Una sentida baja se ha producido en la guerra sin cuartel desatada entre España y Catalunya. Oriol Pujol i Ferrusola, hijo del M.H.S. Jordi Pujol i Soley, presidente de la Generalitat durante 23 años, ha sido abatido en el llamado caso ITV, víctima del fuego enemigo descargado por la judicatura española, después de cruenta y desigual batalla. Presumiblemente, la inmolación ha sido propiciada por el propio interfecto y el estúpido arrojo empleado en supuestos negocios privados, que infelizmente vieron la luz merced unas grabaciones (¡como no!) telefónicas, que por supuesto acabaron en manos de la fiscalía española. (Nota: Las grabaciones fueron pertinentemente filtradas a la prensa, ya que el sumario en cuestión había sido declarado secreto).
El poder judicial en España es nefasto. La policía, también. ¡Y no digamos las cúpulas de los partidos políticos!. El supuesto estado de derecho del que tanto se vanaglorian muchos españoles -singularmente aquellos que ostentan el gobierno de turno-, no es precisamente un modelo a seguir por nadie que no desee sufrir la mayor decepción de su vida. En España no existe la división de poderes. Algunos jueces y fiscales tienden a ser sumisos ante la ideología política dominante y notablemente permeables e influenciables, por los periodistas sin ética ni principios que tanto se prodigan por Madrid. Los procedimientos legales son extremadamente lentos y en consecuencia, injustos. A menudo se mueven por los impulsos políticos que derivan del eterno enfrentamiento entre populares y socialistas españoles, en busca de la hegemonía. En otras ocasiones son razones más prosaicas las que condicionan la actividad del poder judicial. Rivalidades entre jueces, politización de la fiscalía, luchas intestinas y corruptelas en el máximo órgano de gobierno de los jueces, afán de protagonismo, simpatías y rencores, envidias, etc... Asimismo, el lenguaje jurídico es tan tedioso como anacrónico, a la par que innecesariamente ampuloso. El mundo judicial está anquilosado y anticuado. Pero el mayor defecto que tiene la judicatura es utilizar los textos legales como mera excusa -en realidad, coartada- para no aplicar los principios que presiden el auténtico sentido de Justicia. Por ejemplo, si los jueces sabían que la Ley Hipotecaria de España era injusta, ¿porque la aplicaban?. Han tenido que esperar que el Tribunal Europeo dictaminara que es ilegal (por abusiva) para que cuestionen su aplicación. No es excusa argüir que se han limitado a aplicar la legislación hipotecaria española vigente, puesto que al hacerlo han sido injustos. Los jueces han fallado sistemáticamente a favor de los bancos -los poderosos- y contra los ciudadanos -los débiles-. Es decir, los jueces españoles han sido injustos.
La prevalencia de la literalidad de las leyes por encima de los principios de la Justicia, es la principal lacra que arrastra el sistema judicial español. Además, la ley se aplica con mayor o menor rigurosidad, según convenga. Véanse sino las continuas filtraciones -ilegales- de las actuaciones judiciales, que siempre causan graves perjuicios a los imputados. Por tanto, no se puede argumentar que las goteras judiciales provienen de las defensas. Frecuentemente, las filtraciones son utilizadas para condenar y ejecutar anticipadamente a los incriminados. La presunción de inocencia descansa en el mismo lugar que la independencia judicial. En el limbo, junto a las almas inocentes de los no bautizados. Si el imputado es un político, se utilizan para destruir la ideología que profesa. De este modo, se neutraliza al adversario político y se perjudica a su partido. Se abaten dos pájaros de un tiro. Pero al hacerlo desaparece el principio de Justicia. En el caso de las filtraciones de sumarios a la prensa, la ley es laxa y nunca se cumple. Jamás ha sucedido que el autor de una filtración haya sido puesto a disposición judicial.... ¿Porqué?. Pues porque cabe (mal)pensar que el origen de este delito se halla en el entorno de los propios jueces, entre los funcionarios de los juzgados. Como sea que los tribunales están condicionados por la falta de recursos, por la acumulación de legajos, por la burocracia e incluso por la fanfarronería, algunos servidores públicos flaquean ante las tentaciones y filtran más que un mejillón colgado en una batea.
Si nos detenemos a observar la policía española la situación empeora. Es espeluznante. Si alguna institución estatal es víctima de manipulación y abusos políticos, este es el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil (GC). Es cierto que, a menudo, los mandos policiales prefieren plegarse a las presiones políticas antes que salvaguardar los derechos y garantías de los investigados. También frecuentemente muchos funcionarios de ambos cuerpos se ven arrastrados y condicionados -algunos gustosamente- por sus propias convicciones y restricciones políticas y mentales. Cuando así sucede, pasan a ser simples esbirros en busca de enemigos a los que apabullar. Un claro ejemplo de utilización política de las fuerzas de seguridad lo encontramos en la persecución que están haciendo contra el proceso soberanista catalán. La penosa actuación de la virreina Llanos de Luna; falsos informes (UDEF) filtrados a la prensa nacional-españolista -avalados por Montoro y Saez de Santamaría, entre otros-; irresponsabilidad política de Fernández Díaz; desproporcionadas acciones contra alcaldes presuntamente corruptos; dramática ocupación cuasi-militar de instituciones o ayuntamientos por policías aparatosamente embozados; detenciones espectaculares y ostentosa requisa de documentación, cajas y otras pruebas... Casualmente casi siempre en presencia de cámaras de TV, casi en directo. Parecen actuaciones teatrales burdamente propagandísticas, montadas para demostrar contundencia, firmeza y contumacia -de cara a la galería-, más que cumplir un deber profesional con discreción y eficacia. Y en ocasiones, estas melodramáticas actuaciones escapan al control de los propios instructores. Las detenciones de Prenafeta y Alavedra, imputados en el caso Pretoria, así lo demuestran. Recordemos: dos señores obesos, casi ancianos, descamisados, sosteniendo bolsas de basura con pertenencias personales en el interior, sujetándose precariamente los pantalones libres de cinturones y tirantes, expuestos por la GC a escarnio público en el traslado a la prisión preventiva. Todas las cadenas de TV, todos los telenoticias exhibiendo las imágenes vejatorias, que acaban resultando auténticas ejecuciones públicas. Pues bien, a día de hoy, tres años después de la sentencia y ejecución populista, libres bajo fianza, ambos señores siguen encausados y según se comenta, sin que las autoridades sepan qué hacer con su imputación. Al fin y al cabo, se trata de dos reputados profesionales, apartados hace mucho tiempo de la política -ex militantes de CDC-, que fueron pillados.... haciendo negocios, por lo visto absolutamente legales. La humillación, el ridículo y la prisión provisional no la quitará nada ni nadie. Ni siquiera la probable sentencia absolutoria dictada muchos años después de ocurridos los hechos.
En ambos casos (judicial y policial), el descrédito tan marcado que padecen es debido a la nefasta influencia de la mala praxis política. Los profesionales de ambos cuerpos suelen ceder al dictado partidista de sus mandos y responsables políticos. Permiten que las influencias e intereses, ahora populares, después socialistas, condicionen sus actuaciones, frecuentemente obviando profesionalidad y ética. ¿Son conscientes de los recelos que despiertan entre la ciudadanía?. No creo. Por mi parte, no confío ni en la justicia, ni en la policía españoles. Y ello a causa de la perniciosa influencia que ejercen las derechas e izquierdas españolistas, así como la flacidez ética y profesional que muestran muchos de sus integrantes. Por cierto, todo ello también es corrupción. Y de la gorda.
Oriol Pujol Ferrusola ha sido imputado por tráfico de influencias en el caso ITV. Las actuaciones judiciales secretas han sido profusamente publicadas en la prensa estatal. Las transcripciones de las grabaciones telefónicas han sido generosamente difundidas en los medios de comunicación, previa filtración. Los investigadores de hacienda han dictaminado que posiblemente existen indicios de delito. La policía cree que es colaborador necesario en la puesta en marcha de la trama delictiva..... El señor Oriol Pujol no goza de la intrínseca presunción de inocencia que sí disfrutaría en cualquier otro estado democrático del Mundo. La prensa no lo permite. A la policía no le importa. Y a la judicatura española no le preocupa. Se le exige que renuncie a todos sus cargos, así como a su sueldo de diputado. Además, Oriol Pujol forma parte de una familia que es presa entre las fauces de la caverna mediática madrileña y de la santa alianza barcelonesa. Oriol Pujol, D.E.P....
Si el señor Oriol Pujol Ferrusola es culpable, que sea condenado por los jueces y pague su culpa. Si es inocente, ya ha sido ajusticiado preventivamente ante la opinión pública..... Pero reflexionemos. Si tenemos la desgracia de ser investigados por policías sin escrúpulos y juzgados por jueces partidistas, cualquiera de nosotros podemos sufrir en nuestras propias carnes la falta de auténtica Justicia, a causa de nuestra personal e inviolable ideología política. Se trataría del agravante político: en este caso, ensañamiento por catalanismo soberanista. Terrorífico. Realmente espeluznante.
El poder judicial en España es nefasto. La policía, también. ¡Y no digamos las cúpulas de los partidos políticos!. El supuesto estado de derecho del que tanto se vanaglorian muchos españoles -singularmente aquellos que ostentan el gobierno de turno-, no es precisamente un modelo a seguir por nadie que no desee sufrir la mayor decepción de su vida. En España no existe la división de poderes. Algunos jueces y fiscales tienden a ser sumisos ante la ideología política dominante y notablemente permeables e influenciables, por los periodistas sin ética ni principios que tanto se prodigan por Madrid. Los procedimientos legales son extremadamente lentos y en consecuencia, injustos. A menudo se mueven por los impulsos políticos que derivan del eterno enfrentamiento entre populares y socialistas españoles, en busca de la hegemonía. En otras ocasiones son razones más prosaicas las que condicionan la actividad del poder judicial. Rivalidades entre jueces, politización de la fiscalía, luchas intestinas y corruptelas en el máximo órgano de gobierno de los jueces, afán de protagonismo, simpatías y rencores, envidias, etc... Asimismo, el lenguaje jurídico es tan tedioso como anacrónico, a la par que innecesariamente ampuloso. El mundo judicial está anquilosado y anticuado. Pero el mayor defecto que tiene la judicatura es utilizar los textos legales como mera excusa -en realidad, coartada- para no aplicar los principios que presiden el auténtico sentido de Justicia. Por ejemplo, si los jueces sabían que la Ley Hipotecaria de España era injusta, ¿porque la aplicaban?. Han tenido que esperar que el Tribunal Europeo dictaminara que es ilegal (por abusiva) para que cuestionen su aplicación. No es excusa argüir que se han limitado a aplicar la legislación hipotecaria española vigente, puesto que al hacerlo han sido injustos. Los jueces han fallado sistemáticamente a favor de los bancos -los poderosos- y contra los ciudadanos -los débiles-. Es decir, los jueces españoles han sido injustos.
La prevalencia de la literalidad de las leyes por encima de los principios de la Justicia, es la principal lacra que arrastra el sistema judicial español. Además, la ley se aplica con mayor o menor rigurosidad, según convenga. Véanse sino las continuas filtraciones -ilegales- de las actuaciones judiciales, que siempre causan graves perjuicios a los imputados. Por tanto, no se puede argumentar que las goteras judiciales provienen de las defensas. Frecuentemente, las filtraciones son utilizadas para condenar y ejecutar anticipadamente a los incriminados. La presunción de inocencia descansa en el mismo lugar que la independencia judicial. En el limbo, junto a las almas inocentes de los no bautizados. Si el imputado es un político, se utilizan para destruir la ideología que profesa. De este modo, se neutraliza al adversario político y se perjudica a su partido. Se abaten dos pájaros de un tiro. Pero al hacerlo desaparece el principio de Justicia. En el caso de las filtraciones de sumarios a la prensa, la ley es laxa y nunca se cumple. Jamás ha sucedido que el autor de una filtración haya sido puesto a disposición judicial.... ¿Porqué?. Pues porque cabe (mal)pensar que el origen de este delito se halla en el entorno de los propios jueces, entre los funcionarios de los juzgados. Como sea que los tribunales están condicionados por la falta de recursos, por la acumulación de legajos, por la burocracia e incluso por la fanfarronería, algunos servidores públicos flaquean ante las tentaciones y filtran más que un mejillón colgado en una batea.
Si nos detenemos a observar la policía española la situación empeora. Es espeluznante. Si alguna institución estatal es víctima de manipulación y abusos políticos, este es el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil (GC). Es cierto que, a menudo, los mandos policiales prefieren plegarse a las presiones políticas antes que salvaguardar los derechos y garantías de los investigados. También frecuentemente muchos funcionarios de ambos cuerpos se ven arrastrados y condicionados -algunos gustosamente- por sus propias convicciones y restricciones políticas y mentales. Cuando así sucede, pasan a ser simples esbirros en busca de enemigos a los que apabullar. Un claro ejemplo de utilización política de las fuerzas de seguridad lo encontramos en la persecución que están haciendo contra el proceso soberanista catalán. La penosa actuación de la virreina Llanos de Luna; falsos informes (UDEF) filtrados a la prensa nacional-españolista -avalados por Montoro y Saez de Santamaría, entre otros-; irresponsabilidad política de Fernández Díaz; desproporcionadas acciones contra alcaldes presuntamente corruptos; dramática ocupación cuasi-militar de instituciones o ayuntamientos por policías aparatosamente embozados; detenciones espectaculares y ostentosa requisa de documentación, cajas y otras pruebas... Casualmente casi siempre en presencia de cámaras de TV, casi en directo. Parecen actuaciones teatrales burdamente propagandísticas, montadas para demostrar contundencia, firmeza y contumacia -de cara a la galería-, más que cumplir un deber profesional con discreción y eficacia. Y en ocasiones, estas melodramáticas actuaciones escapan al control de los propios instructores. Las detenciones de Prenafeta y Alavedra, imputados en el caso Pretoria, así lo demuestran. Recordemos: dos señores obesos, casi ancianos, descamisados, sosteniendo bolsas de basura con pertenencias personales en el interior, sujetándose precariamente los pantalones libres de cinturones y tirantes, expuestos por la GC a escarnio público en el traslado a la prisión preventiva. Todas las cadenas de TV, todos los telenoticias exhibiendo las imágenes vejatorias, que acaban resultando auténticas ejecuciones públicas. Pues bien, a día de hoy, tres años después de la sentencia y ejecución populista, libres bajo fianza, ambos señores siguen encausados y según se comenta, sin que las autoridades sepan qué hacer con su imputación. Al fin y al cabo, se trata de dos reputados profesionales, apartados hace mucho tiempo de la política -ex militantes de CDC-, que fueron pillados.... haciendo negocios, por lo visto absolutamente legales. La humillación, el ridículo y la prisión provisional no la quitará nada ni nadie. Ni siquiera la probable sentencia absolutoria dictada muchos años después de ocurridos los hechos.
En ambos casos (judicial y policial), el descrédito tan marcado que padecen es debido a la nefasta influencia de la mala praxis política. Los profesionales de ambos cuerpos suelen ceder al dictado partidista de sus mandos y responsables políticos. Permiten que las influencias e intereses, ahora populares, después socialistas, condicionen sus actuaciones, frecuentemente obviando profesionalidad y ética. ¿Son conscientes de los recelos que despiertan entre la ciudadanía?. No creo. Por mi parte, no confío ni en la justicia, ni en la policía españoles. Y ello a causa de la perniciosa influencia que ejercen las derechas e izquierdas españolistas, así como la flacidez ética y profesional que muestran muchos de sus integrantes. Por cierto, todo ello también es corrupción. Y de la gorda.
Oriol Pujol Ferrusola ha sido imputado por tráfico de influencias en el caso ITV. Las actuaciones judiciales secretas han sido profusamente publicadas en la prensa estatal. Las transcripciones de las grabaciones telefónicas han sido generosamente difundidas en los medios de comunicación, previa filtración. Los investigadores de hacienda han dictaminado que posiblemente existen indicios de delito. La policía cree que es colaborador necesario en la puesta en marcha de la trama delictiva..... El señor Oriol Pujol no goza de la intrínseca presunción de inocencia que sí disfrutaría en cualquier otro estado democrático del Mundo. La prensa no lo permite. A la policía no le importa. Y a la judicatura española no le preocupa. Se le exige que renuncie a todos sus cargos, así como a su sueldo de diputado. Además, Oriol Pujol forma parte de una familia que es presa entre las fauces de la caverna mediática madrileña y de la santa alianza barcelonesa. Oriol Pujol, D.E.P....
Si el señor Oriol Pujol Ferrusola es culpable, que sea condenado por los jueces y pague su culpa. Si es inocente, ya ha sido ajusticiado preventivamente ante la opinión pública..... Pero reflexionemos. Si tenemos la desgracia de ser investigados por policías sin escrúpulos y juzgados por jueces partidistas, cualquiera de nosotros podemos sufrir en nuestras propias carnes la falta de auténtica Justicia, a causa de nuestra personal e inviolable ideología política. Se trataría del agravante político: en este caso, ensañamiento por catalanismo soberanista. Terrorífico. Realmente espeluznante.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada