Como era previsible ha comenzado la batalla contra el pacto fiscal. Tanto socialistas como populares han iniciado las maniobras tendentes a combatir el sueño de los convergentes, y frenar las ansias y esperanzas que esta formación política había despertado entre la ciudadanía. Naturalmente la intención de los unionistas es evitar una nueva frustración a la sociedad catalana, escarmentada como está a causa del fallido proceso estatutario; así pues, pretenden evitar un nuevo desengaño que pudiera conllevar un significativo aumento del sentimiento independentista, ya ahora muy mayoritario -y trasversal- en Catalunya.
El PSC propone un pacto fiscal federal, que debería permitir a Catalunya una financiación equivalente al Concierto Económico Vasco, previa revisión del cálculo del cupo para rectificar la anomalía que representa que los vascos no aportan a la caja de la solidaridad lo que les corresponde por su nivel de riqueza. En definitiva, significa que la cuota vasca debe revisarse al alza (deben pagar más), para que un hipotético cupo catalán pueda incluir la onerosa cuota de solidaridad que deberá aportar obligatoriamente a fin de seguir satisfaciendo económicamente la interminable fiesta española. Es decir, pretenden equiparar por la banda baja, la financiación per capita del País Vasco y de Catalunya. Con ello los socialistas conseguirían dos cosas: primero, que los ciudadanos vascos culpen a los catalanes por la revisión al alza de su aportación hacia España; y segundo, perpetuar la cultura de la falsa solidaridad hispana, recogida en un texto legal -y por tanto inamovible, según criterios españoles-, al objeto que Catalunya (acompañada ahora del País Vasco) sigan aportando ilimitadamente en tiempo y cuantía los fondos que España necesita para continuar (mal)gastando, en infraestructuras anti-económicas, perniciosos subsidios a los campesinos -que perpetúan corruptelas, miseria y sumisión- y cuantiosos recursos para mantener algunos ministerios sin competencias pero con numerosos y ociosos funcionarios, así como también fondos que nutran a ciertas instituciones y fundaciones españolas, de rentabilidad y actividades más bien dudosas. En definitiva, lo que defienden los socialistas españoles es una leve modificación de la situación actual, es decir, seguir dentro de la LOFCA, sometidos a la voluntad de la mayoría de comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y recortando la financiación de los vascos, en beneficio de una falsa solidaridad interterritorial.
Los populares no andan a la zaga de los socialistas en maniobras obstruccionistas contra el concierto catalán. Proclaman la perentoria necesidad de combatir prioritariamente la crisis económica de España, cuando hasta la fecha les ha importado un pimiento este asunto, pues se han limitado a la descalificación, a la critica populista, a no apoyar al gobierno, ni a proponer alternativas viables y posibilistas a las iniciativas gubernamentales; resulta extraño el elogio que recientemente monsieur Sarkozy ha dedicado al señor Rajoy, ponderando el sentido de responsabilidad del líder popular, cuando ha sido CiU la que ha apoyado al gobierno de Madrid cuando este ha necesitado aprobar las medidas dictadas por Europa. El PP sólo se ha sumado a la enmienda exprés de la Constitución -límite del 3% de déficit- así como la reforma de las cajas de ahorro -que ha permitido el desmantelamiento del sector financiero catalán-, ambas cuestiones a instancias del directorio europeo franco-alemán. Y ahora el PP exige que Catalunya tome la iniciativa de la recuperación económica del Estado, como locomotora tractora del farragoso tren español, sin tener en cuenta que Catalunya está exhausta por culpa del vergonzoso expolio fiscal que padece por parte de España. Por tanto, la prioridad popular es el combate contra la crisis, sin que nada, ni la petición del pacto fiscal pretenda enturbiar los planes del señor Rajoy. Recordemos además que Jorge Fernandez declaró que ahora el pacto solo serviría para repartir miseria. Pero, eso sí, escucharán las propuestas de CiU, siempre que sean plenamente constitucionales, según su opinión.
Los objetivos finales de ambas formaciones españolas son plenamente coincidentes: evitar que los catalanes podamos disponer plenamente de los recursos fiscales que generamos. Convergencia i Unió verá como sus pretensiones son convenientemente escuchadas; de la misma forma, sus peticiones serán distorsionadas hasta tornarse irreconocibles, para salvaguardar los unívocos intereses de España. Pasará lo mismo que con el Estatuto, aprobado por el 90% de los parlamentarios catalanes y modificado en el Parlamento Español por la pusilanimidad del PSOE, el filibusterismo del PP, la cobardía de las formaciones catalanistas y finalmente, el cinismo del Tribunal Constitucional.
Así pues, tanto populares como socialistas han comenzado las maniobras para impedir, una vez más, que Catalunya pueda conseguir un pacto de financiación más justo y acorde a sus intereses. Acompañan las excusas de mal pagador, con argumentos tales como crear riqueza para repartir mejor, o el pacto fiscal que defiende CiU generará frustración, es anticonstitucional, inviable, es un asunto que no interesa ahora a la gente, etc... Ambas formaciones hispano-unionistas se someterán a la disciplina de los partidos españoles madre, y por tanto, defenderán los intereses de España por encima de los catalanes. Ante este panorama, CiU deberá asumir de una vez, que un Pacto Fiscal que permita a Catalunya, recaudar, gestionar, administrar y legislar sobre la totalidad de los impuestos, directos e indirectos, tasas, tributos, cuotas de la seguridad social, etc...es imposible. Jamás se permitirá que Catalunya tenga una Agencia de Recaudación de Impuestos propia. Nunca permitirán que establezca una relación bilateral exclusiva con el Estado. No aceptarán que la financiación de Catalunya quede al margen de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues ello significaría perder el control sobre unos recursos -recordemos, 22.000 millones de € anuales- que les ha permitido, hasta la fecha, vivir con desahogo y por encima de sus posibilidades.
CiU y el señor Duran i Lleida acabarán percatándose de tal circunstancia. Esperemos, por su bien, que no demoren la asunción de esta certeza por más tiempo. Las últimas encuestas indican que el independentismo está transitando desde la mayoría, hasta la hegemonía. Si no reconocen esta realidad, de nada valdrá que intenten disfrazar como supuesto éxito, el fracaso y la frustración que cosecharán con este imposible Pacto Fiscal, que solo creen algunos periclitados autonomistas en sectores muy minoritarios de su propia formación política. No podrán contener a sus votantes por más tiempo dentro del regionalismo español, por mucho empeño que ponga el señor Duran, UDC, La Santa Alianza...., puesto que ya ahora el 56,4% de votantes de CiU lo harían a favor de la independencia. Solo falta que los dirigentes de esta formación se sumen, de una puñetera vez, a la gran mayoría de ciudadanos de Catalunya que expresamos la firme e inequívoca voluntad de votar a favor de la plena soberanía de nuestra Nación: Catalunya.
El PSC propone un pacto fiscal federal, que debería permitir a Catalunya una financiación equivalente al Concierto Económico Vasco, previa revisión del cálculo del cupo para rectificar la anomalía que representa que los vascos no aportan a la caja de la solidaridad lo que les corresponde por su nivel de riqueza. En definitiva, significa que la cuota vasca debe revisarse al alza (deben pagar más), para que un hipotético cupo catalán pueda incluir la onerosa cuota de solidaridad que deberá aportar obligatoriamente a fin de seguir satisfaciendo económicamente la interminable fiesta española. Es decir, pretenden equiparar por la banda baja, la financiación per capita del País Vasco y de Catalunya. Con ello los socialistas conseguirían dos cosas: primero, que los ciudadanos vascos culpen a los catalanes por la revisión al alza de su aportación hacia España; y segundo, perpetuar la cultura de la falsa solidaridad hispana, recogida en un texto legal -y por tanto inamovible, según criterios españoles-, al objeto que Catalunya (acompañada ahora del País Vasco) sigan aportando ilimitadamente en tiempo y cuantía los fondos que España necesita para continuar (mal)gastando, en infraestructuras anti-económicas, perniciosos subsidios a los campesinos -que perpetúan corruptelas, miseria y sumisión- y cuantiosos recursos para mantener algunos ministerios sin competencias pero con numerosos y ociosos funcionarios, así como también fondos que nutran a ciertas instituciones y fundaciones españolas, de rentabilidad y actividades más bien dudosas. En definitiva, lo que defienden los socialistas españoles es una leve modificación de la situación actual, es decir, seguir dentro de la LOFCA, sometidos a la voluntad de la mayoría de comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y recortando la financiación de los vascos, en beneficio de una falsa solidaridad interterritorial.
Los populares no andan a la zaga de los socialistas en maniobras obstruccionistas contra el concierto catalán. Proclaman la perentoria necesidad de combatir prioritariamente la crisis económica de España, cuando hasta la fecha les ha importado un pimiento este asunto, pues se han limitado a la descalificación, a la critica populista, a no apoyar al gobierno, ni a proponer alternativas viables y posibilistas a las iniciativas gubernamentales; resulta extraño el elogio que recientemente monsieur Sarkozy ha dedicado al señor Rajoy, ponderando el sentido de responsabilidad del líder popular, cuando ha sido CiU la que ha apoyado al gobierno de Madrid cuando este ha necesitado aprobar las medidas dictadas por Europa. El PP sólo se ha sumado a la enmienda exprés de la Constitución -límite del 3% de déficit- así como la reforma de las cajas de ahorro -que ha permitido el desmantelamiento del sector financiero catalán-, ambas cuestiones a instancias del directorio europeo franco-alemán. Y ahora el PP exige que Catalunya tome la iniciativa de la recuperación económica del Estado, como locomotora tractora del farragoso tren español, sin tener en cuenta que Catalunya está exhausta por culpa del vergonzoso expolio fiscal que padece por parte de España. Por tanto, la prioridad popular es el combate contra la crisis, sin que nada, ni la petición del pacto fiscal pretenda enturbiar los planes del señor Rajoy. Recordemos además que Jorge Fernandez declaró que ahora el pacto solo serviría para repartir miseria. Pero, eso sí, escucharán las propuestas de CiU, siempre que sean plenamente constitucionales, según su opinión.
Los objetivos finales de ambas formaciones españolas son plenamente coincidentes: evitar que los catalanes podamos disponer plenamente de los recursos fiscales que generamos. Convergencia i Unió verá como sus pretensiones son convenientemente escuchadas; de la misma forma, sus peticiones serán distorsionadas hasta tornarse irreconocibles, para salvaguardar los unívocos intereses de España. Pasará lo mismo que con el Estatuto, aprobado por el 90% de los parlamentarios catalanes y modificado en el Parlamento Español por la pusilanimidad del PSOE, el filibusterismo del PP, la cobardía de las formaciones catalanistas y finalmente, el cinismo del Tribunal Constitucional.
Así pues, tanto populares como socialistas han comenzado las maniobras para impedir, una vez más, que Catalunya pueda conseguir un pacto de financiación más justo y acorde a sus intereses. Acompañan las excusas de mal pagador, con argumentos tales como crear riqueza para repartir mejor, o el pacto fiscal que defiende CiU generará frustración, es anticonstitucional, inviable, es un asunto que no interesa ahora a la gente, etc... Ambas formaciones hispano-unionistas se someterán a la disciplina de los partidos españoles madre, y por tanto, defenderán los intereses de España por encima de los catalanes. Ante este panorama, CiU deberá asumir de una vez, que un Pacto Fiscal que permita a Catalunya, recaudar, gestionar, administrar y legislar sobre la totalidad de los impuestos, directos e indirectos, tasas, tributos, cuotas de la seguridad social, etc...es imposible. Jamás se permitirá que Catalunya tenga una Agencia de Recaudación de Impuestos propia. Nunca permitirán que establezca una relación bilateral exclusiva con el Estado. No aceptarán que la financiación de Catalunya quede al margen de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues ello significaría perder el control sobre unos recursos -recordemos, 22.000 millones de € anuales- que les ha permitido, hasta la fecha, vivir con desahogo y por encima de sus posibilidades.
CiU y el señor Duran i Lleida acabarán percatándose de tal circunstancia. Esperemos, por su bien, que no demoren la asunción de esta certeza por más tiempo. Las últimas encuestas indican que el independentismo está transitando desde la mayoría, hasta la hegemonía. Si no reconocen esta realidad, de nada valdrá que intenten disfrazar como supuesto éxito, el fracaso y la frustración que cosecharán con este imposible Pacto Fiscal, que solo creen algunos periclitados autonomistas en sectores muy minoritarios de su propia formación política. No podrán contener a sus votantes por más tiempo dentro del regionalismo español, por mucho empeño que ponga el señor Duran, UDC, La Santa Alianza...., puesto que ya ahora el 56,4% de votantes de CiU lo harían a favor de la independencia. Solo falta que los dirigentes de esta formación se sumen, de una puñetera vez, a la gran mayoría de ciudadanos de Catalunya que expresamos la firme e inequívoca voluntad de votar a favor de la plena soberanía de nuestra Nación: Catalunya.
Això espero !!
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