El grado de decadencia que padece el Estado español se acentúa cada día que pasa. La corrupción está tan presente en casi todos los niveles de la sociedad, que empieza a provocar vergüenza ajena e incluso auténtico asco. En muchos casos esta innegable descomposición que afecta diferentes instituciones públicas y privadas de España, se ve acompañada por una auténtica falta de principios democráticos y ausencia de ética política. La indecencia e inmoralidad ganan terreno -palmo a palmo- y voluntades -espíritu tras espíritu-, condenando a los aturdidos ciudadanos de la piel de toro a sufrir un perpetuo estado de shock e indignación, que cada día de pasa se hace más difícil de aplacar.
Los populares han conseguido escalar por méritos propios las más altas cotas del ranking europeo de formaciones políticas más corruptas que existen, estando involucrados hasta las cejas en este especie de turbios y deshonestos negocios de familia paranormales. Tanto para financiar irregularmente el partido -a base de cobrar comisiones por obra y servicios adjudicados-, como para el enriquecimiento mutuo de sus asalariados de mayor nivel y los donantes anónimos del partido -desviando el dinero al bolsillo propio o de amigos-, así como para beneficio de destacados afiliados, ilustres simpatizantes y altos dirigentes nacionales o regionales, todos ellos irredentos conservadores por naturaleza. Por cierto, ávidos por acumular dinero fácil, de procedencia dudosa y preferiblemente obscura.
Resulta obvio. De la financiación irregular -caso Gürtel- se pasa a Bárcenas, a los constructores -¡especuladores!- de dudosa moralidad y al reparto de sobre repletos de dinero negro entre los fieles. De forma general y generosa. Y de ahí se pasa fácilmente hacia la más absoluta amoralidad, propia de la falta de ética política y de la carencia de principios democráticos.
El gobierno del Partido Popular comandado por Mariano Rajoy es el más preclaro paradigma de este enmerdado desvarío. Dejando de lado el comportamiento verdaderamente escandaloso demostrado hacia el proceso soberanista catalán, los populares destacan como verdaderos reyes manipuladores de la sociedad española -aunque con la inestimable complicidad de la caverna mediática madrileña-, y como cínicos compulsivos. Decir una cosa y hacer la contraria es normal en ellos. Por ejemplo, "no subiremos los impuestos", o "no bajaremos las pensiones" y hacer lo contrario es un clásico popular. Los recortes del estado de bienestar pasan a ser reformas estructurales, mientras que la creación de empleo se hace facilitando el despido a diestro y siniestro, rebajando los salarios de los trabajadores, generalizando los contratos temporales del tipo basura y recortando los derechos laborales y sindicales; y de paso demonizando y aniquilando los sindicatos. Si se trata de reducir el déficit público, lo mejor que se puede hacer consiste en endosarlo sobre las cuentas de gastos sociales de las diferentes comunidades del Estado, especialmente sobre Catalunya -¡casi la cuarta parte del total estatal en recortes!- y restringiendo la financiación autonómica a base de incumplir una ley orgánica aprobada por el Parlamento español. O simplemente, dejando de pagar las deudas contraídas con las comunidades autónomas -¡más de 9000 millones de euros en el caso catalán!-. Después, sin una mínima pizca de vergüenza torera se permite exigir a los demás el estricto cumplimiento de la ley y singularmente de la inmutable Constitución Española. Puestos a ser indecentes, ¿que mejor forma existe que no sea otra que manosear el poder judicial hasta pervertirlo, para apartar del caso Gürtel-Bárcenas al juez que se encarga de investigar la corrupción del partido del gobierno?. La utilización del poder judicial y el abuso que a menudo hacen de la legalidad vigente solo es comparable con el vergonzoso y sectario uso de la policía, de la guardia civil e incluso de los servicios secretos -el CNI-. Instituciones y funcionarios utilizados por los nacional-católicos como guardia pretoriana, o guerrilleros de Cristo Rey, tanto da.
El paladín de la seguridad en España es Jorge Fernández Díaz. Desde la cómoda poltrona del Ministerio del Interior en la cual descansan sus glúteos el señor ministro hace todo aquello que está en sus manos para que los inmigrantes no solo pierdan derechos y seguridad jurídica, sino que a veces también tengan que perder la vida, como ya ha pasado -más de una ocasión- en la valla fronteriza de Melilla, de Ceuta, o bien ahogados en el Mediterráneo. O escamoteando su dignidad humana encerrándoles en los centros de acogida de inmigrantes. Hombre desacomplejado y sin manías prefiere desguarnecer de policía y guardia civil ciudades y pueblos españoles para trasladarlos a Catalunya por cuestiones estrictamente políticas y aumentar la presencia y visibilidad de las fuerzas estatales -¿de ocupación?- en un territorio repleto de desafectos al régimen, antes que cumplir con sus obligaciones de ofrecer seguridad y defender garantías y derechos de sus compatriotas. Por descontado: como miembro del Opus Dei prefiere condecorar vírgenes e implorar ayuda para España a Santa Teresa, que no guardar las apariencias -¡al menos!- y ser respetuoso con los principios democráticos y la legitimidad comúnmente aceptada por todo el mundo. Su policía ¿política? a menudo se dedica a filtrar informes y atestados a los medios de información madrileños más allá de las falsedades, manipulaciones o inexactitudes que pudieran contener. Según se informa en cierta prensa digital -Eldiario.es-, este buen cristiano ha puesto en marcha una unidad secreta de policía para investigar y rastrear los políticos independentistas. Compuesta por miembros principalmente de Asuntos Internos, la misión más importante que tiene encomendada consiste en filtrar tanto a los juzgados como a la prensa amiga la información obtenida para despotricar e injuriar sobre las cabezas más relevantes del movimiento soberanista. Una unidad secreta que usurpa funciones y competencias de otras unidades legítimas - la UDEF, por ejemplo-, pero que no aparece en el organigrama del Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, aquello que mejor define el talante tanto del ministro como, por extensión, del gobierno popular, es la última propuesta que ha hecho: que su policía pueda intervenir teléfonos y gravar conversaciones privadas sin el menor control judicial previo.
Lo que personalmente más me duele es que este ministro creció y se educó en Catalunya. Jorge Fernández presume de ser catalán. Y ello, a mí, me avergüenza.... Supongo que lo mismo le pasa a muchos gallegos por el hecho que Mariano Rajoy también es gallego -¡como Franco!-. El problema no es, pero, el origen de las personas. El verdadero problema es la falta de principios y ética que sufren muchos políticos populares, especialmente los más relevantes. Estas carencias han enmerdado el partido y lo han transformado en una mala copia del antiguo y jamás desaparecido Movimiento Nacional. Nada que resulte anormal. Al fin y al cabo los hijos y nietos del franquismo se guarecieron bajo el paraguas del Partido Popular, donde fueron festivamente recibidos. Aportaron ideales, formas y maneras de hacer y de pensar propios de la dictadura. No les pidieron explicaciones ni les impusieron condiciones de ningún tipo. Con el tiempo, han devenido primordiales y preponderantes dentro del partido. Y si añadimos a esta especie de franquismo sempervivum el Opus Dei y la abogacía del Estado -cuerpo de funcionarios del Estado, por antonomasia-, solo nos faltará la rama económico-financiera sempiterna, la cual, casualmente tampoco ha cambiado tanto en los últimos cincuenta años. El resultado de todo ello es este enmerdado disparate popular de nuestros días.
Poco a poco se va entendiendo porqué ocurre lo que ocurre. Catalunya quiere la independencia. España votará PODEMOS. Y entre tanto, el Estado Español se precipita en el abismo en caída libre. ¡Hey...!. ¡Se va a pique!.
Los populares han conseguido escalar por méritos propios las más altas cotas del ranking europeo de formaciones políticas más corruptas que existen, estando involucrados hasta las cejas en este especie de turbios y deshonestos negocios de familia paranormales. Tanto para financiar irregularmente el partido -a base de cobrar comisiones por obra y servicios adjudicados-, como para el enriquecimiento mutuo de sus asalariados de mayor nivel y los donantes anónimos del partido -desviando el dinero al bolsillo propio o de amigos-, así como para beneficio de destacados afiliados, ilustres simpatizantes y altos dirigentes nacionales o regionales, todos ellos irredentos conservadores por naturaleza. Por cierto, ávidos por acumular dinero fácil, de procedencia dudosa y preferiblemente obscura.
Resulta obvio. De la financiación irregular -caso Gürtel- se pasa a Bárcenas, a los constructores -¡especuladores!- de dudosa moralidad y al reparto de sobre repletos de dinero negro entre los fieles. De forma general y generosa. Y de ahí se pasa fácilmente hacia la más absoluta amoralidad, propia de la falta de ética política y de la carencia de principios democráticos.
El gobierno del Partido Popular comandado por Mariano Rajoy es el más preclaro paradigma de este enmerdado desvarío. Dejando de lado el comportamiento verdaderamente escandaloso demostrado hacia el proceso soberanista catalán, los populares destacan como verdaderos reyes manipuladores de la sociedad española -aunque con la inestimable complicidad de la caverna mediática madrileña-, y como cínicos compulsivos. Decir una cosa y hacer la contraria es normal en ellos. Por ejemplo, "no subiremos los impuestos", o "no bajaremos las pensiones" y hacer lo contrario es un clásico popular. Los recortes del estado de bienestar pasan a ser reformas estructurales, mientras que la creación de empleo se hace facilitando el despido a diestro y siniestro, rebajando los salarios de los trabajadores, generalizando los contratos temporales del tipo basura y recortando los derechos laborales y sindicales; y de paso demonizando y aniquilando los sindicatos. Si se trata de reducir el déficit público, lo mejor que se puede hacer consiste en endosarlo sobre las cuentas de gastos sociales de las diferentes comunidades del Estado, especialmente sobre Catalunya -¡casi la cuarta parte del total estatal en recortes!- y restringiendo la financiación autonómica a base de incumplir una ley orgánica aprobada por el Parlamento español. O simplemente, dejando de pagar las deudas contraídas con las comunidades autónomas -¡más de 9000 millones de euros en el caso catalán!-. Después, sin una mínima pizca de vergüenza torera se permite exigir a los demás el estricto cumplimiento de la ley y singularmente de la inmutable Constitución Española. Puestos a ser indecentes, ¿que mejor forma existe que no sea otra que manosear el poder judicial hasta pervertirlo, para apartar del caso Gürtel-Bárcenas al juez que se encarga de investigar la corrupción del partido del gobierno?. La utilización del poder judicial y el abuso que a menudo hacen de la legalidad vigente solo es comparable con el vergonzoso y sectario uso de la policía, de la guardia civil e incluso de los servicios secretos -el CNI-. Instituciones y funcionarios utilizados por los nacional-católicos como guardia pretoriana, o guerrilleros de Cristo Rey, tanto da.
El paladín de la seguridad en España es Jorge Fernández Díaz. Desde la cómoda poltrona del Ministerio del Interior en la cual descansan sus glúteos el señor ministro hace todo aquello que está en sus manos para que los inmigrantes no solo pierdan derechos y seguridad jurídica, sino que a veces también tengan que perder la vida, como ya ha pasado -más de una ocasión- en la valla fronteriza de Melilla, de Ceuta, o bien ahogados en el Mediterráneo. O escamoteando su dignidad humana encerrándoles en los centros de acogida de inmigrantes. Hombre desacomplejado y sin manías prefiere desguarnecer de policía y guardia civil ciudades y pueblos españoles para trasladarlos a Catalunya por cuestiones estrictamente políticas y aumentar la presencia y visibilidad de las fuerzas estatales -¿de ocupación?- en un territorio repleto de desafectos al régimen, antes que cumplir con sus obligaciones de ofrecer seguridad y defender garantías y derechos de sus compatriotas. Por descontado: como miembro del Opus Dei prefiere condecorar vírgenes e implorar ayuda para España a Santa Teresa, que no guardar las apariencias -¡al menos!- y ser respetuoso con los principios democráticos y la legitimidad comúnmente aceptada por todo el mundo. Su policía ¿política? a menudo se dedica a filtrar informes y atestados a los medios de información madrileños más allá de las falsedades, manipulaciones o inexactitudes que pudieran contener. Según se informa en cierta prensa digital -Eldiario.es-, este buen cristiano ha puesto en marcha una unidad secreta de policía para investigar y rastrear los políticos independentistas. Compuesta por miembros principalmente de Asuntos Internos, la misión más importante que tiene encomendada consiste en filtrar tanto a los juzgados como a la prensa amiga la información obtenida para despotricar e injuriar sobre las cabezas más relevantes del movimiento soberanista. Una unidad secreta que usurpa funciones y competencias de otras unidades legítimas - la UDEF, por ejemplo-, pero que no aparece en el organigrama del Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, aquello que mejor define el talante tanto del ministro como, por extensión, del gobierno popular, es la última propuesta que ha hecho: que su policía pueda intervenir teléfonos y gravar conversaciones privadas sin el menor control judicial previo.
Lo que personalmente más me duele es que este ministro creció y se educó en Catalunya. Jorge Fernández presume de ser catalán. Y ello, a mí, me avergüenza.... Supongo que lo mismo le pasa a muchos gallegos por el hecho que Mariano Rajoy también es gallego -¡como Franco!-. El problema no es, pero, el origen de las personas. El verdadero problema es la falta de principios y ética que sufren muchos políticos populares, especialmente los más relevantes. Estas carencias han enmerdado el partido y lo han transformado en una mala copia del antiguo y jamás desaparecido Movimiento Nacional. Nada que resulte anormal. Al fin y al cabo los hijos y nietos del franquismo se guarecieron bajo el paraguas del Partido Popular, donde fueron festivamente recibidos. Aportaron ideales, formas y maneras de hacer y de pensar propios de la dictadura. No les pidieron explicaciones ni les impusieron condiciones de ningún tipo. Con el tiempo, han devenido primordiales y preponderantes dentro del partido. Y si añadimos a esta especie de franquismo sempervivum el Opus Dei y la abogacía del Estado -cuerpo de funcionarios del Estado, por antonomasia-, solo nos faltará la rama económico-financiera sempiterna, la cual, casualmente tampoco ha cambiado tanto en los últimos cincuenta años. El resultado de todo ello es este enmerdado disparate popular de nuestros días.
Poco a poco se va entendiendo porqué ocurre lo que ocurre. Catalunya quiere la independencia. España votará PODEMOS. Y entre tanto, el Estado Español se precipita en el abismo en caída libre. ¡Hey...!. ¡Se va a pique!.
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