Empieza a ser una mala costumbre del gobierno de Madrid meter la pata hasta la ingle, cuando decide, ordena y manda sobre algunas situaciones imprevistas que afectan y a menudo sacuden directamente la ciudadanía de todo el Estado en su devenir cotidiano. Situaciones que no hacen más que demostrar la persistente incompetencia que padecen los gobernantes españoles. Tanto da que se trate de asuntos políticos, o catástrofes naturales, crisis sociales o económicas, asuntos financieros y bancarios, o relativos a la educación y a la salud pública. Los ejemplos abarcan todo el arco de materias y temas que pueden incidir en una sociedad moderna del siglo XXI, la cual se muestra perpleja ante la actuación de un gobierno firmemente anclado aún en el siglo XIX; o siendo muy generosos, a principios del XX. No resulta nada extraño que sean precisamente los rasgos marcadamente conservadores -bien desvergonzadamente de derechas o supuestamente de izquierdas- los predominantes dentro de las altas esferas madrileñas, encargadas desde siempre de la buena marcha y gobernabilidad de todo el Estado. Recordemos que España es una nación imperturbable e inmemorial, que arrastra tras de si una larga historia y onerosos complejos de inferioridad o superioridad, según convenga. Por esta razón el empalagoso tradicionalismo hispano, más que ser una virtud deviene una maldición.
Hallaremos mil ejemplos: el terrorismo de Estado en manos del GAL; el hundimiento del Prestige y el consiguiente chapapote; meternos en una guerra injusta a la búsqueda de armas de destrucción masiva inexistentes; atribuir a ETA la masacre del 11 de marzo de 2004 cometido por los terroristas islámicos; estimular la burbuja urbanística y la especulación por todo el territorio; el paro desbocado gracias a la reforma laboral aprobada para satisfacer a la Patronal; los desahucios generalizados sin contemplar la dación en pago como alternativa, para gozo y disfrute de la banca; el aumento de la desigualdad social, la devaluación salarial y la pobreza infantil; la amnistía fiscal -por cierto, sin conseguir los objetivos deseados-; el escándalo BANKIA, y Caja Madrid, y Gürtel, y ERE's andaluces, y Caixa Catalunya; el caso Palau, y Bárcenas, y Blesa; los ex-jueces Elpidio Silva y Baltasar Garzón, osados instructores de algunos de los casos mencionados; los sobres repletos de dinero negro repartidos entre los más populares entre populares; las tarjetas de crédito a disposición de los consejeros -¡los aprovechados!- de Caja Madrid; la pretensión de querer españolizar los escolares catalanes y pagar la escuela privada -por imposición de la ley Wert, a cargo de la Generalitat- para los niños que rechacen -¡sus padres!- la escolarización en catalán; la congelación de las pensiones, los recortes de las prestaciones de desempleo con una tasa de paro del 25%; o el debilitamiento -y casi desmantelamiento- de la sanidad pública y la privatización encubierta de la misma. La última fechoría cometida por Madrit ha sido la lamentable gestión hecha por el ministerio de Sanidad sobre el ébola. La incompetencia del Gobierno de Rajoy nos ha llevado ahora a la emergencia sanitaria más grave ocurrida los últimos tiempos en el Estado español y de rebote, en toda Europa.
A menudo la incompetencia se transforma en negligencia. Este es el caso, entre otros, del principal asunto político que tiene planteado el Estado en la actualidad. Concretamente por el trato que da Madrit a Catalunya. Es decir, por la incomprensión demostrada sobre la realidad catalana por ignorancia voluntaria; por no querer escuchar las demandas y anhelos mayoritarios de los ciudadanos; la burda utilización de la legislación y de los jueces para hacer callar, reprimir y destrozar el catalanismo; retorcer la Constitución hasta convertirla en un vulgar y odioso garrote; hacer servir a los magistrados constitucionales como meros ejecutores de la versátil ideología gubernamental de cada momento.... Si la Generalitat se duele del expolio fiscal que padece Catalunya, el Gobierno español se inventa una balanzas fiscales que demuestran que no es cierto. Si el Gobierno catalán reclama la deuda acumulada por parte del Estado, ¡más de 9.000 millones de euros!, para afrontar sus compromisos financieros, la hacienda española habilita un fondo para prestar a la Generalitat a un interés razonable los recursos que previamente han sido expoliados a todos los catalanes, año tras año -16.000 millones de euros-. Si los políticos y partidos catalanes se comprometen a satisfacer las demandas de la sociedad para conseguir el ejercicio del derecho a decidir, estos políticos están perdidos: en un pis plas surgen mil dossieres de debajo de las piedras -las cloacas del Estado- que les imputan -y ya les declara culpables- como corruptos, mafiosos, golpistas y dictatoriales, mientras los verdugos de la caverna mediática afilan sus hachas y espadas para cortar cabezas o degollarles en la plaza pública. El Gobierno contrapone el Estado de Derecho -en España quiere decir derecho del estado- a Democracia, y legalidad a legitimidad. Enfrentan ley y orden contra sentido común y libertad. La ley española no tiene nada que ver con impartir justicia; antes al contrario, se reviste con una pátina de escasa legitimidad para aparentar ecuanimidad. La separación de poderes, para el gobierno de España, es pura ilusión. Influye y manipula la fiscalía, la policía, los medios de comunicación públicos -y también muchos privados-, la justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, las Cortes -con el abrumador uso que hace de la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado- y todo aquello que pueda servirle para imponer y conseguir la hegemonía absoluta.
Como resulta evidente la capacidad de seducción española inspirada por las élites ultra-conservadoras dominantes en el Estado no causa el mínimo efecto sobre los catalanes. En realidad, para nosotros resulta cargante. España está en manos de unos pocos miles de personas radicadas en Madrid que acaparan el poder político, mediático, económico, financiero, burocrático y la judicatura, los cuales porfían por mantener los privilegios y prebendas conseguidos a lo largo de la historia. Esta privilegiada élite, que podríamos bautizar como los diabólicos 6.666, pasa olímpicamente por encima de los ingenuos y engañados ciudadanos españoles, de sus intereses y derechos. Habitualmente se reunen -física o virtualmente, tanto da- en el palco de honor del Bernabeu y hacen negocios sirviéndose del BOE y las relaciones incestuosas que mantienen entre ellos y la administración central. Por todo ello, Catalunya y los catalanes han pasado a ser una auténtica molestia. Resultamos irreductibles e insoportables y por tanto, nos consideran candidatos adecuados para recibir su agresiva atención. La mejor manera que creen tener para detener el empuje del pueblo catalán y nuestros anhelos y esperanzas de libertad e independencia, son prohibir la democracia, aniquilar las históricas instituciones catalanas de autogobierno, arruinar las finanzas de la Generalitat y estrangular la economía y las infraestructuras de Catalunya, para someterla a la fuerza. Y al mismo tiempo, perseguir política y judicialmente la lengua catalana dentro de Catalunya y especialmente en el País Valenciano, las Islas Baleares y la Franja de Ponent -Aragón-. Para España, esta es la mejor forma que existe para la expansión del pluralismo castellano para poder sustituir -aniquilar- la singularidad catalana y el pancatalanismo inherente -por cierto, inexistente- por el imperialismo castellano. Así pretenden resolver el llamado problema catalán. O por lo menos, como decía Ortega y Gasset, la conllevancia entre Catalunya y España.
El verdadero problema que existe, empero, es que la mayoría de catalanes hemos decidido no seguir con la conllevancia. Nos hemos cansado de conllevarnos con España. Como las dotes de seducción de los 6.666 hidalgos y altivos personajes que mandan, ordenan y acaparan desde Madrit son inexistentes, proseguiremos nuestra lucha hasta la victoria final, para alcanzar la plena soberanía, demandando a nuestros dirigentes que garanticen la celebración de la consulta y exigiendo a todo el mundo que respete nuestra devoción y confianza en los principios democráticos y, por tanto, que nos ayuden a conseguir el ejercicio de nuestro derecho de autodeterminación. Como tienen todas las naciones.
Para muchos catalanes, el problema es esta España pasada de moda y oscura, no Catalunya. Por tanto, yo votaré SI-SI.... Catalunya y los catalanes no podemos hacer otra cosa. Y nos merecemos la independencia. Después de trescientos años, nos la hemos ganado a pulso.
Hallaremos mil ejemplos: el terrorismo de Estado en manos del GAL; el hundimiento del Prestige y el consiguiente chapapote; meternos en una guerra injusta a la búsqueda de armas de destrucción masiva inexistentes; atribuir a ETA la masacre del 11 de marzo de 2004 cometido por los terroristas islámicos; estimular la burbuja urbanística y la especulación por todo el territorio; el paro desbocado gracias a la reforma laboral aprobada para satisfacer a la Patronal; los desahucios generalizados sin contemplar la dación en pago como alternativa, para gozo y disfrute de la banca; el aumento de la desigualdad social, la devaluación salarial y la pobreza infantil; la amnistía fiscal -por cierto, sin conseguir los objetivos deseados-; el escándalo BANKIA, y Caja Madrid, y Gürtel, y ERE's andaluces, y Caixa Catalunya; el caso Palau, y Bárcenas, y Blesa; los ex-jueces Elpidio Silva y Baltasar Garzón, osados instructores de algunos de los casos mencionados; los sobres repletos de dinero negro repartidos entre los más populares entre populares; las tarjetas de crédito a disposición de los consejeros -¡los aprovechados!- de Caja Madrid; la pretensión de querer españolizar los escolares catalanes y pagar la escuela privada -por imposición de la ley Wert, a cargo de la Generalitat- para los niños que rechacen -¡sus padres!- la escolarización en catalán; la congelación de las pensiones, los recortes de las prestaciones de desempleo con una tasa de paro del 25%; o el debilitamiento -y casi desmantelamiento- de la sanidad pública y la privatización encubierta de la misma. La última fechoría cometida por Madrit ha sido la lamentable gestión hecha por el ministerio de Sanidad sobre el ébola. La incompetencia del Gobierno de Rajoy nos ha llevado ahora a la emergencia sanitaria más grave ocurrida los últimos tiempos en el Estado español y de rebote, en toda Europa.
A menudo la incompetencia se transforma en negligencia. Este es el caso, entre otros, del principal asunto político que tiene planteado el Estado en la actualidad. Concretamente por el trato que da Madrit a Catalunya. Es decir, por la incomprensión demostrada sobre la realidad catalana por ignorancia voluntaria; por no querer escuchar las demandas y anhelos mayoritarios de los ciudadanos; la burda utilización de la legislación y de los jueces para hacer callar, reprimir y destrozar el catalanismo; retorcer la Constitución hasta convertirla en un vulgar y odioso garrote; hacer servir a los magistrados constitucionales como meros ejecutores de la versátil ideología gubernamental de cada momento.... Si la Generalitat se duele del expolio fiscal que padece Catalunya, el Gobierno español se inventa una balanzas fiscales que demuestran que no es cierto. Si el Gobierno catalán reclama la deuda acumulada por parte del Estado, ¡más de 9.000 millones de euros!, para afrontar sus compromisos financieros, la hacienda española habilita un fondo para prestar a la Generalitat a un interés razonable los recursos que previamente han sido expoliados a todos los catalanes, año tras año -16.000 millones de euros-. Si los políticos y partidos catalanes se comprometen a satisfacer las demandas de la sociedad para conseguir el ejercicio del derecho a decidir, estos políticos están perdidos: en un pis plas surgen mil dossieres de debajo de las piedras -las cloacas del Estado- que les imputan -y ya les declara culpables- como corruptos, mafiosos, golpistas y dictatoriales, mientras los verdugos de la caverna mediática afilan sus hachas y espadas para cortar cabezas o degollarles en la plaza pública. El Gobierno contrapone el Estado de Derecho -en España quiere decir derecho del estado- a Democracia, y legalidad a legitimidad. Enfrentan ley y orden contra sentido común y libertad. La ley española no tiene nada que ver con impartir justicia; antes al contrario, se reviste con una pátina de escasa legitimidad para aparentar ecuanimidad. La separación de poderes, para el gobierno de España, es pura ilusión. Influye y manipula la fiscalía, la policía, los medios de comunicación públicos -y también muchos privados-, la justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, las Cortes -con el abrumador uso que hace de la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado- y todo aquello que pueda servirle para imponer y conseguir la hegemonía absoluta.
Como resulta evidente la capacidad de seducción española inspirada por las élites ultra-conservadoras dominantes en el Estado no causa el mínimo efecto sobre los catalanes. En realidad, para nosotros resulta cargante. España está en manos de unos pocos miles de personas radicadas en Madrid que acaparan el poder político, mediático, económico, financiero, burocrático y la judicatura, los cuales porfían por mantener los privilegios y prebendas conseguidos a lo largo de la historia. Esta privilegiada élite, que podríamos bautizar como los diabólicos 6.666, pasa olímpicamente por encima de los ingenuos y engañados ciudadanos españoles, de sus intereses y derechos. Habitualmente se reunen -física o virtualmente, tanto da- en el palco de honor del Bernabeu y hacen negocios sirviéndose del BOE y las relaciones incestuosas que mantienen entre ellos y la administración central. Por todo ello, Catalunya y los catalanes han pasado a ser una auténtica molestia. Resultamos irreductibles e insoportables y por tanto, nos consideran candidatos adecuados para recibir su agresiva atención. La mejor manera que creen tener para detener el empuje del pueblo catalán y nuestros anhelos y esperanzas de libertad e independencia, son prohibir la democracia, aniquilar las históricas instituciones catalanas de autogobierno, arruinar las finanzas de la Generalitat y estrangular la economía y las infraestructuras de Catalunya, para someterla a la fuerza. Y al mismo tiempo, perseguir política y judicialmente la lengua catalana dentro de Catalunya y especialmente en el País Valenciano, las Islas Baleares y la Franja de Ponent -Aragón-. Para España, esta es la mejor forma que existe para la expansión del pluralismo castellano para poder sustituir -aniquilar- la singularidad catalana y el pancatalanismo inherente -por cierto, inexistente- por el imperialismo castellano. Así pretenden resolver el llamado problema catalán. O por lo menos, como decía Ortega y Gasset, la conllevancia entre Catalunya y España.
El verdadero problema que existe, empero, es que la mayoría de catalanes hemos decidido no seguir con la conllevancia. Nos hemos cansado de conllevarnos con España. Como las dotes de seducción de los 6.666 hidalgos y altivos personajes que mandan, ordenan y acaparan desde Madrit son inexistentes, proseguiremos nuestra lucha hasta la victoria final, para alcanzar la plena soberanía, demandando a nuestros dirigentes que garanticen la celebración de la consulta y exigiendo a todo el mundo que respete nuestra devoción y confianza en los principios democráticos y, por tanto, que nos ayuden a conseguir el ejercicio de nuestro derecho de autodeterminación. Como tienen todas las naciones.
Para muchos catalanes, el problema es esta España pasada de moda y oscura, no Catalunya. Por tanto, yo votaré SI-SI.... Catalunya y los catalanes no podemos hacer otra cosa. Y nos merecemos la independencia. Después de trescientos años, nos la hemos ganado a pulso.
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