Los unionistas españoles suelen argumentar que todavía es posible evitar el anunciado choque de trenes entre Catalunya y España, consecuencia del contencioso político planteado por la sociedad catalana. Tienen la ilusoria pretensión de incitar y estimular la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy para que acepte dialogar con los soberanistas, es decir, con el malvado Artur Mas. Y hacerlo por lo menos sobre la cicatera financiación que sufre Catalunya, y las competencias de educación y cultura -política lingüística-, las cuales proponen sean exclusivas de la Generalitat. Esto es, no manipuladas ni vulneradas continuamente por el Gobierno español de turno. Suponen -en vano- que así lograrán contener las ansias de libertad de los ciudadanos y reconducir estos peligrosos anhelos independentistas nuevamente a favor de los intereses de España, para que todo continúe igual. De lo contrario, "todos saldremos perdiendo". En su tendenciosa opinión, las perdidas castigarán especialmente a Catalunya. Lo cual es objetivamente falso.
Este deseo, esta ensoñación tan recurrente que comparten los integrantes de la Santa Alianza o del Foro Puente Aéreo, en realidad deviene como una vana ilusión; incluso como una auténtica pesadilla. Sus esperanzas se ven truncadas ante la cruda realidad que ofrece, día a día, el nacional-catolicismo que rige los destinos del desventurado Estado español en el presente. Y ello a causa primordialmente de las decisiones que adopta el Gobierno central, con el inquebrantable respaldo del Partido Popular, en todo lo referido a Catalunya. Cuando se trata de hablar de finanzas, sale el Montoro de turno y niega obscena e irritantemente la magnitud del expolio que sufrimos los catalanes. Además, ocultan las balanzas fiscales bajo una montaña de falaces consideraciones supuestamente indiscutibles, a partir de centenares de datos que son utilizados como los árboles que no dejan ver el bosque, e inventan nuevos métodos de cálculo creados ad hoc para manipular y revertir el expolio catalán, transformándolo en un presunto altruismo financiero de España hacia Catalunya. He aquí el origen y las intenciones que albergan las cacareadas cuentas públicas regionalizadas, recién paridas por el ministerio de Hacienda. Las cuales, por cierto, ningún catalán medianamente informado creerá. Por lo demás, si se trata de dialogar, la rotundidad y persistencia de la negativa española impiden cualquier mínima tentativa que permita siquiera plantear la posibilidad de acometer un debate real, directo y sosegado sobre la cuestión que enfrenta ambas naciones. ¡No!, ¡no!, ¡no!. ¡Jamás de los jamases!. Se puede hablar de todo, excepto de lo sustancial. Téngase en cuenta además que suelen acompañar sus aparentes ofertas de diálogo -en realidad, diálogo de besugos-, con amenazas e insultos más o menos velados y una serie de mentiras y descaradas manipulaciones de hechos, dichos y datos, que resultan a veces grotescas, a veces estrafalarias y siempre absurdas. Por supuesto, este tipo de actuación no se circunscribe solo en la órbita del PP. Se extiende a C's, a UPyD y al PSOE. Y también al neo-nato Vox, escisión ultra-nacionalista situada a la derecha de la derecha del PP. Parafraseando a José Maria Aznar, puede afirmarse que la agresiva transversalidad de la negativa hispana no se halla instalada "ni en desiertos remotos, ni en montañas lejanas". Está impregnada en el mismísimo tuétano existencial de la España eterna e inmemorial. Y por supuesto, se trata de una negación inamoviblemente hiper-constitucionalista.
Las amenazas sobre el catalanismo llueven de todas partes. La última, del ex-presidente Felipe González Márquez, cuyo partido por cierto, defendía en el pasado el derecho de autodeterminación de los pueblos con tanto entusiasmo como firmeza. Hasta que el PSOE abandonó sus ideales originarios e incluso el alma socialista. Durante el cara a cara mantenido con Artur Mas, no se ha cortado ni un pelo y con su proverbial labia andaluza ha recordado, a modo de advertencia, el sangriento conflicto de los Balcanes. Para acreditar sus conocimientos sobre los procesos de independencia que ha vivido últimamente Europa, mencionó a la ex-Yugoslavia, a lo que Artur Mas respondió que los países balcánicos ahora están entrando en la UE. "Quienes no entran en la Unión son los 300.000 muertos que hubo", espetó secamente Felipe González. Posteriormente, anunció la consabida fractura interna en Catalunya y la fractura con España, caso de celebrarse la consulta. "Si nos embarcamos en un camino hacia lo imposible se despertará el nacionalismo español contra esta deriva", advirtió... ¡Alabado sea Dios!. ¿Acaso el nacionalismo español ha estado alguna vez dormido?. ¡Si es lo único en España que no hace la siesta!. ¡El nacionalismo hispano siempre está presente y en alerta permanente!. "En la UE hay un rechazo muy profundo a la independencia de Catalunya". Según Felipe González, los dirigentes de la UE "están aterrados de pensar que se puede producir una desarticulación territorial interna de los Estado-nación que conforman la UE".... Tal vez por esta razón los países que conformaron la antigua Yugoslavia están ingresando, uno tras otro, ¡incluso Servia! como nuevos socios de la Unión. Como ocurriera en su día con los antiguos estados satélites de la URSS. Lo que no está sucediendo -ni sucederá- es que se expulsen de la UE a unos ciudadanos -catalanes- plenamente europeos, con los deberes cumplidos y derechos adquiridos desde hace años, porque un Estado-nación vengativo se oponga a su permanencia en la UE por pura inquina. Si existiera rechazo no sería contra una nación como Catalunya, pacífica, democrática y además contribuyente financiero neto, y de economía sólida y desarrollada. Tal vez teman más un Estado que de repente perdería entre el 30% y el 40% de su PIB, además de la zona más exportadora y sociedad más progresista en los ámbitos de la industria, la política, la sanidad, la investigación y la económica en general, del antiguo Estado-nación supuestamente desvertebrado.
Será para no dar una imagen antipática o rabiosa que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se muestra tan comprensivo y tolerante ante el proceso iniciado en el Reino Unido. Ha descartado que España vete la continuidad de Escocia en la UE caso de alcanzar la independencia, ya que el contencioso escocés es legal y pactado entre las partes. ¡Justo lo contrario que hace España!, que niega la legalidad y prefiere hablar del tiempo o de toros antes que de política y democracia... Lo que el ministro Margallo no puede evitar es que los periodistas del Financial Times destaquen que "su posicionamiento ambiguo sobre Escocia está fuertemente contrastado con su retórica intransigente sobre Catalunya". No deben extrañarse los periodistas británicos de la retorcida oratoria del canciller español. Escocia no causa en él los desarreglos estomacales y mentales que sí le produce Catalunya, puesto que esta es para España una auténtica gallina de los huevos de oro, que consideran no pueden permitirse perder. He aquí el quid de la cuestión.
Los deseos del Foro Puente Aéreo también topan con el proceder de la justicia castellana, aquella que no es ni sorda, ni ciega, ni muda. Ni independiente. La judicatura española oye todas las sugerencias y cumple a pies juntillas cualquier recomendación que le dictan sus allegados, sobre y contra el idioma catalán y por extensión, contra Catalunya. Ve y sigue las señales e indicaciones que emiten sus compatriotas de recia identidad castellana. Y no se calla ni se sonroja cuando imparte alegremente injusticia a tutti pleni. La última monada emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha sido dictar cinco sentencias que obligan -bajo amenazas- a los directores de los colegios afectados por las mismas, a fijar un 25% -¿porqué no un 32% o un 14%?- de horario lectivo en idioma castellano para garantizar su presencia como lengua vehicular. Saltándose olímpicamente la autoridad de la Conselleria d'Ensenyament, competente en la aplicación de la norma sobre la lengua vehicular en la escuela, la justicia castellana se apropia de la potestad del Parlament, único poder legislativo que hace y aprueba las leyes catalanas. También se arroga y enmienda conocimientos pedagógicos y lingüísticos de reconocidos expertos y desdeña la voluntad de muchos padres de alumnos sencillamente catalanes, para concluir que el castellano debe prevalecer por encima de la realidad catalana. Es decir, como los padres de cinco estudiantes exigieron que sus hijos recibieran la educación en castellano, todos los alumnos de las cinco aulas, de los cinco colegios en los que asisten los afortunados y privilegiados niños castellano parlantes, repito, ¡todos sus compañeros de aula! deberán hacerlo obligatoriamente también en el idioma de Cervantes. Los jueces españoles han resuelto que no basta con hacer incumplir una ley catalana plenamente vigente, sino que además deciden interpretarla a su gusto y según su ideología, aunque sea de forma tan torticera que resulta totalmente injusta. No importa nada que la ley catalana que ahora violentan miserablemente fuera aprobada por amplia mayoría -por todos los grupos excepto el popular- en el Parlament, y que la misma recoja que la lengua vehicular en la enseñanza es el catalán. Tampoco es relevante que esta misma ley garantice el aprendizaje del castellano -como así sucede- incluso con atención individualizada para los alumnos que lo necesiten. No es sustancial que la comunidad educativa y académica, y diversas instituciones de Catalunya, de Europa y del Mundo avalen el actual modelo de inmersión lingüístico en catalán, calificándolo como un éxito indiscutible. En cuanto al derecho del resto de alumnos del aula cuyos padres sí quieren que sus hijos reciban la enseñanza en catalán, se lo pasan por el forro y sanseacabó... Ningún argumento catalán es significativo ni merece consideración alguna por parte de la judicatura española. Creen sinceramente que no valen para nada. Los jueces españoles no saben -o no quieren saber- de igualdad, fraternidad o libertad. Ni siquiera de legitimidad. No son franceses y mucho menos republicanos, son castellanos y por tanto, defienden lo suyo y a los suyos. Por encima de la imparcialidad, de la solidaridad, de la voluntad y del libre albedrío de las personas y las familias catalanes.... Para la justicia castellana solo es válido impartir injusticia. Sobre todo cuando se trata de algo referido al idioma catalán o a Catalunya, o a favor del castellano y de Castilla. Es decir, a favor de España.
La deseada quimera que anhelan la Santa Alianza y del Foro Puente Aéreo por lo que parece nunca llegará a materializarse. La España en manos del Partido Popular no lo permite, puesto que no creen en las virtudes del diálogo. Ni en las bondades de la Democracia. Y mucho menos, en la independencia de la Justicia. En realidad, el Partido Popular no cree en los principios democráticos comúnmente aceptados, ni en la separación de poderes propios de los países civilizados. Los populares abusan de la Justicia, manipulan la Democracia y retuercen y coartan la Libertad. Solo conocen la imposición y el ordeno y mando. No saben qué significa transparencia política, ni qué es la regeneración democrática y les importa un pimiento lo que puedan querer, pensar o sufrir las personas que componen la sociedad que gobiernan... ¡Por Dios bendito!. Si incluso niegan la vergonzosa y monumental corrupción que pringa a muchos de sus principales dirigentes, y por extensión a su propio partido. ¡Arrastrando tras de sí también a los militantes que aún son honrados y honestos!. Los nacionalistas españoles -los mismos que según Felipe González están durmiendo- se han lanzado en una loca carrera para topar frontalmente, en este caso, contra la osadía catalana. Igual como hace un toro cuando embiste enfurecido contra un trapo rojo. Pasará lo mismo que le ocurre al toro. El torero apartará gallardamente la muleta y el morlaco empitonará el viento levantando violentamente la testuz. Y sus cuernos pincharán el vacío.
Cuando acaben derrengados, exhaustos, vencidos por su propia testarudez, puede que recobren el buen juicio y el sentido común. Tal vez en ese momento se avengan a dialogar y a pactar sin restricciones ni condiciones previas. Quizás entiendan al fin porqué es necesario hacerlo sobre la celebración de un referéndum para que los catalanes podamos decidir el futuro político y administrativo de Catalunya. Solo le restará aceptar democráticamente la decisión adoptada por los ciudadanos. Y el toro español podrá entonces recuperar fuerzas y claridad intelectual, para así ponerlas al servicio y para beneficio de sus ahora postergados compatriotas españoles. Como así debería ser siempre.
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