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divendres, 16 de desembre del 2011

LA GOTA QUE COLMA EL VASO.

No creo que desde  el Madrid político sean conscientes lo que significa para los catalanes el hecho de negarse a pagar los 759 millones de €, en aplicación de la disposición adicional tercera del vigente -y recortado- Estatuto de Autonomía de Catalunya. Tampoco debe importarles mucho no cumplir con el acuerdo que debía permitir el retorno de la totalidad de los llamados papeles de Salamanca a sus legítimos dueños, ciudadanos particulares e instituciones catalanas. Una vez más, el Gobierno de España estafa a Catalunya, incumpliendo flagrantemente la propia legislación española, de la forma más hiriente que es capaz de cometer, contra los intereses y los sentimientos de lo que podemos considerar sin el más mínimo rubor, una de las últimas colonias que quedan en Europa: Catalunya.

Porqué, ¿que es sino Catalunya para España?. ¿Qué trato dispensa el Estado Español a los catalanes?. ¿Acaso los intereses -y sentimientos- catalanes son tenidos en cuenta a la hora de tomar determinadas decisiones?. ¿No es cierto que si se trata de programar y ejecutar inversiones, o simplemente cumplir la ley, cuando atañe a Catalunya resulta más sencillo no atender las necesidades y lo que en justicia merece, que hacerlo en tiempo y forma adecuados?. Catalunya y sus habitantes son tratados por España como una explotada colonia. Los catalanes no somos más que un grupo  de personas que tenemos que trabajar, pagar más impuesto que nadie y ser forzosamente solidarios -hasta el empobrecimiento- en beneficio de los españoles. Y cuando nos atrevemos a reclamar lo que nos pertenece, o exigimos el mínimo respeto institucional que toda nación merece, somos tachados de victimistas. Jamás España ha hecho sincera autocrítica sobre su comportamiento contra Catalunya y los catalanes. Y los agravios se van acumulando, año tras año, siglo tras siglo. Y la incomodidad y hastío catalán va in crescendo.

Padecemos un expolio fiscal de más de 20.000 millones de € cada año. Debería haber sido mínimamente compensado con el Fondo de Competitividad contemplado en el sistema de financiación de las comunidades autónomas; mientras gobernaron los socialistas en la Generalitat, se facilitaron recursos a cuenta, en aplicación de la mencionada ley. Cuando accedió al poder CiU, cesaron las transferencias; esto representó dejar de percibir 1.450 millones €, lo cual ha provocado que los recortes en las cuentas públicas catalanas hayan sido más severos que en ningún otro territorio del Estado. Ahora dejan de pagar la disposición adicional tercera, creada para intentar compensar los muchos años de escasez de inversiones públicas del Estado en Catalunya, que ha provocado la precariedad tercermundista que padecen la red ferroviaria, las carreteras, etc... que son competencia del Gobierno de Madrid.  La cifra, 759 millones de €, se fijó de común  acuerdo entre ambos gobiernos -socialistas españoles y socialistas catalanes-, después que la Generalitat pusiera en duda el método empleado para el cálculo, aceptando una cantidad mucho menor de la que en realidad correspondía, al objeto de facilitar el entendimiento hispano-catalán. Ni aún así España ha sido capaz de cumplir con su obligaciones, faltando nuevamente la palabra empeñada.

A menudo, desde los medios periodísticos españoles se acusa a los políticos y a la sociedad catalana en general, de basar toda la reivindicación identitaria en cuestiones meramente económicas. "¡Siempre están pidiendo!.¡Mas dinero, más inversiones!.¡Catalunya es insaciable. Lo quiere todo.!.¡Victimistas!". Lo cierto es que las relaciones entre Catalunya y España hace tiempo que solo son de carácter económico. El señor Montilla, anterior presidente de la Generalitat, socialista, cordobés y español, a modo de advertencia avisó en un desesperado intento de llamar la atención de España, que se estaba produciendo una desafección clara y contundente entre las sociedades de ambas naciones. Pues bien, no es que se esté produciendo tal desafección; esta es un hecho incuestionable. Hace años que lo único que nos (des)une es precisamente el dinero. Los impuestos catalanes que controla el Gobierno de Madrid, a modo de interminable hurto; impuestos generados con el esfuerzo de los catalanes que van a parar directamente  al bolsillo español. No se trata, ni mucho menos, de solidaridad. Estamos hablando de robo. El único interés español hacia Catalunya es mantener el control y libre disposición de miles de millones de euros que año tras año sirven para que el Estado se financíe con dinero ajeno y sin coste alguno, mientras que los catalanes comenzamos a sufrir, en nuestras propias carnes, las consecuencias de este expolio, jamás reconocido por España.

Los catalanes ya no creemos en el proyecto de España, porque no confiamos en sus gobiernos de trileros. Ni en los partidos mayoritarios; socialistas, por sus continuos engaños y mentiras; y populares, que en lugar de utilizar argumentos políticos, utiliza recursos de malos leguleyos contra Catalunya, en los más variados temas; lengua, cultura, autonomía, infraestructuras radiales o exigencias económicas -locomotora de España, dicen-. Tampoco confiamos ni en la justicia, ni en las instituciones españolas. España resulta un fardo demasiado exigente y oneroso que arrastrar. Está condenando a los catalanes a draconianos recortes en el estado de bienestar a causa de la incontenible avaricia que orgullosamente prodiga España. Y lo peor de todo, los políticos españoles no solo mienten y manipulan leyes, recursos e inversiones. Lo peor es que no saben lo que es la autocrítica, ni la humildad, porque desdeñan cualquier opinión que no ensalce las glorias de su España.

Estamos hartos. Estamos indignados. Exigimos la libertad, la independencia. Es la única forma de alcanzar justicia, prosperidad y auténtica democracia. El vaso está a punto de rebosar. Y esta última gota ha colmado la capacidad de aguante. Basta ya.








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