Después de ocho largos, tediosos y pesados años, Catalunya ha dejado de liderar el número de inspecciones fiscales efectuadas por la hacienda pública española. Ha sido superada el año 2012 por Andalucía. Como no podía ser de otra forma, Madrid ocupa el tercer lugar, a pesar de ser la comunidad que acumula el mayor volumen de fraude fiscal por inspección. ¿Significa este hecho que los catalanes hemos alcanzado al fin un trato justo por parte del ministro Montoro y sus inspectores?. Me temo que no. No es más que un hecho puntual, circunstancial. Además, el expolio fiscal continua afectando plena y desenfrenadamente los esquilmados bolsillos de los ciudadanos catalanes.
La Conselleria de Economia de Catalunya ha publicado las balanzas fiscales correspondientes al año 2010. El déficit fiscal para este año es de 16.800 millones de € -método flujo monetario-; esto es, el 8,5% del PIB catalán. En otras palabras, aportamos al Estado unos ingresos del 20%, mientras que los gastos totales del mismo en Catalunya apenas alcanzan el 14%. Valga como muestra de este atropello la circunstancia que desde el año 1986, el déficit fiscal catalán acumulado asciende a casi 250.000 millones de €. Esta cantidad representa el triple de los fondos de cohesión transferidos por U.E. al Estado Español, y seis veces el importe del plan Marshall para la Europa de la posguerra. El volumen del expolio catalán se ha tornado crónico, insostenible, abrumador. Y no tiene parangón en el Mundo.
El celo -en realidad, saña- de los inspectores fiscales y la magnitud de la confiscación perpetrada por el Estado hacia Catalunya solo se ven superadas por la mezquindad y desfachatez que muestran los presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, Madrid, Extremadura, Galicia, Castilla-la Mancha, La Rioja, Castilla-León, Cantabria y, ¡agárrense!, Euskadi. Todos ellos se oponen a la posibilidad que el Gobierno de España relaje el objetivo de déficit a Catalunya y a las comunidades que mayores esfuerzos -es decir, recortes- vienen realizando. Cabe destacar que todas, excepto Madrid y Euskadi, son receptoras netas de los fondos de solidaridad interterritorial, nutrido fundamentalmente con recursos extraídos de Catalunya, País Valenciano e Islas Baleares. La Comunidad de Madrid goza de los privilegios y beneficios inherentes al hecho de ser la reconcentrada capital del Estado. El déficit fiscal madrileño es engañoso, pues es producto del centralismo político-económico-financiero madrileño, lo cual causa que una buena porción de los impuestos recaudados en aquella comunidad provengan de operaciones fiscales realizadas en otras partes del territorio e incluso, en el exterior. Además, es la comunidad que mejor trato en inversiones públicas recibe, ya que es constatable el hecho que siempre se ejecutan en su territorio mucho más del cien por cien de lo presupuestado; justo lo contrario que ocurre en Catalunya, donde jamás se alcanza este porcentaje de ejecución presupuestaria. Pero el colmo de la ruindad corre a cargo del lehendakari Iñigo Urkullu. El presidente de Euskadi considera que sería un contrasentido premiar a quienes no han cumplido el déficit; entre otras Catalunya. Debe pensar que la Generalitat tiene el privilegio de disfrutar del concierto económico, como sucede en el País Vasco y Navarra. Y no sabe que cada ciudadano catalán aporta 2260 €, año tras año, que salen de su bolsillo -y jamás vuelven- y van a parar a la bolsa de la mal llamada solidaridad interterritorial española... Por cierto, ¿cuanto aportan los vascos a la caja común?. Nada y -1,35% del PIB vasco es lo mismo.
Evidentemente, la razón de tanta inquina no es otra que la animadversión que sienten hacia Catalunya. Así mismo, se debe al recalcitrante egoísmo de los que no están dispuestos a adaptarse a las penurias causadas por la crisis y la escasez de recursos propios originados en cada comunidad, con los cuales atender a las necesidades de sus conciudadanos. En consecuencia, envidian y no toleran a los que generan suficientes recursos por si mismo y exigen disponer de ellos priorizando sus necesidades por encima de la interminable, arbitraria y forzosa solidaridad española. "Catalunya es insaciable", se lamenta el deslenguado Monago. La manchega Maria Dolores de Cospedal amenaza con "no permitir que se favorezca a Catalunya". El presidente gallego Nuñez Feijóo -superávit fiscal del 8,19% del PIB- manifiesta que "no puedo explicar a los gallegos que los esfuerzos realizados han estado para ayudar Catalunya". El más sincero -e insultante- ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González: "cambiar dinero por independencia es inadmisible. Aunque no hubiera crisis, este planteamiento no se puede permitir".
Me pregunto, qué pensarían, qué harían ciudadanos de algún länder alemán, o de un condado inglés, o de cualquier otro territorio de otros países, si destacados mandatarios de sus respectivos estados les insultaran reiteradamente llamándoles nazis, fascistas y estalinistas, por querer votar en referéndum sobre su futuro o por utilizar preferentemente su idioma propio en las escuelas; si continuamente les dijeran que la riqueza que generan es propiedad del estado, para disfrute de todos, excepto los que la generan; que son unos redomados insolidarios, insaciables, desleales, victimistas, ilegítimos e inconstitucionales; que no merecen reconocimiento ni respeto como nación, país o pueblo; ni solidaridad alguna pues supuestamente son ricos; ni tan solo merecen las inversiones necesarias en obra pública para el mínimo sostenimiento de las infraestructuras de su territorio..... En tales circunstancias, ¿qué pensarían, qué harían estos ciudadanos bávaros, galeses, tiroleses, bretones, transilvanos o piamonteses?.
Catalunya está sometida al nacionalismo más avasallador que existe en Europa y tal vez en el Mundo: el nacional-españolismo. Casi todos los presidentes autonómicos y miembros del gobierno, así como la mayoría de diputados y senadores, las cúpulas de los partidos políticos de ámbito nacional y altos funcionarios, muchos jueces, periodistas cavernarios y todos los magistrados del Tribunal Constitucional, jamás se auto-reconocerán como nacionalistas españoles. Se avergüenzan del término y lo repudian por la lacra histórica que arrastra y representa, pero lo practican con fervor y entusiasmo (¿tal vez inconscientemente?. ¡Ja!). El españolismo es excluyente, aplastante, uniformista, centralista y escasamente democrático. Y como los gatos, tiene nueve vidas. Revive a la mínima oportunidad. La última, del renacido ex-presidente José Maria Aznar López, siempre adusto, intransigente y lóbrego. Anuncia al Mundo mundial el retorno a la política activa, si fuera necesario, cual salvador de la patria...¡Como no!. ¡Typical spanish!. Su objetivo: "restablecer la fortaleza de la nación española", amenazada por el proceso soberanista catalán. Y advierte que "Artur Mas está llevando a la sociedad catalana, a la división y el enfrentamiento y esto pasará mucho antes que pueda pasar al resto de España". Amenaza típicamente aznariana. Como la que Alicia Sánchez-Camacho ha lanzado en sede parlamentaria. La mejor manera que tiene la agresiva lideresa popular de pedir respeto para la virreina Llanos de Luna es amenazar con los "siete mil agentes armados españoles -CNP y Guardia Civil- a las órdenes de la Delegada del Gobierno español en Catalunya". Esta ha sido la respuesta a las críticas efectuadas con motivo del escandaloso homenaje que tuvo a bien ofrecer la virreina a los voluntarios españoles aliados de los nazis, la División Azul. Y que ha merecido el aval del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz por haber sido hecho en "un ambiente de reconciliación histórica". Cabe suponer que el ministro de Asuntos Exteriores español ofreció al pueblo ruso esta improbable reconciliación, puesto que fue el que sufrió durante la II Guerra Mundial los desmanes de la división nazi-franquista. ¿O no fue así?.
Cuando un estado se muestra hostil con una parte de si mismo. Cuando los ciudadanos de esa parte escarnecida toman la decisión de no aceptar tal situación por más tiempo. Cuando en respuesta, los mandatarios del estado opresor deciden incrementar la agresión financiera, cultural, judicial, económica, social y política, con el objetivo de someter por fuerza las ansias de libertad y justicia de los agredidos. Cuando sucede todo esto, el Estado debe apechugar con las consecuencias de sus actos. No vale persistir en la injusticia, el expolio o la agresión. No es el remedio. Como tampoco resuelve nada que un oscuro salvapatrias se ofrezca como garantía de salvación nacional. Si el estado decide utilizar la fuerza bruta o la violencia político-judicial para someter a ciudadanos pacíficos y democráticos y eliminar sus anhelos y esperanzas, este estado ha fracasado estrepitosamente. No merece existir. El futuro de un estado no pasa por la intransigencia, por la agresión, por la discriminación, por la dureza, por la uniformidad o por el divide et impera. Un estado en el siglo XXI, solo subsistirá si por encima de todo hace prevalecer los principios democráticos y el pluralismo sobre el autoritarismo, la uniformidad y la furia. Y desgraciadamente, la España actual ha adquirido una terrible deriva autoritaria que la conduce casi inexorablemente (¿de la mano de Aznar?) hacia el abismo de una nueva dictadura, más o menos disimulada. Y debemos tener presente que es falso que tiempos pasados siempre fueron mejores.
La independencia de Catalunya puede ser, a medio y largo plazo, la única solución positiva para esta España eternamente inacabada. Si el gobierno del señor Rajoy se aviene a negociar lealmente los términos del referéndum de autodeterminación, si acepta participar con nobleza en una campaña a favor o en contra de la independencia utilizando argumentos razonables, sin amenazas ni falacias, si se compromete a respetar el resultado de la consulta, España puede que pierda la última colonia del Imperio. Pero seguro que ganará la admiración y el respeto democrático de la comunidad internacional. Y sobretodo, de Catalunya.
La Conselleria de Economia de Catalunya ha publicado las balanzas fiscales correspondientes al año 2010. El déficit fiscal para este año es de 16.800 millones de € -método flujo monetario-; esto es, el 8,5% del PIB catalán. En otras palabras, aportamos al Estado unos ingresos del 20%, mientras que los gastos totales del mismo en Catalunya apenas alcanzan el 14%. Valga como muestra de este atropello la circunstancia que desde el año 1986, el déficit fiscal catalán acumulado asciende a casi 250.000 millones de €. Esta cantidad representa el triple de los fondos de cohesión transferidos por U.E. al Estado Español, y seis veces el importe del plan Marshall para la Europa de la posguerra. El volumen del expolio catalán se ha tornado crónico, insostenible, abrumador. Y no tiene parangón en el Mundo.
El celo -en realidad, saña- de los inspectores fiscales y la magnitud de la confiscación perpetrada por el Estado hacia Catalunya solo se ven superadas por la mezquindad y desfachatez que muestran los presidentes de las comunidades autónomas de Aragón, Madrid, Extremadura, Galicia, Castilla-la Mancha, La Rioja, Castilla-León, Cantabria y, ¡agárrense!, Euskadi. Todos ellos se oponen a la posibilidad que el Gobierno de España relaje el objetivo de déficit a Catalunya y a las comunidades que mayores esfuerzos -es decir, recortes- vienen realizando. Cabe destacar que todas, excepto Madrid y Euskadi, son receptoras netas de los fondos de solidaridad interterritorial, nutrido fundamentalmente con recursos extraídos de Catalunya, País Valenciano e Islas Baleares. La Comunidad de Madrid goza de los privilegios y beneficios inherentes al hecho de ser la reconcentrada capital del Estado. El déficit fiscal madrileño es engañoso, pues es producto del centralismo político-económico-financiero madrileño, lo cual causa que una buena porción de los impuestos recaudados en aquella comunidad provengan de operaciones fiscales realizadas en otras partes del territorio e incluso, en el exterior. Además, es la comunidad que mejor trato en inversiones públicas recibe, ya que es constatable el hecho que siempre se ejecutan en su territorio mucho más del cien por cien de lo presupuestado; justo lo contrario que ocurre en Catalunya, donde jamás se alcanza este porcentaje de ejecución presupuestaria. Pero el colmo de la ruindad corre a cargo del lehendakari Iñigo Urkullu. El presidente de Euskadi considera que sería un contrasentido premiar a quienes no han cumplido el déficit; entre otras Catalunya. Debe pensar que la Generalitat tiene el privilegio de disfrutar del concierto económico, como sucede en el País Vasco y Navarra. Y no sabe que cada ciudadano catalán aporta 2260 €, año tras año, que salen de su bolsillo -y jamás vuelven- y van a parar a la bolsa de la mal llamada solidaridad interterritorial española... Por cierto, ¿cuanto aportan los vascos a la caja común?. Nada y -1,35% del PIB vasco es lo mismo.
Evidentemente, la razón de tanta inquina no es otra que la animadversión que sienten hacia Catalunya. Así mismo, se debe al recalcitrante egoísmo de los que no están dispuestos a adaptarse a las penurias causadas por la crisis y la escasez de recursos propios originados en cada comunidad, con los cuales atender a las necesidades de sus conciudadanos. En consecuencia, envidian y no toleran a los que generan suficientes recursos por si mismo y exigen disponer de ellos priorizando sus necesidades por encima de la interminable, arbitraria y forzosa solidaridad española. "Catalunya es insaciable", se lamenta el deslenguado Monago. La manchega Maria Dolores de Cospedal amenaza con "no permitir que se favorezca a Catalunya". El presidente gallego Nuñez Feijóo -superávit fiscal del 8,19% del PIB- manifiesta que "no puedo explicar a los gallegos que los esfuerzos realizados han estado para ayudar Catalunya". El más sincero -e insultante- ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González: "cambiar dinero por independencia es inadmisible. Aunque no hubiera crisis, este planteamiento no se puede permitir".
Me pregunto, qué pensarían, qué harían ciudadanos de algún länder alemán, o de un condado inglés, o de cualquier otro territorio de otros países, si destacados mandatarios de sus respectivos estados les insultaran reiteradamente llamándoles nazis, fascistas y estalinistas, por querer votar en referéndum sobre su futuro o por utilizar preferentemente su idioma propio en las escuelas; si continuamente les dijeran que la riqueza que generan es propiedad del estado, para disfrute de todos, excepto los que la generan; que son unos redomados insolidarios, insaciables, desleales, victimistas, ilegítimos e inconstitucionales; que no merecen reconocimiento ni respeto como nación, país o pueblo; ni solidaridad alguna pues supuestamente son ricos; ni tan solo merecen las inversiones necesarias en obra pública para el mínimo sostenimiento de las infraestructuras de su territorio..... En tales circunstancias, ¿qué pensarían, qué harían estos ciudadanos bávaros, galeses, tiroleses, bretones, transilvanos o piamonteses?.
Catalunya está sometida al nacionalismo más avasallador que existe en Europa y tal vez en el Mundo: el nacional-españolismo. Casi todos los presidentes autonómicos y miembros del gobierno, así como la mayoría de diputados y senadores, las cúpulas de los partidos políticos de ámbito nacional y altos funcionarios, muchos jueces, periodistas cavernarios y todos los magistrados del Tribunal Constitucional, jamás se auto-reconocerán como nacionalistas españoles. Se avergüenzan del término y lo repudian por la lacra histórica que arrastra y representa, pero lo practican con fervor y entusiasmo (¿tal vez inconscientemente?. ¡Ja!). El españolismo es excluyente, aplastante, uniformista, centralista y escasamente democrático. Y como los gatos, tiene nueve vidas. Revive a la mínima oportunidad. La última, del renacido ex-presidente José Maria Aznar López, siempre adusto, intransigente y lóbrego. Anuncia al Mundo mundial el retorno a la política activa, si fuera necesario, cual salvador de la patria...¡Como no!. ¡Typical spanish!. Su objetivo: "restablecer la fortaleza de la nación española", amenazada por el proceso soberanista catalán. Y advierte que "Artur Mas está llevando a la sociedad catalana, a la división y el enfrentamiento y esto pasará mucho antes que pueda pasar al resto de España". Amenaza típicamente aznariana. Como la que Alicia Sánchez-Camacho ha lanzado en sede parlamentaria. La mejor manera que tiene la agresiva lideresa popular de pedir respeto para la virreina Llanos de Luna es amenazar con los "siete mil agentes armados españoles -CNP y Guardia Civil- a las órdenes de la Delegada del Gobierno español en Catalunya". Esta ha sido la respuesta a las críticas efectuadas con motivo del escandaloso homenaje que tuvo a bien ofrecer la virreina a los voluntarios españoles aliados de los nazis, la División Azul. Y que ha merecido el aval del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz por haber sido hecho en "un ambiente de reconciliación histórica". Cabe suponer que el ministro de Asuntos Exteriores español ofreció al pueblo ruso esta improbable reconciliación, puesto que fue el que sufrió durante la II Guerra Mundial los desmanes de la división nazi-franquista. ¿O no fue así?.
Cuando un estado se muestra hostil con una parte de si mismo. Cuando los ciudadanos de esa parte escarnecida toman la decisión de no aceptar tal situación por más tiempo. Cuando en respuesta, los mandatarios del estado opresor deciden incrementar la agresión financiera, cultural, judicial, económica, social y política, con el objetivo de someter por fuerza las ansias de libertad y justicia de los agredidos. Cuando sucede todo esto, el Estado debe apechugar con las consecuencias de sus actos. No vale persistir en la injusticia, el expolio o la agresión. No es el remedio. Como tampoco resuelve nada que un oscuro salvapatrias se ofrezca como garantía de salvación nacional. Si el estado decide utilizar la fuerza bruta o la violencia político-judicial para someter a ciudadanos pacíficos y democráticos y eliminar sus anhelos y esperanzas, este estado ha fracasado estrepitosamente. No merece existir. El futuro de un estado no pasa por la intransigencia, por la agresión, por la discriminación, por la dureza, por la uniformidad o por el divide et impera. Un estado en el siglo XXI, solo subsistirá si por encima de todo hace prevalecer los principios democráticos y el pluralismo sobre el autoritarismo, la uniformidad y la furia. Y desgraciadamente, la España actual ha adquirido una terrible deriva autoritaria que la conduce casi inexorablemente (¿de la mano de Aznar?) hacia el abismo de una nueva dictadura, más o menos disimulada. Y debemos tener presente que es falso que tiempos pasados siempre fueron mejores.
La independencia de Catalunya puede ser, a medio y largo plazo, la única solución positiva para esta España eternamente inacabada. Si el gobierno del señor Rajoy se aviene a negociar lealmente los términos del referéndum de autodeterminación, si acepta participar con nobleza en una campaña a favor o en contra de la independencia utilizando argumentos razonables, sin amenazas ni falacias, si se compromete a respetar el resultado de la consulta, España puede que pierda la última colonia del Imperio. Pero seguro que ganará la admiración y el respeto democrático de la comunidad internacional. Y sobretodo, de Catalunya.
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