Ya ha llegado el día después del 9 de noviembre. Los catalanes hemos superado toda clase de malos augurios lanzados por aquellos que se llenan la boca apelando constantemente a la Constitución española como sólido muro de contención de los anhelos soberanistas, o utilizándola como un amenazador garrote disuasorio contra las ansias de justicia y libertad de los ciudadanos. No hicimos caso de las maldiciones que nos lanzaban, ni de las amenazas y los insultos que nos dedicaban. Además, se jactaban de ser demócratas, justos y tolerantes cuando en realidad eran -son- justo lo contrario: antidemocráticos, injustos e intolerantes. El día después se hallan en estado de shock. Dolidos. Atónitos. Perplejos. No encuentran ninguna explicación racional sobre lo que acaba de suceder en Catalunya, porqué no lo entienden. Mientras se lamen las heridas recibidas siguen dedicándonos calificativos ofensivos y llenos de odio, como si estas extemporáneas actitudes les proporcionaran el consuelo que ahora no tienen. Algunos de ellos destilan autentico rencor, incluso rabia, hacia los catalanes. ¡Y en absoluto lo disimulan!. La desesperanza de muchos españoles ha llegado a sobrepasar límites insospechados..... Pero, ¿porqué?. ¿Que daño hemos causado los catalanes?. ¿Cual es la gran ofensa que hemos infligido a los españoles?.
Más de 2,3 millones de ciudadanos decidimos el 9 de noviembre desafiar la soberbia mostrada por las élites administrativas, políticas y económicas de España, las cuales hasta entonces habían pretendido humillar y aniquilar, por enésima vez, las ilusiones y esperanzas de Catalunya y de los catalanes. El resultado de este desafío fue una esplendida victoria sobre el Gobierno español y el partido alfa -por el momento- que le dá cobertura, sobre el Tribunal Constitucional y un ejército de abogados del Estado al servicio del nacionalismo español, hegemónicos a día de hoy en Madrit. Es de sobra conocido el arsenal ofensivo empleado por los poderes fácticos españoles utilizados para aplastar el proceso soberanista puesto en marcha con el respaldo de buena parte de la sociedad catalana. Durante tres siglos se han sucedido guerras, violencia represiva, dictaduras, imposición política, persecución lingüística y cultural, discriminaciones financieras y económicas, el insoportable peso de las leyes castellanas, así como de los farragosos y rancios funcionarios del Estado, y ahora un Tribunal Constitucional absolutamente deslegitimado, casi ilegítimo, según la opinión mayoritaria de los catalanes. Todo ello sin que haya servido para torcer nuestra voluntad. A menudo, Catalunya ha tenido que renunciar a derechos, bienes y anhelos para pagar el oneroso peaje que ha costado esta unidad forzosa con España. Nos ha costado sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, como dijo en 1940 Sir Winston Churchill a sus compatriotas. Es justo reconocer, empero, que no ha sido nada diferente a lo que se ha exigido históricamente a cualquier otro pueblo, siempre que quiera ser y existir como tal en libertad, paz, justicia y prosperidad. La mayoría de catalanes nos hemos puesto en marcha hacia la independencia con decisión, júbilo y unidos como una piña. Y las embestidas incontroladas del nacionalismo español siempre excluyente y autoritario, no podrá detenernos.
Pués bién. El Gobierno del señor Rajoy prometió a sus incondicionales que los catalanes no votarían bajo ninguna circunstancia el día 9 de noviembre. Puso en marcha a la abogacía del Estado -la brigada Aranzadi, así nombrada por el periodista Enric Juliana- para que interpusiera el consabido recurso ante el TC, contra el decreto de convocatoria de la consulta firmado por Artur Mas. Después de volver hacerlo por segunda vez, esta vez contra el proceso participativo y de suspenderlo nuevamente, los catalanes decidimos que era suficiente, que nosotros solo queremos hacer política y decidir nuestro futuro. Por tanto, fuimos a votar masivamente a pesar de las amenazas, mentiras, ataques informáticos y juego sucio desatado por los políticos unionistas, la caverna mediática y los trogloditas madrileños -también conocidos como periodistas cavernarios-, todos ellos coordinados desde las cloacas del Estado. Por supuesto, el objeto de su ataque fueron los ciudadanos catalanes en general y la Generalitat en particular. El resultado de este temor -en realidad, fobia- a la democracia que manifiestan las élites nacionalistas españolas fué justamente el contrario al deseado: votación masiva a pesar de la oposición de Madrit, y orgullo democrático acompañado de un estallido de alegría e irreprimible gozo ciudadanos. Los efectos para los 6.666 hidalgos -auténticos bandidos- que mandan en Madrit ha sido el asombro, el dolor, la rabia, el victimismo y el rencor.
Con este shock post-traumático por encima, sufrido por Rajoy y la compaña, ahora han decidido canalizarlo y aliviar mediante la instrumentalización, una vez más, de la fiscalía general y la brigada Aranzadi, con todo el bagaje jurídico y la avasalladora tradición castellana a su disposición. Informes periciales, investigaciones policiales y de la guardia civil, querellas, denuncias, advertencias, imputaciones, amenazas.... Una serie de actuaciones legales o pseudo-jurídicas encaminadas a castigar y condenar a todo aquel que hubiera osado desafiar la autoridad de la España eterna, independientemente que los perseguidos se hayan comportado o manifestado dentro del campo estrictamente político y plenamente democrático. Sin embargo, en España la política, ya sea gran o pequeña, ha sido desterrada como instrumento adecuado para resolver las confrontaciones o las diferencias que se pueden ocasionar dentro de la sociedad o entre instituciones. Es por esta razón que el Partido Popular prefiere movilizar abogados, fiscales y jueces afines para que le resuelvan los conflictos que surgen como consecuencia de las divergencias políticas producidas por su (des)gobierno, por culpa de la mayoría absoluta que ahora disfruta. Igualmente, ante la carencia de argumentos y principios, se esconden asustados detrás de los jueces y fiscales para lavarse las manos y no hacerse daño.... Es un proceder en absoluto democrático -decididamente antidemocrático-, pero muy legal. Se abusa de la ley y manipulan o coaccionan a los tribunales y asunto resuelto. Son las ventajas de gozar del poder absoluto más abrumador que se haya visto en la historia reciente del Estado español. Por cierto, poder miserablemente malgastado en beneficio de una minoría de poderosos.
Desgraciadamente, el Estado español actual se halla absolutamente secuestrado por la ideología propia de las fuerzas más reaccionarias aparecidas desde los tiempos de Franco. De hecho, la ultraderecha española ha extendido sus largos tentáculos y resulta hegemónica en las más señeras instituciones de España. Dominan buena parte de la prensa madrileña. Se han infiltrado en el Consejo General del Poder Judicial, en la fiscalía y la judicatura. También se encuentran entre de los empresarios -el IBEX 35 y el palco del Bernabeu están repletos de ellos- y lo más grave, dominan la cúpula del Partido Popular. Son hijos y nietos putativos del franquismo. Han condicionado y acaparado la maldita y sempiterna transición española, periodo que comprende desde la muerte de Franco hasta el presente, conservando privilegios, el dominio económico y financiero, el poder en la administración y la burocracia estatales. Como antes se ha dicho, los franquistas condicionan y dominan el Partido Popular y de rebote, al gobierno de España. Son ellos los inspiradores de la ley Wert, de la reforma de la ley del aborto, de la reforma laboral y de los millones de parados que ha generado; son los responsables máximos de la recentralización autonómica, de la devaluación salarial y del desmantelamiento del estado de bienestar -sanidad, educación, dependencia, pensiones-. La obra hecha por ellos es ingente.... Y el destrozo causado, inenarrable.
Ahora se afanan para poner en xirona a Artur Mas y algunos de sus consejeros, por haber dado cobertura política al proceso participativo celebrado el 9 de noviembre. Quieren inhabilitarlo por la ofensa infligida al honor de España y al derecho del Estado -que no es lo mismo que Estado de Derecho....-. Todo junto, resulta patético, vergonzoso, irracional.... Pero también irrelevante. Tendrán que imputar a casi dos millones y medio de ciudadanos -¡como poco!, que participamos con verdadero entusiasmo y júbilo en aquella fiesta absolutamente legítima y plenamente democrática. Mientras se entretienen con su batiburrillo, nosotros proseguiremos nuestro camino esperando que nos conduzca muy lejos de toda esta pandilla.
Pués bién. El Gobierno del señor Rajoy prometió a sus incondicionales que los catalanes no votarían bajo ninguna circunstancia el día 9 de noviembre. Puso en marcha a la abogacía del Estado -la brigada Aranzadi, así nombrada por el periodista Enric Juliana- para que interpusiera el consabido recurso ante el TC, contra el decreto de convocatoria de la consulta firmado por Artur Mas. Después de volver hacerlo por segunda vez, esta vez contra el proceso participativo y de suspenderlo nuevamente, los catalanes decidimos que era suficiente, que nosotros solo queremos hacer política y decidir nuestro futuro. Por tanto, fuimos a votar masivamente a pesar de las amenazas, mentiras, ataques informáticos y juego sucio desatado por los políticos unionistas, la caverna mediática y los trogloditas madrileños -también conocidos como periodistas cavernarios-, todos ellos coordinados desde las cloacas del Estado. Por supuesto, el objeto de su ataque fueron los ciudadanos catalanes en general y la Generalitat en particular. El resultado de este temor -en realidad, fobia- a la democracia que manifiestan las élites nacionalistas españolas fué justamente el contrario al deseado: votación masiva a pesar de la oposición de Madrit, y orgullo democrático acompañado de un estallido de alegría e irreprimible gozo ciudadanos. Los efectos para los 6.666 hidalgos -auténticos bandidos- que mandan en Madrit ha sido el asombro, el dolor, la rabia, el victimismo y el rencor.
Con este shock post-traumático por encima, sufrido por Rajoy y la compaña, ahora han decidido canalizarlo y aliviar mediante la instrumentalización, una vez más, de la fiscalía general y la brigada Aranzadi, con todo el bagaje jurídico y la avasalladora tradición castellana a su disposición. Informes periciales, investigaciones policiales y de la guardia civil, querellas, denuncias, advertencias, imputaciones, amenazas.... Una serie de actuaciones legales o pseudo-jurídicas encaminadas a castigar y condenar a todo aquel que hubiera osado desafiar la autoridad de la España eterna, independientemente que los perseguidos se hayan comportado o manifestado dentro del campo estrictamente político y plenamente democrático. Sin embargo, en España la política, ya sea gran o pequeña, ha sido desterrada como instrumento adecuado para resolver las confrontaciones o las diferencias que se pueden ocasionar dentro de la sociedad o entre instituciones. Es por esta razón que el Partido Popular prefiere movilizar abogados, fiscales y jueces afines para que le resuelvan los conflictos que surgen como consecuencia de las divergencias políticas producidas por su (des)gobierno, por culpa de la mayoría absoluta que ahora disfruta. Igualmente, ante la carencia de argumentos y principios, se esconden asustados detrás de los jueces y fiscales para lavarse las manos y no hacerse daño.... Es un proceder en absoluto democrático -decididamente antidemocrático-, pero muy legal. Se abusa de la ley y manipulan o coaccionan a los tribunales y asunto resuelto. Son las ventajas de gozar del poder absoluto más abrumador que se haya visto en la historia reciente del Estado español. Por cierto, poder miserablemente malgastado en beneficio de una minoría de poderosos.
Desgraciadamente, el Estado español actual se halla absolutamente secuestrado por la ideología propia de las fuerzas más reaccionarias aparecidas desde los tiempos de Franco. De hecho, la ultraderecha española ha extendido sus largos tentáculos y resulta hegemónica en las más señeras instituciones de España. Dominan buena parte de la prensa madrileña. Se han infiltrado en el Consejo General del Poder Judicial, en la fiscalía y la judicatura. También se encuentran entre de los empresarios -el IBEX 35 y el palco del Bernabeu están repletos de ellos- y lo más grave, dominan la cúpula del Partido Popular. Son hijos y nietos putativos del franquismo. Han condicionado y acaparado la maldita y sempiterna transición española, periodo que comprende desde la muerte de Franco hasta el presente, conservando privilegios, el dominio económico y financiero, el poder en la administración y la burocracia estatales. Como antes se ha dicho, los franquistas condicionan y dominan el Partido Popular y de rebote, al gobierno de España. Son ellos los inspiradores de la ley Wert, de la reforma de la ley del aborto, de la reforma laboral y de los millones de parados que ha generado; son los responsables máximos de la recentralización autonómica, de la devaluación salarial y del desmantelamiento del estado de bienestar -sanidad, educación, dependencia, pensiones-. La obra hecha por ellos es ingente.... Y el destrozo causado, inenarrable.
Ahora se afanan para poner en xirona a Artur Mas y algunos de sus consejeros, por haber dado cobertura política al proceso participativo celebrado el 9 de noviembre. Quieren inhabilitarlo por la ofensa infligida al honor de España y al derecho del Estado -que no es lo mismo que Estado de Derecho....-. Todo junto, resulta patético, vergonzoso, irracional.... Pero también irrelevante. Tendrán que imputar a casi dos millones y medio de ciudadanos -¡como poco!, que participamos con verdadero entusiasmo y júbilo en aquella fiesta absolutamente legítima y plenamente democrática. Mientras se entretienen con su batiburrillo, nosotros proseguiremos nuestro camino esperando que nos conduzca muy lejos de toda esta pandilla.
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