"APOYARÉ EL ESTATUTO QUE APRUEBE EL PARLAMENTO DE CATALUNYA". CELEBRACIONES.

Hace unos cinco años, bajo el entusiasta impulso de los señores Maragall y Más, se aprobó por amplia mayoría parlamentaria el nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Está ley debía ser el definitivo instrumento  que permitiría encajar Catalunya dentro de una España que entonces se definía como plural, tolerante, casi federal, por lo menos en las intenciones. No solo había cosechado el apoyo casi unánime de los distintos grupos  parlamentarios (excepto los minoritarios populares y "ciudadanos", de raíz neta e intransigentemente españolistas), también había cosechado el contundente apoyo del señor Rodriguez Zapatero con aquella popular frase: "apoyaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya".

El resto de la historia es conocido. El texto fue, en palabras del señor Guerra, convenientemente cepillado y rebajado en el parlamento español, aprobado por ambas cámaras legislativas y refrendado  por los ciudadanos catalanes en democrático referéndum. Una vez cumplidos todos los trámites legislativos y a pesar de que lo aprobado se parecía al texto salido del parlamento catalán tanto como un huevo  a una castaña, el Partido Popular, el Defensor del Pueblo (socialista) y algunas comunidades autónomas, procedieron a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, dolidos y consternados por la deriva secesionista que supuestamente se encerraba encriptadamente en su (inocuo) texto. La derecha españolista no había podido incidir lo suficiente en el texto final aprobado y tanto los partidos españolistas ("popular" y "ciudadanos"), como los medios periodísticos afines a los conservadores, no aceptaron el resultado democráticamente votado por la mayoría de catalanes y procedieron a desatar una brutal campaña, en la  se permitieron todo tipo de acciones a cual más obscena y antidemocrática. Desde atizar la catalanofobia, siempre latente en los españoles, hasta condicionar la futura sentencia con una serie de recursos  legislativos y de procedimiento, de matriz  propia del filibusterismo más inmoral que se ha conocido en la historia reciente de España. 

El resultado de todo este terrible embrollo estatutario ha sido tan revelador, como las intenciones pretendidas por el españolismo de los "populares", de "ciudadanos", del Tribunal Constitucional, del presidente del Gobierno de España, del parlamento español y de todas aquellas instituciones y personas que se apuntaron a la gran fiesta (anti)catalana: Catalunya está más unida que nunca a España.

Dejando al margen la ironía que encierra el párrafo anterior, el auténtico resultado cosechado por todos los actores de este tragedia, ha sido que el Tribunal Constitucional, desde el punto de vista de la mayoría de ciudadanos catalanes, es una institución no solo absolutamente desprestigiada, también es vista como totalmente deslegitimada para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del texto después de ser aprobado en referéndum. ¿Es una característica hispana modificar el texto de una ley, después de seguir todos los filtros legislativos y de ser  refrendada por la mayoría suficiente de  ciudadanos catalanes?. Es legal, pero, ¿es esto democrático?. El señor Rodriguez Zapatero y su partido el PSOE, han visto como su caché político se esfuma día a día en Catalunya y no solo por la pésima gestión de la crisis económica. Todas las vergüenzas de los socialistas, tanto españoles como catalanes,  se han evidenciado ante los ojos de los atónitos ciudadanos. No existe el pluralismo, ni el federalismo; la lealtad y el pretendido catalanismo de los socialistas desaparecen cobardemente ante los envites (políticos y mediáticos) de la derecha española y sus incontables falacias. Los ciudadanos catalanes hemos aprendido que recibir el apoyo de los socialistas y de su inefable secretario general, vale tanto como insuflar viento con un abanico en un tornado: nada. En cuanto al Partido Popular, es visto por el catalanismo político como el partido que en su seno alberga a todo aquel que en tiempos de la dictadura aplaudía rabiosamente  las tropelías que Franco se permitía ejecutar contra Catalunya. A saber: desprecio y acoso a la lengua y cultura catalanas, ahogo de Catalunya por parte del centralismo madrileño en forma de discriminación de inversiones en infraestructuras, justificación del expolio fiscal y cultural  y sometimiento absoluto de los intereses catalanes a los de la España Eterna. Desgraciadamente para los "populares",  esta es la imagen que muestran ante  los ciudadanos catalanes y que estos perciben. Es decir, son vistos como dignos herederos del franquismo sociológico, tan presente (y tan invisible) en la realidad social española de nuestros días.

Para ser justos, no todo han sido desventuras en estos cinco años transcurridos desde la aprobación del estatuto de autonomía. Para empezar, todos nos conocemos mucho mejor; sabemos lo que pretendemos y adonde queremos llegar. Los españoles están satisfechos consigo mismo; del Tribunal Constitucional solo podemos esperar que ascienda de los infiernos y vuelva a ser una institución respetable, ecuánime y justa. En cuanto a los partidos españoles, es decir, los populares y socialistas, podrán seguir la alternancia en el gobierno, y si fuera necesario ya se han conjurado para modificar la Ley Electoral, de modo que los nacionalismos periféricos no puedan condicionar ni interferir en los nacionalismos centralistas. En cuanto a Catalunya y los catalanes, ya conocemos lo que el estado español está dispuesto a darnos para que nos sintamos satisfechos (de ellos): disgustos. No puede ignorarse, tampoco, que el ejemplo de reforma del estatuto catalán actuó como catalizador para que muchas comunidades siguieran sus pasos reformando los suyos, y no solo eso, copiaran literalmente decenas de artículos del texto catalán, que posteriormente no fueron impugnados ante el Constitucional por los guardianes de las esencias patrias (los Populares y el Defensor),  por lo cual aquello que después fuera declarado como inconstitucional en el texto catalán, quedara plenamente vigente en estatutos casi calcados de otras comunidades autónomas, como por ejemplo, el andaluz. Otras copias optaron por lo más práctico, esto es, una disposición que recogía la intención de asumir todas las competencias que consiguieran otras comunidades, es decir Catalunya, si así convenía a sus intereses y sin necesidad de perder el tiempo negociando los traspasos y recursos con el gobierno central. Así lo recogió el estatuto del País Valenciano. En cuanto a la financiación autonómica, quién perdió los cuernos  en la negociación fue, una vez más, Catalunya, para después aprovecharse del desgaste sufrido y de los resultados alcanzados el resto de comunidades autónomas. Todas; las que copiaron el texto estatutario y las que no; las que se aprovecharon con disposiciones adicionales igualitarias y las que no; incluso la comunidad de Madrid DF, sacó provecho del trabajo realizado a costa del desgaste y esfuerzo de los catalanes, por ejemplo, en financiación.. Algo habitual en España, por otra parte. Como también lo es el hecho que, cuando no conviene a los intereses del estado central, se incumple el estatuto, el espíritu de  una ley, orgánica o no, o lo que sea conveniente a los intereses de España y de su peculiar (por desleal) gobierno de turno.

Catalunya debe retener en la memoria colectiva lo acontecido durante estos últimos cinco años. Debemos aprender todo lo que España nos ha ofrecido en este tiempo: catalanofobia, discriminación en inversiones, acoso lingüístico, expolio fiscal (y cultural), sentencias constitucionales y judiciales cargadas de rancio españolismo centralista, con intentos de humillación incluidos, y una terrible  mala gestión de la crisis económica, trufada con recortes en el estado de bienestar, en cobertura social para los trabajadores y jubilados, en desinversión en obra pública, y exigencias injustificadas de austeridad, en franca contradicción con lo que realmente hacen desde el gobierno central  (centrifugación de responsabilidades y déficit público hacia las comunidades), de forma que ante la opinión pública, española y europea, el déficit del estado español es culpa de las autonomías y de sus excesos y despilfarros. Asimismo, ahora sabemos que los catalanes no tenemos armas para luchar contra la crisis: están en poder de Madrid, así como los recursos legislativos y judiciales para que Catalunya siga sometida a los intereses y a la voluntad de España.

Los catalanes somos conscientes ahora que a lo único que podemos y debemos aspirar para satisfacer los anhelos y las necesidades que como ciudadanos libres tenemos, es luchar por el pleno control de nuestros propios recursos. En definitiva, luchar por  la plena soberanía de nuestro país. Lo que hará que los ciudadanos catalanes alcancen la plenitud, la prosperidad, la justicia, en definitiva, la libertad, no es seguir aguantando los continuos desplantes e insultos del estado español.  A estas alturas del partido, solo la plena y real independencia de Catalunya colmará satisfactóriamente nuestros espíritus (y nuestros cuerpos; y mentes).