La política en España, ha estado en el pasado más reciente y está en la actualidad, absolutamente dirigida y condicionada por la judicatura, por los medios periodísticos y por presiones exteriores. El debate y la buena voluntad política no existe entre los partidos, entre los representantes elegidos democraticamente ni, particularmente, entre diputados y senadores. Recientemente, incluso para la reforma de la constitución, el PP y el PSOE han tenido que acatar las órdenes de Europa, atender a los dictados e intereses de los mercados, en contra de lo que por decencia política correspondía hacer. Lo prudente, lo normal, lo lógico hubiera sido negociar la necesidad de la reforma entre todas las fuerzas políticas del estado, buscar un amplio consenso y someter el acuerdo a la aprobación de la ciudadanía en general, mediante un referéndum. No ha sido así. Han preferido ponerse de acuerdo ambas corrientes del PPSOE -como antaño se hacia en el seno del obscuro y odioso Movimiento Nacional-, plegándose a los deseos de Alemania, en un ejercicio impropio, humillante e indigno de un estado que se cree importante, pero se comporta (y es visto) como absolutamente irrelevante a nivel internacional.
En otro orden de cosas, la nefasta sentencia del Constitucional respecto el Estatuto de Autonomía de Catalunya, abrió todo un mundo nuevo para aquellos que tienen interiorizado que su razón de ser no es otro que sojuzgar a los catalanes, esto sí, por el bien de España. En esa infame misión se distingue notoriamente el estamento judicial, desde los magistrados que se permitieron perpetrar el dictamen de inconstitucionalidad, pasando por el Supremo (dictando una sentencia contra la inmersión en catalán, por motivos fundamentalmente políticos) y llegando hasta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que conmina al gobierno catalán a cumplir la sentencia del Supremo y en un ejercicio puramente circense, obliga a su presidente, primero a declarar que sólo afecta a tres familias (las que interpusieron la demanda) para a continuación rectificarse a si mismo y puntualizar que la Interlocutoria afecta a todo el sistema educativo de Catalunya y por tanto, tal y como reclaman los minoritarios populares y ciudadanos, la inmersión en catalán puede darse por muerta y enterrada. De esta forma, los derechos de tres familias prevalecerán por encima de la voluntad expresada reiteradamente por la mayoría de ciudadanos catalanes, elección tras elección, en los últimos treinta años de democracia española. El Tribunal Supremo puede estar satisfecho de haber retorcido esa voluntad mayoritaria para salvaguardar los intereses de tres familias, de las cuales no cabe pensar otra cosa que están terriblemente resentidas e incómodas de vivir en Catalunya, a pesar de que pudiera ser que vivieran aquí solo temporalmente, es decir, que estuvieran de paso.
Si el lector se esfuerza en profundizar sobre este disparate judicial, entenderá que en Catalunya el Tribunal Constitucional sea visto como una institución desprestigiada, parcial y partidista, absolutamente deslegitimada, contraria a la Razón y a la Justicia y como principal responsable de propiciar la caza y captura del idioma catalán, de las aspiraciones de autogobierno de los catalanes y de lo que significa hacer Política en libertad y en Democracia. Seamos realistas, obviar que el texto del estatuto fué cepillado y rebajado en el Congreso y el Senado español, es imposible; que después de esto, fué aprobado en referéndum por la mayoría de ciudadanos catalanes y que, a pesar de esta legitimidad, fué violentado y modificado por los altos magistrados constitucionales, no resulta una actitud muy democrática por su parte, que digamos. ¿No pasó por su mente inhibirse, o no aceptar desde el principio el recurso del PP, al tratarse de una Ley refrendada por el voto de los ciudadanos?. No tener en cuenta el espectáculo que el Constitucional ofreció con las recusaciones de magistrados del PP a los del PSOE y viceversa, los continuos cambios de ponentes hasta que se logró el pertinente consenso anti-estatuto, las presiones de los dos partidos nacionales y del gobierno a los magistrados de su comunión.... todo esto es imposible de ignorar. Y si añadimos que el Tribunal Supremo se permite interpretar el dictamen constitucional sobre la inmersión de la forma más perniciosa contra el catalán y más ventajosa a favor del castellano, atendiendo los intereses de unas pocas familias (unas veinte en total, tres de ellas querellantes), ante la amplia mayoria que sí están de acuerdo con la inmersión y extendiendo la obligación de considerar el castellano lengua vehicular a la totalidad del sistema educativo catalán, el resultado del ignominioso comportamiento de determinados jueces y magistrados españoles, es cuanto menos, indignante. Y la guinda la pone el presidente de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con las contradicciones y amenazas descritas, que serán todo lo pertinentes y legales que se quiera, pero a ojos de la mayoría de ciudadanos catalanes, resultan grotescas, absurdas, fuera del sentido común y de toda razón política.
El sistema judicial español, singularmente los jueces y magistrados, resultan ser el estamento de todo el entramado estatal, más frágil y menos democrático que existe. Es lógico que la Democracia no sea la guía ni la inspiración principal que un juez utiliza para juzgar y dictar sentencias. Lo único válido es la Justicia. Pero un juez, un magistrado, debe estar impregnado por la Democracia. Debe ser consecuente con el hecho de ejercer en un sistema democrático. No puede vivir aislado ante esta realidad y por tanto, el ejercicio de la Justicia, además de sustentarse en la Ley, debe considerar la voluntad política de las mayorías, preservar el derecho de las minorías y no inmiscuirse en decisiones políticas, aunque vayan en contra de sus deseos y convicciones, en definitiva, de sus propias creencias políticas. Este es el déficit que tienen algunos jueces y magistrados, singularmente algunos que ostentan mayor rango y jurisdicción. Por ejemplo, no puede existir una ley que obliga a todos los ciudadanos al derecho y al deber de conocer una determinada lengua, sea estatal o autonómica, y sin embargo se exima a la judicatura de este derecho y deber, como es el caso del catalán. Es injusto y discriminatorio. En la caverna mediática madrileña, serian acusados de inconstitucionales. Bromas aparte podríamos preguntarnos, ¿que respeto merece a la judicatura el idioma propio de una Nación, si solo es obligatorio para una de las partes y voluntario (un mérito, se dice) para el juez?.
El mundo judicial español, incluyendo los magistrados del Tribunal Constitucional, son terriblemente injustos, partidistas y subjetivos en todo lo referido a Catalunya, a la lengua catalana y a los ciudadanos catalanes. No nos sentimos ni amparados, ni respetados; no somos sujetos de justicia, antes al contrario, sentimos que persiguen nuestra lengua, tan respetable e importante como pueda ser el castellano. Nos vemos agredidos por un ingente número de leyes, disposiciones, sentencias, autos, requerimientos, que solo defienden los intereses de los ciudadanos españoles (castellanos), de los intereses de la España castellana y contra la voluntad e intereses de los catalanes y de Catalunya, que mal que les pese, para la mayoría de ciudadanos de este país, es una realidad nacional, una Nación, con una lengua propia y solo una, el catalán, que merece especial protección en su uso y difusión ante el avasallador empuje del castellano; con una voluntad inamovible de seguir siendo catalanes y de ser aceptados como tales, sin absurdas pretensiones de que cambiemos para ser españoles (castellanos). Ni todas las sentencias que puedan dictar todos y cada uno de los jueces y magistrados españoles contra Catalunya y los catalanes, doblegarán nuestra voluntad, ya que es pura y simplemente política, un sentimiento libre e íntimamente soberano. Voluntad política democráticamente catalana.
¿Se entiende ya el porqué de la despedida plurilíngüe?. Cuando un ser humano siente que no se le comprende, utiliza los recursos necesarios para hacerse entender, por ejemplo, aprende idiomas y se explica profusamente. Pero si a pesar de ello, el prójimo sigue sin querer entender, no queda más remedio de despedirse. Au revoir, goodbye, adéu Espanya, adéu!.
Si el lector se esfuerza en profundizar sobre este disparate judicial, entenderá que en Catalunya el Tribunal Constitucional sea visto como una institución desprestigiada, parcial y partidista, absolutamente deslegitimada, contraria a la Razón y a la Justicia y como principal responsable de propiciar la caza y captura del idioma catalán, de las aspiraciones de autogobierno de los catalanes y de lo que significa hacer Política en libertad y en Democracia. Seamos realistas, obviar que el texto del estatuto fué cepillado y rebajado en el Congreso y el Senado español, es imposible; que después de esto, fué aprobado en referéndum por la mayoría de ciudadanos catalanes y que, a pesar de esta legitimidad, fué violentado y modificado por los altos magistrados constitucionales, no resulta una actitud muy democrática por su parte, que digamos. ¿No pasó por su mente inhibirse, o no aceptar desde el principio el recurso del PP, al tratarse de una Ley refrendada por el voto de los ciudadanos?. No tener en cuenta el espectáculo que el Constitucional ofreció con las recusaciones de magistrados del PP a los del PSOE y viceversa, los continuos cambios de ponentes hasta que se logró el pertinente consenso anti-estatuto, las presiones de los dos partidos nacionales y del gobierno a los magistrados de su comunión.... todo esto es imposible de ignorar. Y si añadimos que el Tribunal Supremo se permite interpretar el dictamen constitucional sobre la inmersión de la forma más perniciosa contra el catalán y más ventajosa a favor del castellano, atendiendo los intereses de unas pocas familias (unas veinte en total, tres de ellas querellantes), ante la amplia mayoria que sí están de acuerdo con la inmersión y extendiendo la obligación de considerar el castellano lengua vehicular a la totalidad del sistema educativo catalán, el resultado del ignominioso comportamiento de determinados jueces y magistrados españoles, es cuanto menos, indignante. Y la guinda la pone el presidente de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con las contradicciones y amenazas descritas, que serán todo lo pertinentes y legales que se quiera, pero a ojos de la mayoría de ciudadanos catalanes, resultan grotescas, absurdas, fuera del sentido común y de toda razón política.
El sistema judicial español, singularmente los jueces y magistrados, resultan ser el estamento de todo el entramado estatal, más frágil y menos democrático que existe. Es lógico que la Democracia no sea la guía ni la inspiración principal que un juez utiliza para juzgar y dictar sentencias. Lo único válido es la Justicia. Pero un juez, un magistrado, debe estar impregnado por la Democracia. Debe ser consecuente con el hecho de ejercer en un sistema democrático. No puede vivir aislado ante esta realidad y por tanto, el ejercicio de la Justicia, además de sustentarse en la Ley, debe considerar la voluntad política de las mayorías, preservar el derecho de las minorías y no inmiscuirse en decisiones políticas, aunque vayan en contra de sus deseos y convicciones, en definitiva, de sus propias creencias políticas. Este es el déficit que tienen algunos jueces y magistrados, singularmente algunos que ostentan mayor rango y jurisdicción. Por ejemplo, no puede existir una ley que obliga a todos los ciudadanos al derecho y al deber de conocer una determinada lengua, sea estatal o autonómica, y sin embargo se exima a la judicatura de este derecho y deber, como es el caso del catalán. Es injusto y discriminatorio. En la caverna mediática madrileña, serian acusados de inconstitucionales. Bromas aparte podríamos preguntarnos, ¿que respeto merece a la judicatura el idioma propio de una Nación, si solo es obligatorio para una de las partes y voluntario (un mérito, se dice) para el juez?.
El mundo judicial español, incluyendo los magistrados del Tribunal Constitucional, son terriblemente injustos, partidistas y subjetivos en todo lo referido a Catalunya, a la lengua catalana y a los ciudadanos catalanes. No nos sentimos ni amparados, ni respetados; no somos sujetos de justicia, antes al contrario, sentimos que persiguen nuestra lengua, tan respetable e importante como pueda ser el castellano. Nos vemos agredidos por un ingente número de leyes, disposiciones, sentencias, autos, requerimientos, que solo defienden los intereses de los ciudadanos españoles (castellanos), de los intereses de la España castellana y contra la voluntad e intereses de los catalanes y de Catalunya, que mal que les pese, para la mayoría de ciudadanos de este país, es una realidad nacional, una Nación, con una lengua propia y solo una, el catalán, que merece especial protección en su uso y difusión ante el avasallador empuje del castellano; con una voluntad inamovible de seguir siendo catalanes y de ser aceptados como tales, sin absurdas pretensiones de que cambiemos para ser españoles (castellanos). Ni todas las sentencias que puedan dictar todos y cada uno de los jueces y magistrados españoles contra Catalunya y los catalanes, doblegarán nuestra voluntad, ya que es pura y simplemente política, un sentimiento libre e íntimamente soberano. Voluntad política democráticamente catalana.
¿Se entiende ya el porqué de la despedida plurilíngüe?. Cuando un ser humano siente que no se le comprende, utiliza los recursos necesarios para hacerse entender, por ejemplo, aprende idiomas y se explica profusamente. Pero si a pesar de ello, el prójimo sigue sin querer entender, no queda más remedio de despedirse. Au revoir, goodbye, adéu Espanya, adéu!.
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