España resulta un país auténticamente curioso. La prensa -cavernaria o aliancista, da igual- anunció con irreprimibles muestras de gozo y alegría que el Tribunal Constitucional anularía la consulta del 9 de noviembre pasado. Incluso el mismísimo Mariano Rajoy se ha sumado a la fiesta al afirmar durante el debate del Estado de la nación que el alto tribunal procedería a declarar inconstitucional la ley catalana de consultas y el decreto firmado por Artur Mas convocando el supuesto referéndum, el cual naturalmente había sido declarado inconstitucional preventivamente. Lo que resulta más estrambótico e inverosímil es que todas estas circunstancias han sido aireadas antes que se dictara sentencia y por tanto que se supieran las conclusiones definitivas de los magistrados. Precisamente hoy se han pronunciado en contra, por supuesto, tanto de la ley como del decreto.
¿Que quiere decir todo esto?. Pues que los magistrados que conforman el tribunal continúan siendo absolutamente previsibles. Y altamente leales a los principios partidistas representados por la entelequia PPSOE. Nada ni nadie altera sus decisiones, las cuales siempre están dictadas a favor del mismo bando. Es decir, a favor del Gobierno español de turno. En este caso, popular. Pero esto también quiere decir que continúa siendo una institución obsoleta y plenamente amortizada, falta de objetividad, de sentido de justicia y de ética política, y absolutamente complaciente y servil con los deseos de la clase dirigente castellano-estatalista. El TC ofrece la imagen más exacta del talante en el cual se halla atrapado este Estado y nos aclara definitivamente que no existe la división de poderes. Montesquieu, en España, no se le conoce ni se le quiere conocer. ¡Ni se le espera.....!.
Podríamos añadir a esta crónica no exhaustiva las presuntas corruptelas detectadas en el mundo judicial de la comunidad de Madrid, donde el gobierno autonómico gratifica -por supuesto, indirectamente- a muchos jueces, fiscales y secretarios judiciales con dinero -lo llaman primas- a cambio de un supuesto asesoramiento en el campo informático dentro de la justicia. También podríamos añadir las militancias interruptus del presidente del alto tribunal y otros magistrados, dentro de las filas populares. O la utilización partidista que hacen de la policía -el caso de la UDEF resulta escandaloso-, o del ministerio de Hacienda y las amenazas a diestro y siniestro del ministro Montoro..... Se mire como se mire, la infiltración popular dentro de las instituciones del Estado ha adquirido las características propias de una infección séptica generalizada. La corrupción, corruptelas y vicios se han extendido por casi todas las instituciones y comunidades autónomas, con mayor o menor intensidad. La transmisión de esta peste se produce fundamentalmente a través de casi todos los partidos políticos, infectados por este virus.... Pero quién se lleva la mayor dosis de enviciamiento es el Partido Popular, el partido del presidente del Gobierno, salpicado de porquería hasta la médula dirigente. Incluso la mierda llega hasta las propias cejas del señor Rajoy, en calidad de máximo responsable de los populares. ¡Que eyecta a todo el Estado por su condición de jefe del Gobierno....!.
Tanto da que se declare inconstitucional la ley de consultas, o el decreto de convocatoria. Nos importa un rábano que nos declaren inconstitucionales a dos millones cuatrocientas mil personas que decidimos votar el 9 de noviembre, a pesar de todos los obstáculos. Cuando una constitución es utilizada como un vulgar garrote con el cual aporrear voluntades y principios ciudadanos, esta constitución pasa a ser inequívocamente.....¡inconstitucional!. Utilizarla como un instrumento represor la convierte en antidemocrática. Todo ello clarifica y facilita mucho las decisiones que hemos de tomar los catalanes. Haremos una Declaración Unilateral de Independencia y romperemos definitivamente con la legalidad española.... Como decimos en catalán, después bon vent i barca nova!.
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