Lope de Vega escribió una comedia en la que utilizaba la imagen de un perro para contar las tribulaciones amorosas de Diana, condesa de Belflor y Teodoro, su secretario. El símil de El perro del hortelano, que ni come hortalizas del huerto que guarda, ni deja comer a nadie, es utilizado para explicar que existen personas que ni hacen una cosa ni permiten que los demás la hagan.
Recientemente, la Cámara de Comercio de Barcelona, ha revelado que las transferencias corrientes del estado central hacia las distintas comunidades autónomas se han reducido un 80%, lo que representa 30 puntos más de lo previsto. Traduciendo, esto quiere decir que el Estado Español basa la reducción del desbocado déficit en sus finanzas públicas a cuenta de las autonomías, proclamando que mientras el gobierno hace los deberes en el ahorro, las comunidades autónomas, es decir, fundamentalmente Catalunya, aumenta y agrava el déficit. El Estado Español es tramposo y desleal con Catalunya, puesto que mientras esta ha reducido los gastos en inversión un 42%, el Estado sólo lo ha hecho un 23%, es decir, casi 20 puntos de diferencia a favor de Catalunya. El escándalo alcanza cotas vergonzantes si observamos lo que ocurre en la adquisición de bienes y servicios; Catalunya disminuye el 29% y el Estado, sólo un 4%. Si nos fijamos en la partida de personal, el gobierno de Madrid aumenta un 1%, mientras que Catalunya ha recortado un 5%.
Todos los datos hechos públicos por la Cámara de Comercio de Barcelona no impiden que desde el gobierno de Madrid se culpe directamente a Catalunya del incumplimiento en el objetivo de déficit al cual España se había comprometido con Europa; además, responsabiliza al Gobierno del señor Mas de buena parte del castigo de los mercados a la deuda española, por las manifestaciones efectuadas desde la Generalitat, en el sentido que Catalunya no cumpliría el déficit exigido.
El Estado Español no solo es tramposo y desleal con Catalunya, además, manipula más que nadie. En los últimos meses no se han cansado de criticar, bien a través del PSC, bien directamente desde el Gobierno de Madrid, los recortes del Gobierno Mas en sanidad y educación, tachándolos de draconianos e injustificados; según la opinión nacionalista española, los recortes debían hacerse en partidas identitarias, tales como delegaciones en el exterior, inmersión lingüística, cultura, subvenciones, gastos de propaganda y similares; pero el estado de bienestar, ni tocarlo. Pués bien, desde el gobierno de Madrid, se exigía que la reducción del presupuesto de la Generalitat fuera del 20% respecto el año 2010. Lo cual hubiera significado la inviabilidad financiera, administrativa y política de la autonomía de Catalunya. Lógicamente, el señor Mas se negó rotundamente a las exigencias madrileñas, y limitó los recortes a la mitad, procurando afectar la sanidad y educación lo menos posible. No obstante, desgraciadamente, sanidad y educación públicas sí han sufrido los recortes exigidos, como delata la furia sindical y los temores ciudadanos desatados por las calles catalanas; y eso es así, entre otras cosas, porque el dinero que viene de Madrid para estas partidas -las transferencias- es finalista, es decir, no se pueden destinar a otra cosa. La reducción del 10% afecta a todas las partidas presupuestarias, especialmente las que resultan más odiosas al nacionalismo español, esto es, cultura y lengua catalana, delegaciones exteriores, reducción salarial a los empleados públicos, subvenciones, TV pública, drástica reducción de cargos políticos de confianza, recortes en el Parlamento, en vehículos oficiales, en empresas y organismos públicos, etc.... Las cuentas catalanas han disminuido globalmente el 10%, pero algunas partidas han doblado o triplicado este porcentaje. La única que ha aumentado considerablemente es la partida destinada a pagar los intereses de la deuda pública catalana, a causa del déficit acumulado las dos últimas legislaturas de gobierno socialista en Catalunya. Y no puede olvidarse que el gobierno de Madrid avaló los gastos del gobierno Montilla, aprobando un déficit absolutamente falso en las cuentas catalanas; déficit oculto que hizo aflorar el gobierno del señor Mas.
El gobierno de Madrid exige recortes y amenaza el bienestar de los catalanes, pero no transfiere 1.450 millones de € del fondo de competitividad, ni 750 millones de € de la disposición adicional tercera del Estatuto, aquella que compensa la obra pública aprobada en los presupuestos generales del Estado, pero no ejecutada. Estas cantidades servirían para que los recortes en sanidad y educación fueran menores y en consecuencia, más llevaderos. Incumple la ley española, manipula las cifras, miente sobre los recortes y culpa a Catalunya de los desmanes provocados por el propio gobierno español.
Las culpas de Catalunya no son tales. De lo único que los ciudadanos catalanes deberíamos arrepentirnos es de nuestra imperdonable cobardía con los gobernantes españoles. Tendríamos que negarnos a aceptar más cargas y responsabilidades de las que, en buena lógica, nos atañen. Deberíamos detener la sangría que representa el hecho que nuestros impuestos vayan -y no vuelvan- hacia España, sin control ni mesura. La Comisión Europea por boca de un portavoz autorizado, ha contestado a la petición del Gobierno Español para que se arbitren ayudas desde las instituciones continentales al objeto de frenar los ataques contra la deuda pública española: Es la propia España la que debe ayudarse a sí misma.
Recientemente, la Cámara de Comercio de Barcelona, ha revelado que las transferencias corrientes del estado central hacia las distintas comunidades autónomas se han reducido un 80%, lo que representa 30 puntos más de lo previsto. Traduciendo, esto quiere decir que el Estado Español basa la reducción del desbocado déficit en sus finanzas públicas a cuenta de las autonomías, proclamando que mientras el gobierno hace los deberes en el ahorro, las comunidades autónomas, es decir, fundamentalmente Catalunya, aumenta y agrava el déficit. El Estado Español es tramposo y desleal con Catalunya, puesto que mientras esta ha reducido los gastos en inversión un 42%, el Estado sólo lo ha hecho un 23%, es decir, casi 20 puntos de diferencia a favor de Catalunya. El escándalo alcanza cotas vergonzantes si observamos lo que ocurre en la adquisición de bienes y servicios; Catalunya disminuye el 29% y el Estado, sólo un 4%. Si nos fijamos en la partida de personal, el gobierno de Madrid aumenta un 1%, mientras que Catalunya ha recortado un 5%.
Todos los datos hechos públicos por la Cámara de Comercio de Barcelona no impiden que desde el gobierno de Madrid se culpe directamente a Catalunya del incumplimiento en el objetivo de déficit al cual España se había comprometido con Europa; además, responsabiliza al Gobierno del señor Mas de buena parte del castigo de los mercados a la deuda española, por las manifestaciones efectuadas desde la Generalitat, en el sentido que Catalunya no cumpliría el déficit exigido.
El Estado Español no solo es tramposo y desleal con Catalunya, además, manipula más que nadie. En los últimos meses no se han cansado de criticar, bien a través del PSC, bien directamente desde el Gobierno de Madrid, los recortes del Gobierno Mas en sanidad y educación, tachándolos de draconianos e injustificados; según la opinión nacionalista española, los recortes debían hacerse en partidas identitarias, tales como delegaciones en el exterior, inmersión lingüística, cultura, subvenciones, gastos de propaganda y similares; pero el estado de bienestar, ni tocarlo. Pués bien, desde el gobierno de Madrid, se exigía que la reducción del presupuesto de la Generalitat fuera del 20% respecto el año 2010. Lo cual hubiera significado la inviabilidad financiera, administrativa y política de la autonomía de Catalunya. Lógicamente, el señor Mas se negó rotundamente a las exigencias madrileñas, y limitó los recortes a la mitad, procurando afectar la sanidad y educación lo menos posible. No obstante, desgraciadamente, sanidad y educación públicas sí han sufrido los recortes exigidos, como delata la furia sindical y los temores ciudadanos desatados por las calles catalanas; y eso es así, entre otras cosas, porque el dinero que viene de Madrid para estas partidas -las transferencias- es finalista, es decir, no se pueden destinar a otra cosa. La reducción del 10% afecta a todas las partidas presupuestarias, especialmente las que resultan más odiosas al nacionalismo español, esto es, cultura y lengua catalana, delegaciones exteriores, reducción salarial a los empleados públicos, subvenciones, TV pública, drástica reducción de cargos políticos de confianza, recortes en el Parlamento, en vehículos oficiales, en empresas y organismos públicos, etc.... Las cuentas catalanas han disminuido globalmente el 10%, pero algunas partidas han doblado o triplicado este porcentaje. La única que ha aumentado considerablemente es la partida destinada a pagar los intereses de la deuda pública catalana, a causa del déficit acumulado las dos últimas legislaturas de gobierno socialista en Catalunya. Y no puede olvidarse que el gobierno de Madrid avaló los gastos del gobierno Montilla, aprobando un déficit absolutamente falso en las cuentas catalanas; déficit oculto que hizo aflorar el gobierno del señor Mas.
El gobierno de Madrid exige recortes y amenaza el bienestar de los catalanes, pero no transfiere 1.450 millones de € del fondo de competitividad, ni 750 millones de € de la disposición adicional tercera del Estatuto, aquella que compensa la obra pública aprobada en los presupuestos generales del Estado, pero no ejecutada. Estas cantidades servirían para que los recortes en sanidad y educación fueran menores y en consecuencia, más llevaderos. Incumple la ley española, manipula las cifras, miente sobre los recortes y culpa a Catalunya de los desmanes provocados por el propio gobierno español.
Las culpas de Catalunya no son tales. De lo único que los ciudadanos catalanes deberíamos arrepentirnos es de nuestra imperdonable cobardía con los gobernantes españoles. Tendríamos que negarnos a aceptar más cargas y responsabilidades de las que, en buena lógica, nos atañen. Deberíamos detener la sangría que representa el hecho que nuestros impuestos vayan -y no vuelvan- hacia España, sin control ni mesura. La Comisión Europea por boca de un portavoz autorizado, ha contestado a la petición del Gobierno Español para que se arbitren ayudas desde las instituciones continentales al objeto de frenar los ataques contra la deuda pública española: Es la propia España la que debe ayudarse a sí misma.
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