Existen diversas formas de ganar unas elecciones, o una consulta no vinculante, e incluso un referéndum oficial. Se confecciona un programa electoral y se lucha para lograr la aceptación mayoritaria necesaria, entre las diferentes propuestas ofertadas a la sociedad. En el caso de un referéndum -o una consulta-, se propone una pregunta y se defiende la bondad de votar a favor o en contra de una determinada opción. Se pone en marcha una costosa y pesada maquinaria electoral para convencer a los electores, intentando alcanzar el mayor número de adhesiones en torno a las distintas formaciones políticas y programas electorales que concurren a los comicios. Aquella con más votos consigue el poder y puede formar un gobierno democrático, estable y plenamente legitimado. ¡Voilà!
Sin embargo, no todo es tan sencillo y diáfano en el caso que nos ocupa. Los próximos comicios catalanes, a celebrar el 25 de noviembre, presentan algunas peculiaridades que los diferencian del resto de elecciones celebradas hasta el presente. En efecto, tienen un carácter marcadamente plebiscitario. Todos los ciudadanos sabemos que además de votar al partido de nuestras preferencias y un determinado programa electoral, votaremos también a favor del derecho a decidir de los ciudadanos catalanes. Cada formación política recibirá los votos en función de si apoya o no el derecho de los catalanes a pronunciarse en un próximo futuro a favor o en contra de la independencia de Catalunya. Y en tales circunstancias, las maquinarias electorales de los distintos partidos se han puesto en funcionamiento mucho antes del inicio oficial de la campaña electoral. Con inusitada intensidad, dureza e incluso en algunos casos, maneras e intenciones indisimuladamente marrulleras.
Este tipo de marrullerías se aprecian con notable nitidez en la impagable labor que realizan las embajadas y consulados españoles, poniendo todo tipo de obstáculos para dificultar el voto de los catalanes que se hallan en el extranjero: "Llama una catalana por lo de las elecciones, le digo que ya no se puede,¿no?". "Vuelva Vd. mañana". "Ya no puede votar". " Debería haberse registrado cuando se convocaron las elecciones...". Esta es la información que reciben centenares de ciudadanos cuando intentan registrarse para ejercer su derecho a voto. Así lo han denunciado a los medios de comunicación catalanes. Los consulados y embajadas españoles en el exterior no son precisamente una ayuda para aquellos que desean participar en las elecciones. Diríase que están siguiendo al pie de la letra las truculentas triquiñuelas que dispone el Gobierno de España, contra la máxima expresión democrática que existe. Cabe preguntarse: ¿Todo vale para dificultar el ejercicio democrático de votar libremente y en secreto?. Se trata de las elecciones más trascendentales de cuantas se han producido en Catalunya hasta la fecha. Un gobierno -y el partido que lo sustenta- comprometido con los principios democráticos debería facilitar -incluso propiciar- la participación. La obscena actitud de los funcionarios españoles están mostrando fidedignamente la auténtica naturaleza de los gobernantes españoles. Evidencian una realidad españolista profundamente manipuladora y trilera, basada en la imposición y propagación del miedo y sustentada en evanescentes principios democráticos.
La actitud de los nacional-españolistas respecto los anhelos de Catalunya, además de vergonzosa, es absolutamente antidemocrática. Son capaces de todo. Como se ha visto, ponen trabas a los residentes en el extranjero impidiéndoles votar. Presionan a la UE para que se pronuncie a favor de las posiciones españolas -sin conseguirlo plenamente-, con marcada animadversión hacia Catalunya. E incluso amenazan con -o más bien propician-, la ruptura en el seno de la sociedad catalana. Tal es la indisimulada intención del ex-presidente del Gobierno de España, José Maria Aznar. Este falso constitucionalista, típico nacionalista español de voz engolada, tono severo, pretencioso y altivo, de impostado semblante y aires absolutamente cutres y antiguos, se permite amenazar con la ruptura de Catalunya antes que la de España. "Catalunya no podrá permanecer unida si no permanece española". "Quien piense que solo está en juego la unidad de España se equivoca. Antes de esto, está en juego la integridad de Catalunya". Aznar aboga descaradamente por la recentralización del Estado y condena "cualquier fórmula federal, confederal o del tipo que sea, que pretenda o requiera la quiebra de la soberanía nacional. Es inviable". ¡Qué gran futuro espera a las comunidades autónomas españolas!. ¡Qué oscuros presagios anuncia!. ¡Dios!. ¡Qué placer alcanzar la independencia y poder alejarse de la chabacanería e ínfulas que muestra este trasnochado hidalgo castellano!. Y de paso, la secesión permitiría deshacernos de la insultante presencia de la Fundación Francisco Franco, que fiel a sus lúgubres orígenes no cesa de demandar la implicación del ejercito español "para hacer cumplir la Constitución como primera respuesta a la pesadilla soberanista". Se pregunta "si existen españoles capaces de defender la unidad del Estado, cueste lo que cueste". Por último, apela a una moral superior y al patriotismo bueno en defensa de la España eterna. De los principios democráticos, no dice ni mu.
Cuando la chabacanería se transforma en injurias, insultos, mentiras e increíbles manipulaciones, estamos ante la sublimación del nacional-españolismo. Es el caso de los más activos y fervientes integrantes de la caverna mediática, fundamentalmente madrileña. Utilizan los medios de comunicación habituales para alertar a los buenos ciudadanos españoles de los peligros y las maldades que concurren en los separatistas catalanes. De ayer, de hoy y de siempre. Solo falta que griten: ¡Muerte a los catalanistas!. El Mundo insta a Rajoy a gobernar con el cuchillo en la boca. Esta frase, más propia de piratas que de periodistas, se inspira en la que Don Juan Carlos I ha pronunciado recientemente en la India, en el transcurso de un viaje de negocios: "España saldrá adelante con el cuchillo en la boca". Por su parte, Alerta Digital prosigue incansablemente la misión histórica de informar fehacientemente a los pobres catalanes y españoles de todos los males que se cernirán sobre una Catalunya independiente. "La independencia de Catalunya llevaría al asesinato de niños y al genocidio de españoles". Así mismo, "al hambre generalizada y a la extinción de los catalanes". Ante tales afirmaciones, me pregunto: ¿En España existe un Fiscal General del Estado, capaz de perseguir penalmente a presuntos delincuentes que se escudan en el ejercicio de una supuesta libertad de expresión, que solo utilizan para injuriar, mentir e insultar a centenares de miles de ciudadanos, con total impunidad?. Por lo visto, la fiscalia no está en ello ni por el momento se la espera; está muy ocupada con sus propias cuitas. ¿No se cansan los cavernarios de invocar en vano el Estado de Derecho, la sacrosanta Constitución y su dilecta hija, la democracia española, sin que el rubor aparezca en sus mejillas?. Otro agorero medio informativo, Libertad Digital, prefiere el pragmatismo a las abominaciones. El preclaro catedrático de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, ha decidido olvidar por un momento la prima riesgo, la inflación, el déficit público y similares zarandajas, y substituirlos por un sesudo análisis sobre los costes y las necesidades que supondría para España utilizar al Ejercito en la ocupación militar de la secesionista Catalunya. Para el control efectivo de los 32.000 km2 del Principado, este opróbico intelectual calcula una fuerza de ocupación formada por 270.000 soldados. Como sea que el ejercito español está integrado por 135.000 efectivos y la Guardia Civil cuenta con 80.000, a España le faltan 55.000 soldados. Así pues, deberá movilizar también a la guardia urbana de todos los pueblos y ciudades españoles, para que el control de Catalunya sea más efectivo. Además, a ello debería añadirse el coste económico que acarrearía tal desplegamiento bélico, así como los irreparables perjuicios que se causarían a la economía española, a causa de las incertidumbres provocadas, la inseguridad jurídica desatada y el vertiginoso incremento del desprestigio para la marca España. ¿Cuanto tiempo aguantaría España en estas circunstancias?. ¿Un mes?. ¿Una semana?. ¿Un día?. ¡Menos!. Ni la UE, ni USA lo aceptarían. Se trata de viejas, auténticas y consolidadas democracias. Y con notables intereses económicos en España a defender. Incluso en Catalunya.
Menos mal que el gobierno del Partido Popular ha decidido crear una "célula de crisis" contra la independencia. Así pues, ni sermones aznarianos, ni triquiñuelas consulares, ni cuchillos en la boca, ni siquiera 270.000 efectivos ocupando Catalunya como en 1714. Nada de eso. La solución: crear un grupo de trabajo formado por el Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado (¡Sapristi!. ¡Estas son las cuitas referidas anteriormente!), la abogada general y un representante del Ministerio de Interior. Ellos encontrarán los recursos represores legales y policiales para derrotar al señor Mas y los sectarios secesionistas que atentan contra la sagrada unidad de España. Y de paso, se activarán los poceros de las cloacas del Estado para confeccionar y filtrar los pertinentes dossiers contra las personalidades catalanas que se distingan en la lucha pro-independencia. Por supuesto, sin importar lo más mínimo si el contenido de los mismos está trufado de mentiras, falsedades, manipulaciones y de toda la mierda necesaria para mejor defensa de la España eterna. Por el momento esta "célula de crisis" (célula cancerosa en realidad), ya ha logrado que la euro-parlamentaria socialista, la catalana María Badia, se haya visto obligada a renunciar por haber firmado una carta dirigida a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, en la que se denunciaban las "intolerables invocaciones a las Fuerzas Armadas" que determinados personajes de la España constitucional hacen (con auténtico placer). Espero que este grupo de trabajo anti-secesión sea consciente que deberá actuar contra varios centenares de miles de ciudadanos catalanes hartos de impertinencias, mentiras, amenazas, insultos y desconsideraciones procedentes del Estado Español. Porque la independencia es cosa de muchos. Es un sentimiento cargado de ilusión y esperanza, compartido transversalmente por la mayoría de catalanes. Muchos más que 270.000.
Así pues, los próximos comicios catalanes se verán mediatizados por las malas artes de muchos españolistas defensores del unitarismo a ultranza. Lo harán de forma oficial y descarada, y también de forma sin que se note el cuidado. Pondrán obstáculos y triquiñuelas para impedir o dificultar el voto en libertad. Utilizarán manipulaciones y desinformación como argumentos electorales al servicio de la unidad de España. E incluso fomentarán la abstención mediante el inapreciable concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores, sumado a las inexplicables decisiones de la Junta Electoral Central. La JEC ha decidido que la Generalitat no puede hacer un llamamiento a la participación, porqué las leyes españolas no lo permiten. Concretamente, la JEC considera que constituye una campaña institucional de incentivación del voto "no amparada por la legislación electoral". Y sin embargo, el Estatuto de Catalunya contempla el fomento a la participación. ¿Podemos calificar la resolución de la JEC como propiciatoria de la abstención?. Rotundamente, si. ¿Interesa al unionismo una baja participación?. Por supuesto. Es la forma más elegante de deslegitimar los previsibles resultados. Pero, a pesar de sus ímprobos esfuerzos, fracasarán. Con la misma contundencia que está fracasando la política del Gobierno de España con la pretensión -a buenas horas, mangas verdes- de restablecer un diálogo sobre financiación que rehusó apenas hace unas semanas. ¿Se enterarán de una vez los españoles que solo cabe negociar el cómo y el cuando se convoca el referéndum de autodeterminación?. No pierdo las esperanzas que acaben entendiéndolo. Esperemos que así sea después de la votación y los clarificadores resultados que sin duda se producirán el próximo 25 de noviembre de 2012. Y después, pelillos a la mar.
Este tipo de marrullerías se aprecian con notable nitidez en la impagable labor que realizan las embajadas y consulados españoles, poniendo todo tipo de obstáculos para dificultar el voto de los catalanes que se hallan en el extranjero: "Llama una catalana por lo de las elecciones, le digo que ya no se puede,¿no?". "Vuelva Vd. mañana". "Ya no puede votar". " Debería haberse registrado cuando se convocaron las elecciones...". Esta es la información que reciben centenares de ciudadanos cuando intentan registrarse para ejercer su derecho a voto. Así lo han denunciado a los medios de comunicación catalanes. Los consulados y embajadas españoles en el exterior no son precisamente una ayuda para aquellos que desean participar en las elecciones. Diríase que están siguiendo al pie de la letra las truculentas triquiñuelas que dispone el Gobierno de España, contra la máxima expresión democrática que existe. Cabe preguntarse: ¿Todo vale para dificultar el ejercicio democrático de votar libremente y en secreto?. Se trata de las elecciones más trascendentales de cuantas se han producido en Catalunya hasta la fecha. Un gobierno -y el partido que lo sustenta- comprometido con los principios democráticos debería facilitar -incluso propiciar- la participación. La obscena actitud de los funcionarios españoles están mostrando fidedignamente la auténtica naturaleza de los gobernantes españoles. Evidencian una realidad españolista profundamente manipuladora y trilera, basada en la imposición y propagación del miedo y sustentada en evanescentes principios democráticos.
La actitud de los nacional-españolistas respecto los anhelos de Catalunya, además de vergonzosa, es absolutamente antidemocrática. Son capaces de todo. Como se ha visto, ponen trabas a los residentes en el extranjero impidiéndoles votar. Presionan a la UE para que se pronuncie a favor de las posiciones españolas -sin conseguirlo plenamente-, con marcada animadversión hacia Catalunya. E incluso amenazan con -o más bien propician-, la ruptura en el seno de la sociedad catalana. Tal es la indisimulada intención del ex-presidente del Gobierno de España, José Maria Aznar. Este falso constitucionalista, típico nacionalista español de voz engolada, tono severo, pretencioso y altivo, de impostado semblante y aires absolutamente cutres y antiguos, se permite amenazar con la ruptura de Catalunya antes que la de España. "Catalunya no podrá permanecer unida si no permanece española". "Quien piense que solo está en juego la unidad de España se equivoca. Antes de esto, está en juego la integridad de Catalunya". Aznar aboga descaradamente por la recentralización del Estado y condena "cualquier fórmula federal, confederal o del tipo que sea, que pretenda o requiera la quiebra de la soberanía nacional. Es inviable". ¡Qué gran futuro espera a las comunidades autónomas españolas!. ¡Qué oscuros presagios anuncia!. ¡Dios!. ¡Qué placer alcanzar la independencia y poder alejarse de la chabacanería e ínfulas que muestra este trasnochado hidalgo castellano!. Y de paso, la secesión permitiría deshacernos de la insultante presencia de la Fundación Francisco Franco, que fiel a sus lúgubres orígenes no cesa de demandar la implicación del ejercito español "para hacer cumplir la Constitución como primera respuesta a la pesadilla soberanista". Se pregunta "si existen españoles capaces de defender la unidad del Estado, cueste lo que cueste". Por último, apela a una moral superior y al patriotismo bueno en defensa de la España eterna. De los principios democráticos, no dice ni mu.
Cuando la chabacanería se transforma en injurias, insultos, mentiras e increíbles manipulaciones, estamos ante la sublimación del nacional-españolismo. Es el caso de los más activos y fervientes integrantes de la caverna mediática, fundamentalmente madrileña. Utilizan los medios de comunicación habituales para alertar a los buenos ciudadanos españoles de los peligros y las maldades que concurren en los separatistas catalanes. De ayer, de hoy y de siempre. Solo falta que griten: ¡Muerte a los catalanistas!. El Mundo insta a Rajoy a gobernar con el cuchillo en la boca. Esta frase, más propia de piratas que de periodistas, se inspira en la que Don Juan Carlos I ha pronunciado recientemente en la India, en el transcurso de un viaje de negocios: "España saldrá adelante con el cuchillo en la boca". Por su parte, Alerta Digital prosigue incansablemente la misión histórica de informar fehacientemente a los pobres catalanes y españoles de todos los males que se cernirán sobre una Catalunya independiente. "La independencia de Catalunya llevaría al asesinato de niños y al genocidio de españoles". Así mismo, "al hambre generalizada y a la extinción de los catalanes". Ante tales afirmaciones, me pregunto: ¿En España existe un Fiscal General del Estado, capaz de perseguir penalmente a presuntos delincuentes que se escudan en el ejercicio de una supuesta libertad de expresión, que solo utilizan para injuriar, mentir e insultar a centenares de miles de ciudadanos, con total impunidad?. Por lo visto, la fiscalia no está en ello ni por el momento se la espera; está muy ocupada con sus propias cuitas. ¿No se cansan los cavernarios de invocar en vano el Estado de Derecho, la sacrosanta Constitución y su dilecta hija, la democracia española, sin que el rubor aparezca en sus mejillas?. Otro agorero medio informativo, Libertad Digital, prefiere el pragmatismo a las abominaciones. El preclaro catedrático de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, ha decidido olvidar por un momento la prima riesgo, la inflación, el déficit público y similares zarandajas, y substituirlos por un sesudo análisis sobre los costes y las necesidades que supondría para España utilizar al Ejercito en la ocupación militar de la secesionista Catalunya. Para el control efectivo de los 32.000 km2 del Principado, este opróbico intelectual calcula una fuerza de ocupación formada por 270.000 soldados. Como sea que el ejercito español está integrado por 135.000 efectivos y la Guardia Civil cuenta con 80.000, a España le faltan 55.000 soldados. Así pues, deberá movilizar también a la guardia urbana de todos los pueblos y ciudades españoles, para que el control de Catalunya sea más efectivo. Además, a ello debería añadirse el coste económico que acarrearía tal desplegamiento bélico, así como los irreparables perjuicios que se causarían a la economía española, a causa de las incertidumbres provocadas, la inseguridad jurídica desatada y el vertiginoso incremento del desprestigio para la marca España. ¿Cuanto tiempo aguantaría España en estas circunstancias?. ¿Un mes?. ¿Una semana?. ¿Un día?. ¡Menos!. Ni la UE, ni USA lo aceptarían. Se trata de viejas, auténticas y consolidadas democracias. Y con notables intereses económicos en España a defender. Incluso en Catalunya.
Menos mal que el gobierno del Partido Popular ha decidido crear una "célula de crisis" contra la independencia. Así pues, ni sermones aznarianos, ni triquiñuelas consulares, ni cuchillos en la boca, ni siquiera 270.000 efectivos ocupando Catalunya como en 1714. Nada de eso. La solución: crear un grupo de trabajo formado por el Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado (¡Sapristi!. ¡Estas son las cuitas referidas anteriormente!), la abogada general y un representante del Ministerio de Interior. Ellos encontrarán los recursos represores legales y policiales para derrotar al señor Mas y los sectarios secesionistas que atentan contra la sagrada unidad de España. Y de paso, se activarán los poceros de las cloacas del Estado para confeccionar y filtrar los pertinentes dossiers contra las personalidades catalanas que se distingan en la lucha pro-independencia. Por supuesto, sin importar lo más mínimo si el contenido de los mismos está trufado de mentiras, falsedades, manipulaciones y de toda la mierda necesaria para mejor defensa de la España eterna. Por el momento esta "célula de crisis" (célula cancerosa en realidad), ya ha logrado que la euro-parlamentaria socialista, la catalana María Badia, se haya visto obligada a renunciar por haber firmado una carta dirigida a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, en la que se denunciaban las "intolerables invocaciones a las Fuerzas Armadas" que determinados personajes de la España constitucional hacen (con auténtico placer). Espero que este grupo de trabajo anti-secesión sea consciente que deberá actuar contra varios centenares de miles de ciudadanos catalanes hartos de impertinencias, mentiras, amenazas, insultos y desconsideraciones procedentes del Estado Español. Porque la independencia es cosa de muchos. Es un sentimiento cargado de ilusión y esperanza, compartido transversalmente por la mayoría de catalanes. Muchos más que 270.000.
Así pues, los próximos comicios catalanes se verán mediatizados por las malas artes de muchos españolistas defensores del unitarismo a ultranza. Lo harán de forma oficial y descarada, y también de forma sin que se note el cuidado. Pondrán obstáculos y triquiñuelas para impedir o dificultar el voto en libertad. Utilizarán manipulaciones y desinformación como argumentos electorales al servicio de la unidad de España. E incluso fomentarán la abstención mediante el inapreciable concurso del Ministerio de Asuntos Exteriores, sumado a las inexplicables decisiones de la Junta Electoral Central. La JEC ha decidido que la Generalitat no puede hacer un llamamiento a la participación, porqué las leyes españolas no lo permiten. Concretamente, la JEC considera que constituye una campaña institucional de incentivación del voto "no amparada por la legislación electoral". Y sin embargo, el Estatuto de Catalunya contempla el fomento a la participación. ¿Podemos calificar la resolución de la JEC como propiciatoria de la abstención?. Rotundamente, si. ¿Interesa al unionismo una baja participación?. Por supuesto. Es la forma más elegante de deslegitimar los previsibles resultados. Pero, a pesar de sus ímprobos esfuerzos, fracasarán. Con la misma contundencia que está fracasando la política del Gobierno de España con la pretensión -a buenas horas, mangas verdes- de restablecer un diálogo sobre financiación que rehusó apenas hace unas semanas. ¿Se enterarán de una vez los españoles que solo cabe negociar el cómo y el cuando se convoca el referéndum de autodeterminación?. No pierdo las esperanzas que acaben entendiéndolo. Esperemos que así sea después de la votación y los clarificadores resultados que sin duda se producirán el próximo 25 de noviembre de 2012. Y después, pelillos a la mar.
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