La Generalitat está llegando al punto en que deberá optar, o bien por la resignación y aceptación de la cruda realidad que nos afecta, o por el contrario avanzar hacia la transformación de las instituciones políticas que ahora nos subyugan, y cambiar la perversa dinámica actual en las relaciones de Catalunya y los catalanes, con España y el resto de la humanidad. Vivimos tiempos agitados, casi en horas de revueltas. Y las decisiones que deberemos adoptar próximamente se vislumbran osadas, casi temerarias. Sin duda, inciertas. Pero a la vez, cargadas de esperanzas e ilusiones.
Inevitablemente, serán resoluciones fundamentadas en prosaicas cuestiones económicas, aderezadas con grandes dosis estrictamente políticas, y también sociales e identitarias. En definitiva, como en todo proceso de emancipación nacional, la cuestión económica es el detonante que enciende la chispa de las emociones, incluso de las pasiones. No en vano, las relaciones entre Catalunya y España están repletas de agravios económicos, fiscales, lingüísticos, culturales. Todos ellos sometidos a arbitrariedades judiciales -la utilización partidista del poder constitucional y judicial como agresiva arma nacionalista castellana, ha sido escandalosa-. Relaciones en última instancia acompañadas de una actitud política cargada de soberbia, prepotencia y de trasnochada y altiva hidalguía española. Conocida es mi opinión crítica acerca de la levedad, de la endeblez de la democracia hispana, incapaz de librarse de los adjetivos que la acompañan y caracterizan, y que son tan del agrado de los dirigentes españoles. ¡Con lo sencillo, hermoso y claro que resulta utilizar y entender en toda su extensión y significado simplemente el término democracia, sin más!.
Pues bien, en tales circunstancias, el Gobierno del señor Mas deberá decidir qué camino toma para llegar a lo que denomina soberanía fiscal de Catalunya, si o si. Por el momento, ha decidido negociar con el PP y el PSC-PSOE el acuerdo parlamentario sustentado por Convergència, Esquerra e Iniciativa. Esto es, agencia tributaria propia para recaudar todos los impuestos catalanes; salir del marco normativo de la LOFCA; relación bilateral Catalunya-España; capacidad decisoria sobre como se distribuirán, cuanto dedicaremos para auténtica y limitada solidaridad y en que utilizaremos los recursos recaudados, todo ello sin interferencias madrileñas.
Las fuerzas españolistas ya han anunciado su oposición a las pretensiones catalanas. El PP, por boca de Alicia Sánchez-Camacho, ha manifestado que "el pacto fiscal no es prioritario". Insta al gobierno catalán para "no buscar la confrontación" con Madrid y que "la llave que necesitamos no es la de la caja (de los impuestos), sino la del consenso de todos los partidos" para salir de la crisis que padece España y por tanto, Catalunya. "Consenso" (adhesión inquebrantable, en realidad) consistente en plegarse sin chistar a los intereses del Partido Popular y del Gobierno de Madrid. Finalmente, ha amenazado (como es habitual en ella) que un modelo de financiación para Catalunya sin el PP "no sería exitoso, porque su partido es la tercera fuerza del Parlament y, además, es la que dá soporte al Gobierno Central". "Sin ellos se puede producir una fractura social", remacha.
Por su parte, Pere Navarro, en calidad de primer secretario del Partido Socialista (federación catalana), ha abandonado momentáneamente el embobamiento hollandista que tanto le seduce y se ha manifestado con inusitada claridad sobre el pacto fiscal del señor Mas. Por supuesto, aboga cansinamente por seguir buscando una improbable (por imposible) España federal, aprovechando la actual organización del estado de las autonomías y profundizando en las relaciones supuestamente federalizadas (¿?) existentes entre el Estado y la Generalitat. Considera que la agencia tributaria catalana debe ser compartida vía consorcio con la agencia estatal, es decir, que la "llave de la caja" deberá estar en poder de España y Catalunya a la vez (?). Asimismo defiende que la LOFCA es el marco adecuado en que inserir el pacto fiscal catalán. En definitiva, parece que una mera revisión al alza del sistema de financiación actual colmaría las aspiraciones socialista. Por lo visto pretende que "todo cambie para que todo siga igual". Como colofón, propone que el señor Duran i Lleida participe en la próxima cita -sobre el pacto fiscal- de los representantes de los grupos políticos del Parlamento de Catalunya, aunque no forme parte del mismo. El objetivo de esta demanda no es otro que propiciar un supuesto enfrentamiento entre las tesis del señor Mas y las del señor Duran. No se trata más que recurrir a la vieja táctica de Julio Cesar: Divide et impera (divide y vencerás). He ahí el tipo de lealtad que rezuma el jacobinismo socialista de nuestros días.
Es fácil deducir que la posición de salida de populares y socialistas se hallan mucho más próximas entre si, que de los postulados de Convergencia. Al fin y al cabo, las formaciones nacionalistas españolas defienden la hegemonía de su nación, España, frente los intereses de Catalunya. No debemos olvidar que tal situación no es nueva. Inmediatamente después del exitoso intento de golpe de Estado -de Tejero y Milans- de 1981, ambas formaciones españolas alumbraron, bajo los auspicios del Rey Juan Carlos I (el cazador) la afamada LOAPA, auténtica guía e inspiración de la política autonómica desarrollada en toda su plenitud por los sucesivos gobiernos de España, ora de izquierdas, ora de derechas. En tales circunstancias, no es nada descabellado suponer que la Generalitat deberá luchar contra la sólida alianza conservadora-progresista que suman PP y PSOE, en unas condiciones precarias. Máxime si tenemos en cuenta que el Gobierno de Madrid ha decidido exigir un informe mensual sobre el cumplimiento de los recortes autonómicos dictados en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera recientemente celebrado. Caso de no rendir cuentas, el señor Montoro amenaza (¡qué afición tiene el PP con las amenazas!) con sanciones y multas, e incluso con la destitución -¿y procesamiento?- de los responsables políticos autonómicos. Obviando, como no, que todos ellos han sido elegidos democráticamente. La intervención (intromisión) política de las Comunidades, se ha iniciado.
La única baza que puede jugar el Gobierno de Catalunya, en aras a la consecución de la supuesta soberanía financiera que persigue con el Pacto Fiscal, no es otra que el impulso que la sociedad civil de Catalunya (más de un 70% a favor del concierto) pueda otorgarle. Y aún así, en mi opinión, Catalunya jamás alcanzará mediante negociación, un concierto económico similar al vasco. España se juega su viabilidad y supervivencia como gran nación. Puesto que goza y disfruta de prebendas y beneficios inagotables, sustraídos directamente de bolsillos catalanes. El derecho de conquista de Castilla sigue estando muy presente en las mentes y almas de mandos políticos, funcionarios de postín y demás señeros prebostes de la sempiterna e inacabada España. Por todo lo anterior, el señor Mas no dispone de mucho margen de maniobra en la negociación que pretende impulsar con el Estado. ¿Porqué razón debería negociar el Estado español sobre una cuestión que se le antoja inapropiada, improcedente, inutil, infausta, inadecuada, ....?. No. España no negociará. Y menos, con sincera lealtad institucional, como viene haciendo habitualmente con suma desfachatez. El señor Mas debería aprovechar el apoyo tan amplio que cosecha la anhelada soberanía fiscal entre los catalanes, para impulsar la idea de soberanía plena. Sin pasos intermedios. Y sin perder más tiempo.
Inevitablemente, serán resoluciones fundamentadas en prosaicas cuestiones económicas, aderezadas con grandes dosis estrictamente políticas, y también sociales e identitarias. En definitiva, como en todo proceso de emancipación nacional, la cuestión económica es el detonante que enciende la chispa de las emociones, incluso de las pasiones. No en vano, las relaciones entre Catalunya y España están repletas de agravios económicos, fiscales, lingüísticos, culturales. Todos ellos sometidos a arbitrariedades judiciales -la utilización partidista del poder constitucional y judicial como agresiva arma nacionalista castellana, ha sido escandalosa-. Relaciones en última instancia acompañadas de una actitud política cargada de soberbia, prepotencia y de trasnochada y altiva hidalguía española. Conocida es mi opinión crítica acerca de la levedad, de la endeblez de la democracia hispana, incapaz de librarse de los adjetivos que la acompañan y caracterizan, y que son tan del agrado de los dirigentes españoles. ¡Con lo sencillo, hermoso y claro que resulta utilizar y entender en toda su extensión y significado simplemente el término democracia, sin más!.
Pues bien, en tales circunstancias, el Gobierno del señor Mas deberá decidir qué camino toma para llegar a lo que denomina soberanía fiscal de Catalunya, si o si. Por el momento, ha decidido negociar con el PP y el PSC-PSOE el acuerdo parlamentario sustentado por Convergència, Esquerra e Iniciativa. Esto es, agencia tributaria propia para recaudar todos los impuestos catalanes; salir del marco normativo de la LOFCA; relación bilateral Catalunya-España; capacidad decisoria sobre como se distribuirán, cuanto dedicaremos para auténtica y limitada solidaridad y en que utilizaremos los recursos recaudados, todo ello sin interferencias madrileñas.
Las fuerzas españolistas ya han anunciado su oposición a las pretensiones catalanas. El PP, por boca de Alicia Sánchez-Camacho, ha manifestado que "el pacto fiscal no es prioritario". Insta al gobierno catalán para "no buscar la confrontación" con Madrid y que "la llave que necesitamos no es la de la caja (de los impuestos), sino la del consenso de todos los partidos" para salir de la crisis que padece España y por tanto, Catalunya. "Consenso" (adhesión inquebrantable, en realidad) consistente en plegarse sin chistar a los intereses del Partido Popular y del Gobierno de Madrid. Finalmente, ha amenazado (como es habitual en ella) que un modelo de financiación para Catalunya sin el PP "no sería exitoso, porque su partido es la tercera fuerza del Parlament y, además, es la que dá soporte al Gobierno Central". "Sin ellos se puede producir una fractura social", remacha.
Por su parte, Pere Navarro, en calidad de primer secretario del Partido Socialista (federación catalana), ha abandonado momentáneamente el embobamiento hollandista que tanto le seduce y se ha manifestado con inusitada claridad sobre el pacto fiscal del señor Mas. Por supuesto, aboga cansinamente por seguir buscando una improbable (por imposible) España federal, aprovechando la actual organización del estado de las autonomías y profundizando en las relaciones supuestamente federalizadas (¿?) existentes entre el Estado y la Generalitat. Considera que la agencia tributaria catalana debe ser compartida vía consorcio con la agencia estatal, es decir, que la "llave de la caja" deberá estar en poder de España y Catalunya a la vez (?). Asimismo defiende que la LOFCA es el marco adecuado en que inserir el pacto fiscal catalán. En definitiva, parece que una mera revisión al alza del sistema de financiación actual colmaría las aspiraciones socialista. Por lo visto pretende que "todo cambie para que todo siga igual". Como colofón, propone que el señor Duran i Lleida participe en la próxima cita -sobre el pacto fiscal- de los representantes de los grupos políticos del Parlamento de Catalunya, aunque no forme parte del mismo. El objetivo de esta demanda no es otro que propiciar un supuesto enfrentamiento entre las tesis del señor Mas y las del señor Duran. No se trata más que recurrir a la vieja táctica de Julio Cesar: Divide et impera (divide y vencerás). He ahí el tipo de lealtad que rezuma el jacobinismo socialista de nuestros días.
Es fácil deducir que la posición de salida de populares y socialistas se hallan mucho más próximas entre si, que de los postulados de Convergencia. Al fin y al cabo, las formaciones nacionalistas españolas defienden la hegemonía de su nación, España, frente los intereses de Catalunya. No debemos olvidar que tal situación no es nueva. Inmediatamente después del exitoso intento de golpe de Estado -de Tejero y Milans- de 1981, ambas formaciones españolas alumbraron, bajo los auspicios del Rey Juan Carlos I (el cazador) la afamada LOAPA, auténtica guía e inspiración de la política autonómica desarrollada en toda su plenitud por los sucesivos gobiernos de España, ora de izquierdas, ora de derechas. En tales circunstancias, no es nada descabellado suponer que la Generalitat deberá luchar contra la sólida alianza conservadora-progresista que suman PP y PSOE, en unas condiciones precarias. Máxime si tenemos en cuenta que el Gobierno de Madrid ha decidido exigir un informe mensual sobre el cumplimiento de los recortes autonómicos dictados en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera recientemente celebrado. Caso de no rendir cuentas, el señor Montoro amenaza (¡qué afición tiene el PP con las amenazas!) con sanciones y multas, e incluso con la destitución -¿y procesamiento?- de los responsables políticos autonómicos. Obviando, como no, que todos ellos han sido elegidos democráticamente. La intervención (intromisión) política de las Comunidades, se ha iniciado.
La única baza que puede jugar el Gobierno de Catalunya, en aras a la consecución de la supuesta soberanía financiera que persigue con el Pacto Fiscal, no es otra que el impulso que la sociedad civil de Catalunya (más de un 70% a favor del concierto) pueda otorgarle. Y aún así, en mi opinión, Catalunya jamás alcanzará mediante negociación, un concierto económico similar al vasco. España se juega su viabilidad y supervivencia como gran nación. Puesto que goza y disfruta de prebendas y beneficios inagotables, sustraídos directamente de bolsillos catalanes. El derecho de conquista de Castilla sigue estando muy presente en las mentes y almas de mandos políticos, funcionarios de postín y demás señeros prebostes de la sempiterna e inacabada España. Por todo lo anterior, el señor Mas no dispone de mucho margen de maniobra en la negociación que pretende impulsar con el Estado. ¿Porqué razón debería negociar el Estado español sobre una cuestión que se le antoja inapropiada, improcedente, inutil, infausta, inadecuada, ....?. No. España no negociará. Y menos, con sincera lealtad institucional, como viene haciendo habitualmente con suma desfachatez. El señor Mas debería aprovechar el apoyo tan amplio que cosecha la anhelada soberanía fiscal entre los catalanes, para impulsar la idea de soberanía plena. Sin pasos intermedios. Y sin perder más tiempo.
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