Las recientes declaraciones de Artur Mas a Le Monde, en las que afirma que "Catalunya podría ser un Estado de la Unión Europea", no hace mas que evidenciar una opinión compartida por la mayoría de ciudadanos de esta Nación. Aunque esta amplia mayoría cambiaría el verbo podría por debería.
Efectivamente, la prosperidad, estabilidad y libertad de Catalunya, están estrechamente ligadas al conjunto de naciones que configuran la Europa histórica. La Unión Europea, aun en horas bajas, resulta la realidad que mayores garantías ofrece. Incluso la deleznable precariedad económica y social que imponen los mercados y la señora Merkel, son preferibles al creciente y agresivo nacionalismo hispano que se vislumbra en el horizonte, de la mano del nuevo Gobierno español surgido de las recientes elecciones generales. El trato directo con Europa, prescindiendo de la mediatización negativa de España, no solo es una aspiración irrenunciable de Catalunya, también resulta de perentoria necesidad. Algunas recientes afirmaciones que manifiestan el Partido Popular y el Gobierno de España, así lo corroboran.
"El PP de España decide la gobernabilidad de Catalunya". Alicia Sanchez Camacho amenaza que no consentirá derivas independentistas al Gobierno de la Generalitat, y avisa que defenderá la españolidad de Catalunya. Como puede apreciarse, la lideresa de los populares en Catalunya está notablemente envalentonada. Sin el menor rubor ni vergüenza reflejada en su faz y exhibiendo tanta soberbia como vacua verborrea, amenaza a los catalanes con imponer sus políticas nacionalistas españolas a la totalidad de los ciudadanos, sin tener en cuenta que su formación política, en Catalunya, apenas cosecha el apoyo y aprobación del 20% de los votos catalanes. Ignora que respetar a las minorías no significa que estas puedan imponer antidemocráticamente su voluntad a la mayoría. Pero sabido es que el nacionalismo español no es muy amigo de la democracia, la cual utiliza y manipula a su antojo y en su exclusivo beneficio.
También Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha iniciado su particular campaña contra el catalanismo. ¡Nacionalismo es crisis!, proclama. Como es natural, exige que deje de subvencionarse todo aquello que huela a nacionalismo catalán. Afirma que la crisis económica y laboral se agrava como resultado de las políticas identitarias del Gobierno catalán. Como puede verse, las derivas antinacionalistas de este señor son infinitas... y unidimensionales; el mal se halla en el nacionalismo catalán, no en el español, del cual reniega teatral y aparatosamente, después de practicarlo con indisimulado entusiasmo. Para él, defender la Fiesta Nacional con argumentos como "la prohibición de los toros en Catalunya se produce porque se trata de una seña cultural española", no es utilizar una premisa identitaria -y generosamente subvencionada- definitoria de España, en defensa de una posición profundamente nacionalista española. Para el señor Rivera, exigir el cumplimiento que "el español sea lengua vehicular en las escuelas de Catalunya", no significa que esté defendiendo el castellanismo (españolismo) en Catalunya. Según su opinión, se trata de respetar la libertad de los padres en la elección del idioma en la enseñanza de sus hijos. ¡Boutades!. Puestos a ser demagogos, ¿quiere esto decir que siendo la población de inmigrantes foráneos muy elevada en el Estado, los padres -rumanos, marroquíes, chinos, etc...- pueden exigir que la educación de sus hijos sea en sus respectivos idiomas maternos?. ¿No es suficiente que el sistema educativo de Catalunya garantice el conocimiento de ambas lenguas oficiales, catalán y castellano, al concluir el ciclo escolar obligatorio?. ¿Es realmente pernicioso para la buena salud intelectual de los escolares -y sus padres-, que la única lengua vehicular, en Catalunya, sea la propia de esta Nación, es decir, el catalán?.
La delegada del Gobierno de Madrid en Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, ha instado a la Abogacía del Estado que actué contra los impulsores del "acto de ultraje a la bandera española" celebrado en Sant Pol de Mar. En una reunión que concentró alrededor de 200 personas frente al ayuntamiento, se procedió arriar simbólicamente la bandera española e izar "una bandera ilegal e inconstitucional", es decir, una bandera catalana independentista. Estamos ante actos que no importan a la gente, según (in)feliz expresión profusamente utilizada por los nacionalistas españoles, aunque referido obviamente a identidad catalana. Para evitar males mayores, me permito sugerir a todas aquellas entidades y empresas que exhiben en las fachadas de sus sedes sociales emblemas, enseñas y banderas corporativas inconstitucionales, procedan a retirarlas inmediatamente bajo la amenaza -en absoluto identitaria española- de grandes perjuicios (y prejuicios) de la señora delegada del Gobierno de España en Catalunya, por lo visto lego -falto de letras o noticias-, en temas de libertad de expresión.
Todo lo anterior es una pequeña y evidente muestra de las angustias que está sufriendo el nacionalismo español; los temores hispanos se han disparado a cotas inimaginables hace tan solo unos meses. El éxito de las protestas contra la reforma laboral del Gobierno de España, la inoperancia gubernamental en cuestiones tales como la persecución del fraude fiscal, el atender exclusivamente a las peticiones de la CEOE, el generoso apoyo prestado a entidades financieras en crisis, así como no impulsar un cambio de paradigma económico, e incluso negar el pluralismo nacional existente en el Estado, han provocado un estremecimiento en el Partido Popular, debido a los grandes e imparables cambios que la sociedad del Estado en general y catalana en particular, exigen, y a la vez experimentan. Y si unimos a ello los miedos que provoca en el Gobierno la cada vez más próxima independencia de Catalunya, se cierra el círculo de la histeria desatada entre los nacionalistas españoles.
Lo cierto es que pedir demagógicamente que cesen las subvenciones a entidades catalanistas, como Òmnium Cultural, provoca la contundente respuesta de la presidenta Muriel Casals. ¿Porqué no devuelve el Partido Popular los 9 millones de € que recibe anualmente del Estado Español en subvenciones directas?. A esta pregunta se podrían añadir algunas decenas más, como: ¿A cuanto ascienden las aportaciones a la FAES, fundación del PP, a cargo de los presupuestos generales del Estado?. ¿Y a la Real Academia de la Historia, la misma que exculpa y loa el franquismo?. ¿Es necesario subvencionar tan generosamente a la Fundación Francisco Franco?. ¿Recortamos también los fondos públicos a la Real Academia Española de la Lengua?. ¿Y a la Fundación Pablo Iglesias y por extensión, al PSOE?. ¿Porqué somos tan generosos económicamente con el Instituto Cervantes?. ¿Y porqué no se recortan las cuantiosas subvenciones, centenares de millones de € cada año, dedicadas a la Fiesta Nacional, a cargo asímismo de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos del Estado, incluyendo a los expoliados catalanes?.
El nacionalismo español siente que su aplastante hegemonía es puesta en entredicho. La posición privilegiada que goza gracias a la presión que ejerce, a través del expolio, chantaje y deslealtad, es sonoramente discutida y vigorosamente contestada por los ciudadanos catalanes; hartos de soportar las incontables vejaciones que en nombre de España venimos sufriendo desde hace demasiado tiempo. El nacional-españolismo ha colmado la paciencia del catalanismo. Y en consecuencia, nos disponemos a luchar sin cuartel, para así lograr la plena independencia de nuestra Nación. Con todas nuestras armas políticas y razones económico-sociales; con gran ilusión y sin desfallecer; con infinita esperanza. Al fin y al cabo, al utilizar las penurias financieras y laborales que sufrimos los ciudadanos de todo el Estado, para intentar uniformar, centralizar y españolizar a tutti quanti, solo provoca que busquemos las respuestas a las preguntas hechas anteriormente, prescindiendo de los intereses y deseos del Partido Popular. Y en el caso particular de los catalanes, prescindiendo de los intereses y deseos de España, a la cual los populares representan con tanta elocuencia como agresividad e incontinencia verbal.
Todo lo anterior es una pequeña y evidente muestra de las angustias que está sufriendo el nacionalismo español; los temores hispanos se han disparado a cotas inimaginables hace tan solo unos meses. El éxito de las protestas contra la reforma laboral del Gobierno de España, la inoperancia gubernamental en cuestiones tales como la persecución del fraude fiscal, el atender exclusivamente a las peticiones de la CEOE, el generoso apoyo prestado a entidades financieras en crisis, así como no impulsar un cambio de paradigma económico, e incluso negar el pluralismo nacional existente en el Estado, han provocado un estremecimiento en el Partido Popular, debido a los grandes e imparables cambios que la sociedad del Estado en general y catalana en particular, exigen, y a la vez experimentan. Y si unimos a ello los miedos que provoca en el Gobierno la cada vez más próxima independencia de Catalunya, se cierra el círculo de la histeria desatada entre los nacionalistas españoles.
Lo cierto es que pedir demagógicamente que cesen las subvenciones a entidades catalanistas, como Òmnium Cultural, provoca la contundente respuesta de la presidenta Muriel Casals. ¿Porqué no devuelve el Partido Popular los 9 millones de € que recibe anualmente del Estado Español en subvenciones directas?. A esta pregunta se podrían añadir algunas decenas más, como: ¿A cuanto ascienden las aportaciones a la FAES, fundación del PP, a cargo de los presupuestos generales del Estado?. ¿Y a la Real Academia de la Historia, la misma que exculpa y loa el franquismo?. ¿Es necesario subvencionar tan generosamente a la Fundación Francisco Franco?. ¿Recortamos también los fondos públicos a la Real Academia Española de la Lengua?. ¿Y a la Fundación Pablo Iglesias y por extensión, al PSOE?. ¿Porqué somos tan generosos económicamente con el Instituto Cervantes?. ¿Y porqué no se recortan las cuantiosas subvenciones, centenares de millones de € cada año, dedicadas a la Fiesta Nacional, a cargo asímismo de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos del Estado, incluyendo a los expoliados catalanes?.
El nacionalismo español siente que su aplastante hegemonía es puesta en entredicho. La posición privilegiada que goza gracias a la presión que ejerce, a través del expolio, chantaje y deslealtad, es sonoramente discutida y vigorosamente contestada por los ciudadanos catalanes; hartos de soportar las incontables vejaciones que en nombre de España venimos sufriendo desde hace demasiado tiempo. El nacional-españolismo ha colmado la paciencia del catalanismo. Y en consecuencia, nos disponemos a luchar sin cuartel, para así lograr la plena independencia de nuestra Nación. Con todas nuestras armas políticas y razones económico-sociales; con gran ilusión y sin desfallecer; con infinita esperanza. Al fin y al cabo, al utilizar las penurias financieras y laborales que sufrimos los ciudadanos de todo el Estado, para intentar uniformar, centralizar y españolizar a tutti quanti, solo provoca que busquemos las respuestas a las preguntas hechas anteriormente, prescindiendo de los intereses y deseos del Partido Popular. Y en el caso particular de los catalanes, prescindiendo de los intereses y deseos de España, a la cual los populares representan con tanta elocuencia como agresividad e incontinencia verbal.
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