El proceso soberanista catalán sufre un abominable hostigamiento por parte del Estado español. Por tierra, mar y aire. Es decir, con el concurso de la inexorable intervención que hacen los distintos medios de comunicación oficiales y oficiosos -desde la caverna madrileña a la prensa regionalista catalana-, propalando informaciones manipuladas, sesgados artículos de opinión absolutamente partidistas y desarrollando agresivas campañas de saturación publicitaria. España también presiona a través del terrorismo financiero que practica el mismísimo gobierno español con el incumplimiento sistemático de inversiones vitales en obra pública formalmente comprometidas; retrasando las transferencias financieras que aliviarían la falta de liquidez de la Generalitat; promoviendo recortes sociales indiscriminadamente; impulsando nuevos gastos -a cargo de los gobiernos autonómicos- sin consignar los pertinentes recursos presupuestarios; boicoteando nuevas figuras impositivas o tasas creadas por las comunidades, en una desleal actitud de puro y duro sabotaje institucional; coaccionando a empresas privadas con llamamientos a la deslocalización -hacia territorio nacional- y dificultando nuevas inversiones previstas; o centrifugando el déficit público acumulado por la administración central hacia las autonomías. Así mismo utiliza artimañas estrictamente políticas, esgrimiendo torticeramente el sagrado e inmutable texto constitucional, invadiendo desvergonzadamente competencias autonómicas e impulsando nuevas leyes, reglamentos y decretos, encaminados todos ellos, además de entrometerse en el quehacer cotidiano de las autonomías, en lograr una nueva y anhelada recentralización del Estado. Por supuesto, apelando incansablemente a rimbombantes y falaces argumentos tales como unidad de mercado, solidaridad interterritorial o a una (in)necesaria coordinación competencial, después de amenazar y chantajear impunemente a la Generalitat. Lo dicho. Acorralamiento total por tierra, mar y aire. Y si es necesario no duda en servirse de los servicios secretos, de la policía nacional y la guardia civil, de las cloacas del estado e incluso de jueces y fiscales, todos ellos preventiva y convenientemente aleccionados a favor del Estado español. Todo vale en la guerra contra el independentismo catalán.
Con estos antecedentes cabe preguntarse: Los catalanes, ¿tenemos derecho a la legitima defensa?. No debemos olvidar que lo único que pretendemos es poder ejercer el derecho a decidir sobre el futuro de Catalunya y nuestras relaciones con el resto del Mundo. Queremos ejercer el derecho de autodeterminación, libre y democráticamente. Y la respuesta de España, por el momento, se limita a decir que no, no y no. "El pueblo catalán no es sujeto de soberanía". "La constitución no permite ningún referéndum". "Catalunya no es una nación". Estos y otros muchos argumentos similares son la paradójica afirmación, -¡no, no,no!-, utilizada por los nacionalistas españoles para imponer su anacrónica visión de España, de la Constitución e incluso del Estado de derecho; y la particular concepción que tienen de los principios de la democracia. Ahora bien. Al mismo tiempo que se llenan la boca de sinceras apelaciones al diálogo -bajo estrictas y restringidas condiciones-, al sentido común y a la legalidad vigente -ambas acepciones ajenas al omnipresente e intolerante nacional-españolismo-, todo el aparato del estado se moviliza como un solo hombre para enfrentarse e impedir un sencillo y modesto ejercicio democrático, consistente en que los catalanes podamos responder una simple pregunta: ¿Queremos o no la independencia de Catalunya?.
Por supuesto, después de lo visto y padecido, los catalanes tenemos todo el derecho del mundo a la autodefensa. Con cualquier tipo de argumentos a nuestro alcance. Nuestra fuerza radica en sólidos principios democráticos. Para poder alcanzar la ansiada independencia, gozamos de la legitimidad moral de la que carece el Estado español a causa de sus reiteradas negativas, imposiciones y agresiones políticas y financieras, así como por la desaforada guerra sucia desatada contra el independentismo catalán.
De acuerdo. Tenemos derecho a la autodefensa. Pero, ¿como?. Ya en la actualidad existe un poso en la sociedad catalana que pudiera resultar favorable al inicio de contundentes acciones de desobediencia civil. Van desde el desacato de arbitrarias resoluciones judiciales, hasta la insumisión fiscal. Pasando por no reconocer la legitimidad del Tribunal Constitucional de actuar como tercera cámara legislativa, curiosamente siempre contra Catalunya. O de no aceptar las deleznables imposiciones económicas y sociales merkelianas que tan suicidamente defiende el Gobierno de España.
Algunas preguntas podrían hallar cumplida respuesta con el presumible inicio de la reacción catalana, en un no tan lejano futuro. ¿Porqué deberíamos seguir aceptando la interpretación nacional-españolista que hace el Tribunal Supremo, o la Audiencia Nacional, en lo referido al modelo escolar y la lengua catalana?. Las reiteradas sentencias de estas instancias judiciales españolas siempre han sido favorables a los supuestos derechos de unas poquísimas familias de castellano parlantes -hostilmente anti-catalanas-, frente a los derechos de la inmensa mayoría de familias catalanas que aceptan y defienden las leyes aprobadas por el Parlament -con la única oposición de los nacional-españolistas del PP y Ciudadanos- y prudentemente aplicada por el Gobierno de la Generalitat. De igual forma, la deslegitimación acumulada por el Tribunal Constitucional, tanto por la composición partidista de sus miembros -todos ellos con demostrada fidelidad y dependencia del PP y PSOE-, como por la naturaleza de las resoluciones que adopta cuando se trata de dictaminar sobre asuntos catalanes, avalaría la insumisión ciudadana. ¡De ninguna manera tenemos que aguantar la animadversión demostrada por el TC y en general, por la judicatura castellana contra Catalunya!.
La insumisión fiscal es el argumento más temido por el Gobierno de Madrid. No en vano se trata del arma más poderosa en manos del catalanismo. Además, una supuesta negativa de los ciudadanos catalanes a pagar los impuestos a la hacienda española, estaría plenamente justificada. Los reiterados incumplimientos españoles en materia de inversiones para Catalunya aprobadas en los presupuestos generales del estado y jamás ejecutadas en su totalidad; el reiterado incumplimiento de la legislación española, por parte del Gobierno de Madrid, en materia de financiación -fondo de competitividad- y disposición adicional tercera del vigente estatuto catalán; o el continuado expolio fiscal que sufrimos los ciudadanos catalanes en manos del Estado español desde siempre, así lo demuestran. La insumisión fiscal, unido a una previsible negativa en seguir ejecutando los recortes sociales e imposiciones económicas decididamente suicidas, inspirados por el BCE y Angela Merkel, y promovidos y defendidos por el gobierno Rajoy, causarían un auténtico terremoto en España y, quien sabe, incluso en la zona Euro y por extensión en el resto de la UE.
La desobediencia civil de los catalanes será el resultado lógico a la hostilidad desatada por el Gobierno de España, por el PP que le da soporte -y el PSOE que le da oposición-, por algunos jueces y fiscales, y por los medios de comunicación cavernarios. Todos ellos abducidos por pulsiones fuertemente nacional-españolistas, encegados por el metálico brillo que desprende la pétrea Constitución española. También condicionados por la inconsistencia que presentan los principios democráticos en la España del siglo XXI. Siendo precisamente esta nefasta conjunción de nacionalismo, de hiper-constitucionalismo de cariz excluyentemente castellano y de apatía democrática, la que ha acabado conduciendo a Catalunya y los catalanes desde la periferia del Estado al deseo de plena soberanía, fuera de él. Es una batalla que los catalanes no podemos y no estamos dispuestos a perder. Y a las armas de destrucción masiva utilizadas por España en el envite, podríamos responder con una contundente y generalizada insumisión ciudadana. Con la desobediencia civil, acto muy presente ya en la convulsa sociedad catalana -y no solo catalana-. Somos plenamente conscientes que tarde o temprano deberemos quebrar la legalidad española que nos atenaza. Y después de reiteradas negativas hispanas, no tenemos otra alternativa. Nuestro camino, en cualquier caso, nos conducirá por medios absolutamente pacíficos y democráticos a la plena independencia. Por cierto, nuestro camino no es otro que ejercer el derecho de autodeterminación, de forma libre y democrática lo antes posible. En el 2014.
Con estos antecedentes cabe preguntarse: Los catalanes, ¿tenemos derecho a la legitima defensa?. No debemos olvidar que lo único que pretendemos es poder ejercer el derecho a decidir sobre el futuro de Catalunya y nuestras relaciones con el resto del Mundo. Queremos ejercer el derecho de autodeterminación, libre y democráticamente. Y la respuesta de España, por el momento, se limita a decir que no, no y no. "El pueblo catalán no es sujeto de soberanía". "La constitución no permite ningún referéndum". "Catalunya no es una nación". Estos y otros muchos argumentos similares son la paradójica afirmación, -¡no, no,no!-, utilizada por los nacionalistas españoles para imponer su anacrónica visión de España, de la Constitución e incluso del Estado de derecho; y la particular concepción que tienen de los principios de la democracia. Ahora bien. Al mismo tiempo que se llenan la boca de sinceras apelaciones al diálogo -bajo estrictas y restringidas condiciones-, al sentido común y a la legalidad vigente -ambas acepciones ajenas al omnipresente e intolerante nacional-españolismo-, todo el aparato del estado se moviliza como un solo hombre para enfrentarse e impedir un sencillo y modesto ejercicio democrático, consistente en que los catalanes podamos responder una simple pregunta: ¿Queremos o no la independencia de Catalunya?.
Por supuesto, después de lo visto y padecido, los catalanes tenemos todo el derecho del mundo a la autodefensa. Con cualquier tipo de argumentos a nuestro alcance. Nuestra fuerza radica en sólidos principios democráticos. Para poder alcanzar la ansiada independencia, gozamos de la legitimidad moral de la que carece el Estado español a causa de sus reiteradas negativas, imposiciones y agresiones políticas y financieras, así como por la desaforada guerra sucia desatada contra el independentismo catalán.
De acuerdo. Tenemos derecho a la autodefensa. Pero, ¿como?. Ya en la actualidad existe un poso en la sociedad catalana que pudiera resultar favorable al inicio de contundentes acciones de desobediencia civil. Van desde el desacato de arbitrarias resoluciones judiciales, hasta la insumisión fiscal. Pasando por no reconocer la legitimidad del Tribunal Constitucional de actuar como tercera cámara legislativa, curiosamente siempre contra Catalunya. O de no aceptar las deleznables imposiciones económicas y sociales merkelianas que tan suicidamente defiende el Gobierno de España.
Algunas preguntas podrían hallar cumplida respuesta con el presumible inicio de la reacción catalana, en un no tan lejano futuro. ¿Porqué deberíamos seguir aceptando la interpretación nacional-españolista que hace el Tribunal Supremo, o la Audiencia Nacional, en lo referido al modelo escolar y la lengua catalana?. Las reiteradas sentencias de estas instancias judiciales españolas siempre han sido favorables a los supuestos derechos de unas poquísimas familias de castellano parlantes -hostilmente anti-catalanas-, frente a los derechos de la inmensa mayoría de familias catalanas que aceptan y defienden las leyes aprobadas por el Parlament -con la única oposición de los nacional-españolistas del PP y Ciudadanos- y prudentemente aplicada por el Gobierno de la Generalitat. De igual forma, la deslegitimación acumulada por el Tribunal Constitucional, tanto por la composición partidista de sus miembros -todos ellos con demostrada fidelidad y dependencia del PP y PSOE-, como por la naturaleza de las resoluciones que adopta cuando se trata de dictaminar sobre asuntos catalanes, avalaría la insumisión ciudadana. ¡De ninguna manera tenemos que aguantar la animadversión demostrada por el TC y en general, por la judicatura castellana contra Catalunya!.
La insumisión fiscal es el argumento más temido por el Gobierno de Madrid. No en vano se trata del arma más poderosa en manos del catalanismo. Además, una supuesta negativa de los ciudadanos catalanes a pagar los impuestos a la hacienda española, estaría plenamente justificada. Los reiterados incumplimientos españoles en materia de inversiones para Catalunya aprobadas en los presupuestos generales del estado y jamás ejecutadas en su totalidad; el reiterado incumplimiento de la legislación española, por parte del Gobierno de Madrid, en materia de financiación -fondo de competitividad- y disposición adicional tercera del vigente estatuto catalán; o el continuado expolio fiscal que sufrimos los ciudadanos catalanes en manos del Estado español desde siempre, así lo demuestran. La insumisión fiscal, unido a una previsible negativa en seguir ejecutando los recortes sociales e imposiciones económicas decididamente suicidas, inspirados por el BCE y Angela Merkel, y promovidos y defendidos por el gobierno Rajoy, causarían un auténtico terremoto en España y, quien sabe, incluso en la zona Euro y por extensión en el resto de la UE.
La desobediencia civil de los catalanes será el resultado lógico a la hostilidad desatada por el Gobierno de España, por el PP que le da soporte -y el PSOE que le da oposición-, por algunos jueces y fiscales, y por los medios de comunicación cavernarios. Todos ellos abducidos por pulsiones fuertemente nacional-españolistas, encegados por el metálico brillo que desprende la pétrea Constitución española. También condicionados por la inconsistencia que presentan los principios democráticos en la España del siglo XXI. Siendo precisamente esta nefasta conjunción de nacionalismo, de hiper-constitucionalismo de cariz excluyentemente castellano y de apatía democrática, la que ha acabado conduciendo a Catalunya y los catalanes desde la periferia del Estado al deseo de plena soberanía, fuera de él. Es una batalla que los catalanes no podemos y no estamos dispuestos a perder. Y a las armas de destrucción masiva utilizadas por España en el envite, podríamos responder con una contundente y generalizada insumisión ciudadana. Con la desobediencia civil, acto muy presente ya en la convulsa sociedad catalana -y no solo catalana-. Somos plenamente conscientes que tarde o temprano deberemos quebrar la legalidad española que nos atenaza. Y después de reiteradas negativas hispanas, no tenemos otra alternativa. Nuestro camino, en cualquier caso, nos conducirá por medios absolutamente pacíficos y democráticos a la plena independencia. Por cierto, nuestro camino no es otro que ejercer el derecho de autodeterminación, de forma libre y democrática lo antes posible. En el 2014.
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