Como ya he dicho, podría poner centenares de ejemplos para ilustrar lo que en España algunos entienden como democracia. Parece, por las opiniones vertidas en algunos medios de comunicación, dando voz a ciudadanos de a pie tanto como a periodistas, la "democracia" viene definida por la expresión "española" de manera inseparable: democracia española. A mí me recuerda lo que Franco y sus fieles describían como democracia orgánica. Las restricciones mentales que tales conceptos encierran son la consecuencia de lo que muchos en España entienden como Estado de Derecho.
En efecto, todos aquellos que hablan de democracia española, sustentan sus argumentos en la contundente expresión Estado de Derecho. Para todos ellos, estado de derecho quiere decir el derecho del estado a oprimir, conminar, reprimir y esclavizar a la sociedad en nombre de la Ley y el Orden Constitucional. Es el estado el único beneficiario de la represión policial, de las exigencias que dimanan de la leyes y reglamentos, independientemente de la Justicia y las ansias de libertad, tanto privada como colectiva. Así, son los jueces los que tienen el derecho a utilizar el castellano. En modo alguno son los ciudadanos los que tienen el derecho ejercer sus relaciones con el mundo de la justicia en su propia lengua, por ejemplo el catalán, ya que un ciudadano de esta nacionalidad tiene la obligación de conocer, al menos, el castellano, mientras que un juez solo está obligado a ejercer sus funciones en castellano, incluso en Catalunya. Para un juez, el conocimiento del catalán, en Catalunya, es un mérito, nunca un deber y si un ciudadano quiere ejercer su derecho en catalán, deberá tener en cuenta las advertencias que suelen dar algunos abogados: "puede ser perjudicial, con este juez, utilizar el catalán".
También podríamos hablar del derecho del estado de otros servidores públicos, como funcionarios, fuerzas de seguridad, militares etc... que conservan sus privilegios acumulados en varias generaciones, independientemente del pasado político del estado. Fundamentalmente en Madrid, existen familias que están al servicio de lo público desde el principio de los tiempos. Abuelos, padres e hijos, de forma ininterrumpida, viviendo de las prebendas, disfrutando de los privilegios que dan al ganar una oposición. Son familias de servidores públicos que lo fueron durante el franquismo, en la transición y en democracia (española), sin que nadie les haya cuestionado sus derechos y que en su propio beneficio boicotean traspasos, escamotean recursos transferidos, demonizan hipócritamente a los nacionalistas periféricos y sabotean acuerdos políticos, en nombre de la nación española, del Estado de Derecho y de su Constitución.
Es precisamente este derecho del estado español, que tan poco amigable se presenta, el que hace que cada día aumente el número de ciudadanos que, sintiéndonos ajenos a sus intereses, excluidos de sus beneficios y hartos de sufrir su opresor desprecio, se ven excluidos de su Constitución, del derecho del estado y de la democracia española. El estado de derecho está siempre a favor del ciudadano, la democracia no requiere adjetivos y una constitución no puede usarse como látigo fustigador contra aquellos que solo pretender ser dueños de su futuro, de sus recursos y de una libertad que dentro de España es imposible.
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