.
En busca de este imposible, los populares utilizan todo los recursos disponibles, al margen si resultan más o menos proporcionados, si son o no legítimos o si, cuanto menos, se sustentan en una mínima moralidad y sentido de Justicia. Realmente, cuando se trata de "atar en corto" a Catalunya, no se andan con remilgos. Para defender los privilegios económicos del aeropuerto de Barajas, paraliza el proceso de privatización del Prat, para que las instituciones catalanas no puedan controlar la gestión del mismo, según los intereses de Barcelona y por extensión, de Catalunya; y si conviene, se aplazan sine die las inversiones necesarias para la conexión ferroviaria del aeropuerto (igual que sucede con el puerto de Barcelona). Impone como prioritario el corredor ferroviario central, incluida la travesía bajo los Pirineos; así provoca dispersión de recursos financieros y entorpece el corredor mediterráneo, aprobado y apoyado por la Unión Europea y que resulta altamente beneficioso para las comunidades valenciana, murciana y andaluza, además de Catalunya; es decir, para aquella parte del Estado Español más dinámica, que concentra la mayoría de las actividades relacionadas con el comercio exterior y el turismo, obviando el conglomerado madrileño. Revitaliza el PHN y consecuentemente el trasvase del Ebro, que provocó en el pasado graves enfrentamientos de las comunidades catalana y aragonesa, contra la valenciana y murciana. ¿Qué obscuros intereses defiende el Ministro de Agricultura con tamaña iniquidad?. Podríamos recordar así mismo, la posición del Gobierno del señor Rajoy respecto la deuda que tiene España con Catalunya; 759 millones derivados de la disposición adicional tercera, y 1450 millones del fondo de competitividad. La negativa a pagar estos 2.200 millones de €, en plena sintonía con el anterior Gobierno, es la causa del estrés financiero que sufre actualmente el Gobierno catalán y motivo directo de los drásticos recortes presupuestarios del estado de bienestar que padecemos los ciudadanos catalanes. Propone también la recentralización madrileña en un único ente, de todos los organismos reguladores del Estado; ello implica que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, con flamante y costosa sede recientemente inaugurada en Barcelona, será trasladada a Madrid, "de donde nunca debería haber marchado".
Toda esta serie de actuaciones populares tienen como único objetivo españolizar España. Se adivina un escenario de confrontación y ruptura entre el Estado Español y Catalunya. Los ciudadanos catalanes no estamos dispuestos a continuar sufriendo en nuestras carnes los desmanes cometidos por ciertas comunidades autónomas y el Gobierno de Madrid, que están provocando el acusado empobrecimiento, tanto individual como colectivo de Catalunya. La hipócrita y cínica utilización que el Partido Popular hace de la crisis económica, para imponer su ideario nacionalista no solo será contestada, sino que sobre todo, será combatida con todas las armas democráticas -incluso extra-constitucionales- que se hallen en nuestras manos.
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