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divendres, 11 d’octubre del 2013

EL IGNOMINIOSO GOBIERNO "POPULAR".

A unos 20 km. de la costa sur de Catalunya, mar adentro frente al delta del Ebro, existe un antiguo yacimiento de petróleo ya agotado, que se pretende utilizar como depósito de gas. La empresa titular de la explotación, Escal UGS está participada en un 66,67% por ACS, de Florentino Pérez. El nombre del proyecto: Castor. Hacia 2007 el proyecto Castor inició su andadura solicitando los correspondientes permisos a la Generalitat de Catalunya para instalar la planta terrestre en Alcanar. A la vista de las exigencias del gobierno catalán, Escal, alarmada, procedió a utilizar sus influencias (el palco del Bernabeu se puso en acción) ante el gobierno socialista de Madrid que acabarían culminando con la reubicación (en realidad, reasignación) del antiguo yacimiento petrolífero situándolo cartográficamente frente a las costas de Vinaroz, al norte del País Valenciano. Por arte de magia, Castor pasó a ser un proyecto enclavado en aguas territoriales de Castellón (año 2010) y consecuentemente, la planta en tierra firme se construyó en el País Valenciano, concretamente en Vinaroz. Esto sirvió para que se allanara el camino burocrático y desapareciera la necesidad de hacer exhaustivos estudios sismológicos, como había requerido el gobierno catalán. El proyecto Castor fue aprobado sin demasiadas exigencias ya que el ejecutivo valenciano, en manos del Partido Popular, es mucho más liberal -léase laxo- que el catalán en materia medioambiental. El verano de 2013 comenzó la inyección de gas en el viejo depósito y con ello, ¡oh, sorpresa!, se desencadenaron una cadena de seísmos (más de 500) de baja y media intensidad (hasta 3 y 4 grados), que han provocado la lógica alarma entre la población del sur de Catalunya y norte de Valencia. Como había puesto de relieve en su día la antigua empresa explotadora del yacimiento submarino (Shell), ocurrió así porque se halla situado sobre una falla geológica y como era previsible, la inyección de gas ha provocado una reactivación de la misma.

Es habitual en el Gobierno de España la manipulación informativa, cuanto no la simple ocultación de la realidad. No es extraño que Escal haya optado por informar sesgada y rácanamente a los afectados. Así ha procedido con el gobierno valenciano, los ayuntamientos de Castellón afectados y la población de esa comunidad. A la Generalitat catalana, a los consistorios de Tarragona directamente concernidos y a los ciudadanos del delta, Castor no ha informado nada de nada, pues sus protocolos de actuación no lo contemplan. Por lo que parece, los temblores de tierra no traspasan los límites entre las dos comunidades, por tanto no afectan a los ciudadanos catalanes ni a sus trémulos hogares. En cuanto a las explicaciones ofrecidas por el Gobierno de España a la Generalitat de Catalunya han sido tan parcas y fútiles que el ejecutivo catalán ha decidido demandar judicialmente al español para que la justicia ampare el derecho a la información exhaustiva y veraz que el Govern precisa, en calidad de único responsable de protección civil y que la penuria informativa a que está sometido impide ejercer con normalidad y mínima eficacia.

El lector no debe concluir que esta denuncia no es más que la habitual dosis de victimismo atribuido sistemáticamente al catalanismo. No es victimismo, pues no se pretende obtener ningún beneficio económico ni político para nadie. Al contrario, como diría Rajoy, "es injusto que no se informe a los ciudadanos de la verdad, de verdad" (inefable frase pronunciada por el presidente en el senado español el día 8 de octubre de 2013). El extraño (y peligroso) proceder del Gobierno de España en connivencia con Escal no es más que la constatación que los intereses y derechos de los catalanes importan un pimiento a la España popular. En efecto, ¿para que informar a las autoridades catalanas sobre la situación creada en otra comunidad, si Catalunya quiere separarse?. Es una pregunta parecida a la que debe formularse como consecuencia de las victimistas reclamaciones catalanas provocadas ante la aprobación del proyecto de presupuestos generales del Estado y que incrementa la discriminación (como siempre) en inversiones públicas para Catalunya (la inversión en Catalunya es la mitad de la media del resto de comunidades). ¿Para que invertir en Catalunya si se independizarán próximamente?.... Incluso la Santa Alianza barcelonesa se muestra impotente ante el proceder del Gobierno de Rajoy. El Gobierno de España, a base de una peculiar voluntad de diálogo y entendimiento a la cual continuamente apela, está dinamitando las escasas y frágiles pasarelas que tan desesperadamente tiende el unionismo autóctono con España, para intentar abortar el proceso soberanista emprendido por la sociedad catalana de forma tan abrumadoramente imparable.

Repito, no se trata de victimismo catalán. Es hartazgo. Es asco ante tanta mezquindad gubernamental. A esta España popular no le importa nada que los habitantes del Delta del Ebro estén en tensión y asustados a causa de los terremotos provocados por el indisimulado y avasallador despotismo practicado contra ellos por el Gobierno de Madrid. Y este temor se está transformando en indignación y furia. No es victimismo, es repugnancia ante la ruindad mostrada por el Gobierno de España y los poderes fácticos madrileños. Rajoy sabe que para recortar en inversiones siempre puede hacerlo preferentemente sobre intereses y necesidades de Catalunya. También cuenta con nosotros para aguantar estoicamente terremotos. O para proyectar sus frustraciones e incluso su odio lingüístico y por ello acosar judicial y políticamente una lengua, la catalana; y es así tanto en el País Valenciano, como en Baleares, Catalunya y la Franja de Aragón; promulga e impone decretos (Fabra, Bauza) que limitan o postergan su uso; aprueba leyes (Wert) que potencian y hegemonizan (aún más) el castellano a costa del catalán; o se inventan idiomas nuevos (Rudi) como el lapao para ocultar la realidad lingüística de un territorio catalanoparlante. En definitiva, todo vale para humillar y vilipendiar a los catalanes que solo pretendemos servirnos de la democracia en paz y libertad para decidir el futuro de nuestra nación: la independencia.

Los ciudadanos de este país, Catalunya, exigimos justicia, respeto, libertad y paz. Pero con España es imposible. Para el nacionalismo español que ahora gobierna, domina y monopoliza el Estado, los catalanes siempre seremos insolidarios, egoístas, desleales y victimistas. En su opinión, incluso somos anticonstitucionales. Catalunya siempre será objeto de los abusos e imposiciones del estado depredador que rige los destinos peninsulares. El castellanismo cutre y anticuado propio de hidalgos altivos y altaneros se ha adueñado del Estado español. Y Catalunya (los catalanes) molestamos a los nacionalistas españoles, desde hace por lo menos tres siglos. Si se provocan terremotos, nos tenemos que aguantar. Si necesitamos ferrocarriles, autopistas, carreteras, escuelas u hospitales, nos los tenemos que (re)pagar nosotros. Si pedimos el cese del expolio fiscal a que estamos sometidos, se confeccionan las correspondientes balanzas fiscales que demuestren que Catalunya recibe más que lo que aporta en solidaridad, sanseacabó. ¡A callar!. Ahora y siempre... No debemos olvidar que España tiene técnicos y burócratas capaces de aprobar depósitos de gas subterráneos sobre fallas inestables, sin que se necesiten estudios e informes geológicos de ningún tipo para poder ser explotados con total impunidad. ¿Como no serán capaces de confeccionar balanzas fiscales que nieguen la evidencia del expolio?. ¡Si el mismísimo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se permite afirmar (en el Congreso) que los salarios no están bajando sino creciendo!. Eso sí, reconoce que el aumento es moderado.... ¡Todo mentira!. ¡Puro cinismo y desfachatez!. Una auténtica provocación... Y si todo ello no fuera suficiente, los ultra-derechistas españoles organizan aquelarres catalanofóbicos para recaudar fondos y unas docenas de patriotas voluntarios entre sus prosélitos, mientras alquilan varias docenas de autobuses y se disponen a la reconquista de Catalunya a sangre y fuego, el próximo 12 de octubre, día de la raza en versión franquista.

Hartazgo, asco, repugnancia e indignación. Estas son las consecuencias de la actuación del Gobierno popular y su cómplice necesario, el Partido Popular, para los catalanes.... Por cierto, si el Estado español no quiere justificarse por la ineptitud demostrada que provoca terremotos, que así lo haga. Si pretende difuminar torticeramente el expolio fiscal a que someten a los catalanes, adelante. Si le apetece recortar inversiones y estado de bienestar a Catalunya, no importa. Si prefiere imponer la promoción y utilización forzosa del castellano a costa del catalán, perfecto. Si desea construir submarinos que no flotan, AVE's sin pasajeros o aeropuertos sin aviones, es su elección. Si quiere ser tolerante y comprensivo con el franquismo, es su problema... Puesto que Catalunya gozará de la independencia más pronto que tarde y lo que haga el Estado español, a los catalanes también nos acabará importando un pimiento. Porque no hará nada de lo anteriormente descrito con nuestros impuestos. Ni con nuestro trabajo. No logrará hurtarnos nuestra esperanza por un futuro de paz y mayor prosperidad. Ya no podrá seguir abusando de los catalanes. Después de conseguirse la libertad de Catalunya... ¡incluso es posible que mejoren las relaciones entre ambas naciones!.






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