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divendres, 25 de novembre del 2011

ELUCUBRACIONES POST-ELECTORALES.

Las elecciones ya han pasado. Los resultados, en España, han sido los previstos. El Partido Popular ha vencido por  mayoría absoluta. Ha sido la formación más votada en todas las comunidades autónomas, excepto en dos, País Vasco y Catalunya. Es revelador que en estas dos naciones, los populares hayan sido votados por una minoría de ciudadanos, militantes recalcitrantes del nacionalismo español. El Partido Socialista Obrero Español ha perdido más de cuatro millones de votos respecto las elecciones de 2008. La debacle ha sido total, especialmente en Catalunya, donde las perdidas -del PSC- alcanzan los 770.000 votos; es la comunidad donde mayor ha sido el descenso sufrido. Es justo señalar que las pérdidas del PSOE no han ido a parar al PP, que apenas aumenta el número de votantes. Los máximos beneficiarios del descenso han sido pequeñas formaciones regionalistas, Izquierda Unida y la abstención. La aplastante victoria conservadora se produce como consecuencia del hundimiento electoral del PSOE, no por el aumento de votos populares.

Este puede ser el resumen de lo acontecido el pasado domingo, a nivel estatal. Si entramos en el detalle de la anomalía catalana, observaremos el cambio de paradigma que revelan los resultados. Las formaciones más o menos españolistas, los conservadores-regionalistas y los socialistas-autonomistas, en las elecciones de 2008 sumaban 33 escaños, mientras los nitidamente catalanistas eran 14. Pues bien, los resultados del 20N indican que los españolistas han descendido hasta los 25 escaños -14 PSC y 11 PP- y los catalanistas aumentan a  22. Es decir, la diferencia se ha reducido de 19 a 3 escaños; en realidad, la diferencia es favorable al catalanismo, pues no debemos ocultar que buena parte de los 14 escaños obtenidos por el PSC son catalanistas; si nos atenemos a la última encuesta del CEO, casi una tercera parte de los votantes socialistas están a favor de la independencia de Catalunya.


Si nos fijamos en los resultados a nivel de partido, la coalición CiU ha vencido con claridad en Catalunya. Más de un millón de votos, casi el 30%, ha otorgado la victoria a la formación nacionalista. El segundo lugar lo ocupa, por primera vez en la historia de las elecciones al Congreso, en Catalunya, el PSC, con algo más del 26% de los votos. Cabe destacar la pérdida de más de 700.000 votantes en esta formación, de los cuales solo unos 100.000 han elegido como referente político la formación nacionalista española, el Partido Popular, que ocupa el tercer lugar, con el discreto soporte de poco más del 20% de los electores y habiendo cosechado el menor aumento de votos experimentado en todo el Estado. El fiasco de los populares, que aspiraban a disputar la primera posición en Catalunya, es notable; solo la victoria en España les permite disimular la enorme decepción que han sufrido por unos resultados que, sin embargo han significado aumentar en tres escaños la representación alcanzada en 2008. La pretensión de aglutinar el voto españolista entorno al PP ha resultado un fracaso. Lo cierto es que la mayoría de votantes huidos de las filas socialistas, se han repartido entre la abstención, CiU e ICV; solo una pequeña parte se ha revelado como nacionalista español, votando a los populares. ERC ha logrado mantener la representación a tres escaños, frenando el hasta ahora imparable declive electoral; mientras ICV aumenta dos escaños, hasta alcanzar los tres, recogiendo algunos votos de antiguos socialistas.

Bien, ¿y ahora, qué?. El Partido Popular ha comenzado a excusarse-escudarse en la crisis económica para negar el cacareado Pacto Fiscal, demandado por CiU, como si los recursos financieros que necesita Catalunya fuera un capricho ajeno a la propia crisis. El señor Duran i Lleida, recibido la noche electoral al grito de in-inde-independen-ci-a por los militantes de CiU en la sede electoral, empieza las excusas de mal pagador, afirmando que no será un fracaso no alcanzar el Pacto Fiscal; se cura en salud por la mayoría absoluta obtenida por los populares, sabedor que utilizarán la apisonadora para negar las justas reivindicaciones catalanas. Tal es el caso del fondo de competitividad, de 1.450 millones de €, cuya reclamación fue entusiasticamente apoyada por los nacionalistas españoles en plena campaña electoral, pero que ya han empezado a negar al grito de ni en broma -Fernandez Diaz dixit-. En definitiva, la ensoñación del Pacto Fiscal convergente se tornará en pesadilla  ante la realidad españolista. Si alguna vez habían creído la posibilidad que España renunciaría a la recaudación y control de más de la tercera parte del total de ingresos (impuestos más cuotas de la seguridad social) que se generan en el Estado, el señor Duran i Lleida en particular y CiU el general, se mostrarán tal cual son, es decir, ingenuos e incautos.

Convergencia i Unió verá como su estrategia se esfuma, ante el contundente posicionamiento del nacionalismo español. No solo  da largas al pacto fiscal, también ningunea la victoria convergente en Catalunya.  La señora Sanchez Camacho afirma (amenaza) que CiU no es determinante (necesaria) para los populares españoles, mientras que el PP si lo es para la estabilidad del gobierno catalán. Conviene pues que CiU tome conciencia de la actitud popular; deberá explorar y alcanzar apoyos políticos en el Parlamento catalán con ERC e incluso ICV, sin descartar, en un próximo futuro, pactar con los socialistas del PSC, tal vez liberados ya de la losa españolista  que hasta ahora les atenaza, una vez concluya el congreso que este partido debe realizar, para lograr así una completa y auténtica refundación y regeneración. Si el PSC eligiera una dirección nitidamente catalanista, se liberara de las ciegas obediencias al PSOE y recuperara el grupo parlamentario propio en Madrid, el entendimiento catalán frente España resultaría imparable.

En cualquier caso, CiU deberá poner en marcha un plan B, que contemple la respuesta catalana ante el previsible fracaso en la consecución del concierto económico. Dicho plan debe pivotar entorno el ejercicio del derecho de autodeterminación. Este derecho, ajeno a la comprensión intelectual y a la legalidad (anti)democrática española, alcanza un gran consenso entre los distintos grupos parlamentarios catalanes; de hecho, solo se oponen los populares y el marginal sub-grupo de Ciudadanos. El ejercicio del derecho a decidir devendría el único camino posible que nos quedaría para conseguir un mínimo de justicia. Ejerciéndolo a pesar de la previsible oposición española, de una tacada alcanzaríamos la plena soberanía y  control de nuestros recursos financieros, económicos, legislativos y judiciales, con los cuales obtener la libertad, prosperidad y justicia social que nos hurta la unión con España. Y no debe descartarse el ejercicio de este derecho a través de la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya, llevando como principal punto en el programa electoral, la declaración unilateral de la plena soberanía. Esto permitiría al nuevo ejecutivo de la Generalitat, la convocatoria de un referéndum ratificatorio de la independencia, previamente proclamada en solemne sesión del Parlamento de Catalunya.

Como catalanes, esta es la única opción que nos queda. Porque, ¿creen de verdad que los ciudadanos que han apoyado la ensoñación del pacto fiscal se conformarán con menos de lo que Catalunya y los catalanes necesitan con tanta urgencia?. No podemos persistir en lo imposible. Debemos luchar por lo factible, es decir, por la independencia. Ya ahora existe una amplia mayoria social a favor de la plena soberanía de nuestra Nación. Y no queremos nuevos recortes económicos, como los anunciados por el señor Mas, puesto que son injustos; Catalunya genera suficientes recursos fiscales como para cubrir la totalidad de las necesidades financieras que requiere. No decepcionen a los votantes que tan claramente nos hemos expresado este 20 de Noviembre. La independencia es necesaria, por tanto, es urgente. Comencemos el camino hacia Ítaca.




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