DÉJÀ VU.

Nuevamente, el Tribunal Constitucional español, ha decidido a favor de las tesis del Partido Popular, en su reclamación acerca de noveno concejal del ayuntamiento de Barcelona a costa del concejal número quince de CiU. En un interminable Déjà Vu, el constitucionalismo español, ha decidido modificar una resolución que el Tribunal Superior de Catalunya -máxima instancia jurídica catalana- había desestimado (sobre los votos  anulados por la junta electoral).

No es la primera vez que los populares utilizan argucias (y complicidades) judiciales para conseguir lo que habían perdido en la contienda política. Previamente, así lo hicieron con el recurso sobre el Estatuto, impugnado por ellos (y por el inefable Defensor del Pueblo), con los resultados de sobra conocidos. Es marca de la casa recurrir a la judilización de la política cuando pierden votaciones en los distintos parlamentos del estado, e incluso cuando jurídicamente se ven envueltos en trifulcas legales -como el caso Gurtel, o el próximo juicio contra el señor Camps-, no dudan en maniobrar impúdicamente para torpedear-entorpecer aquellas actuaciones legales en las que se hallan implicados, directa o indirectamente.

Después vienen las explicaciones. Que solo actúan movidos por la legitima defensa; que son exigencias derivadas del estado de derecho; que la Constitución avala sus actuaciones; que se mueven impelidos por el interés general de los ciudadanos. En catalán existe una expresión que define a la perfección este tipo de proceder: son "excusas de mal pagador".

¿Como puede apelarse a la legítima defensa cuando lo único que impulsa su proceder es el puro interés partidista? No es precisamente la defensa de los intereses de los ciudadanos lo que provocó la impugnación del Estatuto de Catalunya, votado y aprobado abrumadoramente por los parlamentarios catalanes, refrendado mayoritariamente por los ciudadanos de Catalunya, después de ser convenientemente cepillado por las Cortes Españolas, en donde fue, también, aprobado mayoritariamente por ambas cámaras. ¿A qué estado de derecho se puede apelar, cuando se vetó a un magistrado del Tribunal Constitucional por haber actuado, a petición de la Generalitat, en la confección de un informe -cuando aun no era miembro del tribunal-, en calidad de experto profesor de constitucionalismo?. O boicoteando la renovación (y nombramiento) de los miembros de ese tribunal con mandato caducado, para que no fueran sustituidos por otros que presumiblemente hubieran sido contrarios a sus intereses. Por no hablar de la postura adoptada con respecto a los casos de presunta corrupción, que se recogen en el llamado caso Gurtel, o el enjuiciamiento del señor Camps, presidente del gobierno de la Comunidad Valenciana. Siempre invocan las responsabilidades políticas (de los otros), exigiendo dimisiones, hostigando a los políticos en el Parlamento, cosiéndoles a preguntas, acosándoles groseramente  o apelando a la ética y a la moral de sus adversarios políticos. Nunca aplican esta ética y moral a sí mismos.

Suelen utilizar también todo tipo de resortes mediáticos. Medios de comunicación afines, los cuales sin el menor recato mediatizan a la opinión pública a favor de las tesis populares. Periolistos que olvidaron el código deontológico en las aulas de las facultades universitarias donde presuntamente les enseñaron su profesión. Ejercen por puro interés partidista y la mayoría son ajenos a la verdad y a la objetividad mínimamente exigible en la relación que se establece entre el público y los buenos profesionales de la información.

Desgraciadamente para la democracia en España, el Partido Popular no ha sabido acompañar a la inmensa mayoría de la ciudadanía en el camino que emprendió en 1975, transitando felizmente hacia el parlamentarismo  -pura política- y superando los complejos que cuarenta años de feroz dictadura habían imprimido en la idiosincrasia de todos y cada uno de los habitantes de este dolido Estado. Han preferido soslayar la confrontación política  y sustituirla por la sagrada judilización de la política,  ya que no parecen partidarios de que se produzcan debates abiertos y libres y votaciones parlamentarias que decidan sobre todo lo que un parlamento democrático puede decidir en el estado de derecho, y no el derecho del estado a condicionar, revisar y reformar decisiones democráticamente adoptadas, en el juego de mayorías y minorías  entre partidos políticos. En esta desagradable función se les une el mundo de la información que es conocido como la caverna. Ellos acompañan, condicionan, marcan los tiempos y deciden qué, cómo y cuando un asunto, un político o una situación debe ser objeto de especial atención por parte de los populares, encargándose del aderezo pertinente que les favorezca.

Es triste, pero es cierto. El Partido Popular tiene demasiados ligámenes con el pasado franquista de España. No condena la dictadura, no quiere que se satisfaga a los familiares de las victimas del franquismo, de la guerra y de la posguerra. Defienden intereses de distintas instituciones, cuyo obscuro pasado en la dictadura, no ha sido olvidado ni repudiado. Sus modos y maneras así lo delatan, sobretodo en Catalunya, donde dan rienda suelta a sus fobias innatas con el concepto de plurinalionalidad y el pluralismo lingüístico, defendiendo el uniformismo cultural de raíz castellana.

Este es el partido político que Convergencia y Unió ha elegido como socio principal de gobierno en Catalunya. Déjà Vu.... Sinceramente, ¿creen que los ciudadanos catalanes olvidarán el currículum vitae de los populares?. Para su información, solo manifestar mi estupor por la decisión adoptada. Parece que desean que se reproduzca la situación creada con el ya lejano pacto del Majestic. Pero sé que esta información no merece su consideración, puesto que están al margen de la realidad de la sociedad a la que dicen servir y gobernar. Ya ahora existe una mayoría de ciudadanos en Catalunya que sabemos que el futuro de nuestra Nación no pasa precisamente por los apoyos y requisitos que pueda ofrecer e imponer el Partido Popular. Nosotros queremos la independencia de Catalunya, justo lo contrario de los deseos populares. Señor Más, ¿qué quiere Vd. de nosotros? Catalanes, ¿qué esperamos nosotros de nuestros políticos?.