Parece que aquellos que nos han llevado a la situación de enfrentamiento entre Catalunya y España, por miopía política y con decisiones cargadas de mezquindad, de humillaciones y de prepotencia, contra la legitimidad democrática en poder del pueblo catalán encarada a la abrumadora legalidad constitucionalista española, ahora buscan excusas y coartadas para auto-justificarse a si mismo ante el insoslayable porvenir que se vislumbra en el cercano horizonte y que se acerca a gran velocidad. Quieren eludir sus responsabilidades porque no saben, ni pueden, detener políticamente el proceso iniciado e impulsado por los ciudadanos catalanes, que conducirá a la plena soberanía de nuestra nación, después de ejercer nuestros derechos y, por tanto, votar a favor o contra la independencia, en paz y libertad.
La mayoría de analistas catalanes coinciden en responsabilizar directamente al Tribunal Constitucional español como catalizador inexcusable que provocó la situación en la cual nos hallamos ahora. En efecto, fueron los magistrados más o menos afines a populares y socialistas, que entonces ya monopolizaban el tribunal, los que patinaron peligrosamente cuando dictaron -julio de 2010- una sentencia humillante, ilegitima y antidemocrática, después que el texto estatutario catalán había pasado todos los filtros políticos y parlamentarios exigidos en cualquier estado de derecho normal, además de haber sido refrendado por la mayoría del pueblo de Catalunya. Osaron modificar y reinterpretar una ley aprobada por dos parlamentos -el catalán y el español- y ratificada por votación popular, para imponer en última instancia la voluntad nacionalista española, de naturaleza excluyente y agresiva, característica propia tanto de los miembros del alto tribunal como de los partidos políticos que los nombraron; los cuales entretanto, nos obsequiaron con un espectáculo verdaderamente vergonzoso, con recusaciones cruzadas, mandatos caducados, reproches, componendas e injerencias partidistas, que se prolongaron durante cuatro largos y farragosos años. Lo más fácil -y positivo- hubiera sido rechazar el recurso contra el Estatuto que habían presentado los populares y más después que este mismo partido aprobó -y no recurrió nunca- artículos literalmente copiados del original en otros estatutos reformados a rebufo del catalán, a pesar de haber sido esperpéntica e incoherentemente impugnados a la carta, a causa del anticatalanismo patológico que padecen secularmente los nacionalistas españoles, tan abundantes como jamás auto-reconocidos.
Ahora, asustados por las consecuencias de las sesgadas decisiones tomadas que avalaron a pesar de haber podido no hacerlo, se lamentan amargamente a toro pasado. "El grave error fue el Estatuto de Catalunya, no nuestra sentencia", se excusa Manuel Aragón Reyes, magistrado constitucional de entonces designado por el PSOE. "Me da pena que se diga que vamos hacia la independencia por nuestra sentencia", dice desconsoladamente. Al tiempo, no duda en menospreciar a "la gente que sale a la calle llamada por algunos. No existe la espontaneidad", se permite decir, como si aquellos que él califica de gente fuéramos intelectualmente incapaces de pensar por nosotros mismos. Por su parte, Ramón Rodríguez Arribas del sector conservador nombrado por el PP prefiere advertirnos que el proceso catalán puede destruir España e incluso, Europa. Meter el miedo en el cuerpo es el argumento preferido por los nacionalistas españoles, de derechas en este caso, o también los de izquierdas; tanto dá. Y las amenazas, que también son de su agrado. "El nacionalismo es imperialista y contagioso". ¡Por encima de todos, el español!, añado yo. "Si cediéramos y se produjera la catástrofe, no sería solo la catástrofe de la separación de Catalunya, contagiaría el País Vasco, Galicia e incluso, las Islas Canarias", afirma espantado. El actual magistrado del Tribunal Supremo opina que: "España se desarmaría y desaparecería como realidad histórica. Esto no lo podemos consentir", añade amenazadoramente. Por esta razón y para detener el desafío de los separatistas catalanes defiende "la aplicación de la ley. Toda la ley y todo el ordenamiento jurídico", concluye con arrogancia. Se entiende perfectamente que se refiere a represión política mediante la guardia civil y/o la policía nacional. Y quién sabe, incluso al ejercito. Por otro lado, parece que los nacionalistas españoles tienen la autoestima bajo mínimos. ¡Madre mía!. ¡Qué poca fe tienen en España y en el patriotismo de los españoles!. ¡España se diluirá como un terrón de azúcar!. Resulta realmente patético.
Es curioso que ambos juristas hayan efectuado estas declaraciones en el marco del ciclo de conferencias del Campus de verano del laboratorio de ideas del Partido Popular, la FAES. Es curioso pero no es un hecho extraño ni excepcional, si tenemos en cuenta que esta próspera y codiciosa fundación está presidida por José Maria Aznar López, hidalgo de pro y encarnación del nacionalismo español por antonomasia, naturalmente de raíces genuinamente castellanas. No es raro pues que Mariano Rajoy haya propuesto al PSOE, en el mismo escenario, mantener el frente común contra el catalanismo. "Este referéndum no se puede celebrar y no se celebrará.... Es ilegal y la decisión corresponde al conjunto de los españoles como establece la Constitución.... El futuro de España no estaba escrito y no lo escribiría nadie más que no fueran los propios españoles, ni en materia económica ni territorial". ¡No, no, no....!. Constitución, ilegalidad, futuro no escrito, conjunto de españoles.... ¡Lo mismo de siempre!. Nada nuevo bajo el sol. ¡Ya cansa, el hombre!.
Esta especie de apocalipsis que planea sobre España como consecuencia de la manía democrática y pacifica de los catalanes, que parece que provocará su destrucción, el contagio secesionistas en otras comunidades autónomas y que podría extenderse también por toda la Unión Europea afectando su propia existencia, es aprovechada por los más avispados -Alberto Fabra, del País Valenciano- para pedir la reforma del sistema de financiación autonómico para poder ser "dique de contención" del soberanismo catalán y de un supuesto pancatalanismo, y abortar el nacimiento de un posible frente popular en la comunidad valenciana, que pondría en peligro la hegemonía conservadora española -y los intereses de Madrit-. Sin embargo, el País Valenciano es una autonomía en manos populares desde el origen de los tiempos y, por tanto, afectada de una corrupción crónica y grave que literalmente la está matando. Otros políticos aún más aprovechados -como el extremeño José Antonio Monago, entre otros-, anuncian entre redobles de tambores y estruendosa trompetería la bajada de impuestos para sus gobernados, gracias a la generosa aportación que hacen obligatoriamente, por ejemplo, los ciudadanos catalanes en concepto de supuesta solidaridad, la cual por cierto impide que esta gracia sea de provecho para los catalanes más necesitados. Recordemos que Extremadura es la comunidad autónoma más subvencionada de España, con más funcionarios por habitante y con un paro de alrededor del 35% de la población activa. Por supuesto, los extremeños que pueden pagar, pagarán menos impuestos que el resto del mundo. Las necesidades financieras de Extremadura -y de Galicia, y de Andalucía....- las cubren los otros. Como siempre.
¿Como pretenden los magistrados del Tribunal Constitucional que los ciudadanos catalanes no les reconozcamos los méritos adquiridos -por todos ellos- en la consecución de la cercana independencia de Catalunya?. Reconocimiento que hacemos extensible a Mariano Rajoy y al Partido Popular, por sus continuas negativas y el inmovilismo procesal que mantienen y que malgastan tan alegremente; también a los Socialistas Obreros y Españoles y su jacobinismo federal que no se creen ni ellos; y a todas aquellas instituciones públicas y privadas españolas que se afanan por ganar la inmensa gratitud de los pacíficos ciudadanos catalanes, a causa de las muestras de la infinita comprensión y generosidad exhibidas hacia Catalunya. Sin sus actos incuestionables e indiscutibles, o sus palabras siempre estimulantes, o por las decisiones tomadas e impuestas de grado o por fuerza, o las cuidadosas manipulaciones informativas logradas aunque sin éxito sobre Catalunya, y su insondable estima y simpatía hacia los catalanes, todo esto nos ha turbado y conmovido profundamente. Creo que José Maria Aznar de equivoca cuando afirma, convencido, que "el independentismo cuestiona la continuidad histórica de España". ¡Pues no!. Porque es precisamente esta continuidad histórica la que impulsa el independentismo. La idea de España que defienden tan encarnizadamente los Aznar de turno, ahora y antes, expulsa del Estado a todo aquel que no es castellano, que no se siente ni se sentirá jamás. El nacionalismo español, que es lo mismo que decir castellano, además de ser agresivo y de tipo conquistador -colonizador-, es profundamente excluyente e injusto. Y esto ha sido así siempre, en el transcurso de la continuidad histórica de España. Por tanto, no resulta raro que una nación como la catalana, amante de su lengua, cultura, paisajes, historia y tradiciones -por cierto, como todas las naciones que hayan existido- no quiera morir en manos de esta continuidad histérica ajena que nos ofrecen desde España.
He aquí el porqué de lo que ocurre. Además, el ultra-españolismo que exhiben algunos da miedo. ¡Y asco!. Tal es el caso de Hermann Tertsch, columnista del diario ABC, conservador de pro y de orígenes ideológicos evidentes. Al menos, a mí me lo parecen. "Si no se pone fin a la deriva de la radicalidad, habrá violencia en Catalunya, que nadie lo dude....". Radicalidad, ¿de quien?. De la caverna madrileña, ¡por descontado!. ¿Violencia?. Si no viene desde España, ¡ya me dirán de donde vendrá!. En Catalunya somos pacíficos y lo fiamos todo en la democracia, sin manías ni matices. Por lo que respecta a las dudas, ¡ustedes sabrán!. Me hago cargo que debe ser muy duro no saber que hacer ante un caso como el que nos ocupa. ¡Lo siento muchísimo....!. Pero los catalanes lo tenemos muy claro. Votar y.... ¡Adiós España!.
La mayoría de analistas catalanes coinciden en responsabilizar directamente al Tribunal Constitucional español como catalizador inexcusable que provocó la situación en la cual nos hallamos ahora. En efecto, fueron los magistrados más o menos afines a populares y socialistas, que entonces ya monopolizaban el tribunal, los que patinaron peligrosamente cuando dictaron -julio de 2010- una sentencia humillante, ilegitima y antidemocrática, después que el texto estatutario catalán había pasado todos los filtros políticos y parlamentarios exigidos en cualquier estado de derecho normal, además de haber sido refrendado por la mayoría del pueblo de Catalunya. Osaron modificar y reinterpretar una ley aprobada por dos parlamentos -el catalán y el español- y ratificada por votación popular, para imponer en última instancia la voluntad nacionalista española, de naturaleza excluyente y agresiva, característica propia tanto de los miembros del alto tribunal como de los partidos políticos que los nombraron; los cuales entretanto, nos obsequiaron con un espectáculo verdaderamente vergonzoso, con recusaciones cruzadas, mandatos caducados, reproches, componendas e injerencias partidistas, que se prolongaron durante cuatro largos y farragosos años. Lo más fácil -y positivo- hubiera sido rechazar el recurso contra el Estatuto que habían presentado los populares y más después que este mismo partido aprobó -y no recurrió nunca- artículos literalmente copiados del original en otros estatutos reformados a rebufo del catalán, a pesar de haber sido esperpéntica e incoherentemente impugnados a la carta, a causa del anticatalanismo patológico que padecen secularmente los nacionalistas españoles, tan abundantes como jamás auto-reconocidos.
Ahora, asustados por las consecuencias de las sesgadas decisiones tomadas que avalaron a pesar de haber podido no hacerlo, se lamentan amargamente a toro pasado. "El grave error fue el Estatuto de Catalunya, no nuestra sentencia", se excusa Manuel Aragón Reyes, magistrado constitucional de entonces designado por el PSOE. "Me da pena que se diga que vamos hacia la independencia por nuestra sentencia", dice desconsoladamente. Al tiempo, no duda en menospreciar a "la gente que sale a la calle llamada por algunos. No existe la espontaneidad", se permite decir, como si aquellos que él califica de gente fuéramos intelectualmente incapaces de pensar por nosotros mismos. Por su parte, Ramón Rodríguez Arribas del sector conservador nombrado por el PP prefiere advertirnos que el proceso catalán puede destruir España e incluso, Europa. Meter el miedo en el cuerpo es el argumento preferido por los nacionalistas españoles, de derechas en este caso, o también los de izquierdas; tanto dá. Y las amenazas, que también son de su agrado. "El nacionalismo es imperialista y contagioso". ¡Por encima de todos, el español!, añado yo. "Si cediéramos y se produjera la catástrofe, no sería solo la catástrofe de la separación de Catalunya, contagiaría el País Vasco, Galicia e incluso, las Islas Canarias", afirma espantado. El actual magistrado del Tribunal Supremo opina que: "España se desarmaría y desaparecería como realidad histórica. Esto no lo podemos consentir", añade amenazadoramente. Por esta razón y para detener el desafío de los separatistas catalanes defiende "la aplicación de la ley. Toda la ley y todo el ordenamiento jurídico", concluye con arrogancia. Se entiende perfectamente que se refiere a represión política mediante la guardia civil y/o la policía nacional. Y quién sabe, incluso al ejercito. Por otro lado, parece que los nacionalistas españoles tienen la autoestima bajo mínimos. ¡Madre mía!. ¡Qué poca fe tienen en España y en el patriotismo de los españoles!. ¡España se diluirá como un terrón de azúcar!. Resulta realmente patético.
Es curioso que ambos juristas hayan efectuado estas declaraciones en el marco del ciclo de conferencias del Campus de verano del laboratorio de ideas del Partido Popular, la FAES. Es curioso pero no es un hecho extraño ni excepcional, si tenemos en cuenta que esta próspera y codiciosa fundación está presidida por José Maria Aznar López, hidalgo de pro y encarnación del nacionalismo español por antonomasia, naturalmente de raíces genuinamente castellanas. No es raro pues que Mariano Rajoy haya propuesto al PSOE, en el mismo escenario, mantener el frente común contra el catalanismo. "Este referéndum no se puede celebrar y no se celebrará.... Es ilegal y la decisión corresponde al conjunto de los españoles como establece la Constitución.... El futuro de España no estaba escrito y no lo escribiría nadie más que no fueran los propios españoles, ni en materia económica ni territorial". ¡No, no, no....!. Constitución, ilegalidad, futuro no escrito, conjunto de españoles.... ¡Lo mismo de siempre!. Nada nuevo bajo el sol. ¡Ya cansa, el hombre!.
Esta especie de apocalipsis que planea sobre España como consecuencia de la manía democrática y pacifica de los catalanes, que parece que provocará su destrucción, el contagio secesionistas en otras comunidades autónomas y que podría extenderse también por toda la Unión Europea afectando su propia existencia, es aprovechada por los más avispados -Alberto Fabra, del País Valenciano- para pedir la reforma del sistema de financiación autonómico para poder ser "dique de contención" del soberanismo catalán y de un supuesto pancatalanismo, y abortar el nacimiento de un posible frente popular en la comunidad valenciana, que pondría en peligro la hegemonía conservadora española -y los intereses de Madrit-. Sin embargo, el País Valenciano es una autonomía en manos populares desde el origen de los tiempos y, por tanto, afectada de una corrupción crónica y grave que literalmente la está matando. Otros políticos aún más aprovechados -como el extremeño José Antonio Monago, entre otros-, anuncian entre redobles de tambores y estruendosa trompetería la bajada de impuestos para sus gobernados, gracias a la generosa aportación que hacen obligatoriamente, por ejemplo, los ciudadanos catalanes en concepto de supuesta solidaridad, la cual por cierto impide que esta gracia sea de provecho para los catalanes más necesitados. Recordemos que Extremadura es la comunidad autónoma más subvencionada de España, con más funcionarios por habitante y con un paro de alrededor del 35% de la población activa. Por supuesto, los extremeños que pueden pagar, pagarán menos impuestos que el resto del mundo. Las necesidades financieras de Extremadura -y de Galicia, y de Andalucía....- las cubren los otros. Como siempre.
¿Como pretenden los magistrados del Tribunal Constitucional que los ciudadanos catalanes no les reconozcamos los méritos adquiridos -por todos ellos- en la consecución de la cercana independencia de Catalunya?. Reconocimiento que hacemos extensible a Mariano Rajoy y al Partido Popular, por sus continuas negativas y el inmovilismo procesal que mantienen y que malgastan tan alegremente; también a los Socialistas Obreros y Españoles y su jacobinismo federal que no se creen ni ellos; y a todas aquellas instituciones públicas y privadas españolas que se afanan por ganar la inmensa gratitud de los pacíficos ciudadanos catalanes, a causa de las muestras de la infinita comprensión y generosidad exhibidas hacia Catalunya. Sin sus actos incuestionables e indiscutibles, o sus palabras siempre estimulantes, o por las decisiones tomadas e impuestas de grado o por fuerza, o las cuidadosas manipulaciones informativas logradas aunque sin éxito sobre Catalunya, y su insondable estima y simpatía hacia los catalanes, todo esto nos ha turbado y conmovido profundamente. Creo que José Maria Aznar de equivoca cuando afirma, convencido, que "el independentismo cuestiona la continuidad histórica de España". ¡Pues no!. Porque es precisamente esta continuidad histórica la que impulsa el independentismo. La idea de España que defienden tan encarnizadamente los Aznar de turno, ahora y antes, expulsa del Estado a todo aquel que no es castellano, que no se siente ni se sentirá jamás. El nacionalismo español, que es lo mismo que decir castellano, además de ser agresivo y de tipo conquistador -colonizador-, es profundamente excluyente e injusto. Y esto ha sido así siempre, en el transcurso de la continuidad histórica de España. Por tanto, no resulta raro que una nación como la catalana, amante de su lengua, cultura, paisajes, historia y tradiciones -por cierto, como todas las naciones que hayan existido- no quiera morir en manos de esta continuidad histérica ajena que nos ofrecen desde España.
He aquí el porqué de lo que ocurre. Además, el ultra-españolismo que exhiben algunos da miedo. ¡Y asco!. Tal es el caso de Hermann Tertsch, columnista del diario ABC, conservador de pro y de orígenes ideológicos evidentes. Al menos, a mí me lo parecen. "Si no se pone fin a la deriva de la radicalidad, habrá violencia en Catalunya, que nadie lo dude....". Radicalidad, ¿de quien?. De la caverna madrileña, ¡por descontado!. ¿Violencia?. Si no viene desde España, ¡ya me dirán de donde vendrá!. En Catalunya somos pacíficos y lo fiamos todo en la democracia, sin manías ni matices. Por lo que respecta a las dudas, ¡ustedes sabrán!. Me hago cargo que debe ser muy duro no saber que hacer ante un caso como el que nos ocupa. ¡Lo siento muchísimo....!. Pero los catalanes lo tenemos muy claro. Votar y.... ¡Adiós España!.
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