Rajoy pagará a Catalunya si acepta una armonización. El Gobierno catalán limitará el déficit más de lo que obligará el Estado. Rajoy pagará los 759 millones del Estatuto después de las elecciones andaluzas. Del "Gobierno de España" a "nación única". Estos son algunos de los titulares que la prensa catalana ha dedicado sobre diversas noticias que hacen referencia a las maltrechas relaciones entre Catalunya y España. Son muy significativas y esclarecedoras de las reales intenciones que cabe esperar del Gobierno Rajoy. Si nos tomamos la molestia de leer la totalidad de las noticias, apreciaremos con mayor nitidez la cínica actitud del gobierno español y el indisimulado desconcierto que muestran algunos políticos catalanes, con el gobierno a la cabeza. Las intenciones españolas no pasan precisamente por actuar con la justicia y lealtad debidas cuando se trata satisfacer los intereses de Catalunya. En definitiva, quieren que luchemos todos para vencer la crisis y salvar el barco en que viajamos, que es España.
Una vez más, los gobernantes españoles intentan que los catalanes rememos en beneficio de España, como si fuéramos unos pobres galeotes. Anuncian que pagarán 545 millones de € a cuenta de la liquidación del 2010, que debe hacerse efectiva el próximo mes de julio. Es decir, con suma generosidad adelantan la mitad de una cantidad que ya es catalana, para que la Generalitat mitigue los problemas de liquidez que padece por culpa de los incumplimientos previos del Gobierno de España. Proclaman también que una vez superadas las elecciones andaluzas del próximo mes de marzo, los 759 millones de € de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía se verán recogidos, nuevamente, en el presupuesto de 2012; como ya ocurriera en 2011. Déjà vu. Advierten pero, que para hacer efectivo dicho importe procederán a re-negociarlo bilateralmente con el gobierno catalán; por supuesto, el pago se efectuará a plazos, al objeto de evitar las críticas del resto de autonomías. El Gobierno de España no quiere aparecer como el gran valedor de Catalunya, pués en España está muy mal visto.
En definitiva, el Partido Popular utiliza la crisis financiera de Catalunya, para imponer una armonización autonómica que evite duplicidades y sume sinergias, dicen. Madrid quiere un detallado informe de las comunidades, especialmente de Catalunya, antes de la aprobación de los presupuestos, para dar el visto bueno pertinente. Exige nuevos ajustes en acción exterior -delegaciones de Madrid, Perpinya y otras-; también pide recortar los recursos del Centro de Estudios de Opinión, el Memorial Democrátic y el Palau de la Música, entre otros. No obstante estas exigencias, no han dudado, por ejemplo, incrementar los impuestos directos, que en el caso de Catalunya alcanza niveles propios de Escandinava; este incremento de la presión fiscal significa un aumento del expolio catalán en 1.200 millones € al año. A cambio, España ofrece servicios, prestaciones e inversiones propios de Grecia o Moldavia y ligeramente superiores a Eritrea. Por supuesto, España no recortará en embajadas, a pesar del escaso valor de la acción exterior, nulo rendimiento económico y nimiedad cultural que presentan algunas inútiles delegaciones españolas que, por ejemplo, reciben cuantiosas sumas para construir piscinas o redecorar residencias diplomáticas. Tampoco han disminuido en el Ministerio de Cultura, los recursos económicos para adquisición de colecciones artísticas privadas -preferentemente catalanas-; ni a la Real Academia de la Lengua, al Instituto Cervantes, al Teatro Real de Madrid, ni a las envidiadas y numerosas pinacotecas que inundan la capital española. Se trata de exigir recortes en identidad catalana, dejando incólumes las aportaciones identitarias españolas, incluyendo algunos centenares de millones de euros que se dedican año tras año, por ejemplo, al mundo del toreo, fiesta nacional española por antonomasia.
Madrid pretende apuntillar la autonomía catalana a base de estrangular sus finanzas. Ignora la autonomía política, combatiendo y anulando la mínima autonomía financiera que supuestamente goza Catalunya. El ministro Montoro, en una reciente entrevista en La Vanguardia, se permite poner en duda el déficit fiscal catalán, argumentando que no cree que se eleve hasta el 9% del PIB, puesto que existen mil modos distintos de cálculo que dan múltiples resultados dispares. En definitiva, reniega de los estudios oficiales que el propio gobierno español hizo no hace mucho tiempo, que cifraban el déficit fiscal catalán en más de 15.000 millones de euros y que posteriores estudios académicos plenamente fiables e independientes, elevan hasta 22.000 millones de € anuales. El actual gobierno popular quiere que las autonomías sometan sus presupuestos a la aprobación previa de Madrid. Imponen el pago de las deudas que tienen contraídas con la Generalitat a plazos, y cuando convenga a los intereses electorales del Partido Popular; se permite elogiar los esfuerzos de Catalunya contra el déficit, pero exige más sacrificios, sobre todo en identidad catalana, al tiempo que anuncia que una de sus prioridades será recuperar los conceptos de Nación española y Gobierno de España. El objetivo que propone es conseguir el progreso económico y social, en el marco de una nación única. "En el Partido Popular reafirmamos que la Nación, sujeto máximo de la soberanía nacional, no es otra que la Nación en que se fundamenta la Constitución y que expresa la voluntad de los ciudadanos". Este es un fragmento supuestamente no identitario de la ponencia política que los populares aprobarán en el congreso que se celebrará en Sevilla el próximo mes de febrero. Si unimos estas intenciones a las que el gobierno de la Baleares, también de PP, está poniendo en marcha contra la lengua propia de las islas -el catalán-, llegaremos a la auténtica política que defiende el partido conservador: imposición a ultranza del castellano, de la Nación española -castellana- y de los intereses y voluntad gubernamental madrileña. Naturalmente, sin un ápice de nacionalismo español presente ni latente.
A la actitud que muestra el Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya apenas se permite responder con la contundencia y vehemencia que sería exigible. ¿Qué más tiene que suceder para que el gobierno catalán exija respeto y lealtad institucional al español?. ¿Acaso el gobierno de Madrid puede ignorar el cumplimiento de la ley (los presupuestos generales del Estado) con total impunidad?. ¿O solo cuando se trata de asuntos catalanes?. El Gobierno de Catalunya y la coalición que lo sustenta deben ser conscientes que los ciudadanos catalanes tenemos la paciencia agotada. No queremos ser considerados como condenados a galeras, como galeotes, cuyo único objetivo consiste en bogar sin descanso para satisfacer el cómodo viaje de nuestros amos y señores, el gobierno de Madrid.
Una vez más, los gobernantes españoles intentan que los catalanes rememos en beneficio de España, como si fuéramos unos pobres galeotes. Anuncian que pagarán 545 millones de € a cuenta de la liquidación del 2010, que debe hacerse efectiva el próximo mes de julio. Es decir, con suma generosidad adelantan la mitad de una cantidad que ya es catalana, para que la Generalitat mitigue los problemas de liquidez que padece por culpa de los incumplimientos previos del Gobierno de España. Proclaman también que una vez superadas las elecciones andaluzas del próximo mes de marzo, los 759 millones de € de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía se verán recogidos, nuevamente, en el presupuesto de 2012; como ya ocurriera en 2011. Déjà vu. Advierten pero, que para hacer efectivo dicho importe procederán a re-negociarlo bilateralmente con el gobierno catalán; por supuesto, el pago se efectuará a plazos, al objeto de evitar las críticas del resto de autonomías. El Gobierno de España no quiere aparecer como el gran valedor de Catalunya, pués en España está muy mal visto.
En definitiva, el Partido Popular utiliza la crisis financiera de Catalunya, para imponer una armonización autonómica que evite duplicidades y sume sinergias, dicen. Madrid quiere un detallado informe de las comunidades, especialmente de Catalunya, antes de la aprobación de los presupuestos, para dar el visto bueno pertinente. Exige nuevos ajustes en acción exterior -delegaciones de Madrid, Perpinya y otras-; también pide recortar los recursos del Centro de Estudios de Opinión, el Memorial Democrátic y el Palau de la Música, entre otros. No obstante estas exigencias, no han dudado, por ejemplo, incrementar los impuestos directos, que en el caso de Catalunya alcanza niveles propios de Escandinava; este incremento de la presión fiscal significa un aumento del expolio catalán en 1.200 millones € al año. A cambio, España ofrece servicios, prestaciones e inversiones propios de Grecia o Moldavia y ligeramente superiores a Eritrea. Por supuesto, España no recortará en embajadas, a pesar del escaso valor de la acción exterior, nulo rendimiento económico y nimiedad cultural que presentan algunas inútiles delegaciones españolas que, por ejemplo, reciben cuantiosas sumas para construir piscinas o redecorar residencias diplomáticas. Tampoco han disminuido en el Ministerio de Cultura, los recursos económicos para adquisición de colecciones artísticas privadas -preferentemente catalanas-; ni a la Real Academia de la Lengua, al Instituto Cervantes, al Teatro Real de Madrid, ni a las envidiadas y numerosas pinacotecas que inundan la capital española. Se trata de exigir recortes en identidad catalana, dejando incólumes las aportaciones identitarias españolas, incluyendo algunos centenares de millones de euros que se dedican año tras año, por ejemplo, al mundo del toreo, fiesta nacional española por antonomasia.
Madrid pretende apuntillar la autonomía catalana a base de estrangular sus finanzas. Ignora la autonomía política, combatiendo y anulando la mínima autonomía financiera que supuestamente goza Catalunya. El ministro Montoro, en una reciente entrevista en La Vanguardia, se permite poner en duda el déficit fiscal catalán, argumentando que no cree que se eleve hasta el 9% del PIB, puesto que existen mil modos distintos de cálculo que dan múltiples resultados dispares. En definitiva, reniega de los estudios oficiales que el propio gobierno español hizo no hace mucho tiempo, que cifraban el déficit fiscal catalán en más de 15.000 millones de euros y que posteriores estudios académicos plenamente fiables e independientes, elevan hasta 22.000 millones de € anuales. El actual gobierno popular quiere que las autonomías sometan sus presupuestos a la aprobación previa de Madrid. Imponen el pago de las deudas que tienen contraídas con la Generalitat a plazos, y cuando convenga a los intereses electorales del Partido Popular; se permite elogiar los esfuerzos de Catalunya contra el déficit, pero exige más sacrificios, sobre todo en identidad catalana, al tiempo que anuncia que una de sus prioridades será recuperar los conceptos de Nación española y Gobierno de España. El objetivo que propone es conseguir el progreso económico y social, en el marco de una nación única. "En el Partido Popular reafirmamos que la Nación, sujeto máximo de la soberanía nacional, no es otra que la Nación en que se fundamenta la Constitución y que expresa la voluntad de los ciudadanos". Este es un fragmento supuestamente no identitario de la ponencia política que los populares aprobarán en el congreso que se celebrará en Sevilla el próximo mes de febrero. Si unimos estas intenciones a las que el gobierno de la Baleares, también de PP, está poniendo en marcha contra la lengua propia de las islas -el catalán-, llegaremos a la auténtica política que defiende el partido conservador: imposición a ultranza del castellano, de la Nación española -castellana- y de los intereses y voluntad gubernamental madrileña. Naturalmente, sin un ápice de nacionalismo español presente ni latente.
A la actitud que muestra el Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya apenas se permite responder con la contundencia y vehemencia que sería exigible. ¿Qué más tiene que suceder para que el gobierno catalán exija respeto y lealtad institucional al español?. ¿Acaso el gobierno de Madrid puede ignorar el cumplimiento de la ley (los presupuestos generales del Estado) con total impunidad?. ¿O solo cuando se trata de asuntos catalanes?. El Gobierno de Catalunya y la coalición que lo sustenta deben ser conscientes que los ciudadanos catalanes tenemos la paciencia agotada. No queremos ser considerados como condenados a galeras, como galeotes, cuyo único objetivo consiste en bogar sin descanso para satisfacer el cómodo viaje de nuestros amos y señores, el gobierno de Madrid.
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