Las dos formaciones políticas inequívocamente independentistas han presentado ante el registro del Parlament de Catalunya el acuerdo sobre la Declaración de inicio del proceso de independencia. El texto que se someterá a la aprobación de los diputados consta de un preámbulo y de nueve puntos, que desarrollan todas las decisiones y acciones que el Parlament y el govern de la Generalitat habrán de asumir y cumplir para poder alcanzar, llegado el caso, un nuevo Estado catalán libre y soberano.
El lector puede imaginarse el revuelo que este hecho ha provocado dentro del gobierno de España, entre los partidos unionistas y los medios de comunicación de Madrid: Un auténtico terremoto político. No se lo esperaban, a pesar que estaba anunciado en la hoja de ruta de los independentistas sometido a la aprobación de los ciudadanos las pasadas elecciones. A los estupefactos unionistas les ha faltado tiempo para volver a lanzar las consabidas amenazas policiales, judiciales e incluso unas cuantas advertencias políticas de propina, contra Artur Mas, Junts pel Sí, las CUP y todo aquel o aquello que tenga que ver con el proceso independentista. A Carme Forcadell, presidenta del Parlament, UPyD quiere que los jueces imputen a ella y a los miembros de la mesa del Parlament que han votado a favor de la admisión de la Declaración, por un delito de sedición. "Una provocación", ha dicho Mariano Rajoy. "No
conseguirán sus objetivos", ha añadido. De hecho ha amenazado con la intervención del Tribunal Constitucional Español el cual, recordemos, recientemente ha sido armado con los instrumentos necesarios para impedir que el contenido de la resolución soberanista llegue a consumarse. Son armas equivalentes a las que pudiera utilizar un verdugo para ejecutar a los condenados: una cuerda, un sable o el garrote vil. En este caso, el farragoso y tortuoso código penal español. En la España de Mariano Rajoy, el Tribunal Constitucional tiene plenos poderes para hacer cumplir sus propias sentencias de forma implacable e inexorable. El árbitro constitucional castellano deviene fiscal, juez y verdugo a la vez. La presunción de inocencia y la división de poderes están muertas en España. ¡Tanto como el mismísimo Montesquieu!. Por esta razón el papel del abogado defensor es tan irrelevante.... ¡En España, naturalmente!.
Paralelamente, la judicatura, la fiscalía y las fuerzas policiales han retomado con renovado entusiasmo las investigaciones alrededor de Jordi Pujol i Soley y su familia. Los medios de comunicación han sido convenientemente pre-avisados por la autoridad competente con muchas horas de anticipación para que se personasen ante el domicilio del expresidente para informar y grabar con todo lujo de detalles el vistoso espectáculo ofrecido ante el despliegue de decenas de policías y funcionarios judiciales ajetreados, a las órdenes de los fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional, venidos expresamente desde Madrid. Previamente advirtieron , empero, que en el transcurso de la representación no se producirían detenciones. Resultaban innecesarias, ya que la pena del telediario se ha cumplido igualmente con represiva precisión castellana.... ¡Como siempre!.
¡Ha estallado el encontronazo definitivo!. Catalunya quiere la libertad y el Estado español quiere mantener incólumes la supremacía política y burocrática y los privilegios económicos y fiscales adquiridos en Catalunya los últimos trescientos años mediante el tronado derecho de conquista, muy enraizado y siempre vigente dentro la cultura castellana. Catalunya quiere la independencia conseguida pacíficamente a través del escrupuloso respeto de los principios democráticos, mientras que España se opone utilizando aquello que el periodista Enric Juliana califica como Brigada Aranzadi -en realidad una verdadera División acorazada- conformada por la abogacía del Estado, la fiscalía, la judicatura y el Tribunal Constitucional, enfrentando la justicia castellana a la legitimidad democrática. Un verdadero catacroc entre legitimidad catalana y legalidad española..... ¡Entre Catalunya y España!.
Francamente, creo que España ha perdido de antemano la partida. Sus reacciones no solo resultan extemporáneas y desproporcionadas. También son ridículas. Y peligrosas, puesto que son producto de la rabia, del desconcierto y de la ignorancia voluntaria resultante de no querer reconocer la realidad..... El problema no es Catalunya. El problema es España y su falta de calidad democrática. El autoritarismo impositivo innato de las élites dirigentes castellanas -¡españolas!- y la debilidad democrática de las instituciones públicas y privadas del Estado resultan lo más peligroso de todo. Es precisamente esto lo que puede provocar un estallido termonuclear en el Estado. Si ello pasase, quien más tiene que perder es España, no Catalunya. Por que Catalunya hace tres siglos que lucha por sobrevivir dentro de un estado que le es hostil y arduo, y estamos acostumbrados a padecer. Pero España puede perderlo todo, desde los privilegios artificiales de sus dirigentes hasta el menguante prestigio internacional, pasando por el declive económico, social, de empresas y ciudadanos definitivo..... ¡Un auténtico desastre!. Todo esto por no querer aceptar sin excusas los principios democráticos universalmente reconocidos.... Y por no querer ver ni entender la verdadera realidad de Catalunya.
El lector puede imaginarse el revuelo que este hecho ha provocado dentro del gobierno de España, entre los partidos unionistas y los medios de comunicación de Madrid: Un auténtico terremoto político. No se lo esperaban, a pesar que estaba anunciado en la hoja de ruta de los independentistas sometido a la aprobación de los ciudadanos las pasadas elecciones. A los estupefactos unionistas les ha faltado tiempo para volver a lanzar las consabidas amenazas policiales, judiciales e incluso unas cuantas advertencias políticas de propina, contra Artur Mas, Junts pel Sí, las CUP y todo aquel o aquello que tenga que ver con el proceso independentista. A Carme Forcadell, presidenta del Parlament, UPyD quiere que los jueces imputen a ella y a los miembros de la mesa del Parlament que han votado a favor de la admisión de la Declaración, por un delito de sedición. "Una provocación", ha dicho Mariano Rajoy. "No
conseguirán sus objetivos", ha añadido. De hecho ha amenazado con la intervención del Tribunal Constitucional Español el cual, recordemos, recientemente ha sido armado con los instrumentos necesarios para impedir que el contenido de la resolución soberanista llegue a consumarse. Son armas equivalentes a las que pudiera utilizar un verdugo para ejecutar a los condenados: una cuerda, un sable o el garrote vil. En este caso, el farragoso y tortuoso código penal español. En la España de Mariano Rajoy, el Tribunal Constitucional tiene plenos poderes para hacer cumplir sus propias sentencias de forma implacable e inexorable. El árbitro constitucional castellano deviene fiscal, juez y verdugo a la vez. La presunción de inocencia y la división de poderes están muertas en España. ¡Tanto como el mismísimo Montesquieu!. Por esta razón el papel del abogado defensor es tan irrelevante.... ¡En España, naturalmente!.
Paralelamente, la judicatura, la fiscalía y las fuerzas policiales han retomado con renovado entusiasmo las investigaciones alrededor de Jordi Pujol i Soley y su familia. Los medios de comunicación han sido convenientemente pre-avisados por la autoridad competente con muchas horas de anticipación para que se personasen ante el domicilio del expresidente para informar y grabar con todo lujo de detalles el vistoso espectáculo ofrecido ante el despliegue de decenas de policías y funcionarios judiciales ajetreados, a las órdenes de los fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional, venidos expresamente desde Madrid. Previamente advirtieron , empero, que en el transcurso de la representación no se producirían detenciones. Resultaban innecesarias, ya que la pena del telediario se ha cumplido igualmente con represiva precisión castellana.... ¡Como siempre!.
¡Ha estallado el encontronazo definitivo!. Catalunya quiere la libertad y el Estado español quiere mantener incólumes la supremacía política y burocrática y los privilegios económicos y fiscales adquiridos en Catalunya los últimos trescientos años mediante el tronado derecho de conquista, muy enraizado y siempre vigente dentro la cultura castellana. Catalunya quiere la independencia conseguida pacíficamente a través del escrupuloso respeto de los principios democráticos, mientras que España se opone utilizando aquello que el periodista Enric Juliana califica como Brigada Aranzadi -en realidad una verdadera División acorazada- conformada por la abogacía del Estado, la fiscalía, la judicatura y el Tribunal Constitucional, enfrentando la justicia castellana a la legitimidad democrática. Un verdadero catacroc entre legitimidad catalana y legalidad española..... ¡Entre Catalunya y España!.
Francamente, creo que España ha perdido de antemano la partida. Sus reacciones no solo resultan extemporáneas y desproporcionadas. También son ridículas. Y peligrosas, puesto que son producto de la rabia, del desconcierto y de la ignorancia voluntaria resultante de no querer reconocer la realidad..... El problema no es Catalunya. El problema es España y su falta de calidad democrática. El autoritarismo impositivo innato de las élites dirigentes castellanas -¡españolas!- y la debilidad democrática de las instituciones públicas y privadas del Estado resultan lo más peligroso de todo. Es precisamente esto lo que puede provocar un estallido termonuclear en el Estado. Si ello pasase, quien más tiene que perder es España, no Catalunya. Por que Catalunya hace tres siglos que lucha por sobrevivir dentro de un estado que le es hostil y arduo, y estamos acostumbrados a padecer. Pero España puede perderlo todo, desde los privilegios artificiales de sus dirigentes hasta el menguante prestigio internacional, pasando por el declive económico, social, de empresas y ciudadanos definitivo..... ¡Un auténtico desastre!. Todo esto por no querer aceptar sin excusas los principios democráticos universalmente reconocidos.... Y por no querer ver ni entender la verdadera realidad de Catalunya.
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