Poco a poco la realidad se va decantando hacia donde se encuentra verdaderamente asentada. Realidad y verdad son dos conceptos que van íntimamente unidos. Aunque esto, en España, no siempre és así. Si observamos el proceso emprendido en Catalunya, las opiniones de las formaciones políticas españolas incluso ofreciendo matices y diferencias entre ellas, siempre acaban coincidiendo en un punto: la independencia de Catalunya no es posible ni deseable. Unos lo manifiestan entre aspavientos, agresividad verbal, insultos, mentiras y persecución jurídico-político-policial. Así ocurre con el PP, C's, UPyD y otras variopintas entidades creadas expresamente para oponerse y combatir los anhelos y esperanzas de los catalanes. Otros son más sutiles, aparentemente más comprensivos hacia el hecho catalán. Los socialistas, tanto españoles como catalanes, se encuentran entre ellos, así como IU-ICV y Podemos. Todos prefieren mostrarse más dialogantes. Imperativamente pactistas. Pero se hallan en perpetua búsqueda de la llamada tercera vía, que a modo de Santo Grial no es más que una especie de utopía ilusoria que deviene la excusa perfecta para cambiar el mínimo posible la dependencia de Catalunya con España. Ofrecen más federalismo, casi confederalismo, ser un estado libre asociado, el reconocimiento de la realidad de Catalunya como nación y mil caramelos más con la única intención de seducirnos y desactivar nuestro independentismo. Lo hacen tan groseramente, escasa convicción y argumentos tan peregrinos que resultan increíbles. Esta és la forma que tienen de negar el derecho de autodeterminación de los catalanes, que circunscriben exclusivamente al hecho constitucional español. Es decir, derecho a decidir si, ejercido por todos los españoles y siempre que sea para permanecer dentro de España.
Como ya he dicho, la realidad se va decantando. En estos momentos la posición ganadora en España es la defendida por el unionismo españolista de cariz más ultra-nacionalista. Que por cierto es el más agresivo y excluyente de todos los existentes. La otra opción, por tibia y poco creíble no ha tenido éxito. Por tanto, es por ello que han denunciado al presidente de la Generalitat y dos consejeras del govern por haber permitido que los ciudadanos votásemos el 9 de noviembre pasado. También es por esto que el gobierno de España eleva ante su Tribunal Constitucional cualquier decisión tomada por el ejecutivo catalán para entorpecer la gobernación de Catalunya. Y aprueba leyes, reglamentos, normas y decretos invadiendo descaradamente competencias amparadas por su constitución como propias de Catalunya. Es una peculiar forma de mostrar lealtad hacia una institución plenamente constitucional, como és la Generalitat de Catalunya. Por esta misma razón las inversiones estatales en Catalunya casi han desaparecido a pesar de las promesas -¡públicas!- hechas por diferentes ministros. O se están anunciando inversiones en otras comunidades autónomas, por ejemplo el corredor ferroviario central, que perjudican inversiones estratégicas y muy necesarias para Catalunya.
En definitiva, la España de Rajoy y compañía parece que han asumido por fin que Catalunya se convertirá en un estado libre y soberano más pronto que tarde. En consecuencia no invierte en Catalunya ni tan solo los impuestos catalanes recaudados por la hacienda estatal, desvía inversiones hacia otros territorios peninsulares más afines -es decir, sumisos-, boicotea las finanzas catalanas y retrasa al máximo el pago de los anticipos a cuenta de la financiación que corresponde al Principado, o promueve campañas e inspecciones contra el fraude fiscal concentrándolas fundamentalmente sobre contribuyentes catalanes. Todo ello lo hacen para poner tantos palos en las ruedas catalanas como puedan, para hacer fracasar desde el principio la independencia de Catalunya.
Esta actitud, pero, es la que acabará provocando la aceleración de todo el proceso. Si España nos pone contra la espada y la pared, no nos quedará ninguna otra alternativa que la defensa propia por una cuestión de mera supervivencia nacional. Y acabaremos dejando de pagar todos nuestros impuestos y cotizaciones sociales a la hacienda española, desobedeceremos las leyes, jueces y policía castellanas, los tribunales de justicia y el constitucional y finalmente al mismísimo gobierno de España. Se habrá iniciado la ruptura definitiva. Si así lo quieren, así lo tendrán. Después se arrepentirán por haberlo provocado. Puesto que, por ejemplo, Catalunya no tendrá porqué asumir parte de la deuda pública española, ni estará obligada a permitir la libre circulación hacia Europa de los productos españolas por territorio catalán, ni tendremos que seguir soportando la discriminación de nuestros puertos, aeropuertos, trenes y autopistas, ni deberemos financiar inversiones anti-económicas, etc....
El escenario que la intransigencia y sectarismo españoles pueden provocar será malo para Catalunya y los catalanes aunque sea transitoriamente. Pero resultará nefasto para España y los españoles.... Incluso tendrá una incidencia negativa en la UE. España perderá el 20% del PIB, casi el 30% de las exportaciones y otro tanto de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales, la deuda pública del reino de España se elevará más allá del 130% del PIB. Y mil cosas más. ¿De verdad le interesa a España causar daño a los catalanes a base de hacer la puñeta groseramente....?. ¿No sería más ventajoso llegar a un acuerdo justo y equitativo entre ambas naciones, mirando más hacia el futuro que al agresivo pasado?.
Si el Estado español comienza ha hacerse la idea que la independencia de Catalunya está cercana, lo mejor que podría hacer es negociar la separación lealmente para que sea lo menos traumática posible.... Especialmente para España, porqué para Catalunya siempre será mejor la ruptura -incluso ejerciendo la DUI- que continuar unidos como hasta ahora. Por tanto la independencia es inevitable. Con o sin acuerdo previo.
Como ya he dicho, la realidad se va decantando. En estos momentos la posición ganadora en España es la defendida por el unionismo españolista de cariz más ultra-nacionalista. Que por cierto es el más agresivo y excluyente de todos los existentes. La otra opción, por tibia y poco creíble no ha tenido éxito. Por tanto, es por ello que han denunciado al presidente de la Generalitat y dos consejeras del govern por haber permitido que los ciudadanos votásemos el 9 de noviembre pasado. También es por esto que el gobierno de España eleva ante su Tribunal Constitucional cualquier decisión tomada por el ejecutivo catalán para entorpecer la gobernación de Catalunya. Y aprueba leyes, reglamentos, normas y decretos invadiendo descaradamente competencias amparadas por su constitución como propias de Catalunya. Es una peculiar forma de mostrar lealtad hacia una institución plenamente constitucional, como és la Generalitat de Catalunya. Por esta misma razón las inversiones estatales en Catalunya casi han desaparecido a pesar de las promesas -¡públicas!- hechas por diferentes ministros. O se están anunciando inversiones en otras comunidades autónomas, por ejemplo el corredor ferroviario central, que perjudican inversiones estratégicas y muy necesarias para Catalunya.
En definitiva, la España de Rajoy y compañía parece que han asumido por fin que Catalunya se convertirá en un estado libre y soberano más pronto que tarde. En consecuencia no invierte en Catalunya ni tan solo los impuestos catalanes recaudados por la hacienda estatal, desvía inversiones hacia otros territorios peninsulares más afines -es decir, sumisos-, boicotea las finanzas catalanas y retrasa al máximo el pago de los anticipos a cuenta de la financiación que corresponde al Principado, o promueve campañas e inspecciones contra el fraude fiscal concentrándolas fundamentalmente sobre contribuyentes catalanes. Todo ello lo hacen para poner tantos palos en las ruedas catalanas como puedan, para hacer fracasar desde el principio la independencia de Catalunya.
Esta actitud, pero, es la que acabará provocando la aceleración de todo el proceso. Si España nos pone contra la espada y la pared, no nos quedará ninguna otra alternativa que la defensa propia por una cuestión de mera supervivencia nacional. Y acabaremos dejando de pagar todos nuestros impuestos y cotizaciones sociales a la hacienda española, desobedeceremos las leyes, jueces y policía castellanas, los tribunales de justicia y el constitucional y finalmente al mismísimo gobierno de España. Se habrá iniciado la ruptura definitiva. Si así lo quieren, así lo tendrán. Después se arrepentirán por haberlo provocado. Puesto que, por ejemplo, Catalunya no tendrá porqué asumir parte de la deuda pública española, ni estará obligada a permitir la libre circulación hacia Europa de los productos españolas por territorio catalán, ni tendremos que seguir soportando la discriminación de nuestros puertos, aeropuertos, trenes y autopistas, ni deberemos financiar inversiones anti-económicas, etc....
El escenario que la intransigencia y sectarismo españoles pueden provocar será malo para Catalunya y los catalanes aunque sea transitoriamente. Pero resultará nefasto para España y los españoles.... Incluso tendrá una incidencia negativa en la UE. España perderá el 20% del PIB, casi el 30% de las exportaciones y otro tanto de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales, la deuda pública del reino de España se elevará más allá del 130% del PIB. Y mil cosas más. ¿De verdad le interesa a España causar daño a los catalanes a base de hacer la puñeta groseramente....?. ¿No sería más ventajoso llegar a un acuerdo justo y equitativo entre ambas naciones, mirando más hacia el futuro que al agresivo pasado?.
Si el Estado español comienza ha hacerse la idea que la independencia de Catalunya está cercana, lo mejor que podría hacer es negociar la separación lealmente para que sea lo menos traumática posible.... Especialmente para España, porqué para Catalunya siempre será mejor la ruptura -incluso ejerciendo la DUI- que continuar unidos como hasta ahora. Por tanto la independencia es inevitable. Con o sin acuerdo previo.
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