Existe un consenso generalizado sobre el sonoro fracaso que cosechará la (imposible) consecución de un auténtico pacto fiscal exigido por CiU y apoyado por el 75% de ciudadanos catalanes, según las últimas encuestas. Desgraciadamente, las fuerzas que se oponen al mismo, gozan de poderosos argumentos a modo de excusa, como son escudarse en la grave crisis que atenaza el Estado Español, la carencia de recursos financieros para enfrentar las exigencias catalanas (reparto de miseria, según el popular Fernandez Diaz), la exigencia que Catalunya siga siendo el sostén financiero de España; y más ante el próximo cese en la disponibilidad de fondos de cohesión europeos. Pero la mayor oposición se encuentra en el interés del gobierno español en mantener incólume su poder -propiedad- y control sobre todos los recursos económicos y financieros de Catalunya. No en vano hasta la fecha, la libre disposición del exacerbado déficit fiscal catalán -en realidad expolio fiscal- ha permitido que España dispusiera de una financiación extraordinaria de más de 20.000 millones de euros cada año, es decir, aproximadamente el 10% de la riqueza producida por los catalanes, sin que el empobrecimiento que este robo significa para todos y cada uno de los ciudadanos, haya motivado el más mínimo sentimiento de culpabilidad ni desazón por parte de Estado Español. Al contrario, las reclamaciones catalanas no son interpretadas como justas ni mesuradas, sino como producto del secular victimismo, insolidaridad y egoismo, tan característicos de Catalunya.
En mi anterior escrito Reflexiones sobre Convergencia i Unió me atreví a pronosticar una sonora y general carcajada de los ciudadanos catalanes, ante el hecho de que CiU quisiera hacer pasar un sucedáneo de pacto fiscal como auténtico concierto económico, vistos los antecedentes existentes en las supuestas negociaciones y los resultados que, hasta la fecha, los representantes políticos catalanes han obtenido ante el Gobierno de turno de España. Solo recordando el fracaso de anteriores pactos de financiación, inútiles para hacer disminuir el volumen del expolio, o la ignominiosa negociación estatutaria, demuestran hasta que punto los políticos catalanes son capaces de levantar las mayores expectativas, para acabar cosechando los más estrepitosos fracasos. Así pues, me ratifico en la hilaridad que provocaría tan burda pretensión. Y el ridículo no siempre es culpa de la otra parte. Mientras España tiene muy claros los intereses que defiende y los recursos que puede emplear en una negociación, los políticos catalanes se pierden en un laberinto de prejuicios y falsos principios, como pueden ser la defensa del federalismo, imposible en España; o el nacionalismo moderado catalán, contrapuesto al hiper-nacionalismo excluyente español; la sociedad civil y la Santa Alianza, reminiscencias cutres del pasado siglo XX barcelonés, ampliamente superados por la sociedad catalana del siglo XXI; los intereses económicos y vergonzosos sometimientos políticos de toda índole de los que son deudores las clases (hasta ahora) dirigentes catalanas; el supuesto sentido de estado de CiU, del que únicamente se beneficia España, etc.... Cada formación política dispersa sus fuerzas en múltiples frentes, sin considerar que el futuro de Catalunya y los catalanes pasan, indefectiblemente, por conseguir tomar el control y plena disponibilidad de los recursos económicos que generamos con nuestro esfuerzo y trabajo y que actualmente son propiedad de España.
Sin tener el control financiero, económico y político, las instituciones catalanas son mera apariencia de autogobierno. El Gobierno y el Parlamento resultan impotentes para dar respuestas a la grave crisis que venimos padeciendo. No solo no puede legislar con leyes adecuadas a la realidad catalana, en materia de contratación laboral, en inversiones públicas, en política fiscal, sobre entidades financieras, etc..., además, carece de recursos económicos para respaldar las inversiones en obra pública que necesitamos, para apoyar la I+D+I, para fomentar las exportaciones... No puede legislar plenamente sobre hipotecas, sobre la edad de jubilación, sobre dependencia, ni sanidad y educación. Las carencias alcanzan incluso al mundo sindical y a las asociaciones patronales, que deben y otorgan obediencia ciega a los intereses nacionales españoles, aunque por lo visto lo hacen gustosamente. Como resumen de estas falsas apariencias características de la élite dirigente catalana, -y que no merece, a su juicio, ningún plante ante el Gobierno español-, veamos a través de dos ejemplos lo que acontece en el presente. El Gobierno catalán debe ejecutar las órdenes requeridas por Madrid (que a su vez obedece a la señora Merkel), recortando drásticamente el estado de bienestar catalán, a pesar que el Gobierno de España debería transferir a Catalunya 2.200 millones de euros -1450 del fondo de competitividad, más 750 de la disposición adicional tercera-, lo que haría más llevaderos y menos traumáticos los ajustes presupuestarios; transigen ante el Gobierno español en que los intereses aeroportuarios catalanes deban someterse a los intereses de AENA y particularmente del aeropuerto de Barajas.
Madrid tiene muy claros los intereses, las prioridades y los principios que sustentan su Estado. Son capaces de utilizar todos los recursos disponibles para alcanzar sus objetivos. No importa si retuercen la Constitución, si fuerzan la Justicia o manipulan la información, la economía y la política. El bien superior a preservar, en su opinión, lo legitima todo. Para ellos, España lo vale. La Generalitat, los partidos políticos, las instituciones catalanas, sin embargo, muestran una cobardía impropia en una Nación moderna como es Catalunya. Se muestran temerosos de enfrentarse con el poder español; el mundo económico y financiero catalán carece del coraje necesario para encararse y combatir, si fuera necesario, a los intereses españoles que colisionen con sus propios intereses. Las fuerzas sindicales catalanas priorizan el sometimiento a las centrales sindicales españolas, antes que a los intereses de sus afiliados de Catalunya, renunciando, por ejemplo, a la negociación colectiva en el ámbito estrictamente catalán, supeditándolo al ámbito español. Los medios informativos catalanes padecen el síndrome de Estocolmo, propio de quién se encuentra secuestrado; son capaces de justificar y edulcorar las políticas españolistas en aras de una concordia que solo ellos practican, no los españoles. En fin, los partidos políticos catalanes y sus dirigentes, se muestran más preocupados en aparecer como buenos vasallos que defender los intereses de los ciudadanos que les otorgan su confianza, elección tras elección. Para no molestar a España, la presidenta del Parlamento de Catalunya es capaz de imponer una vergonzosa censura a los parlamentarios que osen hablar de expolio fiscal y robo de España hacia Catalunya. El señor Duran renuncia a calificar como fracaso si no consigue el pacto fiscal. El PSC, en plena cruzada federalista, es capaz de proponer que se pida un pacto fiscal que implique el aumento del cupo vasco, para que la aportación solidaria catalana permanezca inalterada dentro del sistema de financiación autonómico general, es decir, dentro de la LOFCA y sometido al Consejo de Política Fiscal español. Y el señor Mas se pliega a los argumentos unionistas, afirmando que la independencia de Catalunya se alcanzará cuando una amplísima mayoría la apoye. ¿Está acaso pidiendo la unanimidad catalana?.
La clase política oficial catalana debería aceptar que la mayoría de ciudadanos está ya a favor de la independencia de Catalunya. Según recientes encuestas -del CEO-, casi el 62% de los catalanes, con derecho a voto y voluntad de ejercerlo, se muestran favorables a dar el sí en un hipotético referéndum de autodeterminación. Ciertamente, no se trata de la unanimidad requerida por el señor Más, pero si es una gran y sólida mayoría, que en otros lugares de Europa ha servido para alcanzar la soberanía plena de otras naciones sin estado, como es Catalunya.
Si los partidos, los dirigentes y las instituciones públicas y privadas catalanas no abandonan sus temores, sus remilgos políticos y sus filias españolistas - por otra parte, nunca reconocidas por España- y se ponen, sin reservas, al servicio de los ciudadanos de Catalunya y en defensa de sus intereses, nosotros tomaremos la iniciativa -como ya está ocurriendo en la actualidad- y pasaremos olímpicamente de todos aquellos que dan más importancia a no molestar a España y no hacerse antipáticos a los españoles, antes que escuchar y combatir por los intereses de todos los ciudadanos catalanes. Pero, ¿como tomaremos la iniciativa?
En mi anterior escrito Reflexiones sobre Convergencia i Unió me atreví a pronosticar una sonora y general carcajada de los ciudadanos catalanes, ante el hecho de que CiU quisiera hacer pasar un sucedáneo de pacto fiscal como auténtico concierto económico, vistos los antecedentes existentes en las supuestas negociaciones y los resultados que, hasta la fecha, los representantes políticos catalanes han obtenido ante el Gobierno de turno de España. Solo recordando el fracaso de anteriores pactos de financiación, inútiles para hacer disminuir el volumen del expolio, o la ignominiosa negociación estatutaria, demuestran hasta que punto los políticos catalanes son capaces de levantar las mayores expectativas, para acabar cosechando los más estrepitosos fracasos. Así pues, me ratifico en la hilaridad que provocaría tan burda pretensión. Y el ridículo no siempre es culpa de la otra parte. Mientras España tiene muy claros los intereses que defiende y los recursos que puede emplear en una negociación, los políticos catalanes se pierden en un laberinto de prejuicios y falsos principios, como pueden ser la defensa del federalismo, imposible en España; o el nacionalismo moderado catalán, contrapuesto al hiper-nacionalismo excluyente español; la sociedad civil y la Santa Alianza, reminiscencias cutres del pasado siglo XX barcelonés, ampliamente superados por la sociedad catalana del siglo XXI; los intereses económicos y vergonzosos sometimientos políticos de toda índole de los que son deudores las clases (hasta ahora) dirigentes catalanas; el supuesto sentido de estado de CiU, del que únicamente se beneficia España, etc.... Cada formación política dispersa sus fuerzas en múltiples frentes, sin considerar que el futuro de Catalunya y los catalanes pasan, indefectiblemente, por conseguir tomar el control y plena disponibilidad de los recursos económicos que generamos con nuestro esfuerzo y trabajo y que actualmente son propiedad de España.
Sin tener el control financiero, económico y político, las instituciones catalanas son mera apariencia de autogobierno. El Gobierno y el Parlamento resultan impotentes para dar respuestas a la grave crisis que venimos padeciendo. No solo no puede legislar con leyes adecuadas a la realidad catalana, en materia de contratación laboral, en inversiones públicas, en política fiscal, sobre entidades financieras, etc..., además, carece de recursos económicos para respaldar las inversiones en obra pública que necesitamos, para apoyar la I+D+I, para fomentar las exportaciones... No puede legislar plenamente sobre hipotecas, sobre la edad de jubilación, sobre dependencia, ni sanidad y educación. Las carencias alcanzan incluso al mundo sindical y a las asociaciones patronales, que deben y otorgan obediencia ciega a los intereses nacionales españoles, aunque por lo visto lo hacen gustosamente. Como resumen de estas falsas apariencias características de la élite dirigente catalana, -y que no merece, a su juicio, ningún plante ante el Gobierno español-, veamos a través de dos ejemplos lo que acontece en el presente. El Gobierno catalán debe ejecutar las órdenes requeridas por Madrid (que a su vez obedece a la señora Merkel), recortando drásticamente el estado de bienestar catalán, a pesar que el Gobierno de España debería transferir a Catalunya 2.200 millones de euros -1450 del fondo de competitividad, más 750 de la disposición adicional tercera-, lo que haría más llevaderos y menos traumáticos los ajustes presupuestarios; transigen ante el Gobierno español en que los intereses aeroportuarios catalanes deban someterse a los intereses de AENA y particularmente del aeropuerto de Barajas.
Madrid tiene muy claros los intereses, las prioridades y los principios que sustentan su Estado. Son capaces de utilizar todos los recursos disponibles para alcanzar sus objetivos. No importa si retuercen la Constitución, si fuerzan la Justicia o manipulan la información, la economía y la política. El bien superior a preservar, en su opinión, lo legitima todo. Para ellos, España lo vale. La Generalitat, los partidos políticos, las instituciones catalanas, sin embargo, muestran una cobardía impropia en una Nación moderna como es Catalunya. Se muestran temerosos de enfrentarse con el poder español; el mundo económico y financiero catalán carece del coraje necesario para encararse y combatir, si fuera necesario, a los intereses españoles que colisionen con sus propios intereses. Las fuerzas sindicales catalanas priorizan el sometimiento a las centrales sindicales españolas, antes que a los intereses de sus afiliados de Catalunya, renunciando, por ejemplo, a la negociación colectiva en el ámbito estrictamente catalán, supeditándolo al ámbito español. Los medios informativos catalanes padecen el síndrome de Estocolmo, propio de quién se encuentra secuestrado; son capaces de justificar y edulcorar las políticas españolistas en aras de una concordia que solo ellos practican, no los españoles. En fin, los partidos políticos catalanes y sus dirigentes, se muestran más preocupados en aparecer como buenos vasallos que defender los intereses de los ciudadanos que les otorgan su confianza, elección tras elección. Para no molestar a España, la presidenta del Parlamento de Catalunya es capaz de imponer una vergonzosa censura a los parlamentarios que osen hablar de expolio fiscal y robo de España hacia Catalunya. El señor Duran renuncia a calificar como fracaso si no consigue el pacto fiscal. El PSC, en plena cruzada federalista, es capaz de proponer que se pida un pacto fiscal que implique el aumento del cupo vasco, para que la aportación solidaria catalana permanezca inalterada dentro del sistema de financiación autonómico general, es decir, dentro de la LOFCA y sometido al Consejo de Política Fiscal español. Y el señor Mas se pliega a los argumentos unionistas, afirmando que la independencia de Catalunya se alcanzará cuando una amplísima mayoría la apoye. ¿Está acaso pidiendo la unanimidad catalana?.
La clase política oficial catalana debería aceptar que la mayoría de ciudadanos está ya a favor de la independencia de Catalunya. Según recientes encuestas -del CEO-, casi el 62% de los catalanes, con derecho a voto y voluntad de ejercerlo, se muestran favorables a dar el sí en un hipotético referéndum de autodeterminación. Ciertamente, no se trata de la unanimidad requerida por el señor Más, pero si es una gran y sólida mayoría, que en otros lugares de Europa ha servido para alcanzar la soberanía plena de otras naciones sin estado, como es Catalunya.
Si los partidos, los dirigentes y las instituciones públicas y privadas catalanas no abandonan sus temores, sus remilgos políticos y sus filias españolistas - por otra parte, nunca reconocidas por España- y se ponen, sin reservas, al servicio de los ciudadanos de Catalunya y en defensa de sus intereses, nosotros tomaremos la iniciativa -como ya está ocurriendo en la actualidad- y pasaremos olímpicamente de todos aquellos que dan más importancia a no molestar a España y no hacerse antipáticos a los españoles, antes que escuchar y combatir por los intereses de todos los ciudadanos catalanes. Pero, ¿como tomaremos la iniciativa?
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