EL PRIMER PASO.

El día 23 de enero se aprobó en el Parlamento de Catalunya, por mayoría de 2/3, la Declaración de Soberanía. Los 41 votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y una parte del Partido Socialista, fueron ampliamente derrotados por los 85 a favor de CiU, ERC, IC y un voto de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular). Lo más relevante que ocurrió además de la aprobación, fue la actitud de cinco parlamentarios del PSC que se negaron a emitir voto, rompiendo la disciplina del grupo socialista en protesta por la decisión adoptada por la cúpula del partido de apoyar al recalcitrante unionismo nacional-españolista y en consecuencia, de renegar indecentemente del catalanismo que siempre ha caracterizado a esta formación política. Y auténticamente cínica fue la decisión del PP de abandonar rápida y teatralmente el hemiciclo una vez emitido el voto, antes de hacerse público el resultado.

Ha sido el primer paso hacia la libertad de Catalunya. Un paso firme, pero responsable. Pletórico de júbilo y esperanza.  A la alegría soberanista se contrapone una mezcla de irritación y desazón unionista. "Va en serio. No hay vuelta atrás", se duele el españolismo. Lamentos, rabia y agresividad. Estos son los sentimientos españoles respecto a Catalunya, hoy en día. No comprenden la obcecación de la mayoría de catalanes. No aceptan que la opción independentista alcanza ya, según las últimas encuestas, el entusiasta apoyo del 57% de los electores. Prefieren ignorar que el 70% de los ciudadanos exigimos la convocatoria de un referéndum vinculante para decidir el futuro político de Catalunya. Suponen que acosando política, fiscal y judicialmente a partidos y personalidades catalanas, empezando por el señor Mas, siguiendo por CiU, ERC y de tutti quanti y ajusticiándoles públicamente previo escarnio y posterior lapidación, lograrán torcer la voluntad soberana de los catalanes. No ha bastado el burdo intento de manipular, descalificar y ningunear el resultado de las últimas elecciones celebradas hace apenas un mes, mediante infamias pseudo-periodísticas irresponsablemente publicadas por la cavernaria prensa madrileña. Creen que con esas acciones contendrán al independentismo, pues saben que puede acabar con los abusos del Estado español y los privilegios de la casta dirigente madrileña, soportados y cometidos en nombre de la sagrada unidad de España, de sus abusivos e insaciables intereses económicos y financieros y de sus lúgubres intentos obscenamente asimiladores, culturalmente uniformadores y políticamente centralizadores. Tal puede deducirse de las reacciones manifestadas en la prensa de Madrid, después de la votación en el Parlamento catalán. Esto es, ira, temor y desconcierto, auténticas señas de identidad del poder hispano.

Parece que el Gobierno de España no sabe qué hacer con la Declaración de Soberanía. Rajoy declara que "no sirve para nada". Apela al diálogo y a la convivencia, mientras que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría esgrime amenazadoramente su Constitución y pone en marcha la burocracia de la abogacía del Estado para que "estudie las consecuencias jurídicas del desafío catalán". Todo ello ejecutado con ostentosa y falsa tranquilidad y contención. Y aprovecha la ocasión para promover un proyecto de Ley de Unidad de Mercado que, como no, es una nueva vuelta de tuerca hacia la imparable recentralización de España, nuevamente Una, Grande y Libre (cada vez menos). Mientras, en Catalunya, tanto la virreina Maria de los Llanos de Luna, como el PP de Alicia Sánchez-Camacho continúan e incrementan las hostilidades contra el catalanismo. La señora Llanos de Luna prosigue su particular y ridícula cruzada exigiendo que en todos los edificios municipales de Corbera del Llobregat ondee la bandera española. En el ayuntamiento, en polideportivos, campo de fútbol, escuelas, bibliotecas, urinarios públicos.... Pretende emular a los centenares de miles de ciudadanos de toda Catalunya que exhiben en balcones, ventanas y fachadas de sus hogares (desde el pasado 11 de septiembre) senyeras esteladas, como símbolo y demanda de independencia. Mala imitación española que por supuesto fracasará estrepitosamente. Además de ser un derroche imperdonable para las exangües arcas municipales. Y Sánchez-Camacho, con la inestimable ayuda de Albert Rivera, de Ciudadanos, continúan denunciando los presuntos enfrentamientos, divisiones, fracturas y rupturas que el tema independentista se supone provoca en el seno de la sociedad catalana.  Es como si desearan incentivar la inexistente confrontación -por el momento-, como último recurso para impedir una transición sosegada y pacifica de los catalanes hacia la libertad, plena soberanía y esforzada prosperidad futura. ¿Porqué el independentismo mayoritario causará confrontación entre catalanes?. ¿Acaso cuando la opción unionista era mayoritaria sufrió acoso y hostilidad por parte de los independentistas?. ¿No es cierto que el independentismo acató democráticamente aquella mayoría?. No parece que los principios democráticos sean gratos al PP y a Ciudadanos. Esgrimen el Estado de Derecho y la Constitución españoles como quien blande un garrote, y los contraponen e imponen al derecho a decidir en libertad sobre el futuro de nuestro país que tenemos los ciudadanos catalanes. Hurgan y amenazan al mundo empresarial de Catalunya para que se alineen a favor del unionismo, al tiempo que desde el País Valenciano, Aragón y la Comunidad de Madrid lanzan codiciosos cantos de sirena para que trasladen sus negocios desde Catalunya hacia España. Así, el derecho del Estado y la constitución se ven reforzados y secuestrados por la prosaica y mundanal avaricia. Tal es el caso de presidente extremeño Monago, que no oculta su oposición a cambiar el injusto principio de solidaridad interterritorial vigente, por el de ordinalidad, ya que Extremadura perdería "500 millones de euros anuales". Es decir, que antepone los pingües beneficios para su comunidad a los insoportables sacrificios que se exigen a los ciudadanos de Catalunya, que después de ser excesivamente solidaria, desciende de la tercera posición en renta per cápita a la duodécima en renta disponible bruta por habitante, entre las 17 comunidades autónomas del Estado español.

Parece un sinsentido, por otra parte propio de La Santa Alianza, manifestar el respeto a la voluntad popular y exigir que los gobiernos, tanto catalán como español, inicien conversaciones para lograr un pacto fiscal más justo y acorde a las necesidades de Catalunya. Confían que presionando a la Generalitat con sutiles apelaciones a la estabilidad política, a la seguridad jurídica que requieren los empresarios y a la grave crisis económica que exige dedicación exclusiva, lograrán reconducir el soberanismo desatado hacia posiciones meramente autonomistas.... ¡nuevamente!. ¡Manda güevos!, que diría Federico Trillo... Lo siento, ya es demasiado tarde para retomar el diálogo sobre imposibles pactos fiscales.

Primero: El Gobierno de España, con Mariano Rajoy a la cabeza, rechazó ¡tres días después! de la manifestación del 11S, la mano tendida del señor Mas, su propuesta de pacto fiscal y la enésima oferta de negociación que ofreció el catalanismo autonomista. Segundo: ¿De qué seguridad jurídica cabe hablar con aquel que en nombre de la uniformidad, recentralización y nacionalismo (español) se dedica a invadir competencias ajenas, promover leyes sin dotarlas de los recursos financieros necesario, rechazar un rescate de la UE por razón de hidalguía española y centrifugar el déficit de la administración central hacia las autonomías?. ¿Como se puede negociar con una administración que gestiona el 20% del gasto público, pero se reserva el 85% del déficit permitido por Bruselas?. Si fueran mínimamente coherentes, exigirían a Rajoy que eliminara ministerios incompetentes, que se abstuviera de promover leyes que incrementan el déficit de las comunidades y que fuera leal con los compromisos adquiridos. ¡Por Dios bendito!. ¡Si el moroso Gobierno de España debe a la Generalitat más de 8000 millones de €, y encima exige el cumplimiento del déficit, bajo amenaza de intervención!. Tercero: La crisis económica se ve agravada, en el caso catalán, por la falta de recursos y competencias de la Generalitat, tanto financieros como legislativos y políticos. La responsabilidad del Gobierno Rajoy es total, exclusiva. Es el Estado quien tiene las competencias y los recursos (fundamentalmente catalanes) en su poder para invertir, financiar, promover, legislar y ejecutar en materia económica, fiscal y laboral. ¿Que quieren que haga la Generalitat?. ¿Constituir inútiles comisiones para estudiar como puede promoverse el empleo?. ¿O como promocionar y apoyar las exportaciones?. El último anuncio del Gobierno de España consiste en  torpedear e impedir que las oficinas comerciales de la Generalitat en el exterior promuevan las exportaciones , bajo la excusa de que se trata de una competencia del Estado y que es necesario ahorrar. ¿Tal vez estudiar qué medidas laborales deben implementarse para abaratar, aun más si cabe, el despido?. No deben olvidar nunca que el auténtico poder político reside en Madrid, y no en Barcelona. Y en consecuencia, poco margen de actuación tiene, bajo el yugo de España, el cada vez más capidisminuido autogobierno de Catalunya.

Si La Santa Alianza ha decidido apoyar el unionismo nacional-españolista, que lo digan sin ambages. Y de paso, que informen a los ciudadanos porqué prefieren seguir ligados a un estado que es campeón en corrupción, en morosidad y en falta de lealtad con instituciones y ciudadanos de todo el Estado. Un gobierno que si practica la dedicación exclusiva cuando se trata de combatir inmisericordemente contra la autonomía y por supuesto, contra el soberanismo catalán y las pretensiones de votar en paz, libertad y justicia, para decidir sobre el futuro político, económico y social de nuestra Nación. Por mi parte, solo recordar a cada uno de los empresarios, grandes, medianos y pequeños adscritos a tal hermandad,  que en democracia cuentan lo mismo que los ciudadanos individuales: Un voto. Ni más, ni menos. Y la mayoría, gana.

La primera consecuencia del 11S ha sido las elecciones del día 25N. El resultado, un parlamento claramente soberanista. La inevitable secesión de Catalunya está provocando que las distintas formaciones políticas presentes en el hemiciclo sufran convulsiones y reposicionamientos internos. Las tensiones son más acusadas en aquellas formaciones que pretender ignorar el sentir mayoritario y dominante de la sociedad catalana. Y el desconcierto e irritación se acentúa en las formaciones nacionalistas españolas, que se niegan a aceptar la realidad y especialmente la voluntad popular. Utilizan métodos y discursos que rayan en el autoritarismo antidemocrático, por lo visto plenamente vigente en el pensamiento político actual de muchos españoles y especialmente, de sus dirigentes. Pero ello no es óbice para que los catalanes prosigamos nuestra marcha. Arrastramos con nosotros a políticos y servidores públicos, cargamos con pusilánimes e inmovilistas y obviamos algunos empresarios de mentes estrechas y bolsillos rebosantes, capaces de cualquier cosa, antes que aceptar los principios democráticos. Y también a los que creen que sus egoístas intereses particulares son lo único que cuenta, por encima del voto y los deseos de los ciudadanos de a pie. Esta es nuestra cruz. Pero no desfallecemos. Cargamos con todo ello con renovadas fuerzas, con mucha esperanza y siendo plenamente conscientes de las dificultades y sufrimientos que padeceremos antes de alcanzar nuestro objetivo. No importa. Venceremos. Tardaremos más o menos, pero como ha ocurrido a lo largo de la historia universal, la voluntad popular se impondrá a los subterfugios y mentiras de los poderes fácticos. El primer paso ha sido la Declaración de Soberanía. El último, la independencia.