No le resultará fácil al señor Mas, alcanzar el pacto fiscal mediante negociación. No interesa a España. De nada servirá que el "Financial Times" opine que "el concierto económico pueda ser parte de la solución a la crisis de las financias públicas de España". El artículo en cuestión, firmado por David Gardner se refiere al Estado autonómico. Apunta que "el problema más grave de España es el gasto de las autonomías", a la vez que defiende el aparente éxito y prosperidad del modelo los últimos 25 años. El Estado desplegó las competencias a todas las regiones, independientemente de la voluntad autonomista de cada una de ellas. Sin embargo, míster Gardner no se pregunta porqué España extendió el café para todos tan generosamente. La respuesta a esta cuestión es conocida (aunque no reconocida).... en España: para frenar y diluir las ansias de autogobierno de País Vasco y sobre todo, de Catalunya. Y lo hizo transformando la autonomía política inicial en una mera descentralización administrativa, con la misma capacidad de autogobierno político que pudiera tener una simple gestoría administrativa. Es precisamente esta generosa mezquindad la que ha provocado el estrepitoso fracaso cosechado por el Estado Español en su conjunto, y en particular por la Constitución y las discutidas (altas y bajas) Instituciones españolas, que configuran la actual entelequia en que ha devenido la nueva España del siglo XXI.
En realidad, el aparente éxito referido por el articulista, se circunscribe al País Vasco (y Navarra). El concierto económico permite el control de la totalidad de recursos generados en la comunidad, siendo esta la gran ventaja que disfruta. Que se traduce en un indice de paro alrededor del 13%, un déficit público bajo control, del 2,5%; y capacidad para minimizar ajustes, mantener la inversión en sanidad y educación; y gozar de unas sólidas perspectivas económicas que le posiciona de cara el futuro con renovada esperanza y optimismo, una vez sea superada la situación de crisis generalizada que padecemos en la actualidad.
El resto de autonomías (incluyendo Catalunya), se hallan a merced de decisiones e imposiciones del Gobierno de Madrid, sean o no acertadas y/o justas. Concretamente en Catalunya, esto significa un déficit sobre el PIB del 3,72% escasamente controlado; una tasa de paro alrededor del 20%; y la obligación de implementar hasta tres recortes en las cuentas públicas el último año y medio, que ascienden en total a casi 6000 millones de €. Además, Catalunya sufre un insostenible expolio fiscal, una escandalosa discriminación en inversión pública en infraestructuras por parte del Gobierno Central, así como la insoportable chulería de ministros, secretarios de estado y altos funcionarios españoles, que se permiten dar paternalistas lecciones económicas y exigir disciplina, rigor y transparencia, al tiempo que no pagan las deudas contraídas y reconocidas legalmente en leyes españolas plenamente vigentes (presupuestos generales del Estado y Estatuto de Autonomia catalán, entre otras). Y utilizan las amenazas con la misma altanería que Don Quijote blandía escudo, lanza y espada ante fantasmagóricos molinos de viento. Es decir, con absoluta locura, desvarío incontrolado, acentuado desconcierto y ridículo desenfrenado.
El Gobierno de Madrid no ha cejado en su empeño de atribuir los desmanes financieros españoles a las comunidades, especialmente a Catalunya -que acumula casi el 30% del total de recortes autonómicos del Estado-. Despilfarro, gestión deficiente, falta de transparencia, son conceptos que profusa y arteramente utilizan en Madrid al referirse a Catalunya, para abundar en las tesis culpabilizadoras. A tamaña incompetencia catalana contraponían las excelencias de Madrid, o Castilla y León, como rutilantes ejemplos a seguir. Ambas comunidades están gobernadas desde siempre, por el Partido Popular, al igual que el País Valenciano (aunque esta última sea significativamente tratada con tiento y disimulo, a causa de los excesos cometidos por todos los ejecutivos que se han sucedido en la Comunidad). Pués bien, ha resultado que la señora Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha ocultado que el déficit del 2011 sobre el PIB madrileño se eleva al 2,21%, en vez del 1,13% anunciado a bombo y platillos y puesto como ejemplo de buena gestión. Es decir, exactamente doble de lo admitido hasta la fecha. Debe recordarse asimismo, la deuda acumulada por el ayuntamiento de la capital, de más de 7000 millones de €. Castilla y León pasa del 2,35% al 2,59%. Por su parte, el País Valenciano aumenta del 3,68% al 4,5%. Mención aparte merece Galicia (gobernada también por el PP). Ha presentado un déficit del 4,37% del PIB regional, pero "aclara que los ajustes de liquidaciones negativas del sistema de financiación no se contabilizan para esta magnitud. En conclusión, una vez descontados, la desviación se sitúa en el 1,61% del PIB. Me pregunto, ¿qué diría el Gobierno de Madrid si Catalunya hubiera descontado las deudas que España tiene contraidas, bien por presupuestos no cumplidos, bien por disposiciones estatutarias no atendidas, o por inversiones comprometidas y nunca ejecutadas?. Lo más esperpéntico es que estas nuevas cifras de déficit, no se han hecho públicos hasta después de aprobados los nuevos recortes que exige el Estado a las autonomías. ¿Será acaso para centrifugar estos incrementos hacia el resto de comunidades, para que todas ellas contribuyan al ajuste de las mentirosas?. Rotundamente, si. Y principalmente afecta a Catalunya (recordemos, 30% del total autonómico recortado, por el momento)
Nunca recibiremos respuesta cabal a la pregunta que acaba de plantearse. La contestación estaría en boca de Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, encargado de supervisar y vigilar por el cumplimiento de las medidas financieras (recortes) adoptadas en el seno del pomposo Consejo de Política Fiscal y Financiera recientemente celebrado en Madrid. Rutilante cargo político que luce entre sus laureles más recientes, haber sido Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante los años 2008-2011. Periodo en que casualmente fraguó el déficit (oculto) madrileño y se pusieron los cimientos que han permitido a BANKIA (antes Caja Madrid, preciado juguete de Esperanza Aguirre) protagonizar el mayor de los escándalos financieros ocurridos (por ahora) en el Reino de España. Sin olvidar que es la Comunidad, junto el País Valenciano, que ha brindado al resto de la humanidad el llamado caso Gurtel, obscura trama de corrupción firmemente asentada en los aledaños del Partido Popular, tan o más escandaloso que el caso BANKIA.
Estas son las circunstancias que enfrenta el M.H.S. Artur Mas i Gabarró, Presidente de la Generalitat de Catalunya. Este es el panorama de la triste realidad en que enmarcar la negociación sobre el Pacto Fiscal. El fracaso está servido. Jamas un Gobierno de España -el del señor Rajoy- ha dilapidado con tanta celeridad todo el capital de credibilidad, confianza y esperanza que los ciudadanos españoles depositaron con sus votos, otorgándole la mayoría absoluta apenas hace seis meses. Desafortunadamente, el Pacto Fiscal o bien está muerto antes de nacer, o será sometido a tal cúmulo de cambios (fruto de infausta negociación) que se tornará en irreconocible y por tanto, inadmisible para los catalanes. Lo cual sin duda provocará la acentuación del malestar e indignación de los ciudadanos y en consecuencia, la aproximación de las horas de revueltas. Porque, seamos sinceros, ¿que más podemos perder los catalanes?. Los puestos de trabajo desaparecen por miles, cada día. Los salarios que perviven a la crisis, van encogiendo mes tras mes. Las cacareadas reformas estructurales -laborales, financieras- brillan en todo su esplendor, precarizando la vida de trabajadores y clases medias. El estado de bienestar se difumina, se desvanece, particularmente ante los más desfavorecidos: parados, ancianos, discapacitados, inmigrantes, escolares, universitarios y jóvenes en general, padres de familia desahuciados de sus hogares, etc... Estamos hablando de centenares de miles de familias, de millones de ciudadanos. ¿No es todo ello una invitación, como mínimo a la insumisión?. Los tiempos de agitación han comenzado. Si nadie lo remedia, la rauxa ganará el pulso al seny.
Por mi parte, pienso aportar mi grano de arena; apoyando las campañas #novullpagar (a Madrid) y #espanyaensroba. En la fachada de mi casa se izará permanentemente una bandera estelada, en señal de apoyo a la independencia de Catalunya y de protesta contra España. Me sumaré a la campaña de insumisión fiscal puesta en marcha por un grupo de emprendedores catalanes y apoyada por miles de ciudadanos; me sentiré confortado por la adhesión de mi ayuntamiento a los que ya se han declarado partidarios de la independencia de Catalunya (la mitad de consistorios catalanes, hasta el momento). Y codo con codo de familiares, amigos, vecinos, conocidos y compatriotas, nos sumaremos entusiastamente a las movilizaciones y manifestaciones a favor de la independencia, que sin duda se convocarán el próximo futuro. Es la única alternativa. Es el principio de la solución. No es más que la necesaria independencia.
En realidad, el aparente éxito referido por el articulista, se circunscribe al País Vasco (y Navarra). El concierto económico permite el control de la totalidad de recursos generados en la comunidad, siendo esta la gran ventaja que disfruta. Que se traduce en un indice de paro alrededor del 13%, un déficit público bajo control, del 2,5%; y capacidad para minimizar ajustes, mantener la inversión en sanidad y educación; y gozar de unas sólidas perspectivas económicas que le posiciona de cara el futuro con renovada esperanza y optimismo, una vez sea superada la situación de crisis generalizada que padecemos en la actualidad.
El resto de autonomías (incluyendo Catalunya), se hallan a merced de decisiones e imposiciones del Gobierno de Madrid, sean o no acertadas y/o justas. Concretamente en Catalunya, esto significa un déficit sobre el PIB del 3,72% escasamente controlado; una tasa de paro alrededor del 20%; y la obligación de implementar hasta tres recortes en las cuentas públicas el último año y medio, que ascienden en total a casi 6000 millones de €. Además, Catalunya sufre un insostenible expolio fiscal, una escandalosa discriminación en inversión pública en infraestructuras por parte del Gobierno Central, así como la insoportable chulería de ministros, secretarios de estado y altos funcionarios españoles, que se permiten dar paternalistas lecciones económicas y exigir disciplina, rigor y transparencia, al tiempo que no pagan las deudas contraídas y reconocidas legalmente en leyes españolas plenamente vigentes (presupuestos generales del Estado y Estatuto de Autonomia catalán, entre otras). Y utilizan las amenazas con la misma altanería que Don Quijote blandía escudo, lanza y espada ante fantasmagóricos molinos de viento. Es decir, con absoluta locura, desvarío incontrolado, acentuado desconcierto y ridículo desenfrenado.
El Gobierno de Madrid no ha cejado en su empeño de atribuir los desmanes financieros españoles a las comunidades, especialmente a Catalunya -que acumula casi el 30% del total de recortes autonómicos del Estado-. Despilfarro, gestión deficiente, falta de transparencia, son conceptos que profusa y arteramente utilizan en Madrid al referirse a Catalunya, para abundar en las tesis culpabilizadoras. A tamaña incompetencia catalana contraponían las excelencias de Madrid, o Castilla y León, como rutilantes ejemplos a seguir. Ambas comunidades están gobernadas desde siempre, por el Partido Popular, al igual que el País Valenciano (aunque esta última sea significativamente tratada con tiento y disimulo, a causa de los excesos cometidos por todos los ejecutivos que se han sucedido en la Comunidad). Pués bien, ha resultado que la señora Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha ocultado que el déficit del 2011 sobre el PIB madrileño se eleva al 2,21%, en vez del 1,13% anunciado a bombo y platillos y puesto como ejemplo de buena gestión. Es decir, exactamente doble de lo admitido hasta la fecha. Debe recordarse asimismo, la deuda acumulada por el ayuntamiento de la capital, de más de 7000 millones de €. Castilla y León pasa del 2,35% al 2,59%. Por su parte, el País Valenciano aumenta del 3,68% al 4,5%. Mención aparte merece Galicia (gobernada también por el PP). Ha presentado un déficit del 4,37% del PIB regional, pero "aclara que los ajustes de liquidaciones negativas del sistema de financiación no se contabilizan para esta magnitud. En conclusión, una vez descontados, la desviación se sitúa en el 1,61% del PIB. Me pregunto, ¿qué diría el Gobierno de Madrid si Catalunya hubiera descontado las deudas que España tiene contraidas, bien por presupuestos no cumplidos, bien por disposiciones estatutarias no atendidas, o por inversiones comprometidas y nunca ejecutadas?. Lo más esperpéntico es que estas nuevas cifras de déficit, no se han hecho públicos hasta después de aprobados los nuevos recortes que exige el Estado a las autonomías. ¿Será acaso para centrifugar estos incrementos hacia el resto de comunidades, para que todas ellas contribuyan al ajuste de las mentirosas?. Rotundamente, si. Y principalmente afecta a Catalunya (recordemos, 30% del total autonómico recortado, por el momento)
Nunca recibiremos respuesta cabal a la pregunta que acaba de plantearse. La contestación estaría en boca de Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, encargado de supervisar y vigilar por el cumplimiento de las medidas financieras (recortes) adoptadas en el seno del pomposo Consejo de Política Fiscal y Financiera recientemente celebrado en Madrid. Rutilante cargo político que luce entre sus laureles más recientes, haber sido Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante los años 2008-2011. Periodo en que casualmente fraguó el déficit (oculto) madrileño y se pusieron los cimientos que han permitido a BANKIA (antes Caja Madrid, preciado juguete de Esperanza Aguirre) protagonizar el mayor de los escándalos financieros ocurridos (por ahora) en el Reino de España. Sin olvidar que es la Comunidad, junto el País Valenciano, que ha brindado al resto de la humanidad el llamado caso Gurtel, obscura trama de corrupción firmemente asentada en los aledaños del Partido Popular, tan o más escandaloso que el caso BANKIA.
Estas son las circunstancias que enfrenta el M.H.S. Artur Mas i Gabarró, Presidente de la Generalitat de Catalunya. Este es el panorama de la triste realidad en que enmarcar la negociación sobre el Pacto Fiscal. El fracaso está servido. Jamas un Gobierno de España -el del señor Rajoy- ha dilapidado con tanta celeridad todo el capital de credibilidad, confianza y esperanza que los ciudadanos españoles depositaron con sus votos, otorgándole la mayoría absoluta apenas hace seis meses. Desafortunadamente, el Pacto Fiscal o bien está muerto antes de nacer, o será sometido a tal cúmulo de cambios (fruto de infausta negociación) que se tornará en irreconocible y por tanto, inadmisible para los catalanes. Lo cual sin duda provocará la acentuación del malestar e indignación de los ciudadanos y en consecuencia, la aproximación de las horas de revueltas. Porque, seamos sinceros, ¿que más podemos perder los catalanes?. Los puestos de trabajo desaparecen por miles, cada día. Los salarios que perviven a la crisis, van encogiendo mes tras mes. Las cacareadas reformas estructurales -laborales, financieras- brillan en todo su esplendor, precarizando la vida de trabajadores y clases medias. El estado de bienestar se difumina, se desvanece, particularmente ante los más desfavorecidos: parados, ancianos, discapacitados, inmigrantes, escolares, universitarios y jóvenes en general, padres de familia desahuciados de sus hogares, etc... Estamos hablando de centenares de miles de familias, de millones de ciudadanos. ¿No es todo ello una invitación, como mínimo a la insumisión?. Los tiempos de agitación han comenzado. Si nadie lo remedia, la rauxa ganará el pulso al seny.
Por mi parte, pienso aportar mi grano de arena; apoyando las campañas #novullpagar (a Madrid) y #espanyaensroba. En la fachada de mi casa se izará permanentemente una bandera estelada, en señal de apoyo a la independencia de Catalunya y de protesta contra España. Me sumaré a la campaña de insumisión fiscal puesta en marcha por un grupo de emprendedores catalanes y apoyada por miles de ciudadanos; me sentiré confortado por la adhesión de mi ayuntamiento a los que ya se han declarado partidarios de la independencia de Catalunya (la mitad de consistorios catalanes, hasta el momento). Y codo con codo de familiares, amigos, vecinos, conocidos y compatriotas, nos sumaremos entusiastamente a las movilizaciones y manifestaciones a favor de la independencia, que sin duda se convocarán el próximo futuro. Es la única alternativa. Es el principio de la solución. No es más que la necesaria independencia.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada