El gobierno de España acaba de aprobar una Reforma Laboral que tiene como principal objetivo "flexibilizar el mercado de trabajo para conseguir dinamizar la nueva contratación, evitando rigideces estructurales". Para conseguir tamaña hazaña considera que, disminuir las indemnizaciones por despido improcedente, propiciar tipos de contratación precaria, permitir que las empresas bajo determinadas circunstancias puedan unilateralmente rebajar salarios, modificar horarios, prescindir de la negociación colectiva y obligar la movilidad forzosa de los empleados, todo ello hará que los indices de desempleo que sufren los ciudadanos de este Estado desciendan a niveles europeos.
Querer emular a Europa en determinados aspectos, prescindiendo del contexto cultural, económico, social y político en que se insertan, es la gran excusa que el gobierno conservador de España utiliza para minimizar el estado de bienestar y la protección social de los ciudadanos, recortando derechos laborales y sindicales e imponiendo nuevas obligaciones. Todo lo cual favorece a la parte más próspera y poderosa de la sociedad, a costa de la más débil pero a la vez más numerosa, que representamos los ciudadanos de a pie. ¿Porqué este afán emulador no lo extiende a los salarios, a las prestaciones sociales, a las pensiones, al ámbito de la justicia, o a la cultura empresarial, que rigen en Europa a la que quieren parecerse?.
¿Como puede favorecer la creación de empleo abaratar el despido improcedente?. Recordemos que es el que se origina cuando un asalariado pierde su empleo por causas ilegítimas, incluso inmorales, dictaminadas por un magistrado. ¿Porqué se califica como rígido el mercado de trabajo que ha permitido que existan más de cinco millones de desempleados, a pesar del elevado coste del despido y que además cuenta con millones empleados contratados temporalmente?. Permitir que los puestos de trabajo estén ocupados por trabajadores con contratos temporales, bajos salarios y sin garantías sindicales, es estimular la precariedad. Es cierto que las empresas gozarán de mayores plusvalías y beneficios, se librarán de ataduras y corsés legales, prescindirán de la presión sindical; sin duda, así será. Pero a costa de sojuzgar a los trabajadores. La mayoría de ciudadanos de este Estado está formado por asalariados. Son los que pagan impuestos, consumen los bienes y servicios que producen, compran, venden, que hacen turismo, gastan, ahorran -si pueden- y viven, o mejor, malviven como buenamente pueden. ¿Alguien cree que podrán seguir como hasta ahora, si precarizan más sus condiciones socio-económicas, sindicales, laborales, legales y ciudadanas ad infinitum?. De seguir la regresión mostrada por el Partido Popular, lo próximo será que los empleados paguen por trabajar, a cambio de comida.
El Gobierno español no solo aprovecha la coyuntura económico-financiera actual para demonizar y cargar las tintas contra el Estado de las Autonomías; también utiliza su consecuencia lógica que es el desempleo, para precarizar a los trabajadores y reducir a la mínima expresión posible el estado de bienestar. La actuación política de este gobierno se basa en favorecer a los poderosos y esclavizar a los trabajadores. No forma parte de la idiosincrasia del Partido Popular perseguir a los auténticos responsables que nos han colocado en la presente y precaria situación de grave crisis económica; ni a los evasores fiscales; ni a los especuladores inmobiliarios y los financieros sin escrúpulos; tampoco a los políticos presuntamente corruptos, como lo demuestra el caso Gurtel, y/o Camps, Matas, Fabra, pues tienen en aquel partido su aliado más fiel. Promueve reformas laborales a medida de los intereses empresariales; inspira concentraciones bancarias ad hoc, para acaparar el poder financiero y centralizarlo en Madrid; revive antiguas políticas hidrológicas, como el periclitado PHN para favorecer obscuros intereses regionales; manipula planes educativos (sustituyendo la asignatura de ciudadanía y modificando el bachillerato), politizándolos, como hace habitualmente con la desprestigiada Justicia española; busca la bendición de la jerarquía eclesial, defendiendo las cuantiosas subvenciones a la religión católica sin recorte alguno, como si de la gloriosa y folclórica Fiesta Nacional se tratara. Y malversa la democracia y el pluralismo forzando complicidades para no aparecer como la única formación política responsable de la involución democrática puesta en marcha. Y lo peor de todo es que cómplices no le faltan.
Existen complicidades y se establecen vínculos inquebrantables con asociaciones patronales, con la jerarquía de la Iglesia Católica, altos y medios funcionarios de la administración central, con instituciones públicas y privadas, lobbys empresariales, y con medios periodísticos. Y también con formaciones políticas. Entre otras, Convergencia i Unió. Duran i Lleida aplaude con fervor las medidas laborales anunciadas por el gobierno popular, como si se tratara de las propias de UDC. CDC no tiene más opción que sumarse al entusiasmo democristiano, para no dar imagen de división en el seno de la coalición. CiU, en definitiva, es víctima de su propia debilidad política y de la extorsión financiera que somete el Gobierno español a su homólogo catalán, a causa de la escasez de recursos económicos que sufre la Generalitat; sucumbe a las presiones gubernamentales y dá el visto bueno a las diversas medidas promulgadas por el partido que ejerce el poder absoluto en España, por muy discutibles que sean, esperando que este buen comportamiento sea generosamente recompensado por su amo y señor. Y entre tanto, Catalunya se hunde más y más en la pobreza motivada por la insoportable dependencia política española.
Realmente, ¿es necesaria la reforma laboral?. Creo que, por lo menos, no es prioritaria; salvo para Mercozy y los mercados. Con la criticada legislación todavía en vigor, en épocas no muy lejanas se crearon millones de puestos de trabajo, hasta el punto que se estimulaba la llegada de nuevos inmigrantes, para dar satisfacción a las necesidades requeridas por los patronos (que se diría solo pretendían mantener controlados los salarios de la ciudadanía autóctona con sueldos a la baja). Es cierto que eran puestos de trabajo precarios, mileuristas. Pero la nueva propuesta del gobierno español riza el rizo. Precariza la precariedad y en lugar de mileuristas, existirán cuatrocieneuristas. Por otro lado, con el sistema laboral vigente, en el Pais Vasco y Navarra -recordemos el Concierto Económico-, la tasa de paro es aproximadamente la mitad de la española. Se encuentra a nivel europeo. ¿No querrá decir que el problema no es el mercado ni la legislación laboral estatal, y sí la financiación de las administraciones autonómicas, las medidas públicas de estimulo de la economía, la cultura y organización empresarial y el tejido industrial de cada nación, país, comunidad o región?. CiU prefiere mirar hacia otro lado y dilapida todo su capital político apoyando al PP en su cruzada de liberalismo económico; en realidad, desbocado libertinaje económico a ultranza. Debiera gastar sus escasas energías exigiendo del Gobierno español el estricto cumplimiento de sus obligaciones financieras con Catalunya y requiriendo el retorno del abultado expolio de recursos fiscales que padecemos los ciudadanos catalanes. El Gobierno catalán se apercibiría entonces que con más recursos económicos, con la potestad de legislar según las necesidades y la realidad de Catalunya, estaría en inmejorables condiciones para combatir con éxito la crisis que está devastando a los ciudadanos. Vería que los recortes en el estado de bienestar catalán no deberían ser ni tan pronunciados, ni tan dolorosos; en realidad, serían innecesarios. Existiría más justicia, mayor equidad. Se percataría que la disponibilidad de creciente soberanía sería causa de alivio en la presión que sufre la ciudadanía a nivel individual, a la par que se produciría una feliz descompresión de las tensiones que atenazan la sociedad catalana en general. En definitiva, la independencia de Catalunya se haría inexcusable e inaplazable. Y por tanto, sus filias Populares se desmoronarían y los miedos escénicos de cobardes políticas insustanciales y contradictorias se desvanecerían como un azucarillo.
Por el bien de Catalunya y de los catalanes, no aparezcan como meros comparsas del Gobierno de España. Y si la señora Sanchez Camacho requiere teatral y patéticamente salir en la fotografía de familia política catalana, exijan a cambio no solo apoyo presupuestario, sino sobretodo, el leal y real cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Español. Como por ejemplo, la inversión de los 5.750 millones de € que el Ministerio de Fomento reconoce adeudar a Catalunya; cantidad que debe sumarse a las cifras ya conocidas de 1.450 millones € del fondo de competitividad, 759 millones € de la disposición adicional tercera del vigente Estatuto, y los más de 16.000 millones de € correspondientes al expolio fiscal, también reconocidos por los gobiernos españoles.
¿Hasta cuando resistirán la evidencia?. ¡Basta ya!. Abran los ojos. Oigan el clamor de la gente. Dejen de esperar comprensión y lealtad del Gobierno español. ¡Exijan justicia!. En nombre de todos los catalanes. La magnitud de la tragedia catalana alcanza proporciones épicas. Y solo con la ineludible y pronta independencia de Catalunya se restablecerá la esperanza y la prosperidad para nuestra Nación. Y el Gobierno de la Generalitat lo sabe. Como la mayoría de los catalanes.
Querer emular a Europa en determinados aspectos, prescindiendo del contexto cultural, económico, social y político en que se insertan, es la gran excusa que el gobierno conservador de España utiliza para minimizar el estado de bienestar y la protección social de los ciudadanos, recortando derechos laborales y sindicales e imponiendo nuevas obligaciones. Todo lo cual favorece a la parte más próspera y poderosa de la sociedad, a costa de la más débil pero a la vez más numerosa, que representamos los ciudadanos de a pie. ¿Porqué este afán emulador no lo extiende a los salarios, a las prestaciones sociales, a las pensiones, al ámbito de la justicia, o a la cultura empresarial, que rigen en Europa a la que quieren parecerse?.
¿Como puede favorecer la creación de empleo abaratar el despido improcedente?. Recordemos que es el que se origina cuando un asalariado pierde su empleo por causas ilegítimas, incluso inmorales, dictaminadas por un magistrado. ¿Porqué se califica como rígido el mercado de trabajo que ha permitido que existan más de cinco millones de desempleados, a pesar del elevado coste del despido y que además cuenta con millones empleados contratados temporalmente?. Permitir que los puestos de trabajo estén ocupados por trabajadores con contratos temporales, bajos salarios y sin garantías sindicales, es estimular la precariedad. Es cierto que las empresas gozarán de mayores plusvalías y beneficios, se librarán de ataduras y corsés legales, prescindirán de la presión sindical; sin duda, así será. Pero a costa de sojuzgar a los trabajadores. La mayoría de ciudadanos de este Estado está formado por asalariados. Son los que pagan impuestos, consumen los bienes y servicios que producen, compran, venden, que hacen turismo, gastan, ahorran -si pueden- y viven, o mejor, malviven como buenamente pueden. ¿Alguien cree que podrán seguir como hasta ahora, si precarizan más sus condiciones socio-económicas, sindicales, laborales, legales y ciudadanas ad infinitum?. De seguir la regresión mostrada por el Partido Popular, lo próximo será que los empleados paguen por trabajar, a cambio de comida.
El Gobierno español no solo aprovecha la coyuntura económico-financiera actual para demonizar y cargar las tintas contra el Estado de las Autonomías; también utiliza su consecuencia lógica que es el desempleo, para precarizar a los trabajadores y reducir a la mínima expresión posible el estado de bienestar. La actuación política de este gobierno se basa en favorecer a los poderosos y esclavizar a los trabajadores. No forma parte de la idiosincrasia del Partido Popular perseguir a los auténticos responsables que nos han colocado en la presente y precaria situación de grave crisis económica; ni a los evasores fiscales; ni a los especuladores inmobiliarios y los financieros sin escrúpulos; tampoco a los políticos presuntamente corruptos, como lo demuestra el caso Gurtel, y/o Camps, Matas, Fabra, pues tienen en aquel partido su aliado más fiel. Promueve reformas laborales a medida de los intereses empresariales; inspira concentraciones bancarias ad hoc, para acaparar el poder financiero y centralizarlo en Madrid; revive antiguas políticas hidrológicas, como el periclitado PHN para favorecer obscuros intereses regionales; manipula planes educativos (sustituyendo la asignatura de ciudadanía y modificando el bachillerato), politizándolos, como hace habitualmente con la desprestigiada Justicia española; busca la bendición de la jerarquía eclesial, defendiendo las cuantiosas subvenciones a la religión católica sin recorte alguno, como si de la gloriosa y folclórica Fiesta Nacional se tratara. Y malversa la democracia y el pluralismo forzando complicidades para no aparecer como la única formación política responsable de la involución democrática puesta en marcha. Y lo peor de todo es que cómplices no le faltan.
Existen complicidades y se establecen vínculos inquebrantables con asociaciones patronales, con la jerarquía de la Iglesia Católica, altos y medios funcionarios de la administración central, con instituciones públicas y privadas, lobbys empresariales, y con medios periodísticos. Y también con formaciones políticas. Entre otras, Convergencia i Unió. Duran i Lleida aplaude con fervor las medidas laborales anunciadas por el gobierno popular, como si se tratara de las propias de UDC. CDC no tiene más opción que sumarse al entusiasmo democristiano, para no dar imagen de división en el seno de la coalición. CiU, en definitiva, es víctima de su propia debilidad política y de la extorsión financiera que somete el Gobierno español a su homólogo catalán, a causa de la escasez de recursos económicos que sufre la Generalitat; sucumbe a las presiones gubernamentales y dá el visto bueno a las diversas medidas promulgadas por el partido que ejerce el poder absoluto en España, por muy discutibles que sean, esperando que este buen comportamiento sea generosamente recompensado por su amo y señor. Y entre tanto, Catalunya se hunde más y más en la pobreza motivada por la insoportable dependencia política española.
Realmente, ¿es necesaria la reforma laboral?. Creo que, por lo menos, no es prioritaria; salvo para Mercozy y los mercados. Con la criticada legislación todavía en vigor, en épocas no muy lejanas se crearon millones de puestos de trabajo, hasta el punto que se estimulaba la llegada de nuevos inmigrantes, para dar satisfacción a las necesidades requeridas por los patronos (que se diría solo pretendían mantener controlados los salarios de la ciudadanía autóctona con sueldos a la baja). Es cierto que eran puestos de trabajo precarios, mileuristas. Pero la nueva propuesta del gobierno español riza el rizo. Precariza la precariedad y en lugar de mileuristas, existirán cuatrocieneuristas. Por otro lado, con el sistema laboral vigente, en el Pais Vasco y Navarra -recordemos el Concierto Económico-, la tasa de paro es aproximadamente la mitad de la española. Se encuentra a nivel europeo. ¿No querrá decir que el problema no es el mercado ni la legislación laboral estatal, y sí la financiación de las administraciones autonómicas, las medidas públicas de estimulo de la economía, la cultura y organización empresarial y el tejido industrial de cada nación, país, comunidad o región?. CiU prefiere mirar hacia otro lado y dilapida todo su capital político apoyando al PP en su cruzada de liberalismo económico; en realidad, desbocado libertinaje económico a ultranza. Debiera gastar sus escasas energías exigiendo del Gobierno español el estricto cumplimiento de sus obligaciones financieras con Catalunya y requiriendo el retorno del abultado expolio de recursos fiscales que padecemos los ciudadanos catalanes. El Gobierno catalán se apercibiría entonces que con más recursos económicos, con la potestad de legislar según las necesidades y la realidad de Catalunya, estaría en inmejorables condiciones para combatir con éxito la crisis que está devastando a los ciudadanos. Vería que los recortes en el estado de bienestar catalán no deberían ser ni tan pronunciados, ni tan dolorosos; en realidad, serían innecesarios. Existiría más justicia, mayor equidad. Se percataría que la disponibilidad de creciente soberanía sería causa de alivio en la presión que sufre la ciudadanía a nivel individual, a la par que se produciría una feliz descompresión de las tensiones que atenazan la sociedad catalana en general. En definitiva, la independencia de Catalunya se haría inexcusable e inaplazable. Y por tanto, sus filias Populares se desmoronarían y los miedos escénicos de cobardes políticas insustanciales y contradictorias se desvanecerían como un azucarillo.
Por el bien de Catalunya y de los catalanes, no aparezcan como meros comparsas del Gobierno de España. Y si la señora Sanchez Camacho requiere teatral y patéticamente salir en la fotografía de familia política catalana, exijan a cambio no solo apoyo presupuestario, sino sobretodo, el leal y real cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Español. Como por ejemplo, la inversión de los 5.750 millones de € que el Ministerio de Fomento reconoce adeudar a Catalunya; cantidad que debe sumarse a las cifras ya conocidas de 1.450 millones € del fondo de competitividad, 759 millones € de la disposición adicional tercera del vigente Estatuto, y los más de 16.000 millones de € correspondientes al expolio fiscal, también reconocidos por los gobiernos españoles.
¿Hasta cuando resistirán la evidencia?. ¡Basta ya!. Abran los ojos. Oigan el clamor de la gente. Dejen de esperar comprensión y lealtad del Gobierno español. ¡Exijan justicia!. En nombre de todos los catalanes. La magnitud de la tragedia catalana alcanza proporciones épicas. Y solo con la ineludible y pronta independencia de Catalunya se restablecerá la esperanza y la prosperidad para nuestra Nación. Y el Gobierno de la Generalitat lo sabe. Como la mayoría de los catalanes.
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