EL PACTO FISCAL.

Un nuevo elemento se ha colado en el debate político catalán. Confieso que hace años me sentí inclinado a pensar que un concierto fiscal  podría colmar las inquietudes, las ansias autonomistas de Catalunya. Ciertamente que la crisis económica que estamos sufriendo en general en todo el estado, es menos acusada en el País Vasco y en Navarra, debido a que allí disfrutan de este aparente anacronismo que es el Concierto Económico, reminiscencia foral, que fue convenientemente preservada (y respetada), tanto por las autoridades franquistas en el caso navarro, como recuperada (e impulsada) en la transición española, en el caso vasco. Básicamente, como es sabido, se trata que  ambos territorios, recaudan y gestionan la totalidad de los impuestos que se generan en su comunidad, y se traspasa un cupo al estado español, para sufragar los gastos comunes al resto de comunidades autónomas. Esta circunstancia conlleva dos ventajas claras, a saber, los impuestos están en poder y son controlados por las autoridades  vasco-navarras, y  evita la perversión solidaria típicamente española, aquella que tiene carácter obligatorio e indefinido en cuantía y tiempo (tan bien conocida por todos los catalanes).

Como he dicho, antaño puede que el concierto hubiera colmado los intereses puramente económicos de los catalanes, pero la experiencia de todos estos años de democracia española, por lo menos a mí, tal elemento ya no me parece ni suficiente, ni conveniente. He abierto los ojos y la mente y me he dado cuenta de la imposibilidad de alcanzar con España un trato semejante al concierto vasco para Catalunya.

En efecto, debemos tener en cuenta que todo el engranaje fiscal español está basado precisamente en el expolio que vienen sufriendo los ciudadanos catalanes, desde la noche de los tiempos. España construye  infraestructuras al margen de la utilidad y rentabilidad económica que puedan generar. Las infraestructuras son el medio por el cual vertebran su estado. Todas las lineas de ferrocarril, tanto convencional como de alta velocidad, todas las carreteras, autopistas y autovías nacen del centro España: Madrid. Es desde la capital de España que se irradia la civilización hacia su entorno. Desde el centro peninsular surgen unos rígidos radios, cuya función es encadenar la periferia al domicilio social del estado que es Madrid, para su mayor gloria, prosperidad y bienestar. Todos los aeropuertos, y especialmente el de Barcelona, deben estar al servicio del aeropuerto madrileño, Barajas. De ello, hasta la fecha, se ha encargado diligentemente AENA, impidiendo cualquier atisbo de competencia, y maniobrando vergonzosamente para boicotear cualquier intento que pudiera representar una amenaza para la hegemonía del aeropuerto de la nación española.

¿De donde podría sacar recursos el gobierno español para construir una Terminal aeroportuaria de 6.000 millones de €?. ¿Acaso podría construir una línea férrea (Toledo-Albacete) de alta velocidad para 9 pasajeros diarios?. ¿Podría sufragar las pérdidas de las autopistas de peaje madrileñas, construidas al lado de las autopistas libres de peajes?. ¿De donde saldrían los centenares de millones de euros para subsidiar el PER andaluz y extremeño? Piense el lector que España dejará de recibir miles de millones de euros que hasta ahora habían sido transferidos por la Unión Europea, los llamados fondos de cohesión, y solo dispondrá de  la infinita generosidad solidaria de Catalunya, el País Valenciano y las Islas Baleares.

España jamás se permitirá perder el control sobre los 16.000- 22.000 millones de € netos que expolia cada año a los catalanes, además del resto de impuestos que pagamos, como el común  de los mortales y que sirven para sufragar todos, absolutamente todos los gastos que el estado español efectúa en Catalunya, por todos, absolutamente todos los conceptos. Ni un solo céntimo de inversión del estado en Catalunya, no ha salido del bolsillo de los catalanes, además de los ya famosos 22.000 millones de euros anuales, en permanente tocata y fuga. Asimismo, nunca se permitirán perder el control sobre el excedente anual que se provoca desde Catalunya y que ha posibilitado la acumulación de los fondos de reserva de la seguridad social, en gran medida aportados por las cotizaciones catalanas. Se trata de preservar la Caja Única y la Unidad de Mercado, "dogmas de fe" que profesan las fuerzas vivas de Madrid, en defensa de los "intereses de España".
  

El señor Durán i Lleida tiene encomendada una tarea imposible de alcanzar. Un pacto fiscal, igual al vasco, es imposible de aceptar por parte de  España. Tanto el señor Durán en particular, como CiU en general, verán que sus exigencias son convenientemente escuchadas por el gobierno de turno español. Hablarán y pactarán, sí, pero como suelen hacerlo en Madrid, España. Si alcanzan algún acuerdo, será bajo las condiciones de España, a saber, "café para todos" tipo pacto fiscal solidario, imponiendo la generalización (inviable), de forma que se obvie la bilateralidad y se someta el acuerdo a la jerarquía inmutable de la LOFCA, consagrada por la sacro-santa Constitución Española. Este llamado pacto fiscal solidario se articulará de forma que los acuerdos alcanzados queden sometidos a la voluntad de la mayoría de las comunidades, expresado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se inventarán una especie de Cupo- (negativo), en contraposición al Cupo+ (positivo) y se extenderá artificiosamente al resto de autonomías, para llegar, una vez más, al conocido "café para todos". He aquí el pacto fiscal que en palabras del señor Durán i Lleida, cosecha un amplio consenso entre la sociedad catalana.

Sinceramente, negociar el pacto fiscal es una pérdida de tiempo y energía. Sólo con la pretensión de adormecer los ímpetus independentistas de los ciudadanos catalanes puede entenderse la obstinación de CiU. Tal negociación, si se produce, quizá  solo sea rentable para colmar las ambiciones personales del señor Durán y Lleida, en su propósito de alcanzar formar parte del gobierno de España, obviando los deseos y los intereses de la mayoría de catalanes. Si la negociación sobre el pretendido pacto fiscal es utilizado por parte de CiU como excusa para no encarar el auténtico problema que los ciudadanos tenemos planteado y que no es otro que el hartazgo que nos provoca el recalcitrante hiper-españolismo  del gobierno de España, en sus dos versiones posibles (derechona o falsamente izquierdosa), el fracaso está más que asegurado. La cobardía de nuestros actuales dirigentes políticos se manifestará nitidamente, cuando se vean obligados a vender el supuesto pacto fiscal alcanzado, como el mejor acuerdo pactado jamás, favorable a los intereses de los catalanes. Exactamente las mismas frases pronunciadas por los negociadores de los pasados acuerdos de financiación autonómica alcanzados en el pasado, y que jamás han colmado las necesidades y lo que es de justicia, para Catalunya y los catalanes.